Escrito por Autor Invitado el 09 abril 2014 a las 4:55 pm en Sociedad
por Héctor Tenorio
El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y Jesús Reyna, en imagen de enero de 2013. Foto Alan Ortega / Cuartoscuro.
En la elección a la gubernatura celebrada en noviembre del 2011, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y los magistrados electorales de la entidad, concluyeron que el proceso fue limpio y pulcro. Con el arraigo de 40 días dictado al secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, deja en entredicho la legalidad de dicha elección donde al templario Juan Gabriel Orozco, “El Gasca”, se le decomisó propaganda política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) horas antes de que se realizaran los comicios, mientras que los candidatos a presidentes municipales de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) recibían amenazas. El PAN las recibió en Tierra Caliente; el PRD desistió de participar en los municipios de Múgica, la Huacana, Churumuco, Tumbiscatío e Indaparapeo, entre otros.
El 8 de diciembre, durante una gira de trabajo del presidente de la República, Felipe Calderón por Monterrey, la información fue confirmada. Reconoció que en las elecciones de Michoacán el crimen organizado obligó a 50 candidatos a presidente municipales de todos los partidos políticos a renunciar a sus pretensiones.
Al asumir la gubernatura, Fausto Vallejo Figueroa consideró que los rumores de los opositores eran perversos y sin fundamento. El 30 de noviembre del 2012 aparecieron varias narcomantas en las que los Templarios reclamaban al mismo mandatario por abandonar “promesas” hechas durante la campaña. La violencia y la inestabilidad se acentuaron. De forma tardía el gobierno federal se dio cuenta de lo evidente: las autoridades locales perdieron la gobernabilidad en al menos la mitad de la superficie de la entidad.
En este contexto, debemos analizar el momento actual. Reyna García, ex gobernador interino michoacano, promovió y gano una suspensión en vía de amparo ante el Poder Judicial de la Federación e intenta impedir que lo mantengan incomunicado, privado de su libertad y que sus bienes no le sean confiscados por la Procuraduría General de la República (PGR), obligando a esta a justificar y fundamentar las pruebas sobre los motivos legales en los que se sustenta el arraigo y la investigación contra el político priísta.
El procurador Jesús Murillo Karam ha basado su acusación en los testimonios de testigos protegidos: Manuel Gutiérrez Mecinas, alias “El Many”, Samuel Díaz Benítez, y Ángel Hugo Sánchez Guerrero, alias “El Chaparro”. Todos operadores de confianza de Enrique Plancarte, cuya muerte fue determinante para involucrar al ex secretario de Gobierno. Se debe destacar que existen videos que relacionan a priísta michoacano con este grupo delictivo y una última llamada de Plancarte Solís a Reyna García.
El funcionario intenta demostrar que los líderes de Los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, Nazario Moreno, “El Chayo”, por lo menos se reunieron dos veces con el oriundo de Huetamo, acompañado por Amando Ballinas, Guillermo Valencia y José Trinidad Martínez Pasalagua este último ya fue detenido.
La caída del ex líder estatal del PRI no significa la solución del problema. Su detención lleva un mensaje político del más alto nivel: la formación del nuevo bloque del poder. Veremos más detenciones de políticos de otros partidos.
Las autoridades aclararon que la investigación de la PGR es exclusivamente sobre el ex funcionario estatal, indultando al gobernador, que nombró como encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno a Marco Vinicio Aguilera. Pero su mayor temor es que detenga a su hijo Rodrigo Vallejo Mora, “El Gerber” a quien se le acusa de cobrar cuotas para “Los Caballeros Templarios”.
En otro frente, el gobierno federal confía en lograr desarmar a las autodefensas quienes sentenciaron que no van a bajar las armas. Incluso su vocero José Manuel Mireles alerto que en la entidad hay presencia de “Los Zeta” y del cártel del Golfo. A esto se agrega un nuevo cártel, el de La Tercera Hermandad, cuyos miembros son autodefensas y se denominan “Los H3”, liderada por Luis Antonio Torres González, “El Americano”, empleado de Miguel Ángel Gallego, ex líder templario. Bajo el control del “H3” se vislumbra que varios municipios vivirán una crisis de gobernabilidad.
A sabiendas de lo anterior sería interesante saber cuál fue el criterio de los consejeros del IEM para organizar el proceso. Así mismo el de los magistrados del Tribuna Electoral Federal para calificar el proceso electora 2011 y actualmente que opinión tiene esto a respecto a todo lo que se esta descubriendo. ¿Usted que opina?
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