La Ley de Semillas, también conocida como ‘Ley Monsanto’, que pretendía ser aprobada en la Asamblea venezolana será redactada de nuevo y su declaración inicial será debatida y redactada conjuntamente con los campesinos, guardianes de las semillas nativas.
Se trata de una victoria de los movimientos sociales contra los transgénicos quienes ya habían advertido sobre la peligrosidad de la Ley, que inicialmente favorecía la penetración de las trasnacionales de los agroquímicos en el país.
Ahora, la Asamblea Nacional de Venezuela está encargada de elaborar un anteproyecto de ley dirigido a prohibir el uso y consumo de alimentos transgénicos, una normativa que pasará por una consulta pública con el sector productivo y que será debatida en todas las instancias del poder popular antes de su aprobación en el pleno legislativo.
El ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, afirmó este jueves que el anteproyecto de Ley de Semillas “garantizará la participación del campesino y del productor agrícola en los planes de producción de alimentos” y les ofrecerá un “marco legal para defenderse de las empresas transnacionales”.
Asimismo, enfatizó que la Cartera que dirige respalda firmemente la iniciativa, agregando que en Venezuela “tenemos una legislación bien precisa y estructurada en ese tema por sus múltiples implicaciones en la salud humana, ambiental y comercial”.
La redacción de la nueva Ley de Semillas comenzará el próximo lunes 28 y martes 29 de octubre en Sanare, Estado Lara, donde se recogerá la experiencia de los campesinos guardianes de semillas en Monte Carmelo, para continuar luego en el resto del país.
El espíritu de la nueva Ley de Semillas contiene la lucha “para defender al sector agrario de grandes transnacionales como Monsanto, que patentan semillas transgénicas y prohíben a los campesinos comercializar e intercambiar sus semillas originarias”, segunda vicepresidenta del Parlamento, la diputada Blanca Eekhout.
“La semilla es determinante en la garantía de la soberanía alimentaria. Por tanto, necesitamos blindar el marco legal que nos permita impulsar la semilla como elemento de vida y herencia ancestral”, aclaró la parlamentaria.
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