Existen pruebas que inculpan a Yunes en la fuga de El Chapo: abogados penalistas

Varios funcionarios del gobierno de Fox fueron sobornados, acusa Reyes Peralta

El político veracruzano era en 2001 director general de Prevención y Readaptación Social

Alfredo Méndez

 

Periódico La Jornada
Lunes 3 de marzo de 2014, p. 10

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2001 no fue sólo un acto de corrupción de custodios y servidores públicos de mediano nivel, ‘‘fue una evasión que se consiguió gracias al apoyo de altos funcionarios públicos del gobierno panista del presidente Vicente Fox’’, sostiene Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas.

En entrevista con La Jornada, el jurista dijo que la asociación que encabeza recibió en días recientes ‘‘un legajo de pruebas indiciarias supervenientes’’ que implican al panista Miguel Ángel Yunes Linares como uno de los presuntos altos funcionarios que recibieron sobornos para que El Chapopudiera fugarse.

‘‘Hemos recibido información confidencial, muy reciente, que apunta a la presunta complicidad de funcionarios de primer nivel del gobierno foxista en la fuga de Guzmán Loera en 2001. Por ahora, sólo puedo adelantar que uno de esos funcionarios es (Miguel Ángel) Yunes Linares, quien el año mencionado estaba a cargo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del gobierno federal, y se encargaba directamente del control del sistema penitenciario federal’’, añadió el penalista.

Dijo que entre miércoles y viernes de esta semana presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) una querella contra Yunes y otros ex servidores públicos, cuyos nombres se reservó por el momento.

Este diario publicó en su edición del pasado sábado, citando informes que constan en expedientes del Poder Judicial Federal, que el 24 de octubre de 2000 una funcionaria de la Secretaría de Gobernación (SG) recibió una denuncia en la cual se señalaba que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Luis Palma Salazar, El Güero, y Arturo Martínez Herrera, El Texas, habían urdido un plan para escapar del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso de Puente Grande) número 2, ubicado en Jalisco; sin embargo, no se dio seguimiento a esa advertencia.

Sobre la posible implicación en la fuga de El Chapo Guzmán de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Secretaría de Gobernación o de otras dependencias durante el sexenio foxista, Reyes Peralta dijo: ‘‘México está en su momento para iniciar la operación manos limpias, como en Italia, y para ello necesitamos que, con el inicio de la averiguación previa que se abra tras nuestra denuncia penal, la Procuraduría General de la República investigue en serio’’.

A decir del presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, una de las más grandes organizaciones de especialistas en derecho penal, pues agrupa a unos 3 mil litigantes en todo el país, ‘‘con las pruebas que aportaremos al Ministerio Público Federal, mismas que nos hicieron llegar ciudadanos de bien, la autoridad se allegará indicios suficientes para ejercitar acción penal contra aquellos funcionarios corruptos contratados por el presidente Fox, que permitieron la fuga de El ChapoGuzmán’’.

Agregó: ‘‘Confiamos en que la PGR, de forma seria y responsable, ejercite la acción penal ante un juez federal y se inicie un proceso que castigue a la extensa red de corrupción que implica a los principales grupos políticos y a diversos grupos empresariales e industriales del país.

‘‘A los mexicanos no nos basta con que se capture a los jefes de la delincuencia organizada, sino queremos saber cómo, cuándo y dónde recibieron apoyo de las autoridades y diversos sectores para operar impunemente’’, puntualizó.