sábado, 18 de enero de 2014

Procede una revisión de la reforma energética



Raúl Jiménez Vázquez.* Revista Siempre. Enero 18, 2014.
La primera Constitución político-social del mundo fue gestada en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro de 1917; ahí, junto a las garantías individuales también se consagraron las garantías sociales, los derechos inherentes a la nación y a los grupos económicamente débiles, especialmente trabajadores y campesinos. La concreción de esta hazaña de ninguna manera fue una faena sencilla. Diputados constituyentes de la talla de Heriberto Jara y Francisco J. Múgica tuvieron que hacer añicos el paradigma clásico que postulaba que no era dable consignar dentro de las leyes fundamentales normas tuteladoras de los núcleos más vulnerables de la sociedad, pues ello equivaldría, según palabras del diputado conservador Fernando Lizardi, a “colocarle un par de pistolas a un Santo Cristo”. Con esta ruptura se dio curso a la portentosa corriente jurídica del constitucionalismo social, fuente nutricia de textos relevantes como el Tratado de Paz de Versalles y la Constitución de Weimar de 1919.
Acorde a la predicción hecha por Marx en su célebre obra El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, la historia se ha repetido, pero ahora de manera inversamente proporcional a lo sucedido en Querétaro hace casi un siglo. Dentro de la Carta Magna han quedado establecidos los derechos de un nuevo y poderoso conglomerado: el de los inversionistas privados, fundamentalmente extranjeros, que serán beneficiarios directos de la reforma energética.
En aras de brindar el máximo blindaje a sus intereses, les fue confeccionado un verdadero traje a la medida: I) se les transfirieron derechos históricos, áreas y actividades propias de la Nación, II) con impresionante nitidez, se pormenorizaron los esquemas jurídicos bajo los cuales intervendrán en el desarrollo de la industria energética, III) se acotaron severamente los campos de acción de Pemex, sus organismos subsidiarios y CFE, IV) se elevaron a rango constitucional los tratados de libre comercio, generándose con ello derechos de carácter supranacional que harán de éste un sector literalmente intocable, tal como fue denunciado por la vocera de la organización estadounidense Public Citizen, la abogada de Harvard Lori Wallach, puesto que la más leve afectación a las ganancias esperadas representará una transgresión a las reglas del TLCAN, el Estado se verá imposibilitado para imponer requisitos de desempeño o de contenido local y las controversias serán ventiladas ante el CIADI del Banco Mundial y otras instancias internacionales.
Así pues, estamos en presencia de un inédito apartheid constitucional que además de transgredir el principio de no discriminación inserto en el artículo 1º constitucional ya que el empresariado nacional no cuenta con estas protecciones, se aparta de la digna postura asumida por nuestro país en la Conferencia de Bogotá de 1948, cuando por voz de su representante, Antonio Carrillo Flores, afirmó categóricamente: “Si México tiene que optar entre su Constitución y las inversiones extranjeras, México se queda con su Constitución”. Esta es una razón más para que se proceda a la revisión judicial de la reforma energética.

*Raúl Jiménez Vázquez es miembro del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17.

No hay comentarios:

Escándalos de Luis Mendoza Acevedo