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| Un federal se fotografía con un autodefensa en Apatzingán, Michoacán. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO, D.F., (apro).- Con la firma del acuerdo entre el gobierno federal y los grupos de autodefensa en Michoacán, el gobierno federal –en contravención de la Constitución, y de las instituciones, en particular la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—legitimó un modelo paramilitar, afirma Erubiel Tirado, experto en temas de seguridad de la Universidad Iberoamericana.
El paramilitarismo, precisa en entrevista, se da en aquellos casos en que un grupo se uniforma y se organiza de forma paralela a la autoridad militar o porque su regulación proviene del ámbito castrense.
En este caso, los miembros de las autodefensas no son soldados pero responden a la autoridad militar y eso los convierte en un grupo paramilitar, explica el experto en temas de Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana.
Pero además, sostiene que el gobierno los avaló y jamás investigó ni investigará si en su lucha contra el crimen organizado que, en los hechos, es una “venganza particular”, cometieron abusos o victimaron a inocentes.
“Ni siquiera se está investigando la acción de las autodefensas, la venganza personal está prohibida y la portación de armas también.
“El origen de las autodefensas es ilegal, hay un problema de legitimidad, es necesario que se investigue. Nadie nos ha dicho si hay víctimas inocentes por parte de las autodefensas.
“Si hay atenuantes en la conducta de las autodefensas, eso lo tiene que resolver un juez. Se sienta un mal precedente con este esquema” de institucionalización de las autodefensas, enfatiza el especialista.
Se trata, abundó, de una estrategia contrainsurgente “para que las autodefensas hagan el trabajo sucio al Ejército mexicano.
“Es parte de este experimento contrainsurgente por parte del sector duro del gobierno de Enrique Peña Nieto: ‘yo dejo que se armen, que limpien, los incorporo, los legalizo y si hubo abusos me hago de la vista gorda y no investigo, al fin y al cabo los Caballeros Templarios no me importan’”, arguye el académico de la Ibero.
Estudioso del estado de las relaciones civiles militares en el país, Erubiel Tirado sostiene que hay un vicio de origen en la legalización de las autodefensas al querer rescatar la esencia jurídica de las defensas rurales para “normalizar” una situación a todas luces ilegal.
El Estado mexicano, afirma, no debería aceptar grupos de autodefensas y si permite que crezcan estará poniendo en duda las estructuras estatales y gubernamentales.
De hecho, sostiene que en el caso del tratamiento que se le está dando a la violencia en Michoacán se recurrió “técnicamente” a una sucesión de garantías al intervenir el gobierno estatal en materia de seguridad e incluso para reconstruir el tejido social.
El nombramiento de un comisionado de seguridad, como el que el gobierno otorgó a Alfredo Castillo en Michoacán, “no tiene un asidero legal, no tiene ningún fundamento constitucional”.
A juicio del también miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Ibero, las autodefensas no son un mal necesario, “lo que tenemos que hacer es reclamar a las autoridades y exigir eficiencia en la administración del gobierno, en las policías, en la capacidad de realizar detenciones”, sostuvo.
De lo contrario, dice, lo único que hará el gobierno es promover la venganza particular.
Con la firma del acuerdo, sostiene, el Estado mexicano y el gobierno quedan mal parados porque no han garantizado la seguridad, o lo han hecho mal desde 2005 los diferentes gobiernos que han pasado por ahí, “todos con el mismo resultado desastroso”.
Por si fuera poco, refiere, el acuerdo es inequitativo porque no aplica para el resto de las autodefensas que día a día surgen en el país. Con la firma de este acuerdo, afirma, el gobierno aplica la máxima de “para los amigos justicia y gracia, para los enemigos la ley a secas”.
El especialista de la Ibero considera que habrá quienes argumenten que el gobierno pacificó Michoacán a su manera y que eso está bien pero aseguró que en términos estructurales no hay una solución de fondo y la estrategia empleada es autoritaria y antidemocrática.
La federación “combatió ilegalidad con ilegalidad”, con las autodefensas crearon su versión posmoderna de “Chucho el roto”, ironiza.
“El precedente es preocupante, la complicidad social también. Los ven con mucha simpatía pero no hay que idealizarlos. No son un mal necesario” lo que se debe hacer es exigir a las instituciones que respondan y garanticen la seguridad, insiste.
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