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| José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. Foto: Arquidiócesis |
GUADALAJARA, (apro).- En opinión del Arzobispado de Guadalajara, la iniciativa de Ley de Libre Convivencia, si bien enarbola un reclamo legítimo para resolver la “dolorosa realidad” de la “inestabilidad emocional” que hay entre personas del mismo sexo que se atraen, está “torcida” en las propuestas de solución, porque en el fondo pretende emular el matrimonio sin llamarle por su nombre.
También se pretende con dicha ley, consideró, instituir la existencia de un tercer género y obligar al Estado a “educar a la sociedad en ello generando una nueva cultura, que enarbolando un progreso mal entendido, vea con buenos ojos este ataque a la familia”, subraya en su edición 872 el Semanario de la Arquidiócesis.
Precisa: “Lo cierto es que el conjunto de cánones (de la propuesta de ley) que se están estableciendo pretenden emular el matrimonio, aunque cuidándose de darle el nombre de matrimonio ente personas del mismo sexo, porque saben que si lo proponen como tal, la propuesta no va a avanzar, e incluso habría un repudio mayoritario”, e insiste: la propuesta tiende a “emular el matrimonio, lo que provoca que jurídicamente tenga las mismas consecuencias”.
Según la Iglesia tapatía, la Ley de Convivencia “es innecesaria porque busca darle exclusividad a un grupo. Es una maniobra legal en la que se segrega a un sector al que pretende no discriminar”.
Lo correcto sería, dice, “que los interesados se sometieran a la legislación general en materia civil. De esta manera podrían recibir los beneficios que están exigiendo” mediante la nueva propuesta”.
En seguida se pregunta: “Por qué pretenden legislar sólo sobre una relación? ¿Por qué no dar oportunidad de que sean varias las personas que se beneficien con esta ley, hasta ahora sólo promovida para personas del mismo sexo?
Dice la publicación católica que el perredista Enrique Velásquez, quien hizo la propuesta, afirma que su iniciativa beneficia a parientes, pero que la ley ya existente no permite efectuar la libre convivencia entre parientes consanguíneos en línea recta sin límite y colateralmente hasta el cuarto grado. “No se va a poder dar porque no es una extensión de derechos, sino la afirmación de un derecho particular de un grupo que, sin querer discriminar, está segregando por una ley que es exclusiva”.
Añade la argumentación arzobispal que si la ley es para todos, entonces debería de contemplar al ser humano en su totalidad y no en la exclusividad de su preferencia, sino en la relación de su derecho que es universal y que la Constitución misma garantiza, desde su primer artículo, que no puede discriminarse a una persona por sus preferencias sexuales.
Más adelante, señala que la iniciativa está plagada de vicios, y resalta que uno de ellos es que, unilateralmente, uno de sus miembros puede deshacer tal unión. Otro está en el artículo quinto donde se propone que lo no dispuesto en esta ley, “será regido, en lo que fuere aplicable, en los términos del concubinato. Esto es un error jurídico, porque el concubinato señala la relación conyugal entre un hombre y una mujer (…) Además, jurídicamente abre la puerta para que los libre convivientes reclamen los derechos con los que la le ampara al concubinato, como el matrimonio y la adopción. Además, abre la puerta a legitimar la poligamia y el incesto”
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