Mesure y dialogo ante la emergencia magisterial

Mesura y diálogo ante la emergencia magisterial

Por: Arnoldo Cuellar - septiembre 19 de 2013

En diversas partes del país, y Guanajuato no es la excepción, comienzan a generalizarse movimientos de protesta de maestros “institucionales”, en contra de las nuevas disposiciones de la reforma educativa promulgada por el gobierno de la República, sobre todo en la parte que afecta los aspectos laborales. No se trata de maestros “radicalizados”, como pudieran estarlo los del sureste del país, a los que se acusa a menudo de sostener vínculos con organizaciones subversivas, sino de integrantes del modoso SNTE, sobre todo después del encarcelamiento de su dirigente vitalicia, Elba Esther Gordillo. Quienes tienen memoria, o quienes puedan acudir a ella en hemerotecas y bibliotecas, harían bien en repasar la historia de los movimientos sindicales contestatarios en la historia de la segunda mitad del siglo XX: los médicos, los mismos maestros, los electricistas o los profesores universitarios. En todos ellos, el componente gremial fue el detonante de inconformidades que, tras la respuesta autoritaria del gobierno, terminaron convirtiéndose en movimientos reivindicadores de libertades democráticas, con lo que contribuyeron a desenmascarar el autoritarismo del régimen priista, oculto bajo el disfraz populista y las elecciones de estado cada seis años. La respuesta que hoy se observa a las que apenas son incipientes movilizaciones de maestros en diversas ciudades del estado y en otras entidades, por parte de las autoridades, es la misma de hace algunos ayeres: incomprensión y ceguera. Se piensa que la reforma educativa y sus nuevas disposiciones ya están aprobadas en la ley y ahora deberán aplicarse a rajatabla, sin negociación, sin consideraciones. Como si en la ley no se penara también el asesinato, mientras las calles del país se llenan de sangre; o como si no se castigara la corrupción gubernamental, mientras el saqueo de las arcas públicas prosigue impune. Así, aplicando la ley del embudo, los funcionarios de este país, de todos los partidos y a todos los niveles, pretenden que los maestros se resignen a las nuevas reglas del juego, mientras que ellos como servidores públicos incumplen todas sus promesas y compromisos. ¿No sería equitativo, por ejemplo, que los altos funcionarios también debieran pasar exámenes de aptitud? La prueba de las urnas no nos ha dado ninguna garantía de que quienes llegan al poder sepan para qué lo quieren, más allá de la ambición personal. Podríamos aplicar estos exámenes, por lo menos, a los dirigentes de los partidos políticos, organismos responsables de la selección de pésimos candidatos ante los que nos tenemos que resignar para tratar de ubicar al menos peor. La aplicación de las nuevas reglas del juego, en el caso de los maestros, debe ser tomada con mesura por las autoridades de todos los niveles. Se trata de una nueva ley, pero su aplicación no está exenta de buenas maneras y de procesos de adaptación, es decir de un ejercicio político. A menudo los legisladores aprueban ordenamientos que pretenden modificar la realidad, como ocurre en el caso de las leyes que buscan la equidad de género, la protección de los derechos infantiles, la defensa de la dignidad de las personas, el respeto a las minorías. Sin embargo, las cosas no ocurren automáticamente, ni tampoco con la velocidad que sería deseable. Hace falta el lento trabajo de los responsables de las políticas públicas para empezar a incidir sobre una realidad que siempre se muestra demasiado terca. El tema de la calidad en la educación será así. Ni todos los males se derivan de las deficiencias de los maestros, ni será solo presionando a estos que las cosas vayan a mejorar. Por lo pronto, los profesores tienen todo el derecho a manifestarse, los que así lo decidan y a tratar de recabar la solidaridad de sus conciudadanos. En la situación en la que se encuentra el país en estos momentos, con una grave recesión económica a cuestas, con un enorme ejército de reserva y con enromes debilidades estructurales producto de rezagos añejos, ni siquiera una buena educación garantiza el acceso a un empleo bien remunerado. Así que, antes de buscar culpables que sólo sirven para exorcizar las responsabilidades de todos, hagamos un esfuerzo por encontrar soluciones en las que todos quepamos. Y parte importante de esa responsabilidad corresponde a quienes hoy, transitoriamente, ejercen el poder público.

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