A
lgunos funcionarios suelen enriquecerse a la sombra de la obra pública. Ello explica la fortuna que lograron en los sexenios del partido que gobernó el país por más de 70 años y en los dos a cargo de Acción Nacional. Pero antes se cuidaban de ocultar lo más posible las formas para hacerse de dinero ajeno. Los últimos años no. Como Juan Manuel Oliva, ex gobernador panista de Guanajuato. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos federales por decenas de millones de pesos para comprar los terrenos en los que estaría la nueva refinería de Pemex, para un tren interurbano y la Expo Bicentenario.
En el caso de la fallida refinería, contrató a la empresa Cereales y Pastas Finas para adquirir 900 hectáreas. Posteriormente, el gobierno de Oliva las compró a esa empresa (que resultó ser
fantasma)
a precios alzados, obteniendo ganancias millonarias. Actualmente están abandonadas. Durante el sexenio del que luego acompañó con sus luces a Josefina Vázquez Mota en su campaña electoral, abundaron las empresas fantasma. Sólo en el sector agropecuario se les asignaron obras que no se realizaron por más de 100 millones de pesos. Otro personaje favorecedor de amigos y familiares con dinero del erario es el químico Granier durante su desastroso paso por el gobierno de Tabasco. Pero también hay ejemplos, no tan divulgados ni notables, que muestran lo común de hacer negocios desde el poder. Cito tres.
El secretario de Obras Públicas de Guanajuato, José Arturo Durán, tiene una empresa, Demist, a la que se le adjudicó realizar el anteproyecto de la autopista Silao-San Miguel de Allende. Por ese trabajo cobró 3.5 millones de pesos. Los 15 mil integrantes de las comunidades ñañús y otomíes se oponen a dicha obra porque afectará su territorio ancestral, sus sitios sagrados y vestigios arqueológicos. El gobierno panista de esa entidad se empeña en realizarla, pese a no tener los permisos ambientales y violar la ley que protege a los grupos indígenas. En cambio tuvo el aval de la anterior delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guillermina Gutiérrez, hoy funcionaria del citado gobierno. Quien quedó en su lugar, Gisela Cuén, sostiene que la autopista dañará zonas arqueológicas y el patrimonio tangible e intangible de la cultura ñañú.
Otra autopista, La Pera-Cuautla, en Morelos, es insuficiente y un peligro para quienes la transitan. En especial por las grandes unidades automotrices que transportan materiales y mercancías. Al año se registran cerca de 100 accidentes y van en aumento. El gobierno estatal acordó con el de la Federación ampliar 60 metros los 21 kilómetros de la vía. Pero sin tomar en cuenta a los comuneros y ejidatarios cuyas tierras se verán afectadas por la obra. Y pasando por alto que el nuevo trazo será una amenaza permanente para quienes viven a la orilla de la autopista. Se ha denunciado que en la obra tienen intereses económicos el anterior edil de Tepoztlán y familiares del actual. Poseen negocios de materiales y camiones de volteo que utiliza la compañía Tradesco, responsable de la ampliación. Los habitantes de ese pueblo mágico (con tradición de lucha al defender su patrimonio material y cultural), están divididos por esa obra. Entre quienes la aprueban figuran los empleados de los gobiernos municipal y estatal.
Leninger Raymundo Carballido es digno de novela. Se hizo pasar por muerto en 2010 con la complicidad del Registro Civil para evadir la acción de la justicia. Lo acusan de violación tumultuaria. Luego resucitó con tan buena salud que lo eligieron alcalde de su pueblo, San Agustín Amatengo, Oaxaca. El Lázaro moderno es uno de los propietarios de la empresa, Dijical Construcciones, que ganó contratos por 5 millones de pesos para edificar aulas escolares y
anexos. Para justificar las adjudicaciones, funcionarios estatales señalaron que Dijical es
cumplidora. Y que al asignar obras no comprueban si sus dueños tienen antecedentes penales, adeudos con el fisco o están muertos.
Leninger está preso por violación tumultuaria, pero en cambio gozan de libertad muchos funcionarios que se enriquecen a través de las obras o servicios públicos.
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