Los gobiernos mexicano y estadunidense mantuvieron encarcelada a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, durante casi un sexenio, el de Felipe Calderón. La sinaloense estuvo acusada de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Uno a uno los cargos fueron cayendo, pero con trucos y artimañas de la justicia mexicana la mujer siguió tras las rejas… hasta ahora, cuando un juez de Estados Unidos decidió que su condena está cubierta. Ella sólo espera que se cumplan unos trámites menores para regresar a su país.
Felipe Calderón se salió con la suya y de la mano de Estados Unidos mantuvo en prisión el sexenio pasado a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico. Pero al igual que en México, las acusaciones contra ella en aquél país se desvanecieron y sólo fue condenada a una pena que ya está dada por cumplida, lo que significa su libertad.
De acuerdo con Stephen G. Ralls, su abogado, Sandra Ávila quedará libre “sin haber cooperado jamás” con el gobierno estadunidense, como tampoco lo hizo el gobierno Calderón, que se negó a entregar al Departamento de Justicia de Estados Unidos información que favorecía a la mujer.
El jueves 25 la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, dio a conocer la sentencia a 70 meses de prisión contra Sandra Ávila, luego de que el gobierno estadunidense desechara los cargos iniciales de narcotráfico, los que de haber sido reales le hubieran significado cadena perpetua. Estados Unidos decidió también que la condena corriera desde su detención en México, el 28 de septiembre de 2007, al inicio del sexenio calderonista.
La pena se dará por cumplida este domingo 28 de julio, cinco años y 10 meses después de su aprehensión en el Vips de San Jerónimo, en el sur del Distrito Federal.
Pero el regreso a México de la sinaloense de 52 años depende del proceso de deportación al que será sometida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), algo que puede tomar de dos a cuatro semanas, explicó a Proceso el abogado Ralls.
De la prisión de Florida a la que fue confinada desde su extradición en agosto de 2012, pasará como retenida a las instalaciones del ICE en ese estado hasta que dicha instancia decida su salida del territorio estadunidense, donde se le acusó de conspirar en enero de 1999 y marzo de 2004 para traficar y distribuir cocaína, por lo que se le abrió la causa penal 04-CR-20154 en la Corte federal de Miami.
En entrevista Ralls asegura que Ávila no llegó a ningún arreglo con la justicia estadunidense: “Nunca cooperó ni dio información al gobierno de Estados Unidos. Simplemente la acusación se cayó”.
Exonerada de los cargos de narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos sólo la acusó de asesorar para cometer un delito. Dijo que ayudó a su exnovio, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre, a evadir a las autoridades estadunidenses.
El Departamento de Justicia argumentó que nueva información sustituyó las acusaciones que durante más de una década sostuvo contra Ávila, de traficar cocaína a Miami y Chicago en colaboración con los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle.
Uno de los principales cargos en su contra decía que en 2001 ayudó al Tigre y al hermano de éste, Mauricio Espinosa Ramírez, en el intento de traficar 9 mil 291 kilos de cocaína a Estados Unidos en el barco Macel, asegurado en aguas del Pacífico mexicano. El gobierno estadunidense se apoyaba en la grabación de una llamada telefónica del 14 de septiembre de 2001 en la que supuestamente Ávila Beltrán reclamaba el dinero de la fallida operación.
La fiscalía retiró los cargos en su contra porque su principal acusador, el colombiano Juan Carlos López Correa, fue acusado de perjurio por el propio gobierno estadunidense.
Además Mauricio Espinosa Ramírez ya la había exculpado de participar en las operaciones de esas organizaciones delictivas, mientras que el propio gobierno estadunidense había admitido que el papel de la expareja de La Reina del Pacífico consistía en almacenar la cocaína, como una suerte de cuidador de almacén, por lo que no participaba en la coordinación de los cargamentos.
Pruebas escamoteadas
Pero el gobierno de Calderón no le dio a Estados Unidos las pruebas que exoneraban a Ávila.
El 19 de diciembre de 2012, a unos días de terminado el sexenio calderonista, el Departamento de Justicia le envió una carta a Ralls para informarle que un año antes, en diciembre de 2011, el gobierno mexicano se negó a entregarle un testimonio que favorecía a la acusada: la declaración de Mauricio Espinosa Ramírez, quien inicialmente la había involucrado.
En esa carta, firmada por la fiscal asistente Cynthia R. Wood y en respuesta a una petición del litigante para que le informara sobre los alegados nexos de narcotráfico de Ávila con los hermanos colombianos, el Departamento de Justicia señala que Mauricio Espinosa fue entrevistado por agentes mexicanos y supuestamente firmó una declaración que exculpó a Ávila Beltrán.
Revela que aunque la entrevista ocurrió en las oficinas del gobierno de Estados Unidos en Miami, ningún agente de ese país participó en el interrogatorio. Más aún, “los agentes mexicanos rechazaron entregar una copia de la declaración al abogado de la Oficina de Asuntos Internacionales, perteneciente a la División Criminal del Departamento de Justicia, quien participó en la entrevista”.
Los representantes del gobierno mexicano, a los que no identifica, “permitieron al abogado (de esa oficina)… revisar la declaración. De acuerdo con el abogado, tomó notas detalladas”. Sin embargo, la oficina tampoco entregó la información a la fiscalía que llevaba el caso ante la Corte de Florida.
La carta de la fiscal menciona dos hechos que exculpaban a Ávila: una operación de tráfico y confiscación de 70 kilos de falsa cocaína en Nueva York, supuestamente enviada a La Reina del Pacífico, y la declaración de un narcotraficante colaborador de Estados Unidos (no identificado), quien “aseguró haberla visto tres o cuatro veces y que no estaba involucrada en el negocio de las drogas, pero sí en la venta de joyería a narcotraficantes”.
La misiva, sin embargo, menciona que algunas personas detenidas en Estados Unidos la señalaron como representante de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, cuando éste formaba parte del Cártel de Sinaloa.
Añade que varios “encarcelados han sido entrevistados y han dado detalles que tienden a corroborar que Ávila Beltrán estuvo involucrada en las conspiraciones para (traficar droga)”, aunque aclara que se trataba de información no comprobada.
La fiscalía y el gobierno estadunidense no estaban interesados en que el caso llegara ante un gran jurado en Miami. “Una semana antes de que comenzara el juicio, la fiscal dijo que ambos teníamos el riesgo de perder”, por lo que era preferible llegar a un acuerdo. El Departamento de Justicia no pudo sostener las acusaciones y “en el caso de Sandra Ávila siempre había el riesgo de que el gran jurado la declarara culpable”, explica Ralls, quien encabezó la defensa integrada por cinco litigantes.
La libertad de Ávila empezó a tomar forma el 18 de abril pasado, cuando presentó ante la Corte federal de Florida una dispensa de la acusación. En su escrito pidió ejercer su derecho de sustituir la persecución del gobierno estadunidense con motivo de una acusación penal por una persecución a causa de información en su contra. El gobierno estadunidense accedió.
El 23 de abril La Reina del Pacífico se declaró culpable ante la Corte federal de “recibir, tranquilizar, confortar y asistir al acusado Juan Diego Espinosa Ramírez con el propósito de esconderlo y prevenirlo de la aprehensión, juicio y castigo”, un delito que según su admisión cometió entre junio de 2002 y marzo de 2004 y que el código penal de Estados Unidos castiga hasta con 15 años de prisión, pero que en su caso fue de una tercera parte.
De acuerdo con documentos del caso difundidos por la Corte de Florida, la expareja de Sandra Ávila, El Tigre, no la implicó en sus declaraciones. En abril de 2009 dijo que la conoció en una fiesta a través de su hermano Mauricio en el otoño de 1999. Seis años menor que La Reina del Pacífico, Juan Diego declaró que se dedicaba a la parapsicología y a la lectura de las manos, pero que también se dedicaba a recolectar y transportar los recursos provenientes del narcotráfico en México.
“Cuando fue interrogado sobre la participación de Ávila en el narcotráfico, Espinosa no dio ninguna información pertinente y más adelante declaró que no sabía de su involucramiento. Dijo que hasta donde sabía, Ávila era una mujer rica que ganaba recursos del préstamo de dinero para la construcción de proyectos”, indica uno de los reportes elaborados por la agencia antidrogas estadunidense (DEA).
En México, tras su detención, la Procuraduría General de la República (PGR) decomisó sus bienes y enlistó 179 joyas con incrustaciones de piedras preciosas, 16 cuentas bancarias –cinco de ellas en dólares–, seis vehículos y seis inmuebles, entre éstos un conjunto de 223 terrenos del fraccionamiento Alto Valle, en Hermosillo, Sonora.
Uno de los préstamos de dinero que hizo fue del que se quiso valer la agencia estadunidense para implicarla. A principios de 2001 Ávila le prestó 20 mil dólares a Juan Carlos López Correa, un narcotraficante colombiano que hacía negocios con Mauricio Espinosa Ramírez. López Correa sólo le pagó 10 mil dólares a La Reina del Pacífico.
Convertido en colaborador de la DEA, López Correa fue quien implicó a Sandra Ávila en las acusaciones de narcotráfico, consideradas después como perjurio por el propio gobierno estadunidense porque el acusado declaró ante la justicia estadunidense con el nombre falso de Pedro Osorio.
López Correa había dicho que en junio de 2001 viajó a Guadalajara para reunirse con Ávila y los hermanos Espinosa Ramírez para coordinar el envío de 100 kilos de cocaína a Chicago. La droga fue interceptada y asegurada por el gobierno estadunidense y el declarante le quedó a deber 700 mil dólares al dueño del estupefaciente, Mauricio Espinosa.
El gobierno estadunidense pretendió utilizar una conversación telefónica, interceptada por la DEA el 14 de septiembre de 2001 –en la que López Correa, Ávila y Mauricio Espinosa hablaban sobre la deuda pendiente de 10 mil dólares–, como prueba sobre el supuesto financiamiento de La Reina del Pacífico al trasiego de cocaína a Estados Unidos.
Esa conversación trató de dos asuntos: la deuda de López Correa por los 100 kilos de cocaína enviados a Chicago y los 10 mil dólares que le debía a Sandra Ávila, le dijo Ralls al gobierno estadunidense en un escrito presentado ante la Corte federal en marzo de este año.
Menos sustento todavía tenía la acusación del Departamento de Justicia de que Ávila tuvo arreglos con los narcotraficantes colombianos Leyner, Dairo y Víctor Valencia Espinosa, dijo el abogado en relación con la acusación en Miami y que implica en total a siete personas.
Exonerada
En México ya tampoco tiene acusaciones. La justicia federal la exoneró porque el gobierno panista no probó las acusaciones contra ella de delincuencia organizada, fomento de delitos contra la salud y lavado de dinero.
El titular del juzgado Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales, Fernando Córdova del Valle, la absolvió el 4 de noviembre de 2010 de los cargos fincados por la PGR. El beneficio también fue para su expareja, Juan Diego Espinosa.
Córdova resolvió que la PGR no acreditó que alguno de los dos hubiera participado con los cárteles de Sinaloa o el del Norte del Valle para traficar droga.
No obstante la PGR mantuvo la acusación de que estaba implicada en el trasiego de las casi 10 toneladas de cocaína desde Colombia y de lavar dinero en los sectores inmobiliarios de Sonora y Jalisco. La sentencia a favor de Ávila fue confirmada por tribunal unitario.
Pero en junio del año pasado el mismo Poder Judicial Federal abrió una rendija para extraditarla a Estados Unidos, tal y como quería Calderón, quien desde un principio condenó a Ávila, antes de que se pronunciaran los jueces, al juzgarla públicamente como delincuente.
El pretexto del Poder Judicial fue el envío de los 100 kilos de cocaína a Chicago. A pesar de que la sinaloense ya había librado en México los cargos fincados por la PGR, en junio del año pasado el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal resolvió que México sí podía entregarla a la justicia estadunidense, porque en los procesos penales seguidos en México no se incluyó el cargo hecho por Estados Unidos de haber traficado la droga a Chicago.
La extradición fue autorizada por los magistrados José Luis Villa Jiménez, Luis Pérez de la Fuente y Juan José Olvera López. Al resolver el amparo 46/2012, promovido por la propia Ávila, los magistrados modificaron la decisión del juez décimo tercero de Distrito de Amparo en Material Penal, con sede en el Distrito Federal.
En enero del año pasado el juez había negado la extradición al considerar que los dos cargos por los que fue reclamada en Estados Unidos sí estaban incluidos en el enjuiciamiento que se le hizo en México.
Los magistrados dijeron que ese criterio sólo se aplicaba para la acusación relacionada con el aseguramiento, en diciembre de 2001, del barco Macel con más de nueve toneladas de cocaína.
“En cambio, el segundo cargo no fue considerado en ese enjuiciamiento mexicano, que gira en torno a la entrega de 100 kilogramos de cocaína en la ciudad de Chicago, entre junio y septiembre de 2001, y por eso no se violan los derechos fundamentales de Ávila Beltrán al extraditársele para que allá se le juzgue por estos últimos hechos”, justificó entonces el Consejo de la Judicatura Federal.
Después de los cinco años y ocho meses que pasó en prisiones de México y Estados Unidos, ni la justicia de aquí ni la de allá pudieron condenarla como narcotraficante. Ahora sólo está a la espera de regresar libre a México y volver al mundo narco en el que ha vivido y que relató en 2008 al periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, en el libro La Reina del Pacífico: es la hora de contar.
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