JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y el procurador Rodolfo Ríos.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Mientras más tarde en esclarecer la desaparición de los 12 jóvenes de Tepito, Miguel Ángel Mancera expondrá al Distrito Federal al riesgo de una ola de inseguridad pública tan severa como la que afectó a la capital del país a fines de los años noventa.
Después de un mes, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) apenas ha venido a reconocer lo que desde un principio todos veían menos Mancera, su jefe de la policía y su procurador de justicia: la delincuencia organizada está detrás de lo ocurrido con los jóvenes a los que se les vio por última vez en el bar Heaven, de la Zona Rosa.
Hasta ahora, el GDF admite que las ejecuciones previas y posteriores a la desaparición responden a la lógica de una venganza de la delincuencia organizada en su disputa por el control del gran mercado de drogas ilegales que es la capital del país.
Las versiones mencionan a Los Caballeros Templarios, La Familia, Los Beltrán Leyva o Los Zetas. Pero oficialmente nada es firme, excepto la existencia de La Unión, un grupo delictivo al servicio de alguno de los grandes cárteles de la droga en el país.
Mancera y sus policías prácticamente no han dicho nada sobre La Unión, a pesar de estar consolidado como importante grupo de distribución de drogas en los principales centros de consumo de la capital.
El servicio de inteligencia de la capital, que entre sus aficiones Marcelo Ebrard dejó muy bien armado, sabrá de la conformación y modus operandi de ese grupo y de la presencia de las organizaciones de delincuencia organizada en el país.
Así ha sido por años. En parte, eso ha permitido la contención de estos grupos en la capital del país, lo que la ha convertido en un mercado ilegal estable.
Mancera no se puede dar el lujo de dejar pasar más tiempo para esclarecer lo ocurrido con los tepiteños. Salir a explicar la operación de un grupo al servicio de la delincuencia organizada no significa capitular ante ella, como ocurrió en varias entidades del país. Pero esa explicación pasa por el desmantelamiento de la asociación delictuosa.
Mientras más tarde en tomar la iniciativa, abrirá más ventanas de oportunidades para la actuación de la delincuencia organizada, ya por venganza o por aprovechar la debilidad que muestra el GDF.
Una de esas ventanas es la actuación de esos grupos a río revuelto, como puede ser el aumento de la extorsión y el secuestro, operados en su mayoría desde los reclusorios. Si el GDF no esclarece quiénes y por qué están detrás de la desaparición de los 12 jóvenes, podrán surgir grupos que se ostenten como los autores y en nombre de La Unión busquen víctimas para la extorsión o el secuestro o el secuestro exprés.
A fines de los años noventa, la capital padeció de una crisis de inseguridad que trascendió a escala internacional y que palideció pocos años después ante la violencia desbordada de los grupos de delincuencia organizada en el interior del país.
Los primeros gobiernos del PRD en la capital del país resolvieron en parte la inseguridad y aunque hicieron poco para evitar que jefes del narcotráfico hicieran de la ciudad un centro de operaciones o escondite, lograron contener las disputas de la delincuencia organizada. Si bien ocurrieron episodios violentos relacionados con el control del mercado ilegal, sobre todo en Tepito e Iztapalapa, no perdieron el control que Mancera parece ahora no tener.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
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