De los dos personajes se han identificado más de 20 propiedades que no podrían adquirir con su salario
MARÍA IDALIA GÓMEZ
mayo 15, 2012 1:15 am
mayo 15, 2012 1:15 am
Autoridades de Estados Unidos y México investigan a dos priistas del Estado de México, un candidato a presidente municipal y un alcalde, como presuntos lavadores de dinero del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Las investigaciones surgieron a partir de la detención en Colombia el 31 de agosto de 2010, de Julio Cesar Piña Soberanis, El Mexicano o Julio, identificado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como enlace entre los Beltrán Leyva y La Barbie con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la compra de cocaína.
Uno de los priistas es el ex presidente municipal en Teotihuacán a principios de los años 80, Eloy Morales Reyes, y el segundo, el ex secretario del Ayuntamiento y ahora candidato a la presidencia municipal por Teotihuacán, Rafael Compeán León.
Las autoridades han identificado más de 20 propiedades bajo su nombre o de familiares, que no podrían adquirir con su salario.
Interrogado sobre el caso, el presidente del PRI en el Estado de México, Raúl Domínguez Rex, se dijo sorprendido de los señalamientos y se comprometió a investigar. “Verdaderamente me sorprende toda la información, desconociendo absolutamente lo que me refiere, nosotros personalmente realizaremos las investigaciones respecto a ello”, dijo.
La información recabada señala que El Mexicano fue liberado tras convertirse en informante para los estadounidenses y regresó a México, donde fue monitoreado por las agencias estadounidenses que identificaron a su grupo de operadores en materia de lavado de dinero, integrantes de su familia, un notario público en el Estado de México y dos priistas.
Para ver los documentos, haz clck aquí
De acuerdo con las investigaciones a las que tuvo acceso 24 HORAS, los dos priistas integrarían lo que las autoridades han identificado como una red de lavado de dinero vinculada al Frente 30 de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y el cártel que integraban los hermanos Beltrán Leyva y La Barbie.
Las investigaciones iniciaron en 2009 en Colombia, por parte de la Policía Nacional y la DEA, y ahora continúan en México con la Procuraduría General de la República (PGR).
La red presuntamente fue integrada por Julio César Piña Soberanis, y en ella estarían involucrados sus familiares, un notario público y los dos funcionarios priistas, de acuerdo con las indagatorias.
La compra de propiedades en los últimos años fue lo que llamó la atención de las autoridades, y a partir de ello han logrado establecer que los ingresos como ex funcionarios públicos de Eloy Morales Reyes y Rafael Compeán León, no justifica que hayan adquirido, en los últimos años, mas de 20 propiedades con un costo superior a los 150 millones de pesos.
Aunque gran parte de esas propiedades están a nombre de sus respectivas esposas, hermanos o hijos, el rastreo hecho por las autoridades ubica a los dos priistas como los compradores y, a su vez, como socios de Peña Soberanis.
En la PGR se tienen tres primeras indagatorias, en ellas quedaron asentados testimonios anónimos que ubican la candidatura de Compeán León como una vía para el lavado de dinero.
Punto de partida
El 31 de agosto de 2010, Estados Unidos y Colombia efectuaron lo que denominaron Operación Golfo. El objetivo era desmantelar una red de compra y distribución de cocaína y de lavado de dinero formada entre el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el Frente 30 de las FARC, grupo armado que opera en el Pacífico colombiano en el trasiego de cocaína, lavado de dinero y en actos terroristas, de acuerdo con las autoridades de ese país.
Las investigaciones que concluyeron con la Operación Golfo iniciaron en febrero de 2009, a partir de un informante al servicio de la DEA. Los datos mostraban una posible asociación entre el grupo armado colombiano y organizaciones mexicanas, lo que permitía el traslado de toneladas de cocaína por mar y a través de Centroamérica.
Los agentes comenzaron las investigaciones y, con los datos ofrecidos por el informante, lograron establecer que el Frente 30 de las FARC operaba los envíos y utilizaban una red montada en puertos ilegales en Buenaventura y Bahía Solano, en la Costa del Pacífico colombiano, desde donde salían lanchas rápidas con destino a Panamá y Costa Rica. En esos países los integrantes del cártel almacenaban la cocaína y después de unas semanas o días la trasladaban por mar o tierra a México.
El seguimiento permitió que el 18 de mayo de 2009 fueran decomisados 912 kilos de cocaína en aguas territoriales panameñas. De acuerdo con el periódico El Espectador de Colombia, la droga iba envuelta con cinta adhesiva de color amarillo con el logotipo “Producto La Mona Calidad Tipo Exportación”.
Las investigaciones continuaron por parte de agentes de la DEA, Colombia, Panamá y Costa Rica, lo que permitió que en 2009 también fueran decomisados 400 kilos de droga en territorio costarricense, que estaban escondidos en una camioneta. Además incautaron dinero en Colombia, que aparentemente pertenecía a esa red y era en pago por la droga.
Los investigadores identificaron que el corredor de Centroamérica era muy recurrido por esta asociación entre las FARC los mexicanos, y la información de inteligencia permitió el decomiso de dos cargamentos más de droga en Costa Rica y Nicaragua. El último, en mayo de 2010, lo que dio paso a la Operación Golfo.
La fiscalía colombiana obtuvo 18 órdenes de aprehensión, tras lo cual se implementó el operativo en Bogotá, Medellín, Pereira, Cali y Buenaventura, y permitió la detención de 10 colombianos y un mexicano, Julio César Piña Soberanis, con residencia en Teotihuacán, Estado de México.
Las autoridades de Colombia identificaron a Julio como el representante mexicano que coordinaba los cargamentos con las FARC y por quien la DEA había pedido su extradición.
Piña Soberanis fue identificado por los investigadores colombianos y de la DEA como emisario directo de La Barbie, después de que asumió el liderazgo de parte de las operaciones de los Beltrán Leyva. Intervenciones telefónicas dan cuenta de la compra de propiedades y operaciones llevadas a cabo en Colombia por parte de El Mexicano.
El periódico El Espectador advirtió entonces, tras la captura, que “informaciones de inteligencia advirtieron sobre la intención de los detenidos, de ofrecer hasta un millón de dólares para presionar su exoneración o procurar un rescate en caso de ser trasladados a centros de reclusión”.
Para marzo del año pasado, Piña Soberanis fue reubicado desde el Centro Carcelario de Itagüí a prisiones de alta seguridad, por su alto perfil criminal. Esa fue la última información del mexicano en Colombia, y al preguntar a las autoridades de ese país sobre su ubicación su respuesta fue que no lo tenían ubicado.
El ascenso político
El 20 de enero de este año, Julio Cesar Piña regresó a México y se ubicó, nuevamente, en Teotihuacán, lugar al que llegó hace más de una década procedente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de acuerdo con las investigaciones en su contra.
Las mismas pesquisas ubican a Julio con vínculos con la organización de La Familia Michoacana, por lo que, señalan las pesquisas, habría sido el vehículo para que llegaran a esa zona del Estado de México.
A su regreso a México, tras su captura en Colombia, Julio Cesar Piña se reunió con sus familiares y socios, con quien habría acordado eliminar su rastro en distintas propiedades y tratar de “limpiar” su nombre, para impedir ser perseguido en México.
Al conocer de su llegada y tras recibir información anónima y de parte de Estados Unidos, la PGR comenzó de manera conjunta las investigaciones. Ubicó a Peña Soberanis o Soberanes en el poblado de Evangelista, en el municipio de Teotihuacán.
Tras llevar a cabo un rastreo de las propiedades, ubicó varias de estas a nombre de sus hermanos Zeus, Sagrario y Patricia Piña, quien está casada con Arturo Eloy Morales, director de una preparatoria y quien, a su vez, es hermano del ex presidente municipal de Teotihuacán, Eloy Morales Reyes.
Cuando fue presidente municipal en los años 80, Morales Reyes no registró un incremento significativo de sus propiedades, aunque ocupó diversos cargos en el mismo municipio y en el Estado de México. El crecimiento se dio en los últimos años ya que, de acuerdo con las autoridades, cuenta con nueve inmuebles cuyo valor suma cerca de 100 millones de pesos, dinero que no podría haber obtenido con sus distintos salarios como servidor público.
Entre las propiedades que las autoridades detectaron: la finca “La Mansión del Alemán” de casi 500 metros cuadrados, ubicada en el centro de Teotihuacán; dos predios en la colonia Puxtla, uno de ellos una finca denominada “La Leona” que mide más de mil 300 metros cuadrados y el segundo mide más de dos mil metros cuadrados, de acuerdo a las estimaciones y ambos inmuebles se calculan en 25 millones de pesos.
Las investigaciones surgieron a partir de la detención en Colombia el 31 de agosto de 2010, de Julio Cesar Piña Soberanis, El Mexicano o Julio, identificado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como enlace entre los Beltrán Leyva y La Barbie con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la compra de cocaína.
Uno de los priistas es el ex presidente municipal en Teotihuacán a principios de los años 80, Eloy Morales Reyes, y el segundo, el ex secretario del Ayuntamiento y ahora candidato a la presidencia municipal por Teotihuacán, Rafael Compeán León.
Las autoridades han identificado más de 20 propiedades bajo su nombre o de familiares, que no podrían adquirir con su salario.
Interrogado sobre el caso, el presidente del PRI en el Estado de México, Raúl Domínguez Rex, se dijo sorprendido de los señalamientos y se comprometió a investigar. “Verdaderamente me sorprende toda la información, desconociendo absolutamente lo que me refiere, nosotros personalmente realizaremos las investigaciones respecto a ello”, dijo.
La información recabada señala que El Mexicano fue liberado tras convertirse en informante para los estadounidenses y regresó a México, donde fue monitoreado por las agencias estadounidenses que identificaron a su grupo de operadores en materia de lavado de dinero, integrantes de su familia, un notario público en el Estado de México y dos priistas.
Para ver los documentos, haz clck aquí
De acuerdo con las investigaciones a las que tuvo acceso 24 HORAS, los dos priistas integrarían lo que las autoridades han identificado como una red de lavado de dinero vinculada al Frente 30 de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y el cártel que integraban los hermanos Beltrán Leyva y La Barbie.
Las investigaciones iniciaron en 2009 en Colombia, por parte de la Policía Nacional y la DEA, y ahora continúan en México con la Procuraduría General de la República (PGR).
La red presuntamente fue integrada por Julio César Piña Soberanis, y en ella estarían involucrados sus familiares, un notario público y los dos funcionarios priistas, de acuerdo con las indagatorias.
La compra de propiedades en los últimos años fue lo que llamó la atención de las autoridades, y a partir de ello han logrado establecer que los ingresos como ex funcionarios públicos de Eloy Morales Reyes y Rafael Compeán León, no justifica que hayan adquirido, en los últimos años, mas de 20 propiedades con un costo superior a los 150 millones de pesos.
Aunque gran parte de esas propiedades están a nombre de sus respectivas esposas, hermanos o hijos, el rastreo hecho por las autoridades ubica a los dos priistas como los compradores y, a su vez, como socios de Peña Soberanis.
En la PGR se tienen tres primeras indagatorias, en ellas quedaron asentados testimonios anónimos que ubican la candidatura de Compeán León como una vía para el lavado de dinero.
Punto de partida
El 31 de agosto de 2010, Estados Unidos y Colombia efectuaron lo que denominaron Operación Golfo. El objetivo era desmantelar una red de compra y distribución de cocaína y de lavado de dinero formada entre el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el Frente 30 de las FARC, grupo armado que opera en el Pacífico colombiano en el trasiego de cocaína, lavado de dinero y en actos terroristas, de acuerdo con las autoridades de ese país.
Las investigaciones que concluyeron con la Operación Golfo iniciaron en febrero de 2009, a partir de un informante al servicio de la DEA. Los datos mostraban una posible asociación entre el grupo armado colombiano y organizaciones mexicanas, lo que permitía el traslado de toneladas de cocaína por mar y a través de Centroamérica.
Los agentes comenzaron las investigaciones y, con los datos ofrecidos por el informante, lograron establecer que el Frente 30 de las FARC operaba los envíos y utilizaban una red montada en puertos ilegales en Buenaventura y Bahía Solano, en la Costa del Pacífico colombiano, desde donde salían lanchas rápidas con destino a Panamá y Costa Rica. En esos países los integrantes del cártel almacenaban la cocaína y después de unas semanas o días la trasladaban por mar o tierra a México.
El seguimiento permitió que el 18 de mayo de 2009 fueran decomisados 912 kilos de cocaína en aguas territoriales panameñas. De acuerdo con el periódico El Espectador de Colombia, la droga iba envuelta con cinta adhesiva de color amarillo con el logotipo “Producto La Mona Calidad Tipo Exportación”.
Las investigaciones continuaron por parte de agentes de la DEA, Colombia, Panamá y Costa Rica, lo que permitió que en 2009 también fueran decomisados 400 kilos de droga en territorio costarricense, que estaban escondidos en una camioneta. Además incautaron dinero en Colombia, que aparentemente pertenecía a esa red y era en pago por la droga.
Los investigadores identificaron que el corredor de Centroamérica era muy recurrido por esta asociación entre las FARC los mexicanos, y la información de inteligencia permitió el decomiso de dos cargamentos más de droga en Costa Rica y Nicaragua. El último, en mayo de 2010, lo que dio paso a la Operación Golfo.
La fiscalía colombiana obtuvo 18 órdenes de aprehensión, tras lo cual se implementó el operativo en Bogotá, Medellín, Pereira, Cali y Buenaventura, y permitió la detención de 10 colombianos y un mexicano, Julio César Piña Soberanis, con residencia en Teotihuacán, Estado de México.
Las autoridades de Colombia identificaron a Julio como el representante mexicano que coordinaba los cargamentos con las FARC y por quien la DEA había pedido su extradición.
Piña Soberanis fue identificado por los investigadores colombianos y de la DEA como emisario directo de La Barbie, después de que asumió el liderazgo de parte de las operaciones de los Beltrán Leyva. Intervenciones telefónicas dan cuenta de la compra de propiedades y operaciones llevadas a cabo en Colombia por parte de El Mexicano.
El periódico El Espectador advirtió entonces, tras la captura, que “informaciones de inteligencia advirtieron sobre la intención de los detenidos, de ofrecer hasta un millón de dólares para presionar su exoneración o procurar un rescate en caso de ser trasladados a centros de reclusión”.
Para marzo del año pasado, Piña Soberanis fue reubicado desde el Centro Carcelario de Itagüí a prisiones de alta seguridad, por su alto perfil criminal. Esa fue la última información del mexicano en Colombia, y al preguntar a las autoridades de ese país sobre su ubicación su respuesta fue que no lo tenían ubicado.
El ascenso político
El 20 de enero de este año, Julio Cesar Piña regresó a México y se ubicó, nuevamente, en Teotihuacán, lugar al que llegó hace más de una década procedente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de acuerdo con las investigaciones en su contra.
Las mismas pesquisas ubican a Julio con vínculos con la organización de La Familia Michoacana, por lo que, señalan las pesquisas, habría sido el vehículo para que llegaran a esa zona del Estado de México.
A su regreso a México, tras su captura en Colombia, Julio Cesar Piña se reunió con sus familiares y socios, con quien habría acordado eliminar su rastro en distintas propiedades y tratar de “limpiar” su nombre, para impedir ser perseguido en México.
Al conocer de su llegada y tras recibir información anónima y de parte de Estados Unidos, la PGR comenzó de manera conjunta las investigaciones. Ubicó a Peña Soberanis o Soberanes en el poblado de Evangelista, en el municipio de Teotihuacán.
Tras llevar a cabo un rastreo de las propiedades, ubicó varias de estas a nombre de sus hermanos Zeus, Sagrario y Patricia Piña, quien está casada con Arturo Eloy Morales, director de una preparatoria y quien, a su vez, es hermano del ex presidente municipal de Teotihuacán, Eloy Morales Reyes.
Cuando fue presidente municipal en los años 80, Morales Reyes no registró un incremento significativo de sus propiedades, aunque ocupó diversos cargos en el mismo municipio y en el Estado de México. El crecimiento se dio en los últimos años ya que, de acuerdo con las autoridades, cuenta con nueve inmuebles cuyo valor suma cerca de 100 millones de pesos, dinero que no podría haber obtenido con sus distintos salarios como servidor público.
Entre las propiedades que las autoridades detectaron: la finca “La Mansión del Alemán” de casi 500 metros cuadrados, ubicada en el centro de Teotihuacán; dos predios en la colonia Puxtla, uno de ellos una finca denominada “La Leona” que mide más de mil 300 metros cuadrados y el segundo mide más de dos mil metros cuadrados, de acuerdo a las estimaciones y ambos inmuebles se calculan en 25 millones de pesos.
4 comentarios:
es una verdadera vergüenza que el gobierno del doctor eruviel Ávila gobernador del estado de Mexico, permita semejantes cosas, debe pedir Domínguez rex que Rafael compean leon' decline su candidatura para ser investigado, y se investigue a eloy morales reyes, que vergüenza del pri quiere seguir gobernando con narcos, rateros y hasta maricones, que vergüenza sr. Gobernador.
chequen este comentario, Rafael compean león, es el abogado mas ratero que ha vivido en Teotihuacán, efectivamente es dueño de muchas propiedades, claro que con dinero del narco porque tampoco su profesión le ha dado para ganar mucho dinero, y el'sueldo como secretario del actual presidente Álvaro Sánchez mendoza tampoco sr. Gobernador no se haga de la vista gorda, usted tampo Domínguez Rex. Cuanto recibió de Rafael compean león, por la candidatura de san Juan Teotihuacán.
chequen este comentario, Rafael compean león, es el abogado mas ratero que ha vivido en Teotihuacán, efectivamente es dueño de muchas propiedades, claro que con dinero del narco porque tampoco su profesión le ha dado para ganar mucho dinero, y el'sueldo como secretario del actual presidente Álvaro Sánchez mendoza tampoco sr. Gobernador no se haga de la vista gorda, usted tampo Domínguez Rex. Cuanto recibió de Rafael compean león, por la candidatura de san Juan Teotihuacán.
Deberian investigar al actual chofer de Rafael compean león, que también es su secretario particular, el sr. Tiene mas de 30 anos que no trabaja, y esta construyendo una mancion sera con dinero de su hijo Arturo que fue síndico con la no menos celebre alcaldeza millonaria por cierto adriana dueña del restaurant el teocalli, cuanto han robado al pueblo, sr. Gobernador no pienza usted mover un dedo debería ordenar a Domínguez Rex. Que haga algo por su partido.
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