Proceso:
Veracruz: convierten al tuiteo en “terrorismo equiparado”
JENARO VILLAMIL
2011-09-17
La tarde del 25 de agosto, el profesor Gilberto Martínez Vera subió 17 mensajes a las redes sociales Twitter y Facebook advirtiendo de presuntos enfrentamientos armados y secuestros en la escuela Primero de Mayo y en casas aledañas, así como en la escuela Jorge Arroyo de la colonia Carranza, de las ciudades de Veracruz y Boca del Río, respectivamente.
María de Jesús Bravo Pagola, quien fue funcionaria –directora de la casa Agustín Lara– del anterior gobierno veracruzano, reenvió esos mensajes que señalaban además que hubo “disparos desde helicópteros”.
La información fue falsa. El gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, dos días después decidió encarcelar a Martínez Vera y a Bravo Pagola en el penal de Pacho Viejo, Jalapa, acusándolos de “terrorismo equiparado” a través de redes sociales, con una pena de tres a 30 años de prisión sin derecho a fianza.
Ante el escándalo y la presión internacional por la desproporción del castigo, el lunes 12 el mandatario priista envió al Congreso local una iniciativa para tipificar en el artículo 373 del Código Penal estatal un nuevo delito: “perturbación del orden social”, con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo “atendiendo a la alarma o perturbación del orden”.
La “cruzada” del gobierno veracruzano contra estos ciudadanos y en general contra los usuarios de las redes sociales constituye “un caso de autoritarismo y arrogancia extremos”, afirma el senador perredista por Nayarit Francisco Castellón Fonseca, quien ha defendido a los tuiteros.
“Veracruz está inaugurando un nuevo delito ante la incapacidad de las autoridades para acreditar lo del terrorismo. En realidad el delito de ‘perturbación del orden social’ se parece mucho al de ‘disolución social’ que existía en 1968. En Veracruz están resucitando a Gustavo Díaz Ordaz”, advierte Castellón en entrevista con Proceso.
Subraya que este nuevo delito tiene como objetivo evitar que las autoridades estatales priistas “hagan el ridículo”, ya que el próximo viernes 23 tendrá lugar la audiencia constitucional para resolver la solicitud de amparo que interpusieron Martínez Vera y Bravo Pagola.
Este domingo 18 se prevé la visita del poeta Javier Sicilia al penal de Pacho Viejo para expresar su solidaridad con los tuiteros presos.
Fuentes del Congreso local de Veracruz prevén que el nuevo delito se aprobará el martes 20, aunque las autoridades liberarían a Martínez Vera y a Bravo Pagola el jueves 22, un día antes de la audiencia.
Ante la falta de elementos para criminalizarlos, el gobierno de Veracruz acusa a Bravo de formar parte de una “red de corrupción” de la administración anterior, del también priista Fidel Herrera.
“Como Orson Welles”
A pocas horas de que se divulgaran los falsos rumores sobre enfrentamientos en Veracruz, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, desmintió los hechos y acusó a los tuiteros de “causar histeria” entre la población y de realizar “terrorismo” a través de las redes sociales.
En entrevistas con las estaciones locales de radio, Buganza llegó a comparar esta falsa alarma con la transmisión radiofónica de 1938 de Orson Welles sobre una presunta invasión extraterrestre en Estados Unidos, basándose en la novela La guerra de los mundos, de H. G. Wells. “Ustedes deben recordar al famoso Orson Welles, cuando narró en la radio La guerra de los mundos y generó histeria colectiva”, afirmó, aunque no aclaró que Welles nunca fue detenido ni acusado de “terrorismo equiparado” por aquella transmisión en la CBS.
La reacción de las autoridades de Veracruz contra los cibernautas generó un “contagio” en Tabasco. El jueves 1, el Congreso local aprobó por unanimidad una reforma al artículo 312 bis del Código Penal estatal para tipificar como delito punible hasta con seis años de cárcel los avisos falsos o los rumores difundidos a través de llamadas telefónicas o redes sociales.
Esta modificación se inspiró en la propuesta de las autoridades veracruzanas y además en una reforma previa aprobada en Nayarit hace más de un año para sancionar penalmente la difusión de rumores falsos. En esa entidad, la prensa protestó alegando que se trataba de una “ley mordaza”; el gobernador Ney González ordenó que se “excluyera” de ella a los periodistas, pero la medida nunca se puso a consideración del pleno del Congreso.
Frente a esta ola de medidas para criminalizar a los usuarios de redes sociales, decenas de cuentas en Twitter y Facebook han condenado a los gobiernos de Veracruz y Tabasco, al tiempo que el senador Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, exigió la pronta liberación de los tuiteros detenidos.
“Es inaudita, exagerada y desproporcionada” la pena de 30 años de cárcel y genera un “claro precedente del autoritarismo más oscuro”, advirtió Castellón.
La cadena televisiva británica BBC consideró que existe una “cruzada oficial contra tuiteros en México” y vinculó las medidas adoptadas en Veracruz y Tabasco con el mensaje del presidente Felipe Calderón a raíz del atentado al casino Royale en Monterrey.
“En la misma fecha en que las redes sociales causaron pánico en Veracruz, en Monterrey un grupo vinculado al cártel del narcotráfico de Los Zetas incendió el casino Royale, donde murieron 52 personas.
“Felipe Calderón dijo que el ataque fue cometido por ‘verdaderos terroristas’, lo cual según analistas es un cambio radical en el lenguaje oficial sobre la guerra contra y entre cárteles”, anotó la BBC.
El martes 6, el abogado de Martínez Vera y Bravo Pagola, Fidel Ordóñez Solana, interpuso un amparo contra la orden de formal prisión por considerar que se violó el derecho a la libertad de expresión de ambas personas.
En su recurso de amparo, Ordóñez Solana reclamó la violación “flagrante” de los artículos 7 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas. El artículo 7 establece que “nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, mientras que el artículo 19 establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, ya que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión.
Este derecho “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”.
Nerviosismo oficial
Castellón considera que la ola de medidas punitivas, contra los usuarios de redes sociales, refleja “la ignorancia y la falta de comprensión de los gobiernos autoritarios frente a fenómenos de comunicación que no controlan, como las redes sociales”.
Indica que si el gobierno de Coahuila hubiera aplicado la misma medida que el de Veracruz “la mitad de los asistentes al Estadio Corona de Torreón estuvieran en la cárcel” por haber difundido las fotos de los impactos de bala en el recinto deportivo la noche del 20 de agosto.
Castellón recuerda que hace dos años ocurrió un caso similar en Nayarit. Marcos Trujillo alertó sobre la existencia de un convoy armado. Su mensaje en Twitter fue replicado y generó una ola de pánico. Esta fue la raíz de la reforma al Código Penal estatal para tipificar el delito de difusión falsa de información.
“La única forma de detener un rumor es con una fuente creíble por parte de las autoridades de seguridad pública”, advierte Castellón. “Asumo que el gobierno de Veracruz lo que quiere es dar un ‘castigo ejemplar’ y pretende infundir el miedo en la población a partir de estos chivos expiatorios”, explica.
“El gran problema para estas autoridades es el cambio de lenguaje que significan las redes sociales y tienen una concepción muy conservadora frente a un fenómeno que no pueden controlar. No es a partir de la cárcel y de la represión como van a evitar que se divulgue información en Twitter o Facebook”, sentencia.
La tentación de criminalizar las redes sociales está presente en otras entidades como Colima, Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, donde se han aprobado reformas a los códigos penales para tipificar el delito de terrorismo.
En algunas de estas entidades se ha querido equiparar la divulgación de información en redes sociales con el delito de “promoción del terrorismo” que, en la mayoría de los casos se castiga hasta con 30 años de prisión.
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