A Calderón le hace falta liderazgo

Jorge Carrillo Olea
13 de agosto de 2011

La perplejidad no deja de ser la constante para la sociedad mexicana y para una buena parte de la opinión internacional: México está sumido en un caos. De manera creciente, a partir del 11 de enero de 2006, el país, sus instituciones y su pueblo se han hundido en una situación inimaginable de violencia.

Sin duda, el titular del Ejecutivo nunca valoró la debilidad de las instituciones para hacer prevalecer la ley, ni la capacidad del crimen organizado para multiplicar sus fortalezas.

A través de la plataforma WikiLeaks, se filtró una confesión que Felipe Calderón le hizo a José María Aznar acerca del “cálculo erróneo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción en México”. Dado que la publicación de WikiLeaks revelaba un reporte del ex presidente español a la embajada estadunidense en Madrid, el caso sólo dio lugar a la exhibición de Aznar como un traidor y contumaz colaborador de Estados Unidos.

En la actualidad la sociedad mexicana está tan acostumbrada a los oprobios que el escándalo no tuvo mayores consecuencias. Sin embargo, el hecho sí llevó a analizar con mayor detenimiento las políticas básicas de Calderón.

Por lo que pudo verse, la motivación inicial de su estrategia de seguridad consistió en dar un golpe de fuerza autoritaria que evidenciara la dureza de su presidencia, pero incurrió en errores y omisiones.

Por principio de cuentas, no formuló ningún cálculo de probabilidades para su guerra. Sus policías propiamente no existen y sus Fuerzas Armadas están diseñadas para otras circunstancias. El grupo de asesores que discutió con él su proyecto lo hizo sin el menor conocimiento de lo que podría desatarse. Sin sustento alguno, le aseguraron que “en dos años el narco sería eliminado”.

Debe recordarse que algunos días antes del anuncio de la declaratoria de guerra, cuando Calderón informó a su gabinete de seguridad las acciones que se llevarían a cabo, ninguno de sus colaboradores elevó la voz para plantear alguna duda sobre su supuesta eficacia y sobre el terrible riesgo en que se pondría al país. Por falta de conocimiento y experiencia, el presidente no ha podido hacer cooperar ni concertar a sus fuerzas.

Su falta de liderazgo en la coordinación ha generado fricciones reprobables entre su equipo. Por lo demás, ante las graves deficiencias de sus recursos de inteligencia, aprobó la participación de representantes de la comunidad de inteligencia estadunidense, tanto en las actividades de planeación como en las operativas. Muy probablemente, una de las razones de tanto desacierto sea la renuencia de Calderón a acreditar el valor de la cooperación, la coordinación y el trabajo en grupo.

De manera absurda, expresó esta convicción en el seno mismo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). La consecuencia lógica, por él aceptada como una forma de operar, es que cada una de las instituciones marche por su lado. Cuando Calderón señala, por medio del portavoz del CSN, Alejandro Poiré, que una de las bases donde el narcotráfico ha encontrado la mayor complicidad e impunidad es en los estados y municipios, habla como si él no fuera el presidente de una República, sino sólo el encargado de una superestructura ajena a las partes que la componen.

El crimen organizado, en su vertiente de narcotráfico, se ha propagado casi en todo el territorio y también ha dado lugar al crecimiento de una criminalidad de orden común que lastima a la sociedad con el robo de autos, a transeúntes o domiciliario, las violaciones y los secuestros.

La penetración del delito en la sociedad es mucho más profunda de lo que se cree, e incluso los segmentos más alejados teóricamente del fenómeno, como podrían ser las iglesias y las organizaciones educativas, dan muestras de contaminación.

Por otro lado, se cree que la asociación entre delito y gobierno ocurre sólo en el ámbito policiaco, pero la verdad es otra. Aunque existen servidores públicos honestos, la corrupción es rampante también en los poderes judiciales: ministerios públicos, peritos, jueces y magistrados.

Cuántas campañas políticas han sido y están siendo financiadas por los campeones del delito, cuántos servidores públicos se han enriquecido repentinamente a la vista de todos. Además basta con revisar los expedientes del pasado inmediato para ver con pesar que las Fuerzas Armadas no son la excepción, como tampoco lo son el ámbito deportivo, el comercio o los grandes inversionistas extranjeros.

En todo lo anterior hay razones suficientes para estremecerse. Vivimos en un Estado acosado por el delito, la impunidad, la corrupción y la inacción social a pesar de las ya muchas marchas que estamos presenciando.



El Ejército, a los cuarteles



Existen antecedentes en los países desarrollados de la participación de sus ejércitos en conflictos internos y sus lamentables consecuencias. Cuando sus gobiernos advirtieron esto, inmediatamente se produjo la desmilitarización, lo que implicó que se separara a la policía y al ejército o que se creara un cuerpo policial que se encargara de los conflictos internos. Ellos han eliminado ese factor de irritación que era el servicio militar obligatorio; nosotros lo sostenemos, sin razón alguna, como emblema de vergüenza.

Ahora mismo en varios países existen importantes amenazas de naturaleza no militar: migraciones masivas, desplazamientos y asentamientos de refugiados, integrismos religiosos, violaciones de los derechos humanos, atentados contra el medio ambiente. Ante eso… la regla a nivel mundial ha sido preservar a las Fuerzas Armadas de intervenir en ellas todo lo posible. En su sustitución se han activado programas muy exitosos de desarrollo de variados cuerpos policiacos, así como de organización social, como son los programas de protección civil.

En efecto, las Fuerzas Armadas no pueden seguir desempeñando funciones policiacas. Todo lo contrario, no sólo debe retirárseles, sino también reivindicárseles. Dar un paso adelante, por muchos años demorado, para al fin optar por una institución moderna, eficiente y respetable.

La transformación, que puede requerir mucho tiempo, pero sobre todo la concientización hacia el interior, es un deber del presidente de la República pero que debe ser especificado por las propias Fuerzas Armadas. l