Rosalía Vergara
Grupos de inversionistas interesados en echar a volar de nuevo a Mexicana de Aviación y representantes de los trabajadores de esta empresa aseguran que el gobierno federal bloqueó a los competidores de PC Capital. Incluso, dicen, cuando se demostró que el plan de negocios de TG Group era superior a la propuesta del grupo consentido, y cuando hubo quejas por la grave afectación del contrato colectivo que implica, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, respondió lo mismo: hay que alinearse con PC Capital porque es “una orden de arriba”.
A principios de noviembre del año pasado, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, les dijo a los representantes de TG Group, una de las firmas interesadas en rescatar Mexicana de Aviación, que no podían participar en el proceso por una disposición “de arriba”, refiriéndose a la Presidencia de la República. “Es PC Capital o la quiebra”, les advirtió.
En entrevista, empresarios afectados interpretaron las palabras del funcionario panista como una forma de decirles “copelas o cuello”, citando al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, quien en 2007 aseguró haber sido amenazado por Lozano Alarcón para que guardara en su domicilio 205 millones de dólares que supuestamente serían destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón.
Para el abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), Joaquín Ortega Esquivel, el hecho de que la aerolínea no opere desde el 27 de agosto del año pasado sin que se haya declarado la quiebra formal implica tres delitos:
El primero, dice, es el ejercicio indebido de la función pública, porque se causa perjuicio permanente al erario. Esta responsabilidad la atribuye a Lozano Alarcón y al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas.
El segundo es coalición de servidores públicos, ya que, unidos, Lozano Alarcón y el subsecretario de Transporte de la SCT, Humberto Treviño, actuaron de común acuerdo para mermar los derechos laborales de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, disminuyendo su contrato colectivo de trabajo hasta el grado de hacerles firmar sendos convenios para no recibir salarios y trabajar a destajo por 100 días, hasta lograr que la aerolínea estabilizara su operación.
Un delito más, dice el litigante, es el tráfico de influencias, ya que Lozano Alarcón, Molinar Horcasitas y el actual titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, han estado favoreciendo a PC Capital con la advertencia de que es el único inversionista que puede reactivar la compañía, y no toman en cuenta las propuestas de TG Group y BMC.
Sin embargo, los inversionistas de PC Capital no han dado la cara públicamente ni han dado entrevistas. Solamente, como si fuera el vocero de ese grupo empresarial, Lozano Alarcón señaló apenas el 28 de enero que no se darían a conocer los nombres de los socios de PC Capital porque “así los solicitaron”.
El Grupo BMC es dirigido por Gabriela Bastida, hija de Jorge Bastida Gallardo, asesor de los inversionistas Luis Eduardo Martínez Guzmán y Pedro Abid Cecha Acra. Su plan de negocios para reestructurar el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA, antes Mexicana de Aviación) incluye el rescate de 85% del personal, la reducción de 40% en el contrato colectivo de trabajo de pilotos y sobrecargos y la conservación de 600 mecánicos como personal de mantenimiento.
La propuesta de BMC era comenzar la operación el 8 de diciembre de 2010 y desaparecer a la aerolínea Link, porque no es rentable. En cambio, explotaría las rutas a Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y el Caribe, las más prometedoras, como difundió este semanario el 21 de noviembre de 2010 (Proceso 1777).
Sobre Jorge Bastida existe información en el sentido de que, “según las autoridades hacendarias y judiciales su labor consiste en lavar dinero del narcotráfico, al servicio de un consuegro que después se le murió, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos” (Proceso 1116). Además, se trata de “un inversionista que de la noche a la mañana apareció como fuerte accionista del banco Anáhuac y a quien, a su vez, se le relacionó con el capo Amado Carrillo Fuentes” (Proceso 1225).
En cuanto a TG Group, el coordinador de Estructura Organizacional de la aerolínea sería Jorge Luis Moya Huerta, director general del Grupo de Aerolíneas Aviateca, de Guatemala, Transportes Aéreos del Continente Americano (TACA), de El Salvador, y Líneas Aéreas Costarricenses. Moya presidió antes el Comité Ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransportes (Canaero) y Club Skal, una organización internacional “de dirigentes del turismo” desde enero de 2011.
El apoderado legal de TG Group es Juan Carlos Torres, de TACA, propiedad de la familia Kriete. En 2005 esta aerolínea fue una de las asociadas para formar la mexicana Volaris, de Pedro Aspe.
En entrevista con Proceso, Torres sostiene que su grupo ofreció una inversión inicial de 150 millones de dólares para reactivar a Mexicana de Aviación en noviembre del año pasado, cuando conocieron información sobre el estado financiero de la compañía.
Desde entonces, asegura, tenían disponibles 62 aeronaves. Con esa base se elaboró un plan de negocios que incluía el rescate de 75% de los empleos y las rutas nacionales e internacionales.
El representante del grupo plantea que el plan de negocios de TG Group es el más viable para Mexicana, pero señala que fue rechazado por Lozano y Horcasitas sin revisarlo siquiera ni aclarar los motivos. “Nunca nos han tratado, nunca nos recibieron. Cuando pedimos audiencia en Comunicaciones y Transportes siempre nos recibió el subsecretario Treviño; a pesar de la importancia del tema nunca nos recibieron los secretarios”, se queja.
Torres basa su afirmación de que su proyecto es mejor que el de PC Capital en dos datos iniciales: ahora empiezan volar sólo seis aviones y se ha planteado conservar sólo 30% de la planta laboral.
–¿Por qué creen que no les hacen caso? –pregunta la reportera a Torres.
–No tenemos idea, pero nos parece atípico que en el proyecto de rescate de una aerolínea en proceso de concurso mercantil, donde se supone que el conciliador y el administrador buscan obtener recursos para la empresa, y dado que nosotros pusimos una propuesta formal de compra desde noviembre, estemos a finales de enero y hayan elegido a un grupo que ni siquiera tenía dinero ni estaba conformado.
En el proyecto de TG Group se informó que hasta finales de 2010 permanecían en posesión de la Compañía Mexicana de Aviación (CMA), Mexicana Click y Mexicana Link un total de 62 aeronaves, pero la devolución de algunas de ellas había sido solicitada por sus arrendadores mientras no haya un plan de negocios viable y una inversión en corto plazo.
“Los pasivos actuales de CMA son de 16.7 mil millones de pesos. Sin embargo, ante el concurso mercantil podrán verse disminuidos, ya sea mediante la liquidación de la empresa o la reestructura de pasivos con proveedores”, se indicó en el documento.
Destacaba que CMA, Link y Click mantenían sus permisos para operar sus rutas domésticas e internacionales. “Sin embargo, de no reiniciar operaciones en diciembre de 2010 se corre el riesgo de ser revocados”, se advirtió.
En el plan de TG Group se consideró que uno de los valores más importantes de CMA reside en las designaciones otorgadas con categoría 2 por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para operar en el mercado de Estados Unidos, “las cuales no pueden ser aprovechadas por otras aerolíneas mexicanas”.
El misterio de PC Capital
PC Capital es un fondo de inversión recientemente creado, que dirige el empresario Pablo Coballasi.
Asesora esta firma Arturo Barahona, quien dirigió Aeroméxico de 1994-2004 y el 20 de mayo de 2004 se incorporó al consejo de administración de Mexicana de Aviación como asesor de la dirección general, antes de que Gastón Azcárraga, dueño de Grupo Posadas y de CMA, tuviera que vender la razón social de la aerolínea a Tenedora K por mil pesos, con tal de que no se le fincaran responsabilidades por la quiebra inducida de la aerolínea.
El Grupo Banamex, propiedad del estadunidense Citibank, posee 49% de las acciones de Aeroméxico, pues se las vendió el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antes Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Al respecto, Torres señala que PC Capital no es un grupo inversionista sino estructurista: “Prácticamente es un comisionista del concurso mercantil, figura no existe. En su momento, las autoridades correspondientes analizarán si es ilícito, pero no es la manera típica de resolver un concurso mercantil”, afirma.
Añade que que el administrador del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Javier Christlieb, le confirmó que con los recursos de la propia aerolínea se está pagando el proyecto para reactivarla, pues PC Capital no ha invertido un solo peso.
“Se están gastando sus recursos para pagar los gastos de certificación de aeronaves, por lo tanto en este momento la aerolínea está en el peor de los mundos: consumiendo los pocos recursos que tenía. Además, no se ve una salida al problema en un periodo cercano”, comenta el apoderado legal de TG Group.
En efecto, el 22 de enero se realizó el primer vuelo de certificación con pilotos, sobrecargos, mecánicos e inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para las rutas México-Cancún, Cancún-Guadalajara y Guadalajara-México. En estos vuelos de práctica y certificación, y en el pago de pasivos en aeropuertos en Estados Unidos, se pagaron 100 millones de dólares.
El 20 de enero, el recientemente nombrado titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, anunció que Tenedora K y PC Capital estaban negociando la transferencia de acciones. Esto podría explicar por qué el funcionario no ha recibido al equipo de TG Group, especula Torres.
Al apoderado del grupo le sorprende que ningún representante de PC Capital haya defendido públicamente su proyecto de inversión y, por el contrario, Lozano Alarcón, antes Molinar Horcasitas y ahora Pérez Jácome se han convertido prácticamente en voceros de los inversionistas: “Todas sus declaraciones son a través del secretario del Trabajo o del subsecretario de Comunicaciones, Treviño. Yo no sé qué tanta validez puedan tener esas declaraciones”, dice.
–¿Qué cree usted que quieren hacer con Mexicana de Aviación?
–Yo no sé qué quieren hacer; lo que sí sé es que no están haciendo nada.
En opinión de Torres y del abogado Joaquín Esquivel, del SNTTTASS, el plan de PC Capital para salir con seis aviones dedicados a cubrir rutas extranjeras deja en manos extranjeras a la aerolínea, así como los espacios que la industria mexicana no puede llenar.
Nueva demanda sindical
En el contexto de los desacuerdos que suscitó la firma de convenios para modificar contratos colectivos o ceder los derechos laborales a los inversionistas de Mexicana, sindicalizados y dirigentes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) constituyeron la llamada Coalición Democrática.
Según su vocero, el capitán Luis Ojeda, la nueva agrupación congrega a 3 mil sobrecargos, pilotos y trabajadores de tierra inconformes con la negociación para reactivar la aerolínea. Estos trabajadores se quedaron desempleados en agosto pasado, cuando dejó de operar la aerolínea, y sostienen que el gobierno federal pretende quebrar a la empresa para entregarle las rutas al capital extranjero.
En entrevista, tres integrantes de la Coalición Democrática dijeron que afiliados al SNTTTASS se reunieron el 27 de enero con el secretario Javier Lozano y éste reconoció la grave afectación a los derechos laborales de los trabajadores de Mexicana, pero también les advirtió que “no hay de otra” y tenían que aceptar a PC Capital “o no había negociación, concesión ni licencias ni revalidación”, pues “era una disposición de arriba”.
También confirmaron que el asesor de PC Capital, Arturo Barahona, les explicó que el plan de negocios ofrecido es para operar una línea aérea de bajo costo, una “Mexicanita de Aviación”, ya que ni Click ni Link iban a operar. La empresa Aeromexpress se liquidaría para después, cuando Mexicana se estabilice, contratar a sus empleados (Proceso 1777).
El 29 de noviembre pasado, la Coalición Democrática se inconformó ante el juez primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito con la propuesta de PC Capital, y solicitó que se evalúen otros planes de negocios para la reactivación de la aerolínea y evitar la quiebra de Mexicana, actualmente en concurso mercantil.
Mexicana de Aviación obtenía 150 millones de dólares mensuales, por lo que en cinco meses de no operar sus pérdidas se calculan en 750 millones. En cifras del SNTTTASS, en este tiempo la empresa vendió 984 mil boletos por los cuales no proporcionó el servicio, y en consecuencia tiene que hacer devoluciones por mil 549 millones 926 mil 302 pesos.
De acuerdo con la Confederación Nacional Turística, el cese de actividades de la aerolínea afectó a 2 millones 600 mil usuarios, con pérdidas de 420 millones de dólares de septiembre a diciembre de 2010. En el mismo periodo, y a causa del mismo conflicto, los grupos Aeroportuario del Pacífico, del Sureste y Centro Norte perdieron 323.2 millones de pesos.
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