Los asesinos de Zapata Miguel Ángel Granados Chapa Periodista

A partir de un eficaz trabajo de inteligencia, el Ejército realizó una misión que parecía imposible: dar en un plazo muy breve con los asesinos de Jaime Zapata, el agente de la oficina de inmigración y aduanas (ICE), anticipándose con ello a la averiguación formalmente a cargo de la Procuraduría General de la República pero puesta, en los hechos, en manos de investigadores de agencias norteamericanas enviados la semana pasada a San Luis Potosí.

El gobierno de Washington ha conferido gran relevancia a la muerte del agente Zapata (ultimado en un ataque en que su compañero Víctor Ávila quedó herido).

La secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano reaccionó vivamente ante la noticia y sin empacho de ningún género ofreció que se haría justicia, como si el caso concerniera a las autoridades de su país.

Ha reiterado varias veces ese anuncio, más dirigido a la opinión mexicana que a la de su país. En Bronwsville, donde Zapata residía habitualmente, los funerales tuvieron carácter multitudinario, con la presencia de cientos de compañeros de las víctimas y la de la propia secretaria y el procurador general de justicia.

El gobierno mexicano quedó, en apariencia según comprobamos ahora, condenado a la impasibilidad.

El agente Ávila no declaró ante el ministerio público mexicano, sino ante autoridades de Estados Unidos.

Un diputado texano ofreció al público la primera información sobre el modo en que se había perpetrado la agresión, que la procuración de justicia aquí ha de haber conocido por los periódicos.

Súbitamente, la Secretaría de la Defensa Nacional ofrece el resultado pronto que nadie esperaba. Más vale que se trate de la culminación de una pesquisa rigurosa, pues va a ser sometida, querámoslo o no, al examen y la supervisión del gobierno estadounidense. El Ejército Mexicano no goza de buena fama en los círculos oficiales de Washington, tanto por las violaciones a los derechos humanos de que a menudo lo señala el organismo civil Human Rights Watch –muy escuchado en el Capitolio– como por la valoración que de su actuación y de su actitud ha hecho el embajador Carlos Pascual. Si la detención de los atacantes de Zapata y Ávila y su presentación al público y a la PGR resulta de un deseo de sacudirse esa triste reputación más que del rigor indagatorio será peor para todos.

Hay indicios y señales que obligan a tomar con un grano de sal la información militar, que atribuye a Julio Zapata, apodado El Piolín, la dirección del ataque a los agentes del ICE, en que participaron cinco detenidos más.

Algunos de ellos mostraron huellas de golpes y aun caminaban con dificultad al ser presentados a los medios, lo que al público acostumbrado a las capturas violentas y al forzamiento de confesiones que luego son desmentidas por los propios autores puede inducirlo a suponer que padecieron maltrato.

Según el Zapata atacante, agredieron a sus víctimas porque los creyeron rivales, aunque el vehículo en que viajaban ostenta placas diplomáticas y los agentes se identificaron como tales. En el parque vehicular asegurado a los presuntos asesinos no están incluidos los que sirvieron para atacar a los miembros del ICE.

El Ejército informó que la captura se realizó en cuatro casas de seguridad en la ciudad de San Luís Potosí, en las inmediaciones de la cual se practicó el asalto mortal.

Es difícil imaginar que las células de la banda de Los Zetas, a que pertenecen Julio Zapata y sus secuaces hubieran permanecido en la capital potosina después de haberse percatado de quiénes habían sido en realidad sus víctimas. Por mínima información que posean los delincuentes, estos no pueden haber ignorado que la persecución que sobrevendría a quienes ultimaron a agentes norteamericanos no tardaría en alcanzarlos, por lo que es de suponerse que se hubieran alejado de la comarca.

Pero depongamos nuestra desconfianza y esperemos a que el Ministerio Público federal y las autoridades norteamericanas que lo supervisen validen la veloz y fructífera investigación militar.

Pero también en ese punto nos asalta la cautela, porque El Piolín había sido capturado apenas en diciembre, asimismo por tropas de la Sedena, que lo detuvieron en Río Verde, también en el estado de San Luís Potosí.

Como se hizo este miércoles, se presentó a Zapata y otros presuntos delincuentes, con el arsenal que les fue asegurado junto con un poderoso parque vehícular compuesto de seis unidades, entre ellas un VW Pasta blindado. Tanto la Sedena como la PGR tendrán que refrescarnos la memoria para establecer qué paso con El Piolín que dos meses después de esa detención se hallaba tan libre que era capaz de atacar hasta matarlos a quienes creyó parte de una banda enemiga.

Si los delincuentes no fueron consignados hay una responsabilidad castrense que determinar. Si el Ministerio Público no los consignó al juez habrá que saber si no halló indicios para forjar una acusación y rápidamente se decretó el no ejercicio de la acción penal, en cuyo caso se habría repetido la ofensa a particulares a quienes se exhibe como delincuentes sin que lo sean o se pueda llevarlos ante un juez que establezca si lo son.

¿Y si se fugaron? Son muchos como para que su huida pasara inadvertida. ¿Y si estaban allí a la mano, en una suerte de ilegal libertad condicionada, para que lo que pudiera ofrecerse? No nos asombraría en exceso saber que se les dejó libres para que continuaran sus actividades, sobre aviso de que podrían ser requeridos para responder por un crimen que fuera urgente resolver.