La muerte del agente de Estados Unidos Jaime Zapata el 15 de febrero de 2011 en la carretera federal 57, en el estado de San Luis Potosí –el primer agente de ese país asesinado desde 1982, cuando fue ejecutado Enrique Kiki Camarena de la DEA–, constituye un hecho de extraordinaria gravedad que ha abierto una nueva fase de la escalada de intervención de Estados Unidos en México, solicitada y auspiciada por el gobierno entreguista de Felipe Calderón Hinojosa, y que hasta ahora ha contado con la complicidad de la “clase política” mexicana en su conjunto.
1. El homicidio de Zapata, miembro de la Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE), quien según informó Washington llevaba a cabo con otros miembros de su corporación tareas de investigación en territorio mexicano, puso una vez más en evidencia que el gobierno espurio panista está pisoteando la Constitución y las leyes mexicanas con la presunción de que la Casa Blanca ayudará al PAN a mantenerse en el poder en 2012.
2. La muerte previsible del estadunidense crea nuevas suposiciones sobre la responsabilidad en su homicidio de ambos gobiernos, pues aun cuando Zapata no hubiese sido ejecutado para justificar con su muerte un mayor intervencionismo, quienes lo pusieron en esa situación de altísimo riesgo son corresponsables de lo acontecido. Del lado de Estados Unidos, los funcionarios que a un agente suyo de origen mexicano lo hicieron actuar en México en un contexto de ilicitud y de anticonstitucionalidad, ocultando su identidad e infiltrándose en organizaciones criminales rivales, moviéndose como un involucrado más en esas redes, lo situaron en un escenario comprometedor. Del lado de México, quienes toleran la injerencia de esas agencias, y ahora la Sedena, que tras rapidísima “investigación”, y actuando una vez más al margen de la legalidad, con un representante de la PGR como comparsa, presentó en un acto a varios detenidos, con evidentes señas de haber sido golpeados –pues uno de los cuales apenas podía caminar–, culpando a uno del homicidio, que, afirma, lo hizo en un marco de confusión pensando que suprimía a un capo rival.
3. La escalada de exigencias de Washington a México a las pocas horas de la muerte del agente, en un escenario que parecía preparado, no hizo más que evidenciar las intenciones de la administración Obama: la primera de las cuales es lograr que México acepte nada menos que los agentes estadunidenses de todas las corporaciones que actúan ya en nuestro territorio estén en lo sucesivo armados, como lo reclamaron varios legisladores. Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) y el procurador general Eric Holder enviaron una fuerza especial el 16 para investigar, mientras el representante Michael McCaul y otras voces declararon que todo debía conducir a un cambio de las reglas del juego.
4. Lo acontecido no debería, empero, sorprender, dada la situación actual de las relaciones de Estados Unidos con nuestro país, aceptada y tolerada por la mayor parte de las fuerzas políticas. Los documentos confidenciales sobre México del Departamento de Estado estadunidense, que Wikileaks entregó en exclusiva mundial a La Jornada, y que este diario empezó a publicar desde que hizo el sensacional anuncio el 10 de febrero, confirman de manera contundente, con datos precisos y puntuales, que el gobierno panista de Felipe Calderón se fue sometiendo desde 2006 de manera cada vez más servil a Estados Unidos, que Washington desconfía por completo de las fuerzas armadas mexicanas y que no tiene el gobierno de Obama otra intención que la de profundizar sus políticas de intervención.
5. La entrega de esos más de 3 mil cables relacionados con México a este diario por Julian Assange constituye un reconocimiento del prestigio mundial de La Jornada, ya que hasta esa fecha todo lo relacionado con América Latina y el mundo era exclusiva de los cinco diarios seleccionados originalmente por el fundador de Wikileaks, cada vez más amenazado por cierto tras el fallo judicial de ayer de deportación por la justicia inglesa a Suecia (y a Estados Unidos) por hacer valer el derecho de los pueblos a la información, y que son The New York Times, The Guardian (Londres), Der Spiegel (Francfort), Le Monde (Paris) y El País (Madrid), a los que se une ahora La Jornada como uno de los grandes diarios de estos inicios del siglo XXI, lo que garantiza que en los momentos cruciales que vive nuestro país se amplíe el derecho de los mexicanos a la información.
6. Tres cables de la embajada estadunidense del otoño de 2006, publicados por La Jornada el 21 de febrero, confirman por ejemplo lo que aquí se ha venido sosteniendo en torno a esta supuesta “guerra contra el narco” impuesta por Estados Unidos a México gracias a la debilidad, ineptitud y complicidad de Calderón, quien ha traicionado a México con tal de hacer prevalecer sus intereses personales y de grupo. Washington, se confirma, aprovechó la ilegitimidad y “debilidad política extrema” de Calderón en 2006 para brindarle inmediatamente después de las elecciones su urgente respaldo, involucrándose de inmediato la embajada de Estados Unidos, se dice, “en un proceso de planificación”, de lo que llamaron “la transición”, trabajando sus funcionarios con el equipo de colaboradores de Calderón para determinar que “el tema de la seguridad” sería “el eje de su gobierno”, como ahora se ha visto, a fin, ya se sabe, de acelerar la descomposición del Estado mexicano y el desmantelamiento de la Nación.
7. El gobierno de Barack H. Obama, que según Tariq Ali, editor de The New Left Review, se mueve ahora con el síndrome de “capitular en Estados Unidos y hacer la guerra en el exterior”, nada hace a su vez por detener a los cárteles en Estados Unidos (salvo cuando se trata de narcos mexicanos), según se ve en la lectura de los cables de Wikileaks. Los cárteles estadunidenses y los miembros del “crimen organizado” de ese país siguen actuando allá (y en el resto del planeta) de manera impune, tolerada y protegida, a sabiendas de que en territorio de Estados Unidos se lleva a cabo el más intenso comercio y tráfico de drogas de cualquier país, y el mayor consumo per cápita, y ello porque acaso para Obama sólo se trata de reordenar el mercado (en beneficio de sus connacionales).
8. La comparecencia de Calderón ante Barack Obama en la Casa Blanca, adonde fue citado el 3 de marzo, constituye por ello un nuevo riesgo para el futuro de México como país libre y soberano, ya que el panista estará dispuesto a hacerle todas las concesiones a Obama, en particular luego del regaño que recibió de Janet Napolitano el día 23 por culpar de lo acontecido a la falta de coordinación de las agencias federales de Estados Unidos en México durante una entrevista a El Universal del día anterior.
9. En 1847, los más destacados miembros de la clase política fueron cómplices de los invasores estadunidenses tras la derrota militar, avalando el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, y ahora no es muy diferente el escenario. Humberto Moreira, futuro presidente del PRI, cuando era gobernador de Coahuila, según otro de los cables de Wikileaks, se presentó ante el cónsul estadunidense y sometió a su consideración su política “de seguridad” pidiéndole a Washington su ayuda y que capacitara a sus gentes.
10. La única forma de detener esta creciente claudicación de la “clase política” y de frenar el entreguismo delirante de Calderón está por lo mismo como nunca en la capacidad de resistencia del pueblo organizado.
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks
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