Han surgido preguntas muy serias derivadas del proceso por la muerte de la jovencita a la cual muchos de los juarenses conocen como el “el caso Rubí”
Resulta que el presunto responsable del homicidio fue puesto en primera instancia en libertad, por una decisión colegiada de tres jueces; luego el Tribunal de Casación después de 17 días (casi insólito) modificó la sentencia y le impuso una pena de 50 años y en los días que corren, un Tribunal de Amparo le concedió la suspensión de la condena mientras se investiga si la misma no viola garantías individuales del hoy sentenciado. Es importante anotar que el defensor Joel Meneses Hernández, es quien sin pago alguno realizó las gestiones para la revisión del juez del amparo, según dijo, por las graves inconsistencias que tenía la resolución.
Este caso, ha sido de gran revuelo. Se acusa al Ejecutivo estatal de no respetar la división de poderes. Que su voluntad se impuso para que el Poder Judicial suspendiera de inmediato a la petición a los togados, todos ellos producto de la generación del esfuerzo con más de 24 años de servicios al Poder Judicial y el tercero con 13. La suspensión surtió efectos y además el Poder Legislativo pretende desaforarlos para luego pasarlos al procedimiento común.
Yo no creo que César Duarte, se haya empecinado en procesar a los jueces. Creo que las instancias legales del estado deben ser consejeros eficaces para que la acción del Ejecutivo no se desborde y parece que le tienen miedo al gobernador- el cual tiene múltiples asuntos, todos ellos importantes- para darle a conocer los linderos de cualquier actuación y que hoy aparezca éste como algunos lo piensan como feroz perseguidor de los funcionarios suspendidos.
No trata el que esto escribe en quedar bien con el Ejecutivo, porque César Duarte sabe, por el caso de Armando Villarreal Martha, en el cual fui defensor y pedí su ayuda desde el cargo que tenía como diputado, para que Vicente Fox, no impusiera sus criterios en el caso del líder campesino y dejara al Poder Judicial en paz en dicho asunto. Se me hace difícil que hoy haya cambiado de criterio irrumpiendo como gobernador en asuntos que son propios de otro de los tres poderes.
Ahora, si los funcionarios menores no entienden que una resolución de los jueces no es la última palabra sino que puede existir una nueva revisión del asunto con la interposición de un recurso, francamente se requiere que entiendan que la administración pública es diferente a la privada y que tiene procesos alejados de los de la Bolsa de Valores.
Por otra parte, todo mundo es inocente, hasta que no se prueba lo contrario y las leyes indican con precisión cuáles son las pruebas que tienen el peso suficiente, las cuales tiene que aportar el Ministerio Público. Si no hay pruebas o éstas son insuficientes, se debe decretar la libertad. Este tipo de vacíos, el que esto escribe junto con otros colegas lo combatió a rajatabla y lamentablemente perdí el debate pues ganó el criterio oficial del llamado nuevo sistema de justicia penal que además tuvo un fondo de 10 millones de dólares que lo respaldaban.
Primero se puso la atención en los jueces, hoy en el defensor de oficio, que lo han hecho hasta aparecer como si fuera auxiliar del Ministerio Público. No se trata de cambiar la institución sino de dejar en paz a los defensores, los cuales con el nuevo sistema tienen a su cargo la mayoría de los asuntos penales.
Quienes atacan al defensor de oficio, deberían darse una vuelta por los tribunales federales en los cuales los defensores de oficio, hasta donde sabemos, nunca son molestados y son abogados estudiosos, competentes, profesionales a carta cabal y atentos a sus defensos que son gente de escasos recursos y estos, son defendidos como si fueran magnates. En el área de Justicia hay que trabajar y no declarar tanto, urge trabajo y no verbo. Dejen en paz al Poder Judicial, no lo sometan a la cambiante política. Lleguen a acuerdos sin poner en entredicho las carreras políticas y no se olviden que los hombres pasamos y las instituciones quedan. No hay más.
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