Distrito Federal– La organización civil internacional Human Rights Watch envió el viernes pasado una severa carta al presidente Felipe Calderón en que le reprocha la ambigüedad o falta de una definición clara sobre derechos humanos, amén de formular sugerencias, comentarios y precisiones (el documento las llama en general recomendaciones) acerca de esta materia, tan dejada de la mano de Dios por el gobierno mexicano.
La misiva se divide en siete partes, además de un preámbulo. Las dos primeras son de orden general: “Mensajes contradictorios sobre derechos humanos” y “La protección a los derechos humanos fortalece la seguridad pública”. De esta se derivan “algunas medidas elementales que permitirían desarrollar los compromisos retóricos con acciones concretas”: se trata de “Juzgar a integrantes de las fuerzas armadas acusados de cometer violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia penal ordinario”; “Desautorizar a funcionarios que atacan a periodistas y defensores de derechos humanos”; “Proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil”; “Acelerar la visita del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales”; y aceptar que “Tijuana no es un modelo de seguridad pública”.
Dirigida una copia de la carta al secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, éste habrá leído preocupado el juicio que merece a Human Rights su actuación como secretario de gobierno de Baja California en materia de seguridad que, al menos para efectos prácticos, le mereció ser llamado al gabinete federal. La organización internacional de derechos humanos, en sentido contrario al criterio presidencial, señala que “Tijuana está lejos de ser un modelo de operativo de seguridad pública”.
En vez de ello, durante una investigación realizada sobre el terreno en abril pasado, “recibimos denuncias creíbles de uso sistemático de tortura por el Ejército en más de cien casos desde el año 2009, inclusive de personas que presuntamente habrían sido detenidas de manera arbitraria, transportadas a bases militares y torturadas con el fin de obtener confesiones falsas.” Agrega HRW que las “tácticas de tortura descritas responden a un patrón; según las víctimas y sus familiares, quienes les interrogaban las vendaban los ojos, los golpeaban, les aplicaban descargas eléctricas en los genitales, amenazaban con matarles y los asfixiaban colocándoles bolsas de plástico en la cabeza”. Más aún: “Durante la detención y los interrogatorios, las autoridades no informaron a las familias de los detenidos sobre su paradero”. No sólo eso: “En varios casos las víctimas afirmaron que las autoridades civiles colaboraron durante los abusos. Así, por ejemplo, la policía participaba durante las detenciones arbitrarias del Ejército y agentes del ministerio público habrían estado presentes cuando firmaban las confesiones extraídas bajo tortura
Según la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, citada en la carta de HRW, en agosto de 2009 “cinco personas fueron detenidas en forma arbitraria por un grupo de policías, quienes las mantuvieron incomunicadas, y prefabricaron evidencias…el jefe de la policía municipal no sólo estuvo presente durante las torturas sino que asfixió personalmente a una de las víctimas, colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes”.
Human Rights puntualiza que “la movilización de militares en Tijuana (no) ha logrado reducir el número de asesinatos. Según información proporcionada por el gobierno del estado, durante 2007 se registraron 337 homicidios, mientras que en 2008 la cifra fue de 884, y en 2009, de 664. Desde el comienzo del año hasta el 28 de agosto de 2010, 531 personas fueron asesinadas en Tijuana, lo cual sugiere que este podría ser uno de los más violentos en dicho estado”.
En vez de recibir información de esa naturaleza como insumo para encarar ese torcimiento de las acciones de seguridad, las autoridades locales pasaron de las invectivas a la persecución. Dice la carta a Calderón que “el jefe de policía (de Tijuana) desestimó los descubrimientos de la Procuraduría (de Derechos Humanos) y señaló que existían ‘intereses oscuros’ detrás de la investigación”. El alcalde tijuanense, a su vez, demandó que “no sean utilizadas instituciones de derechos humanos por delincuentes que roban la tranquilidad de la población”. Por su parte, dos defensores de derechos humanos recibieron “reiteradas amenazas de muerte” y, “al ver que su vida estaba en riesgo… debieron abandonar Tijuana y no han podido regresar hasta hoy”.
La carta va mucho más allá que el caso particular de Tijuana, en el que sin embargo me he detenido porque ocultar la realidad no sirve para progresar en la búsqueda de la seguridad y porque concierne al secretario de Gobernación. Las observaciones del organismo internacional referidas a ámbitos más dilatados merecen consideración parte. Por lo pronto, importa subrayar la trascendencia de la agrupación civil que las emite, pues su personalidad ética les da trascendencia.
Creado en 1978 en Helsinki, este observatorio de derechos humanos se propone, entre otros fines, “investigar y denunciar violaciones” a tales derechos, “exigiendo a sus autores que rindan cuentas por sus actos”. El gran prestigio que ha construido explica por qué el multimillonario George Soros le donó hace 20 días, a través de su fundación Open Society, cien millones de dólares, a ejercer en los próximos diez años. En 2008 HRW recibió el Premio de la ONU en derechos humanos.
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