Periodista
Distrito Federal– No es honesto negar que la detención de Édgar Valdez Villarreal fue un éxito de la estrategia de la actual administración en su lucha contra la inseguridad. Lo fue por la importancia del delincuente arrestado y por su doble oportunidad: ocurrió en vísperas del cuarto informe presidencial, que sin ese acontecimiento hubiera sólo referido la muerte de Arturo Beltrán Leyva y de Ignacio Coronel, como hechos centrales en el combate al narcotráfico; y porque la noticia de la captura nubló los preocupantes efectos de otra información sobre la materia, la depuración de la Policía Federal, consistente en el despido de más de tres mil agentes de esa corporación, admitidos irregularmente y puestos en la calle apara enriquecer la reserva de desempleados a quienes, así sea someramente, se adiestró para el uso de la violencia. Están por verse los efectos negativos que la detención de “La Barbie” causó en la banda que hasta ahora dirige y para el narcotráfico en general. Al conocerlos se podrá calibrar de modo más preciso la dimensión de su captura.
Pero van acumulándose indicios que conducen a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del hecho en que el delincuente quedó en manos de la Policía Federal. La Secretaría de Seguridad Pública, en que se encuadra esa corporación, se ha ufanado de que la aprehensión del capo resultó de operaciones de inteligencia que permitieron localizarlo. Aunque hubo evidencia del fracaso de una de esas operaciones, que lo situó en Bosques de las Lomas de la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal el 9 de agosto, la del 30 de ese mismo mes, en Lerma, estado de México habría afinado la puntería y ubicado al jefe de bandoleros en un momento y un modo tales que se le pudo capturar sin disparar un solo tiro. La numerosa tropa que lo resguardaba fue sorprendida por la Policía Federal y sin mayor esfuerzo, ¡zaz, “La Barbie” estaba ya detenido, ante el estupor, el desconcierto y el pasmo de sus guardaespaldas.
La Policía Federal lo retuvo durante más tiempo del debido, para hacerlo protagonista de una de las escenificaciones a que es dado el antiguo director de la Agencia Federal de Investigación y ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En vez de que lo interrogara el Ministerio Público y sus declaraciones quedaran sometidas al sigilo de esa etapa del procedimiento penal, “La Barbie” se convirtió en estrella de la televisión, gracias al interrogatorio a que se le sujetó para hacerlo público.
Esas conversaciones, en que se hizo notar la sonrisa del delincuente, enigmática como la de la Mona Lisa, dieron cuenta de sus relación con otros jefes de banda. No ofreció ninguna información nueva al respecto, mejor o más afinada que la conocida por los periodistas especializados, ni sobre sus nexos con autoridades, que se dan por supuestos en toda indagación sobre delincuencia organizada. Mientras se difundían esas sesiones, la Procuraduría General de la República pasaba apuros para obtener el auto de formal prisión e iniciar uno o varios procesos, entre los cuales alguno habría de ser la vía para extraditar a Valdez Villarreal.
Al final del término debido, el Ministerio Público Federal sólo pudo solicitar a la judicatura el arraigo de Valdez Villarreal. Uno imaginaría que las operaciones de inteligencia que presumiblemente condujeron a su detención habrían servido también para reunir evidencia capaz de sustentar la consignación ante un juez penal. Pero no fue así. En vez de que se le inicie proceso, “La Barbie” está arraigado por 40 días, plazo susceptible de duplicarse, siempre con el riesgo, formalmente abierto, de que al cabo de ese periodo se le dejara en libertad por ser imposible consignarlo a la justicia. Claro que sería un escándalo soltar a un delincuente cuya captura fue cantada como un logro gubernamental, pero el trayecto formal puede ser ese. Por lo pronto, en vez de conducir a Valdez Villarreal al Centro Nacional de Arraigo, se le mantiene en la comodidad del centro de mando de la policía que lo detuvo que no es, hasta donde sabemos, un recinto apto para este momento jurídico del peligroso jefe de banda.
Por si fuera poco, “La Barbie” dio un paso procesal sorprendente. Tan pronto se le dictó el arraigo, su defensa solicitó amparo contra esa decisión judicial. Pero casi inmediatamente se desistió de esa demanda, según consta en el juzgado quinto de amparo del Distrito Federal, donde el trámite del juicio de garantías intentado duró lo que un suspiro. Puesto que nadie, y menos un presunto hampón de la catadura de Valdez Villarreal, renuncia a un recurso procesal que eventualmente podría significar su libertad, cabe preguntarse para qué, a cambio de qué desistió “La Barbie” de ser protegido por la justicia federal.
Es posible que a la hora de su detención o como condición para ella, se estableciera la conversión de “La Barbie” de indiciado en testigo colaborador, como se designa formalmente al testigo protegido. En esa condición Valdez Villarreal aportaría información (o la negaría) a cambio de un trato benévolo, que significara en realidad su pronta liberación o por lo menos la preservación de sus capitales, de los que podría disfrutar tras un corto periodo carcelario, determinado por una acusación suave. La institución del testigo protegido puede convertirse en puerta falsa para la libertad de quienes debe permanecer detenidos y como recurso de mala ley para conducir hacia otras acusaciones de que el testigo se libra. Acaso por eso “La Barbie” sonríe.
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