Plan B. La mordaza mexicana

Por Lydia Cacho

29 julio 2010
Sin previo aviso, el Diario Oficial de la Federación publicó que sólo el INEGI podrá hacer las encuestas nacionales y reportar los índices criminológicos en México. No es que el INEGI no haga un buen trabajo, es que no tiene los recursos, la capacidad ni la especialización criminológica y victimológica. Además, sabemos que el monopolio estadístico gubernamental resulta peligroso para la democracia.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C, (ICESI) ha sido quien levanta las encuestas sobre violencia que desde el año 2002, gracias a él, hemos logrado entender cómo se vive la inseguridad en México. Gracias al ICESI sabemos que solamente uno de cada ocho delitos son denunciados; nos ha aportado estudios confiables sobre el impacto delictivo, de la presencia de casinos en el país, y sobre los índices de secuestro.

Esta asociación civil sin fines de lucro ha logrado esclarecer, a través de encuestas ciudadanas profesionales, con rigor científico y estudios comparativos, la notable diferencia entre el número de averiguaciones previas, denuncias interpuestas, investigaciones abiertas y sentencias. Su termómetro del delito permite tomar medidas preventivas a las familias y las comunidades enteras. Su trabajo ha sido tan importante que, tanto a los medios como a la sociedad en general, nos ha permitido comprender cabalmente que sin estudiar la criminalidad y documentarla con honestidad y transparencia, resulta imposible diseñar políticas públicas para prevenir, evitar y sancionar el delito.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad ha diseñado y llevado a cabo las Encuestas Nacionales Sobre Inseguridad que revelan cuáles son los municipios más seguros e inseguros del país, qué medidas anticrimen funcionan y cuáles fallan. Diseñó, capacitación y evaluación policiaca a partir de la realidad y no de los intereses internos. Su trabajo tiene gran impacto en las organizaciones de la Sociedad Civil, desde las que atienden a infantes de la calle, hasta quienes rescatan mujeres víctimas de violencia.

Con este decreto los gobernadores y el Presidente silencian al ICESI, le cierran la puerta en las narices y le arrebatan el poder de incidir en las políticas públicas. Parece otra estrategia para arrebatarnos el derecho a conocer la realidad delictiva de México por una vía independiente, segura y confiable, libre de intereses políticos, partidistas o gubernamentales. Los gobernadores que añoran la vieja farsa del no pasa nada están felices de poder maquillar su camino al 2012 sin el estorbo del ICESI. Ya hemos visto estrategias políticas para debilitar los movimientos ciudadanos que buscan cambios estructurales en este país vapuleado por la violencia, la mentira y la corrupción. El trabajo del ICESI, entre otros, ha aportado herramientas para diseñar y establecer las mejores prácticas contra el delito y la violencia. El Estado, al eliminarlo como interlocutor válido, demuestra que quiere controlar la información y, con ella, el poder ciudadano para construir una democracia pacífica. Estas prácticas solamente ayudan a los delincuentes y a las oligarquías que quieren mantener al país en la inaceptable simulación de antaño. Porque las cifras alegres, como hemos visto en México, son cifras mortales.