Exigen el cierre inmediato de Minera San Xavier

El Frente Amplio Opositor demanda al gobierno federal y estatal iniciar averiguaciones contra los actos de corrupción que han permitido su funcionamiento.

La Jornada En Línea
Publicado: 22/07/2010 14:04

México, DF. El Frente Amplio Opositor (FAO) a New Gold-Minera San Xavier realizó este día una jornada de protesta para exigir el cierre inmediato de la empresa en Cerro de San Pedro, así como el inicio de las averiguaciones en torno a los responsables de actos de corrupción que han permitido su ilegal operación provocando daños irreversibles al patrimonio ambiental e histórico del país.

En el marco del Día mundial contra la minería de tajo a cielo abierto, el Frente y otras organizaciones sociales en contra dr este tipo de práctica minera se manifestaron frente a las representaciones diplomáticas del gobierno de Canadá en vario países afectados.

A través un comunicado, el FAO recordó que a pesar de las sentencias de los máximos tribunales del país que establecieron desde el año 2004 que ni de forma condicionada podía operar el proyecto de Minera San Xavier, esta empresa, atropelló las leyes mexicanas.

Por ello, la organización manifestó su repudio a dicho proyecto frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México, y simultáneamente, desde las 10 de la mañana, protestaron frente a las oficinas de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro con el fin de "realizar un primer cierre de esta empresa. Si el gobierno estatal y federal permiten que esta empresa siga violando nuestra soberanía, ningún grupo social del país transitará los cauces legales para defenderse de esta epidemia de tajos a cielo abierto que invade nuestro país".

En el boletín, la organización recordó cóomo fue denunciado y documentado en su momento, agregó, la minera, el gobierno estatal del panista Marcelo de los Santos Fraga, el entonces presidente Vicente Fox y el ahora presidente Felipe Calderón, así como otros políticos y empresarios "traficaron influencias para obtener una nueva licencia ilegal de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental el 10 de abril del 2006, con el total apoyo de Metallica Resources, ahora New Gold, y con el apoyo de los representantes diplomáticos del Canadá".

Fue así que Minera San Xavier inició sus operaciones, sin importarle las denuncias interpuestas contra la Secretaría del Medio Ambiente por parte de la agrupación Pro San Luis Ecológico en representación del FAO.

La maniobra de dicha empresa, sostuvo, no sólo violenta legislación ambiental vigente, sino también el decreto estatal de 1993 que declaró a Cerro de San Pedro, por 20 años, como zona de restauración y preservación de la vida silvestre. Asimismo, la empresa canadiense desacató la NOM-055 que protege las cactáceas endémicas en peligro de extinción, como es el caso de Cerro de San Pedro.

Luego de un proceso de más de tres años, en septiembre de 2009 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinó que la licencia de 2006 fue ilegal por lo que existen razones fundadas para imputar responsabilidades penales que deberán ser investigadas. Sin embargo, la minera tramitó un amparo contra dicha sentencia que tenía carácter definitivo.

Apenas el pasado 30 de junio, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la ciudad de México, resolvió que: "La justicia de la Unión no ampara ni protege a Minera San Xavier contra la resolución del 21 de septiembre de 2009, emitida en autos del recurso de queja 170/00-05-02-9/634/01-PL-05-04 ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa".

Es evidente, advierte en el documento, que en estas operaciones ha jugado un papel muy importante el presiente Felipe Calderón, por lo que hacemos un llamado enérgico a los gobiernos federal y estatal, para que proceda al cierre inmediato de New Gold-Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, someta a esta empresa trasnacional a la justicia mexicana y comience una investigación seria y profunda que permita llevar a los responsables de toda esta corrupción. No existe ningún argumento para que las autoridades renuncien a la procuración de justicia.