Los sospechosos de San Lázaro

Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez



La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro... Los nombres de 21 representantes populares –13 del PRI, 6 del PAN y 2 del PRD– han aparecido en diversos documentos oficiales de México y Estados Unidos, unas veces como sospechosos de complicidad con la delincuencia, otras como testigos o víctimas de amenazas o ataques. Cada vez más palmaria, la realidad de la narcopolítica en el país se impone con crudeza...



En diferentes momentos, 21 diputados de la LXI Legislatura federal han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia organizada o se les ha acusado de recibir financiamiento del narcotráfico. Es más: sus nombres incluso han figurado en documentos de la DEA o de la Procuraduría General de la República (PGR) vinculados con el crimen organizado.

En algunos casos los legisladores fueron involucrados, a partir de testimonios judiciales, con estructuras delictivas; fueron testigos de descargo de personas sujetas a averiguaciones; tienen familiares implicados en actividades del narcotráfico o han sido amedrentados por sicarios.

Proceso investigó los señalamientos acerca de las posibles relaciones de diputados con organizaciones criminales. Aunque fuentes judiciales ubicaron como sospechosos a cuando menos 40 legisladores federales, este semanario sólo da cuenta de los casos que logró documentar.



Alejandro Cano Ricaud,
diputado priista, entró a la política en 2001 como candidato suplente de Jorge Barousse a la alcaldía de Chihuahua. En julio de 2002, menos de ocho meses después de asumir el cargo, un infarto mató a Barousse. Cano asumió entonces la presidencia municipal.

El 4 de julio de 2003 el ayuntamiento adjudicó la “concesión para la construcción y operación del rastro municipal” –concurso RM-02/03– a Corrales San Ignacio, empresa de los hermanos Arriola, investigados desde 2002 en México y Estados Unidos como líderes de una red de tráfico de cocaína y “blanqueo de capitales”. El 16 de diciembre de 2003, el estado de Colorado solicitó la detención de Óscar Arriola, presunto cabecilla de la organización. El 24 de agosto de 2004, Cano, Arriola y el entonces gobernador Patricio Martínez pusieron la primera piedra del rastro.

El 16 de septiembre siguiente, la Agencia Federal de Investigación capturó a Miguel Ángel y Luis Raúl Arriola Márquez. En abril de 2005, el regidor panista Alonso Baeza, quien investigaba presuntas irregularidades en la adjudicación del rastro, fue asesinado. El 2 de febrero de 2006 la PGR capturó a Óscar Arriola. Se dijo que mensualmente introducía 2.5 toneladas de cocaína a Estados Unidos y se le tenían asegurados bienes por más de 70 millones de dólares. En enero de 2007 Miguel Ángel Arriola fue extraditado a Estados Unidos y el pasado 4 de marzo lo siguió Óscar.

En 2009, cuando buscaba la diputación federal, un video circuló en YouTube (www.youtube.com/watch?v=4Um0Q3kesoE): en él aparecen fotos de Arriola, Patricio Martínez y Cano Ricaud cuando colocaban la primera piedra del rastro. El diputado ahora preside la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación.



Héctor Agustín Murguía

Lardizábal, El Teto, diputado priista y empresario en las ramas química e inmobiliaria, fue senador y alcalde de Ciudad Juárez (2004-2007). Durante su administración municipal, Saulo Reyes Gamboa fue jefe de la policía; el 18 de enero de 2008, éste fue aprehendido por agentes de la DEA en El Paso, Texas, cuando intentaba pasar 400 kilos de droga. Ese día El Teto negó haber recibido 100 mil dólares del narcotráfico de manos de Saulo Reyes. El 15 de septiembre siguiente Reyes fue sentenciado a 97 meses de prisión en Estados Unidos.

En marzo de 2009, cuando El Teto buscaba la diputación federal, un informe de la DEA (elaborado dos años antes) señaló: “El alcalde Héctor Murguía, también conocido como El Teto, podría haber financiado su campaña política con dinero del narcotráfico, administrado por Saulo Reyes”. Junto a éste, la DEA señalaba al secretario de Seguridad Pública de Murguía, Marco Antonio Torres, como contactos del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.

El 25 de marzo de 2009, Murguía afirmó que el documento de la DEA era apócrifo y se deslindó de cualquier vínculo con el narcotráfico; sin embargo, el Diario de Juárez, en su edición del 19 de julio de 2006 y aún siendo alcalde El Teto, reveló que éste había adquirido propiedades por 11 millones 373 mil 463 pesos. Además, señalaba que en seis transacciones figura el nombre de Baldomero Fuentes, identificado por la PGR como “brazo derecho” de Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez. El Teto tiene licencia: busca un segundo periodo en la alcaldía de Juárez.



Hugo Héctor Martínez

González, diputado priista coahuilense, fue
alcalde de Múzquiz y secretario de Desarrollo Social, primero, y de Obras Públicas y Transporte, después, en el gobierno de Coahuila.

En enero de 2005 se publicó un oficio de la Subdirección de Investigación de Delitos Federales de la PGR que mencionaba a Hugo Héctor Martínez –alcalde electo– como sujeto de una investigación por presuntos nexos con el narco. El entonces gobernador, Enrique Martínez, su secretario de Gobierno, José Abraham Cepeda Izaguirre, y varios diputados locales salieron en su defensa. Hugo Héctor Martínez envió una carta a los medios en la que consideraba sin sustento a las acusaciones de la PGR, basadas en señalamientos anónimos, “producto de una mente enfermiza, con negros intereses y seguramente con un trasfondo político”.

La acusación contra Martínez González lo señalaba como cómplice del delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región carbonífera, José Armando Dávila, en la siembra, cosecha, procesamiento y transporte de mariguana y cocaína.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la PGR inició la averiguación contra el priista. La denuncia se radicó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y se abrió la averiguación previa 1043/2005, según la cual los sembradíos se ubicaban en la sierra de Santa Rosa de Lima, en Múzquiz. No se ha sabido más de aquella investigación.

Martínez González es secretario de la Comisión de Desarrollo Social.



Arturo Zamora Jiménez, legislador priista, es abogado y notario público en Jalisco. En el gobierno de esta entidad ocupó los cargos de subprocurador de Justicia, director general de Prevención y Readaptación Social y subsecretario de Seguridad Pública. En 2006, cuando buscaba la gubernatura de Jalisco, la DEA lo vinculó con el cártel de Tijuana.

Antes, el 17 de enero de 1995, Zamora Jiménez fue víctima de un atentado (el segundo en su contra) del que salió ileso. En septiembre de ese año, dos gatilleros del cártel de Tijuana revelaron que ese ataque pretendía vengar la muerte de El Spunky, atribuida a Zamora.

Ramón Méndez Torres, El Spunky, era un sicario implicado en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y quien a su vez fue ejecutado el 8 de septiembre de 1994 en el Reclusorio Preventivo Metropolitano de Jalisco. En mayo de 1995, fue aprehendido en Tijuana un grupo de asesinos del cártel de Tijuana. El 3 y 4 de septiembre siguientes, según la averiguación previa 261/MPINCD/95, esos sicarios rindieron declaración ante Williams Román García, agente del Ministerio Público del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). Jaime Muñiz Cuevas, El Profe o El Paisa, admitió haber participado, junto con Guillermo Gómez Chávez y Rodrigo Villegas, en el atentado contra Zamora, “porque él ordenó la muerte de Méndez Torres”.

El 13 de septiembre de 2004, Mario Sánchez Paniagua, socio de Zamora Jiménez en la notaría número 16, fue ejecutado. En principio, éste negó vínculo alguno con Sánchez Paniagua, pero después debió admitir que era su socio. Según un informe de la DEA, fechado en octubre de 2004, ese abogado era una especie de testaferro del actual diputado y su ejecución “fue una advertencia por sus vínculos narcopolíticos y el incumplimiento de favores políticos, específicamente (…) licencias de construcción que beneficiaban a Pedro Mireles Félix”.

Para la DEA, a Zamora “se le ha conocido una estrecha relación con familias del tráfico de drogas asociadas con Rafael Caro Quintero y Juan José Quintero Payán”.

Mireles Félix, primo lejano de los Arellano Félix, habría financiado la precampaña de Zamora por la alcaldía. Detenido en octubre de 2004 por posesión de cocaína, Mireles salió libre tras asegurar que le habían sembrado la droga. Más tarde cayó nuevamente. Versiones de prensa dicen que fue detenido gracias a un pitazo de Zamora. Mireles murió en 2008 en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Como alcalde de Zapopan (2004-2006), Zamora sostuvo como jefe de la policía a Rodolfo Ramírez Vargas, teniente coronel retirado quien, según la averiguación previa AP/PGR/GDL/AG3M1/2005, vendía protección a los narcotraficantes José Gil Caro Quintero, El Jogil, y Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico (Proceso 1546). De igual forma, su administración facilitó distintas licencias de construcción a Mireles Félix.

A pesar de las averiguaciones del INCD y de los señalamientos de la DEA, en junio de 2006, como candidato a gobernador, Zamora Jiménez se las arregló para presentar ante la prensa un documento de la delegación de la PGR en Jalisco, fechado el 29 de mayo de ese año, que negaba cualquier investigación en curso que lo implicara. También tramitó un amparo federal. Perdió la gubernatura. Coordina la diputación priista de Jalisco y es integrante de las comisiones de Defensa Nacional, Jurisdiccional, de Gobernación y de Justicia.



Jorge Arana Arana, diputado priista jalisciense, fue empresario alfarero de 1980 a 2000 y militante de la CNOP en Tonalá desde los ochenta. Fue administrador general del ayuntamiento de Tonalá en 1984 y para 1986, cuando tenía 24 años, asumió las responsabilidades administrativas de la policía local. Después fue regidor, tesorero y alcalde de Tonalá (1998). En 2003 contendió por la alcaldía de Guadalajara.

Según el libro Narcotráfico: el desafío de Calderón, de Alejandro Gutiérrez, Arana fue quien puso en contacto a Zamora con Mireles Félix, y ambos habrían recibido financiamiento del narcotraficante, aunque después se distanciaron. Es secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.



Leoncio Alfonso Morán Sánchez, diputado panista, fue vicepresidente (2001-02) de la Concanaco y de ahí pasó a la alcaldía de Colima (2003-06). Según un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional difundido en julio de 2009, en su campaña por la presidencia municipal, Morán y otros representantes populares, entre ellos el senador panista Jesús Dueñas Llerenas, evidenciaron vínculos con el narcotraficante Germán Torres Anguiano, quien habría apoyado “las campañas políticas panistas con 800 mil dólares” en 2003.

Según el informe, Torres Anguiano, “a solicitud de Dueñas”, cubrió gastos de contratación de una avioneta, con matrícula XB-LIY, que el 3 de diciembre de 2003 sobrevoló Isla Navidad –donde había una reunión de la Conago– y la zona conurbada de Colima para vocear desde un altoparlante proclamas contra un presunto fraude electoral.

Morán es integrante de la Comisión de Economía.



Humberto Benítez Treviño, legislador priista, ha sido subprocurador de Justicia del Distrito Federal, así como procurador y secretario de Gobierno en el Estado de México.

Noé Sánchez Avendaño, narcomenudista ligado a Los Zetas y testigo protegido de la PGR, declaró que el secuestro de uno de sus hermanos era consecuencia de una consigna de Enrique Peña Nieto para favorecer en el Estado de México a La Familia (PGR/SIEDO/UEJDCS/280/08).

La PGR descubrió que su delegado en esa entidad, José Manzur, y colaboradores de Benítez cumplían dicha consigna en colaboración con La Familia (Proceso 1738). Preside la Comisión de Justicia.



Miguel Antonio Osuna Millán, legislador panista y hermano del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, fue detenido en Tijuana en marzo de 2009, junto con otras 60 personas, en la fiesta de una sobrina de Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, lugarteniente de Teodoro García Simental, El Teo, quien dejó la organización de los hermanos Arellano Félix para sumarse al cártel de Sinaloa, y al que se le atribuye la matanza de 40 personas ocurrida en 2008.

Los detenidos fueron trasladados al centro de arraigo de la SIEDO, salvo algunos policías por quienes intercedió el gobernador Osuna. De esos, uno había sido escolta suyo y otro del propio Miguel Antonio Osuna, sobre quien no se esclareció si había declarado como los demás. Volvió a su campaña por la diputación federal. Preside la Comisión de Salud.



Leonardo Arturo Guillén Medina, legislador panista, en 2000 pasó de asesor jurídico de la alcaldía de San Luis Río Colorado a coordinador regional de Giras Presidenciales durante la gestión de Vicente Fox. El director de la Coordinación de Giras Presidenciales, Nahum Acosta Lugo, fue detenido el 3 de febrero de 2005 acusado de tener vínculos con Arturo Beltrán Leyva. La PGR presentó grabaciones en las que, presuntamente, Acosta daba información al narcotraficante.

Guillén compareció el jueves 7 de abril de 2005, según resolución asentada en el expediente 5/2005, como testigo de descargo de Acosta en el proceso seguido por el juez VI de Distrito de Procesos Penales Federales, José Luis Gómez Martínez. Acosta fue exonerado por Gómez Martínez, contra cuyas resoluciones la PGR presentó distintas querellas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Es integrante de la Comisión de Justicia.



César Octavio Madrigal Díaz, diputado panista, es hermano de Héctor Alejandro, exsecretario general adjunto del comité jalisciense del PAN, y de Marco Antonio Madrigal Díaz, El Tony o El Lic, miembro del cártel del Milenio. El Tony apareció en la vida pública en el municipio michoacano de Aquila en 1996 como jefe de la policía durante la gestión de Eusebio Mamés Velázquez Mora, del PFCRN.

Hay quienes lo ubican ya en 1994 como fuente financiera de la campaña de Marta Sahagún por la alcaldía de Celaya. Para probarlo, Ricardo Ravelo alude, en su libro Las rutas del narcotráfico, a la efusividad con la que Fox saludó a El Tony cuando una gira oficial tocó Aquila, y a la afectuosa familiaridad con que fue correspondido por el narcotraficante. En 1998, al concluir la gestión de Mamés, El Tony era conocido como ganadero y empresario turístico e inmobiliario con inversiones en Jalisco y Michoacán.

Mamés, por su parte, asumió la coordinación de Desarrollo Regional 07-Costa, del gobierno de Michoacán, en 2000, y al parecer, vendió su rancho, La Tupitina, a un tal Chuy Magaña. En 2001 la propiedad fue señalada por la prensa como “refugio de narcotraficantes”. Mamés, que buscaba nuevamente la alcaldía, declaró que Chuy Magaña sí era delincuente, pero común: asaltante. Más tarde se sabría que La Tupitina no había dejado de pertenecer a Mamés, en sociedad con El Tony, y que en el rancho se entrenaban Los Zetas.

En abril de 2002, cuando ya se le relacionaba con el cártel del Milenio, El Tony emprendía en Aquila el desarrollo turístico inmobiliario Hacienda la Herradura. Pero en agosto siguiente su socio, Mamés, fue vinculado con el asesinato de 9 personas en el rancho de Los Mendoza, en el mismo municipio, y se le consideró “pieza clave” en las pesquisas.

En 2004 Madrigal fue nombrado coordinador de Convenios de Obras de Desarrollo Social del ayuntamiento tapatío. Luego fue diputado local y federal. Preside la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago y es secretario de la Comisión Jurisdiccional.



Rogelio Cerda Pérez, diputado priista, inició su carrera en el consulado de México en Houston; en Nuevo León llegó a secretario general de Gobierno en la gestión de Natividad González Parás. El 4 de julio de 2007 renunció a ese cargo, después de haber recibido amenazas del cártel del Golfo, que lo acusaba de proteger a Joaquín El Chapo Guzmán.

En marzo de ese año, junto al cadáver de un narcotraficante apareció un narcomensaje: “Mira pendejo, con todo y sus escoltas se van a morir Rogelio Cerda y toda su familia y todos los funcionarios que estén contigo y el cártel de Sinaloa. P.D. Esto va a seguir hasta que entiendas”.

No hubo aclaración oficial. La amenaza más célebre contra Cerda apareció en un mensaje en una cartulina clavada con un picahielos en el cuerpo de un ejecutado: “No se haga pendejo, esto va a continuar hasta que dejen de proteger a Héctor Huerta, El Chapo y al maricón de La Barbie. Esto va para ti, Rogelio Cerda, no vamos a parar hasta que matemos a todos tus hijos. P.D. Esto apenas comienza”.

Es miembro de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.



Armando Ríos Piter, legislador perredista conocido como El Jaguar, es considerado el delfín del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca. La prensa le augura el triunfo, en ausencia de precandidatos que le hagan sombra, como podría haber sido el expresidente del Congreso local, Armando Chavarría, ejecutado en agosto pasado.

A principios de 2009, Rogaciano Alba, El Roga, fue identificado como surtidor de armas del cártel de Sinaloa y vinculado con La Familia. En abril de ese año, Torreblanca salió en su defensa y, según publicaciones locales, dijo que El Roga “no puede ser considerado narcotraficante”.

El pasado febrero El Roga fue capturado por la Policía Federal. Recientemente se difundió una fotografía en la que El Jaguar aparece compartiendo mesa con El Roga. Ríos Piter explicó que eso era parte de su trabajo como secretario de Desarrollo Rural de Guerrero.



Felipe Cervera Hernández, legislador priista, es hijo del exgobernador de Yucatán Víctor Cervera Pacheco y primo de la actual mandataria, Ivonne Ortega, quien nombró a Luis Felipe Saidén Ojeda –implicado en narcoejecuciones en Cancún– secretario de Protección y Vialidad, el mismo puesto que ocupó en la gestión de Cervera Pacheco.

En octubre de 2008 se difundieron detalles de la operación Caballero Andante, de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y de la DEA, que incluía en sus investigaciones a Pilar Cervera Hernández, hermana de Felipe, y a su esposo, Alejandro Patrón Laviada, hermano a su vez del exgobernador Patricio Patrón Laviada, por presumibles nexos con Ignacio Coronel Villarreal, para cuya localización el FBI ofrecía 5 millones de dólares. Felipe Cervera dijo que podía responder por su hermana, pero que su cuñado debía hacerlo por sí mismo.



Fabiola Vázquez Saut, legisladora por el PRI, fue diputada federal (2003-04) y alcaldesa de Acayucan (2004-07) por el PAN. Es heredera –con su medio hermano, Cirilo Vázquez Parissi, exdiputado local– del emporio ganadero y político de su padre, Cirilo Vázquez Lagunes, El Cacique del Sur, tres veces preso por homicidio, abigeato y acopio de armas y a quien la prensa repetidamente vinculaba con el narcotráfico.

Daisy Valencia, viuda de Cirilo, fue alcaldesa de San Juan Evangelista. Regina, hermana de Fabiola, fue diputada local por el PAN, y la sucedió en el ayuntamiento de Acayucan.

Cirilo Vázquez Lagunes, emparentado con el exgobernador Acosta Lagunes, fue asesinado en noviembre de 2006, igual que el suegro de Fabiola, Armando Valencia. En mayo anterior había sido ejecutado Ponciano Vázquez Lagunes, ganadero y tío de Fabiola. La familia aseguró que había sido víctima de un secuestro.

Fabiola tiene licencia, pues busca de nuevo la alcaldía de Acayucan.



César Francisco Burelo Burelo, es un diputado perredista quien, el 7 de diciembre de 2006, cuando era alcale de Cunduacán, Tabasco, fue conminado por algunos legisladores locales a aclarar “sus probables nexos con bandas del crimen organizado”, tras la ola de ejecuciones en La Chontalpa, región de ese municipio.

En esa demarcación operaban delincuentes de la familia Magaña Burelo, ligados con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, así como Mateo Díaz López, Comandante Mateo o Z-1, de Los Zetas, a quien se le atribuye la muerte de Ponciano Vázquez Lagunes.

Se especuló que parientes del Z-1 estaban en la nómina del ayuntamiento encabezado por Burelo. En descargo, el alcalde dijo que él mismo había denunciado la presencia del criminal. En diciembre de 2006 fue detenido por su propia Policía Municipal cuando sustraía 2 millones de pesos en efectivo de la tesorería.

Es secretario de la Comisión Especial sobre Cambio Climático.



Daniel Gabriel Ávila Ruiz, diputado panista, es contador público y ha sido diputado local en Yucatán. La prensa de ese estado lo vincula con Gustavo Monforte Osorio, El Chocolomo, presunto narcotraficante al que se le atribuye el control del mercado de drogas en el oriente yucateco.

El pasado 20 de febrero el Diario de Yucatán publicó que El Chocolomo telefoneó a Ávila para quejarse del cateo que el Ejército hizo en el domicilio de sus padres el 7 de enero, en Tizimín. El Chocolomo sigue prófugo. Ávila es secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.



María Estela de la Fuente Dagdug, diputada priista, es hermana de María Inés de la Fuente, exdirectora estatal del Registro Civil, esposa de Gerald Washington Herrera Castellanos, personaje cercano al gobernador de Tabasco, Andrés Granier.

En agosto de 2008, organizaciones civiles presentaron una denuncia ante la PGR contra el ex subprocurador Alex Álvarez Gutiérrez y el procurador de Justicia de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, por supuestos vínculos con Los Zetas. Guillermo Velasco Arzac, dirigente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, presentó la grabación de una conversación entre los dos exfuncionarios tabasqueños que, según la prensa local, implicaba a Gerald Washington, entonces secretario auxiliar del gobernador Granier:

Álvarez: …Ahorita hablé con Gerald, que está por mandar el dinero

Rosario: Sí, espérame… Es que Gerald me ha mandado… ¿ya sabes de lo que te estoy hablando, verdad?

Álvarez: No, este…

Rosario: Este… eh… La cocaína…

Álvarez: No… Ya le avisé y le va mandar el dinero. Ya estamos ahí…

Rosario: Ah, bueno… Seguramente vamos a tener cola ahí, del Ejército. Y ya acordé con este hombre, todo va bien, ya nos pusimos perfectamente de acuerdo. Te va a llevar 100 mil, más otros 100 mil que te va a dar dentro de una semana. O sea, 100 ahorita, 100 dentro de una semana… En eso estamos…

Gustavo Rosario había renunciado en julio de 2008 tras el asesinato del jefe de la policía estatal. Hasta ahora no se han dado a conocer avances de las investigaciones. Washington es alcalde de Huimanguillo, puesto al que llegó con el apoyo de su familia política. Ya había contendido por esa posición en 2008, cuando su primo y colaborador, Jesús Herrera, fue ejecutado. María Estela es secretaria de la Comisión de la Reforma Agraria.



Valdemar Gutiérrez Fragoso, dirigente del Sindicato del IMSS, es diputado federal por el PAN. Tenía a su hijo, Ariel Gutiérrez Botello, trabajando en el Seguro Social. El 14 de septiembre de 2005 Gutiérrez Botello fue detenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid, por tratar de introducir cocaína en 70 cápsulas que llevaba en el estómago.

Según la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de España, Gutiérrez Botello era empleado del IMSS y viajaba en comisión sindical. Fue recluido en la prisión de Soto Real y luego extraditado a México, donde purgó condena en el Reclusorio Norte. Murió de cáncer en 2009.

Jesús Everardo Villarreal Salinas, es un diputado priista balconeado vía correo electrónico. Un mes antes de las elecciones del 5 de junio de 2009 se leía en un correo enviado por el presidente del PRI en Tamaulipas, Ricardo Gamundi: “Juanito, por favor hazle llegar esta info a Edmundo. Hay que detener esta información porque le pega muy gacho a Everardo y ‘los amigos’ le pueden retirar el recurso para el día ‘D’. Con esto perdemos Reynosa. Ayúdenme. Lo hablamos”.

Como asunto en el correo electrónico se lee: “PRI…MERO EL NARCOTRÁFICO Los amigos de Everardo Villarreal del PRI”. El mensaje se refería al entonces candidato del PRI a la diputación federal por el distrito 2, Jesús Everardo Villarreal Salinas. Además del mensaje se podía ver una fotografía tomada en julio de 2008 en la que el hoy diputado federal por Reynosa aparece durante el “corte de listón” de la estética Nail Center & Spa, en compañía de Armando Montes, brazo derecho y sicario de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los líderes de Los Zetas detenido en noviembre de ese mismo año. Las fotografías se publicaron en el suplemento de sociales de un periódico de Reynosa en julio de 2008.



Jorge Franco Vargas, diputado priista por Oaxaca conocido como El Chucky, fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado. El 3 de abril de 2007 fue secuestrado Jesús Díaz Parada, hermano de quien entonces controlaba la venta de mariguana en Oaxaca, Pedro Díaz Parada. Aquél fue liberado el 8 de octubre y señaló a Jorge Franco Vargas de ser “responsable de ordenar mi plagio y al exjefe de la Policía Ministerial, Manuel Moreno, de llevarlo a cabo”. Exsecretario general del gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, de 2004 a 2006, y exdirigente estatal del PRI, Franco rechazó haber ordenado el secuestro.

Nueve meses después, el 5 de julio de 2008, apareció frente al domicilio del procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez, una cabeza humana y junto a ella un narcomensaje del cártel del Golfo: “Este es un ejemplo para que aprendan a respetar que aquí andamos y no nos vamos, y ahora sigues tú Chucky, Evencio y Pedro Celestino, ineptos bisexuales, nos agarraste 1 millón de dólares y nos traicionaste y la traición se paga así, con muerte. Atte, Cártel del Golfo”.



Francisco Moreno Merino, diputado priista por Morelos, ha sido amedrentado por el crimen organizado. La madrugada del 21 de marzo de 2010 su oficina de gestoría en Cuernavaca fue atacada por un comando: la ametrallaron, entraron y quemaron la documentación. Se retiraron dejando no sólo más de 200 cartuchos de AK-47 percutidos, sino también un narcomensaje: “Esto les va pasar a todos los que apoyen al homosexual de La Barbie: Atentamente La empresa”.

El 4 de febrero anterior el propio legislador declaró que el día en que mataron a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, había entrado en contacto con un diputado local que en diversas ocasiones le habría “facilitado” al capo la adquisición de bienes en la localidad.