Rechazan ocho de 11 ministros el dictamen de Arturo Zaldívar
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 15 de junio de 2010, p. 5
Al iniciar la discusión sobre el caso de la Guardería ABC, la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que no fincará responsabilidades a los funcionarios que violaron gravemente las garantías individuales de las víctimas y se limitará a señalar a los funcionarios “vinculados” en los hechos.
Ayer, ocho de los 11 ministros presentes rechazaron el dictamen elaborado por Arturo Zaldívar, en la parte que tiene que ver con la asignación de responsabilidades. La mayoría rechazó la propuesta del ministro Zaldívar, quien los convocó a crear “un nuevo paradigma del derecho procesal constitucional”, para que el máximo tribunal, con base en su autoridad “política, moral y constitucional”, señalara directamente a los funcionarios que violaron los derechos fundamentales de los menores.
Así, quedó en el aire el exhorto del ministro instructor, quien le había dicho a sus colegas: “Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?”
La mayoría optó porque la Corte se limite a declarar que sí se cometió la violación grave de garantías individuales, señalando únicamente a los que resulten “vinculados” a los hechos, lo cual se definirá en las próximas sesiones.
Sólo Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero se manifestaron en favor del dictamen de Zaldívar y de que el máximo tribunal nombrara al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; al director del IMSS, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros funcionarios estatales y federales, por haber vulnerado los derechos fundamentales de las víctimas del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora.
Zaldívar precisó en su primera intervención que su dictamen se apartaba de los criterios fijados en materia de investigación de violaciones graves de garantías y se pronunció por que la Corte “privilegie las interpretaciones modernas de la Constitución y de los derechos humanos”.
Insistió: “La tragedia que nos ocupa es una enorme injusticia y una clara y gravísima violación de las garantías fundamentales, porque pudo ser evitada si las autoridades hubieran tomado las medidas necesarias para ello y cumplido con su deber.
“Nunca como ahora tenemos la responsabilidad de ejercer a plenitud nuestras atribuciones”, porque en estos casos tan graves y tristes, “la Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y del abuso del poder”.
Silva Meza decía en su discurso –que no leyó en su totalidad– que incluso la Suprema Corte estaba en condiciones de solicitar al Presidente de la República que separe de su cargo a los funcionarios involucrados en la grave violación de garantías individuales (Molinar y Karam), y reivindicó la autoridad moral que tiene el máximo tribunal.
Sánchez Cordero, por su parte, planteó una novedad doctrinal: la posibilidad de que los particulares también sean señalados por violar gravemente las garantías individuales, como sería el caso de los dueños de la guardería ABC, ya que éstos actuaron en funciones del Estado vinculadas en funciones y actividades públicas.
Al resumir el punto de vista de la mayoría, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, rechazó que la Corte pueda hacer señalamientos éticos y morales sobre el asunto y dijo que se debe limitar a dictaminar si hubo o no violaciones graves a los derechos fundamentales.
Al igual que sus compañeros, dijo que la Suprema Corte no está revestida de ninguna autoridad moral y que no sería adecuado que ella misma se “autoasignara” esta facultad. “No creo que seamos el ombudsman supremo con autoridad política y moral; tampoco que debamos anteponer el ejercicio de esta facultad (de investigación) a cualquier otra cosa que no respete la Constitución… estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nosotros mismos nos dimos”, subrayó.
El más duro crítico al proyecto de Zaldívar fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien dijo que era inaceptable que el dictamen colocara a la Corte en una posición de supremacía frente a todos los poderes constituidos, y advirtió que, de aceptarse, “provocará un desequilibrio entre éstos, creando además falsas expectativas en la sociedad en general” sobre la decisión que se adopte en este asunto.
La Suprema Corte, insistió, no puede ejercer sin límites la facultad de investigación, so pretexto de controlar el orden constitucional vulnerado.
Dijo que aceptar el dictamen en sus términos sería tanto como dar por hecho que los ministros se convirtieran en “jueces morales y políticos de los servidores públicos involucrados en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009”. La Suprema Corte de Justicia no puede hacer censuras morales éticas, si esto no lo permite expresamente la Constitución, porque de otra manera “incurriríamos –dijo– en fundamentalismo puro”.
Y puso como ejemplo lo siguiente: “El Consejo de la Judicatura Federal tendría la responsabilidad por una sentencia mal juzgada de un juzgador cualquiera, en un litigio del que no hubiera tenido el mínimo conocimiento, y el juez infractor hubiera llenado todos los requisitos técnicos y jurídicos, además de los sicológicos, para ocupar el rango y cargo de juez que protestó cumplir”.
Por su parte, el ministro José Ramón Cossío añadió que el máximo tribunal no puede autonombrarse autoridad moral. Y subrayó que lo importante es que la Corte no se quede únicamente en una “tarea declarativa”, sino que se articule y prolongue la actuación de las autoridades, tanto a nivel de la expurgación de posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o específicas, como de acciones generales sobre políticas públicas.
Al término de la sesión, Zaldívar pidió tiempo para responder a los señalamientos de la mayoría y para proponer algunos puntos en los que pudiera haber consenso. La sesión continúa este martes.
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