Magdalena Gómez
La huelga de hambre que mantienen mujeres y hombres integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) forma parte de las múltiples vías que se han intentado para recuperar la fuente de trabajo que les fue despojada de manera arbitraria. Constituye también una forma de llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las graves implicaciones sociales, políticas y humanas que tendrá la posición que asuma al resolver el caso SME. Y que no se llamen a escándalo alegando que no aceptan presiones, cuestión que además de no ser veraz denota una visión sobre el derecho y la justicia de la que la realidad que el país está viviendo no se compadece. Hay de presiones a presiones: cuando los funcionarios de alto nivel o los prominentes abogados van a desayunar a la Corte están cabildeando” y se vale, pero cuando los movimientos sociales afectados por decisiones de jueces y magistrados reclaman movilizados resulta inaceptable.
Además de analizar la constitucionalidad o no del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, las ministras y los ministros deberían dar cuenta de sus implicaciones. ¿Cuántos organismos públicos se han extinguido con la cláusula final de que se respetarán los derechos de los trabajadores y automáticamente pasan a formar parte del “nuevo patrón”? ¿Por qué no se hizo igual en este caso? Si se enredan sólo en la bandera del formalismo acerca de si puede o no el Ejecutivo extinguir el organismo de Luz y Fuerza estarán obviando el hecho de que lo que se organizó fue el despido masivo, sin proceso previo alguno, de más de 40 mil trabajadores afiliados a uno de los pocos sindicatos históricos en este país con vínculos y trayectoria democrática.
La resolución de la juez primera de distrito que ha sido impugnada por el SME justifica la decisión del Ejecutivo de “extinguir” por razones financieras el organismo de Luz y Fuerza del Centro, desestimando el hecho de que tal decisión, en todo caso, y respetando los derechos de los trabajadores, correspondería al Legislativo, como lo fue para su creación. Y lo más grave es que so pretexto de que se trataba de una empresa ineficiente que prestaba un servicio de interés público, ubica la violación de derechos laborales como “un acto de molestia” frente a la defensa de un servicio estratégico. ¿La tesis calderonista del daño colateral? Los abogados del SME han dado puntual cuenta de la cadena de agravios que la resolución de la juez contiene. Debemos esperar que sean valorados y reconocidos por la Corte decidiendo en consecuencia.
Ojalá que enfoquen la mira en la vigencia de los derechos fundamentales de los asalariados y tomen conciencia de que la posición que asuman puede poner un alto a la embestida contra las trabajadoras y los trabajadores, que ahora resultan fácilmente prescindibles. Puedo imaginar el escepticismo que generan mis palabras en esta solitaria interlocución con una instancia tan polémica como la Suprema Corte, y sin embargo me hago cargo de que no debemos obviar la demanda de auténtica impartición de justicia que haga sentido a la democracia que requerimos, pues hoy por hoy está claro que el Poder Judicial debe transformarse, igual que los otros dos poderes.
Queda claro a estas alturas que las ministras y los ministros tienen diversas posturas jurídicas y políticas. Sí, lo dije bien y lo reafirmo: políticas e ideológicas. Basta con observar los contrastes en América Latina en los enfoques y visiones constitucionales en países como Argentina o Colombia, que no obstante las regresiones del Ejecutivo o las veleidades del Legislativo asumen la defensa de los principios fundamentales con autonomía e independencia, y por ello son factor de gobernabilidad.
Regresando a la huelga de hambre, los integrantes del Grupo Paz con Democracia visitamos su campamento en el Zócalo y encontramos que pese a que hay quienes llevan 40 días ahí, se aferran a encontrarle sentido a su sacrificio en función de que la Corte defina ya su posición. Obviamente esperan justicia. Este ejemplo está sirviendo además para que el resto de sus compañeras y compañeros les acompañen y se cohesionen para seguir luchando pacíficamente por sus derechos. Mientras, les llegan noticias de que en la Corte no están tratando este asunto con la urgencia que requiere. Obviamente, es más importante este asunto que la muy publicitada resolución de la semana pasada sobre “brujos”, curanderos y charlatanes.
Con el SME se ensayó la fase extrema del adelgazamiento del Estado porque lo que está en juego a través de la Comisión Federal de Electricidad como “empresa de clase mundial” es la privatización y la comercialización de otro proyecto. Si en algún momento se lograra clarificar y denunciar la problemática real de Luz y Fuerza del Centro seguramente se vería que han pretendido liquidar a dicho sindicato porque sigue siendo emblemático dentro de los sectores democráticos. De la Corte sólo se espera que defienda la Constitución. ¿Es mucho pedir?
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