Patricia Dávila
Tan cruentos como directos, los “mensajes” enviados desde Ciudad Juárez al presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo reactivan con gran rapidez los ciclos de violencia en esa localidad; también le recuerdan al gobierno federal su fracaso en la guerra antinarco, en particular ahí donde en los tres años de régimen calderonista han sido asesinadas alrededor de 7 mil personas.
En Ciudad Juárez, las provocaciones al gobierno de Felipe Calderón no paran. La emboscada del viernes 23, que causó la muerte de seis efectivos de la Policía Federal (PF), de una mujer policía del municipio y de un joven de 17 años evidenció la vulnerabilidad de su programa “Todos somos Juárez. Reconstruyamos nuestra ciudad”.
El despliegue de 5 mil elementos de la PF, efectuado a partir de la última semana de marzo en sustitución de 3 mil militares para patrullar las calles de dicha ciudad, quedó empequeñecido ante el embate del cártel de Juárez, que le reprocha a esa corporación el supuesto apoyo que le da a Joaquín El Chapo Guzmán.
El golpe fue directo contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, responsable de la Policía Federal y a quien tras el asesinato de 15 adolecentes en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero pasado, Calderón comisionó para replantear la estrategia de combate al crimen organizado ante el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua, encabezado por el Ejército.
Al mediodía del viernes 23, un comando emboscó las unidades 00627 de la PF y la 367 de la Policía Municipal en el cruce de las avenidas Durango y Santiago Troncoso, en la colonia Valle de Santiago. Cuando patrullaban el sector Benito Juárez –el mismo donde a mediados de marzo fueron asesinadas tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez–, los uniformados fueron sorprendidos por varios sujetos armados.
Según la SSP, los federales repelieron el ataque “y por lo menos uno de los agresores resultó herido”. La acción la atribuyó a “las contundentes detenciones realizadas por la Policía Federal en las últimas horas en esta ciudad”.
Sin embargo, por la noche del mismo viernes, La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez, no sólo se acreditó el atentado sino que lanzó una advertencia a los efectivos de García Luna en una pinta que apareció en las calles 16 de Septiembre y Colombia, en el centro de la ciudad:
“Inspector General de la PF (Policía Federal), Raymundo Agustín Hernández Guzmán, y a su oficial Raúl Mendoza Vázquez, lo mismo les va a pasar a ustedes, hijos de puta, como les pasó a los de la unidad 627 por andar con El Chapo y a todos los mugrosos que lo apoyen. Atentamente La Línea.”
A diferencia de lo que ocurrió durante el despliegue del Ejército, la presencia de la PF es más notoria en las calles de Juárez, pero también la de los grupos delictivos.
El programa “Todos somos Juárez…”, que se inició el 17 de febrero, ha estado marcado por la violencia. El 13 de marzo fueron asesinadas las tres personas relacionadas con la oficina consular estadunidense, Jorge Salcido Ceniceros, Lesley Enríquez y su esposo, Arthur Haycock Redelfs.
La procuradora general de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez, responsabilizó del asesinato a la banda Los Aztecas, que también sirve al cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, a quien El Chapo disputa el control de la ciudad.
La Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) igualmente atribuyen el crimen a miembros de esa pandilla, encabezada por Eduardo Ravelo, uno de los cien delincuentes más buscados por la justicia estadunidense.
Poco antes, el 9 de marzo, el cónsul Raymond McGrath había reportado a la Operación Coordinada Chihuahua (OCCH) –denominada con anterioridad Operativo Conjunto Chihuahua– la amenaza de que estallaría un “artefacto explosivo” en la representación. Después del asesinato de las tres personas, Washington envió más agentes de la DEA a Juárez. Oficialmente no se ha informado el número.
La reacción estadunidense no quedó ahí. El 25 de marzo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegó a México, acompañada del secretario de la Defensa, Robert Gates; la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y el director Nacional de Inteligencia, Dennis Blair, entre otros altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos.
En esa visita se acordó que Ciudad Juárez sería un “laboratorio” para el control de los cárteles de la droga en México a través de un “programa piloto” entre esa localidad y El Paso, Texas. Entre sus acciones está el control, por parte del país vecino, de la información que se produzca en México acerca de la operación de los grupos delictivos.
Pese a la ofensiva de los dos gobiernos, los cárteles de la droga establecidos en Juárez siguen siendo capaces de ejecutar acciones como la del viernes 23, que le costó la vida a los siete policías y a un civil. El gobierno mexicano la presentó como resultado de la detención de ocho personas, entre ellas cinco menores de edad, incluidas tres mujeres.
Según la SSP, el asesinato de los siete policías se debió al decomiso, en distintas acciones, de dos armas, diversos cargadores y cartuchos, un equipo de radiocomunicación, 12 envoltorios de polvo blanco (“al parecer cocaína”), un recipiente con mariguana, un paquete de un kilogramo de esta misma droga, una bolsa de plástico con otro kilogramo de la yerba y tres vehículos.
Un día antes de la emboscada –el jueves 22– el Ejército había detenido a cinco integrantes de Los Aztecas, acusados de delitos contra la salud, entre otros cargos. Ellos son: Enrique Guajardo López, Kike; Raúl Gerardo Calderón Loera, El Flako; Juan Carlos Durón Moreno, El Travieso; Eduardo Morales Herrera, El Lalo, y Jesús Manuel Herrera Torres, El Cala.
Según la OCCH, estas personas aportaron información sobre el homicidio de una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y de su esposo: que fueron integrantes de Los Aztecas quienes participaron en los hechos y que uno de los detenidos –no precisa quién– se encargó de avisar si llegaba la policía.
En un comunicado, la oficina de la Operación Conjunta añadió que según sus propias declaraciones, los detenidos tenían la encomienda de “limpiar” la ciudad de sujetos que venden droga sin la autorización de La Línea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario