¿Consumatum est?
¿Ley retroactiva?
Carlos Fernández-Vega
Oficialmente uno de cada tres usuarios de telefonía móvil se abstuvo de registrar su línea en el Renaut. Al concluir el sábado 10 de abril de 2010, el contador” de la Cofetel reconocía que 68 por ciento de los aproximadamente 84.1 millones (cifras a enero de 2010) aceptaron la extorsión gubernamental, y que 32 por ciento (alrededor de 27 millones) dijeron no a la pretensión calderonista de cerrar aún más el círculo de control sobre los ciudadanos, un “invento” copiado de otras experiencias latinoamericanas, las que a su vez fueron copiadas de iniciativas europeas, igual de fallidas que la mexicana, toda vez que los índices de secuestro, extorsión, defraudación y conexos, lejos de disminuir, se han incrementado, aquí, allá y acullá.
Entonces, consumatum est, dirán en Los Pinacates. Pues resulta que no, porque de cualquier suerte las sorpresas continúan: 16 horas después de vencer el plazo fijado por la “autoridad” (16 horas del domingo 11 de abril), el susodicho “contador” se incrementó a 70 por ciento, 2 puntos porcentuales más (casi un millón 700 mil usuarios adicionales) que al cierre oficial del registro. Entonces, es cuestión de paciencia y de unas horas más para que el chafa “contador” de la Cofetel dé cuenta de que 150 por ciento de los usuarios sumisamente aceptaron subirse al nuevo mecanismo de control, por mucho que exista incredulidad plena sobre la capacidad gubernamental para mantener como confidencial, y bajo cinco llaves, la información personal de cada uno de los usuarios registrados.
Pero no todo fue inútil con el ejercicio del Renaut, pues permitió confirmar, por si hubiera dudas, que tampoco el gobierno calderonista puede garantizar la confidencialidad de la información personal contenida en la CURP (supuestamente “resguardada” por la siempre vigilante y efectiva Secretaría de Gobernación, lo mismo que en el caso del Renaut). Entonces, aquí cabe la pregunta: a la hora de contar, y luego del manoseo y trasiego de la clave única de registro de población, ¿cuántos miles o millones de teléfonos móviles y/o líneas telefónicas aparecerán registrados bajo el nombre de Felipe Calderón, Luis Donaldo Colosio, Arturo Chávez Chávez, Vicente Fox Quesada, Rafael Caro Quintero, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Luis Armando Reynoso Femat, Norberto Rivera Carrera, Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Carlos Salinas de Gortari, Jacobo Zabludovsky, Mario Ernesto Villanueva Madrid, Adela Micha Zaga y tantos otros distinguidos personajes?
En vía de mientras, surge una duda que involucra no sólo la decisión calderonista y la “sumisión” de las empresas que proporcionan el servicio de telefonía móvil, sino al mismísimo estado de derecho: ¿con base en qué aplican retroactivamente una ley?, toda vez que el artículo 14 constitucional textualmente establece: “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, y millones de usuarios de telefonía móvil firmaron un contrato de servicio con las telefónicas mucho antes de que el multicitado registro obligatorio entrara en vigor. Por ejemplo, en mayo de 2003 se suscribió un contrato con Telcel, por medio del cual una de las partes se obliga a dar el servicio de telefonía móvil y la otra a pagar lo conducente. Esto se dio seis años antes de que la ley del Renaut entrara en vigor y siete antes del plazo fatal marcado por el gobierno calderonista, y hasta donde se sabe, cuando menos oficialmente, no hay estado de excepción en el país. ¿Qué dicen los abogados en torno a esto?
Sobre este tema, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM precisa lo siguiente: “la irretroactividad de la ley en perjuicio de los gobernados es una garantía individual consagrada en el artículo 14 constitucional, y la finalidad directa que percibe dicha garantía es que no se apliquen en forma retroactiva, en perjuicio de los gobernados, las distintas leyes que se expidan, mas no que al arbitrio de ellos se les apliquen en forma retroactiva las leyes que estimen les favorezcan. La citada garantía debe entenderse como el derecho del gobernado a reclamar la inconstitucionalidad de cualquier ley que se le pretenda aplicar retroactivamente en su perjuicio, pero no como un derecho para exigir que se le aplique determinada ley en forma retroactiva simplemente porque le favorezca…” Ni siquiera por razones de “seguridad nacional” puede aplicarse una ley de manera retroactiva, aunque tal vez sí por suspensión de garantías individuales lo que oficialmente no ha sucedido (aunque hay muchas dudas al respecto).
En abril de 2008 una comisión de senadores y diputados chilenos analizó una propuesta gubernamental que promovía “la protección de los usuarios de telefonía fija y móvil de estafas y actos delictivos, para lo cual propone un registro nacional de telefonía móvil, en especial de la de prepago, con el fin de evitar el incremento de delitos a través de estos medios”. En ese entonces el Senado de aquel país rechazó (17 votos contra dos) la aprobación de tal iniciativa, pues “aunque el proyecto parece razonable sólo terminará imponiendo una carga extra a las personas honestas que tendrán que ir a inscribir sus celulares, sin considerar que muchas de ellas viven en zonas apartadas de las ciudades. La iniciativa estimulará un mercado más perfecto para los delincuentes, que podrán acceder a celulares robados en otros países, a telefonía satelital o simplemente podrán robar un celular inscrito y cometer igual un delito. Desde el punto de vista técnico, esta normativa quedará muy pronto obsoleta con el desarrollo de la telefonía IP y satelital. Sin embargo, lo más preocupante es el grado de control que se puede ejercer por parte del Estado sobre las personas, porque al implementarse este registro todos los chilenos estaremos sometidos a un escrutinio permanente de nuestra vida privada”.
Y si lo anterior se parece mucho al caso mexicano, desde luego que no es coincidencia.
Las rebanadas del pastel
¿Cuánto costará a los mexicanos la “sumisión” de las empresas de telefonía móvil? ¿De a cómo –recursos públicos de por medio– fue el “arreglo” y la “aceptación” de, por ejemplo, la ex flamenca Telefónica Movistar?... Ya entrados en preguntas, ¿a qué Zapata se refería el inquilino de Los Pinos cuando dijo que “aprobar las (sus) reformas que requiere el país es la mejor manera de honrarlo”?, porque hasta donde se sabe Emiliano no se apellidaba Díaz Mori ni era oaxaqueño.
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