Es “presunción sin confirmar”, dice Secretaría; de los beneficiados, 542 son maestros y 128 personal administrativo
2010-03-31
Alberto Cuenca
El Universal
Miércoles 31 de marzo de 2010
alberto.cuenca@eluniversal.com.mx
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno destinó al menos 150 millones de pesos para pagos y apoyos indebidos a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 2008.
Al revisar la Cuenta Pública de ese año, el organismo fiscalizador encontró que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal realizó 30 mil 834 pagos a 670 trabajadores comisionados en tareas sindicales con goce de sueldo, a pesar de que esas labores se deben realizar sin remuneración.
De los beneficiados, 542 son maestros y 128 personal administrativo. Los pagos sumaron más de 134 millones de pesos y se dividieron de la siguiente manera: 113 millones 400 mil pesos al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE; 9 millones 363 mil pesos a la Comisión Mixta de Escalafón y 11 millones 300 mil pesos a la Sociedad Mutualista.
En otra revisión, la Auditoría ubicó más beneficios que la Secretaría de Educación Pública, a cargo entonces de Josefina Vázquez Mota, actual coordinadora de la diputación federal panista, aprobó para el sindicato magisterial. En este caso la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal otorgó 13 mil 544 becas por un monto de 17 millones 325 mil pesos a hijos de trabajadores que pertenecen al SNTE, a pesar de que las autoridades educativas aceptaron durante la investigación que no existe convenio con el gremio para sustentar la entrega de becas.
Para el organismo vigilante del uso de los recursos públicos, ese programa de becas y sus reglas de operación “promueven la desigualdad de oportunidades, son excluyentes y propician el favoritismo, limitando el derecho a la educación de estudiantes que por tener condición vulnerable no seguirán estudiando”.
Guillermo Bernal Miranda, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, dijo que esa dependencia está en un proceso de recopilación de datos para solventar las irregularidades señaladas por el órgano fiscalizador, pues tiene un plazo que vence en los primeros 10 días de abril para hacer las aclaraciones.
“Lo que encontró la ASF es una presunción que no acaba por ser confirmada. No estamos en condiciones de negar el hallazgo; estamos en condiciones de aclararlo y de ello derivará si nuestro argumento es válido o no”, dijo Bernal.
Los argumentos que expondrá la Secretaría de Educación sobre el pago a 670 trabajadores se basarán en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, particularmente en las disposiciones de esa norma relacionadas con el pago de servicios personales.
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