Anuncia el sindicato que promoverá queja ante CNDH por abuso
Consigna el MPF a dos electricistas; los acusa de presunto sabotaje
Silvia Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 11 de enero de 2010, p. 10
Tlalnepantla, 10 de enero. El Ministerio Público Federal (MPF) declaró formalmente presos a dos trabajadores electricistas miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) –Sergio Rodríguez (26) y Enrique Mejía (31)– y el chofer particular Abraham Solís, que esta noche fueron consignados al penal de Barrientos por presuntamebnte haber cometido sabotaje.
El abogado Cristian Pimentel Vidal indicó que el SME asignó cuatro litigantes a la defensa de los detenidos; sin embargo, durante 48 horas y al concluir el término constitucional para definir su situación legal, ninguno de ellos tuvo acceso a la averiguación previa ni logró incorporar elementos en favor de los acusados.
Dijo que durante las 48 horas, en el exterior del MPF se mantuvo un fuerte operativo integrado por al menos 50 efectivos de la Agencia de Seguridad Estatal que portaban armas largas. Asimismo, cerca de 100 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como integrantes de organizaciones sociales, permanecieron lanzando consignas de apoyo, como: “¡Presos, libertad!, ellos no son delincuentes, son trabajadores”.
Indicó que un cerco de policías estatales protegió la salida de la camioneta de la patrulla estatal en la que fueron trasladados los detenidos que ingresaron esta noche al penal de Barrientos.
Recordó que el viernes elementos de la Policía Federal llegaron a instalaciones de la termoeléctrica Jorge Loque y de Turbogás, ubicadas en el kilómetro 22.5 de la carretera Cuautitlán-Tlalnepantla, ambas de LFC, para sacar equipos e insumos que permanecen en bodegas de esas instalaciones.
Durante estas acciones, dijo, los tres procesados fueron detenidos y entregados al MPF.
Por su parte, Miguel Márquez Ríos, pro secretario de direcciones del SME, dijo que presentará una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el atropello y abuso de autoridad en que incurrió el MPF al impedir que se cumpliera la defensa de los detenidos. “Sus derechos fueron violentados, pues la Constitución otorga condiciones para que cualquiera promueva su defensa.”
Con información de Alfredo Méndez
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