"El Vicentillo" desnuda al Ejército

Proceso.com
Ricardo Ravelo



MEXICO, D.F., 9 de enero (Proceso).- La declaración ministerial que el año pasado rindió ante la PGR Vicente Carrillo Leyva vuelve a evidenciar que en las operaciones de los cárteles del narcotráfico no es excepcional la participación de mandos policiacos y militares, incluso de alto rango. En este revelador documento, El Vicentillo, acusado por la PGR de lavar dinero para el cártel de Juárez, menciona qué empresarios, funcionarios y oficiales se asociaron con su padre, Amado Carrillo Fuentes, y cómo se quedaron con parte de la fortuna que amasó en sus actividades delictivas.

Desde que lo encabezaba Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, el cártel de Juárez –una de las organizaciones criminales más antiguas del país– siempre ha contado con la protección de efectivos del Ejército, así como de las policías estatales y federales.

Estos elementos “cuidaban a mi padre y a mi familia” durante los viajes que realizaban en México y en el extranjero, recuerda Vicente Carrillo Leyva, hijo del capo.

Agrega que, tras la muerte de su padre, la dirección del cártel fue asumida por su tío Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, quien ahora cuenta con una célula de sicarios “mayormente compuesta por exmilitares, siempre fuertemente armados, que se transportan en convoyes, están asentados en Chihuahua y se asociaron con Los Zetas, encabezados por Lazca o Lazcano, para atacar y defenderse del cártel de Sinaloa”.

Lo anterior forma parte de la declaración ministerial que rindió Carrillo Leyva ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 1 de marzo de 2009. Este testimonio se halla integrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004, cuya copia tiene Proceso.

Conocido como El Ingeniero o El Vicentillo, Carrillo Leyva dice tener 32 años y fue considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Drug Enforcement Administration (la DEA, agencia antidrogas estadunidense) como el prototipo de la nueva generación de narcotraficantes y lavadores de dinero en ascenso dentro del crimen organizado. Se le acusa de varios delitos tipificados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como tráfico de drogas y lavado de activos.

Su captura derivó en polémica: la PGR afirma que lo detuvo en un parque cuando realizaba su rutina matinal de ejercicios, pero su esposa, Celia Quevedo Gastélum, sostiene que los agentes lo sacaron de su departamento de la Ciudad de México (Proceso 1711).

Carrillo Leyva declaró a la SIEDO detalles sobre las complicidades de su padre con altos mandos militares; habló de los negocios que su progenitor realizó con policías federales y de los empresarios que, según dice, lo estafaron cuando intentó comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, primero, y del Banco Anáhuac después.