Ciudad Perdida
En su seno ya se ven santos legisladores
Miguel Ángel Velázquez
El debate que la jerarquía católica ha impuesto en los días recientes, a raíz de que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma que legaliza las bodas entre personas del mismo sexo y permite la adopción de menores por esas uniones, parece no ser nada más un pleito por echar abajo ese precepto legal, sino un esfuerzo, quizá el más serio de los últimos tiempos, por insertarse de lleno y legalmente en la vida política del país.
Sabido era que la mayoría de las acciones que hoy pueden ejecutar las parejas del mismo sexo ya se realizaban, y aunque eran objeto de la crítica sacerdotal, no escalaban niveles de escándalo. Pero esta vez, fortalecidos por el matrimonio Televisa-Iglesia, cuyo vástago, Enrique Peña Nieto, se apresta a tomar el poder, se han lanzado a conquistar los terrenos perdidos.
Era, aseguran algunos analistas, el momento preciso, y los diputados de la Asamblea del DF se pusieron de pechito. Ganar o perder el debate no cambiará en nada la realidad. Quienes quieran hacer vida en pareja lo harán con o sin la legalización de la unión, y los que quieran adoptar a un niño, seguramente podrán realizarlo con la ayuda de un buen abogado, porque ninguna ley prohíbe, hasta donde sabemos, a homosexuales o lesbianas ese acto. Así que nada cambiará.
Sin embargo, lo que tratan de mostrar los jerarcas religiosos es hasta qué punto el Estado resiste su vida laica. Y decimos el Estado para referirnos a todos los que componemos, en cualquier instancia, el país. Porque el gobierno, este gobierno como el pasado, ha jugado a la política de la mano de los sacerdotes.
Existen muchos que aseguran que es desde el poder civil –hoy más desde el priísmo– desde donde se busca romper el acuerdo legal por medio del cual hasta nuestros días se mantiene la convivencia civilizada entre lo que es de Dios y lo que es del césar, aunque cada vez que se puede los curas toman la palabra para mostrar sus afinidades políticas.
De esa manera, que no se mal entienda, nos aseguran algunos miembros de la Iglesia católica que no están de acuerdo con que los curas se conviertan en santos senadores o diputados, que es, a fin de cuentas, lo que están buscando.
Así que no hay que confundir. El ataque que la Iglesia católica ha desatado en contra de las autoridades del Distrito Federal, más bien pretende presionar al gobierno de Calderón para que de una vez le dé el paso que le permita actuar, con toda impunidad, en política desde el púlpito o desde la curul.
Hizo bien el secretario de Gobernación al advertir que los curas pueden hacer uso libre de todas sus expresiones. Lo grave, muy grave, es que el mismo funcionario, atado a los prejuicios de su jefe, no pudo, no quiso o no supo señalar, al mismo tiempo, que la ley no se cambia por las presiones de la jerarquía católica y que los curas pueden decir misa, pero no les competen los asuntos de la ley civil.
Y es eso, la falta de apego a la ley, lo que ha soltado los rumores, ciertos o no, de que en el alegato sobre el matrimonio y la adopción, por parte de los de un mismo sexo, es el simple telón que protege las no muy sanas intenciones del alto clero. ¿Será?
De pasadita
Es cierto, las medidas que dio a conocer el gobierno de Marcelo Ebrard para aminorar el golpe del gasolinazo no son, ni con mucho, la bocanada de aire que permita a los ciudadanos del DF respirar tranquilos. Pero tampoco son los panistas quienes puedan levantar la crítica. No después de que aún no sabemos a ciencia cierta qué se hizo con la millonada que llegó al país por la venta del petróleo en el sexenio pasado y al principio de éste. No después de saber que los salarios de quienes trabajan hasta arriba de la burocracia son la coladera por donde se van otros muchos millones. Y menos aún si tenemos en cuenta la opacidad con la que se conduce el calderonismo. ¡Vaya desvergüenza!
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