El plan inutil. Carlos Acosta Córdova en Proceso.

Con una economía sostenida por el petróleo, la maquila y las remesas -recursos venidos a menos-, el plan anticrisis propuesto por el gobierno federal la semana pasada está lleno de promesas huecas que no podrán evitar el desplome de la economía. En el poder desde hace ocho años, el PAN no entiende la urgencia de un cambio de rumbo, y ofrece un plan anticrisis populista y electorero que ni siquiera fue consensuado con los sectores productivos. Lo que es peor: el Estado mexicano luce impotente y la administración de Felipe Calderón está llevando a la sociedad al límite.
Para que el gobierno federal reconociera, finalmente, que lo que sufrirá el país con la crisis está lejos de ser un "catarrito", tuvo que hacer agua la economía en diciembre: se perdieron ese mes más de 320 mil empleos formales; la inflación se disparó a cerca de 7% anual, cifra no vista desde hace ocho años; el consumo y el crédito se frenaron, y la actividad productiva siguió cayendo.
Lo dijo suave el presidente Felipe Calderón, el miércoles 7, al anunciar el nuevo plan anticrisis: en 2009, "estaremos viviendo un período de grandes dificultades en términos de crecimiento económico, inversión y empleo en nuestro país".
Pero el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien acuñó el término de "catarrito" y siempre fue renuente a aceptar la gravedad de la crisis (durante meses sostuvo que la economía crecería 1.8% en 2009 y que era prematuro hablar de recesión), debió aceptar, el jueves 8, que la economía mexicana registrará este año una "tasa de crecimiento cero".
Se vio optimista, porque Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, auguró una peor caída del Producto Interno Bruto, que ya empezó en el último trimestre de 2008.
En ese marco de estancamiento económico, de desempleo creciente, de mayor carestía (muchos básicos rebasaron ampliamente el 6.53% de la inflación general: en un año, el arroz y el frijol negro subieron 100%; el aceite de cocina, 80%; el huevo, 30%; la leche, 20%; el jamón, 36%; el chile verde, más de 30%) y de "fuertes presiones a la baja en la actividad económica", la administración de Felipe Calderón anunció un nuevo plan anticrisis, que denominó "Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo".
De 25 puntos del plan, son más las promesas que las medidas concretas, y algunas de estas últimas llegan tarde: se congelan los precios de las gasolinas todo el año, pero después de más de 30 aumentos que las elevaron 10% la magna y 8.4% la Premium, respecto de enero de 2008.
El colmo: se congelan cuando su precio es muy superior al que tienen las gasolinas del mismo tipo en Estados Unidos. Aquí la magna cuesta 7.72 pesos el litro; allá, 6.41 pesos. La Premium, aquí está en 9.57 pesos; allá, en 6.85 pesos el litro. Es decir, aquí son 20% y 39% más caras, respectivamente.
El diesel, que es el que más aumentó en el año -casi 24%, de 5.95 pesos a más de 7 pesos el litro-, no se toca en el plan, no obstante que es el que tiene semiparalizada a la flota pesquera nacional. Sí, en cambio, el del gas licuado, que bajará 10% su precio, que ronda los nueve pesos el kilogramo y se mantendrá en ese nivel.
También se reducirán, para las empresas, las tarifas eléctricas: la de alta tensión, 20%; la de media tensión, 17%, y la de baja, 9%. Los hogares seguirán pagando las mismas tarifas que hasta ahora, más los aumentos que decida el gobierno. Pero, para ahorrar energía y gastar menos en ello, según el plan, los más pobres podrán cambiar sus aparatos electrodomésticos viejos por unos nuevos: el gobierno pondrá la mitad del costo.
Fuera de estas medidas, el resto es difuso, sin mecanismos e instrumentos claros para echarse a andar. Por ejemplo, en materia de empleo, el plan promete que se promoverá mayor contratación de mano de obra, sobre todo en la construcción de obras de infraestructura; que se dará empleo temporal a quienes queden en el desempleo o ya vivan del subempleo.
Se apoyará a empresas en riesgo de quiebra, para que no despidan gente y no cierren; los que pierdan su trabajo podrán retirar hasta 60% del ahorro que tienen en su afore; los desempleados gozarán de servicios médicos durante seis meses después de la pérdida del empleo, cuatro meses más que hasta antes del plan.
También prometen más créditos -aunque nunca dicen que vayan a ser más baratos- para las pequeñas y medianas empresas, a través de la banca de desarrollo; mucha asesoría técnica para las Pymes, que ahora serán proveedoras de 20% de las compras gubernamentales; que se alentará el consumo de productos nacionales; que se acelerarán los trabajos del Programa Nacional de Infraestructura, y que el gasto público -ahora sí- se ejercerá en tiempo y forma "para enfrentar la crisis".
Una aspirina, pues, para la pulmonía que viene, según empresarios y especialistas. Nada para evitar el desplome de la economía ya admitido por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. El viernes 9, Agustín Carstens dijo en el ITAM que en el primer trimestre del año la economía podría caer casi 0.8%.
Ejemplo de fracaso
El nuevo plan anticrisis de Felipe Calderón ratifica que los gobiernos panistas no entendieron que la alternancia en el poder implicaba un cambio en el modo de ver y de hacer las cosas. "Está repitiendo lo mismo que ha llevado a la economía, y al país, de fracaso en fracaso; políticas que sólo generan más pobreza y recrudecen la iniquidad social. Las medidas anunciadas son coyunturales, meros paliativos que difícilmente mitigarán los efectos de la crisis y para nada atacan los problemas de fondo, estructurales, del país".
Sustenta esa tesis el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana -imparte cátedra en el doctorado de Ciencias Sociales y Políticas de esa institución- y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, asociación civil integrada por 33 instituciones de los ámbitos académico, empresarial, sindical, profesional y de productores agropecuarios, dedicada a la asesoría, el análisis estratégico y la elaboración de propuestas para el desarrollo nacional.
Dice: "Hay un problema claro de perspectiva en la manera en que está enfrentando el gobierno la situación. En primer lugar, es un error considerar a la crisis económica y financiera mundial como la causa única de los males del país, como si México tuviera un proyecto de desarrollo consistente y en plena realización, que no es el caso".
El entrevistado -también asesor parlamentario en temas del campo, la educación y la competitividad- pasa revista al contenido del acuerdo anunciado por Calderón el miércoles, y que no es acuerdo pues, según Cruz López, líder nacional de la Confederación Nacional Campesina, nunca fue consensuado con los sectores productivos, muchos de los convocados al acto conocieron ese día el documento y por ello más de uno no lo firmó, como el propio líder campesino.
Con las propuestas para proteger el empleo, dice Montoya, "ni se va a generar el millón de empleos que se requieren ni mucho menos se va a recuperar el rezago histórico que traemos".
Explica: "México tiene 106 millones de habitantes, de los cuales 44 millones forman la Población Económicamente Activa; menos de la mitad de éstos tienen un empleo formal, con protección y seguridad social. Entonces, lo que se está proponiendo ni siquiera mitiga la pérdida de empleos que ya se tuvo en 2008". Tan sólo en diciembre pasado, según la Secretaría del Trabajo, se perdieron 327 mil empleos formales.
En las medidas de apoyo a la economía familiar, el investigador ve un ánimo populista y electoral, aunque en general todo el paquete tiene ese sello, señala. "Nos dicen que congelar los precios de las gasolinas y bajar los del gas y la electricidad industrial ayudará a reducir la inflación, pero habrá que ver, pues los precios de las primeras ya son muy altos y seguirán presionando la inflación".
Lo que sí es realmente insignificante es el apoyo que dará el gobierno para que las familias de recursos más bajos puedan renovar sus aparatos electrodomésticos. "Los 350 millones de pesos que se destinarán a ello no mejorarán el poder de compra de la gente, que ha sido gravemente deteriorado a lo largo de más de dos décadas. Hoy el poder adquisitivo del salario es una cuarta parte del que tenía hace 25 años", dice el investigador.
Las medidas en favor de la competitividad, afirma, se ven pequeñas frente al desastre que ha sido la política industrial, inexistente en las últimas décadas. "México ha perdido sistemáticamente su tejido industrial durante los últimos 20 años. Simplemente durante el sexenio anterior cerraron más de 10 mil empresas manufactureras y se perdieron más de medio millón de empleos en las manufacturas. Y esta tendencia se vio acelerada en los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón".
Agrega: "No hay una política industrial que realmente reconstruya el tejido productivo del país para ser competitivos frente al mundo".
Una de las consecuencias de esto es el creciente déficit comercial. "Entre 1998 y 2007, el déficit acumulado fue de alrededor de 78 mil millones de dólares. Pero si de la balanza en cuenta corriente se excluyeran las exportaciones petroleras y de la maquila, las remesas y los recursos que genera la economía criminal del narcotráfico, el déficit no sería de 78 mil millones, sino de 465 mil millones de dólares.
"Eso quiere decir que la economía está sostenida en factores exógenos (petróleo, maquila, remesas) al paradigma que, según nos prometieron desde mediados de los años ochenta, nos llevaría a ser competitivos ante el mundo: volcarnos al mercado externo, ser potencia exportadora."
Visto así, dice Montoya, no hay duda: "México es ejemplo de un fracaso gigantesco desde el punto de vista económico, de competitividad, de desarrollo, de protección de los derechos humanos... que está erosionando ya la cohesión social, que está rompiendo el tejido social, y que se está manifestando claramente en una enorme polarización.
"Entonces, no solamente no se crea riqueza, sino que se concentra. A pesar de que en México el PIB per cápita ha estado estancado durante un cuarto de siglo, en este mismo período se observa un proceso de acumulación del PIB en pocas empresas y personas o familias, de magnitudes muy considerables."
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Alberto Montoya Martín del Campo -asesor también de organizaciones sindicales, campesinas y empresariales, como la Concamin- lamenta el poco alcance del plan calderonista en el tema del gasto público. "Los últimos gobiernos han reducido de manera irracional e injustificada el tamaño del Estado y su poder; se ha disminuido el poder nacional ante los poderes económicos y geopolíticos globales.
"En 1982 el gasto público representaba alrededor de 44% del PIB; ahora es de 24%. ¿Qué nación desarrollada tiene ese nivel de gasto público? Ninguna. El promedio de los países de la OCDE es de 36%; en Estados Unidos es de 32%; el promedio europeo es de 40%; en Inglaterra, después de Thatcher y el neoliberalismo, de 38%; en Francia, de 50%; en los modelos de desarrollo capitalista escandinavo (Noruega, Suecia, Finlandia), es superior a 55%, aun cuando ahí se tengan monarquías constitucionales."
La consecuencia de haber desmantelado el poder de lo público, dice Montoya Martín del Campo, es la impotencia del Estado. "El Estado mexicano es impotente para promover la creación de riqueza e impotente para que esa riqueza se distribuya de manera equitativa en la sociedad.
"Hay un desequilibrio significativo que se manifiesta, por un lado, en una enorme concentración de poder económico y político en muy pocos -casi siempre los mismos-, que deciden sobre todas las cuestiones; y por otro, la inmensa sociedad, que no tiene mecanismos reales para participar en las decisiones de fondo sobre lo público, sobre el destino del país."
En suma, dice, las medidas del plan anticrisis, vistas en una perspectiva integral, "resultan totalmente incapaces de modificar la situación del país". Pero en sí mismo, el plan tiene "huecos gigantescos", señala. Por ejemplo, "no hay un pacto para bajar las tasas de interés ni para aumentar significativamente el crédito al sector productivo".
Resume: ausente está también el tema de los alimentos, que han subido significativamente sus precios y que lastiman la economía de los más pobres, que dedican más de la mitad de su ingreso a adquirirlos. Nada hay sobre los salarios, que siguen siendo anticonstitucionales y cuyo aumento para este año -de dos pesos diarios en promedio- ya quedó anulado por la inflación.
Nada tampoco sobre el transporte público. Nada importante para el campo, donde el gobierno insiste en privilegiar la rentabilidad de los grandes productores y compensa mínimamente las condiciones de vida de los más pobres. "El gobierno actual, como los anteriores, sigue viendo a los campesinos como objeto de política social y no como sujeto productivo", dice Montoya.
Con ello, el gobierno se ha convertido en el principal impulsor de la emigración. "De hecho, México es la nación que más población ha perdido en el mundo a causa de la migración; más inclusive que países africanos o centroamericanos".
Y como ya lo confirmaron el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, el plan anticrisis no podrá evitar el desplome de la economía. Pero visto en perspectiva, el hecho es más grave, dice Montoya.
"México ha crecido en los últimos 25 años a un ritmo muy inferior al de los 50 años anteriores. De 1932 a 1982 el promedio anual de crecimiento del PIB fue de 6.5% anual, que permitió aumentar el PIB per cápita, aun con tasas de crecimiento demográfico altísimas, de 3.5% anual.
"Ahora, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, el promedio de crecimiento del PIB es inferior a 2% y el PIB per cápita está estancado. Si el gobierno sigue aplicando las mismas políticas, México no podrá ni fortalecerse ni crecer ni ofrecer empleo ni mejorar la distribución del ingreso nacional para toda la sociedad."
En sintonía con la Cepal, que proyecta a México como último lugar en crecimiento económico en América Latina, igual o incluso por debajo de Haití, el investigador de la Ibero dice que este año el país crecerá por debajo de lo que registrarán más de 150 naciones en el mundo. "Pero el gobierno ni reconoce ni toma en cuenta estos hechos, absolutamente contundentes, que demuestran la irracionalidad del paradigma que insiste en seguir".
Eso, dice, "es perder el rumbo y nos está llevando a este gigantesco fracaso, que ya se está expresando en francos procesos de pérdida de la cohesión social. Veamos nada más el caldo de cultivo para la economía ilegal, criminal, del narcotráfico.
"Es tal el poder económico y político de esa actividad ilícita, que ya vemos cómo está poniendo en jaque y obligando al Estado mexicano a gastar una cantidad significativa de sus energías para combatir esas estructuras de poder y de intereses totalmente criminales, en lugar de tener toda esa disposición y energía construyendo las condiciones de creación y distribución de la riqueza, que sería precisamente lo que daría respuesta a los problemas de fondo que están propiciando ese caldo de cultivo."
-Pinta un panorama desolador, de decisiones económicas equivocadas, que dejan más pobreza y desigualdad, que rompen la cohesión social. Sin embargo, no se ve un país al borde del estallido social.
-Existe una condición estructural grave de injusticia. Pero la sociedad no busca ni pretende ni tiene interés en un proceso de confrontación y de violencia. Más bien la sufre. La sociedad sufre violencia económica, la violencia de la inseguridad, la violencia de la incapacidad de tener acceso a servicios médicos; los jóvenes viven una inseguridad e incertidumbre espantosas sobre su futuro.
"Suponer que la disposición y la actitud de la sociedad para no confrontarse con violencia equivale a la aquiescencia, al apoyo, a la conformidad sobre lo que está ocurriendo, sería una muy grave equivocación de perspectiva.
"Pero pretender llevar esto a un límite, como lo está haciendo el gobierno, todavía es más temerario. Se está jugando con fuego." l