En la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal se vive un caso que ejemplifica al buen gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en todo el país.
La jefa delegacional, Gabriela Cuevas Barrón, por sacar adelante sus compromisos personales a cualquier costo, se enfrenta a ciudadanos y al mismo gobierno del que forma parte, en un verdadero alarde de absolutismo ramplón y medieval.
Cuevas Barrón adquirió notoriedad cuando como asambleísta del DF, por órdenes del entonces diputado federal Federico Döring, llegó a pagar una oficiosa fianza por Andrés Manuel López Obrador a quien ya daban por preso con las mentiras armadas en la Procuraduría General de la República por instrucciones de la entonces "pareja presidencial" (Fox-Sahagún). El juez respectivo la puso en su lugar, igual que a la PGR y a la mancuerna presidencial, al negarse a conceder el encarcelamiento del odiado Jefe de Gobierno por "evidentes fallas en el pliego de consignación" (con el que se votó su desafuero).
Poco después, Cuevas Barrón, convertida ya en "icono de la democracia" fue postulada por el PAN para "salvar" una isla de gente bonita (Lomas y Polanco) de la marea lopezobradorista que inundó la Ciudad de México en 2006. Como nueva delegada, Gabriela Cuevas fue la más furibunda activista de quienes que no podían bajar de las Lomas en sus lujosos automóviles por el Paseo de la Reforma, ocupado por el plantón de nacos y desarrapados seguidores de AMLO, que protestaban contra el escandaloso fraude electoral para imponer la continuidad panista. Los noticieros de Televisa la entrevistaban al frente de indignados "vecinos" (funcionarios delegacionales), como combativa adalid contra las hordas antidemocráticas que "secuestraron la Ciudad de México", según la propaganda oficial.
Sin embargo, hoy la "adalid de la democracia" se enfrenta a los mismos vecinos de las Lomas y Polanco que la eligieron y quienes se oponen a un paso a desnivel que su delegada decidió hacer para favorecer a sus cómplices y, de paso, darle un buen "pellizquito" al presupuesto de dicha obra. Al mismo tiempo y por la misma razón, se enfrenta al Gobierno del Distrito Federal (al que teóricamente pertenece, aunque en la práctica considera a su feudo sólo obediente al poder presidencial de su partido) que apoya a los vecinos inconformes.
Perdido el piso, la delegada Cuevas desconoce toda autoridad ajena a su oficina y difunde en un comunicado que "rompió relaciones con el gobierno de la ciudad", al que se atrevió a demandar por "sustituir luminarias" (cambiar lámparas en las calles) sin su permiso. Hizo de la Delegación Miguel Hidalgo, su ínsula Barataria, de la que es dueña y señora inapelable.
Los indignados vecinos acusan a Cuevas Barrón de querer politizar el asunto y presentarlo como una pelea entre PRD (gobierno capitalino) y PAN (gobierno delegacional), desvirtuando un movimiento ciudadano para evitar que se realice la obra que la ciudadanía "beneficiada" considera perjudicial.
“Se trata del capricho de una cacique (Gabriela Cuevas), que está contra los mismos vecinos (que la eligieron)... No es un asunto político, porque nosotros hemos obligado al Gobierno del DF a intervenir en el conflicto, pero ella es una mujer que no escucha a nadie”, declaró Trinidad Belauzarán al frente del grupo de hombres y mujeres que impiden los trabajos de la constructora contratada.
Por mesura política para no tensar más el enfrentamiento en que Cuevas Barrón se enfrascó contra el gobierno capitalino prácticamente desde que asumió la jefatura delegacional, Marcelo Ebrard no ha ordenado una drástica intervención de las instancias necesarias para poner en su lugar a la delegada, quien se envalentona no sólo contra Ebrard, sino contra los mismos vecinos que la repudian por prepotente e irracional.
El caso de Gabriela Cuevas Barrón, lamentablemente, no es único ni aislado. En Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Veracruz, por mencionar unos ejemplos hasta ahora, se repiten lo mismo a nivel municipal, que estatal y federal. Funcionarios gubernamentales y legisladores pertenecientes al PAN, supuestamente electos como mandatarios o representantes, se autoerigen en mandantes, amos y dueños de la ciudadanía que tuvo la mala fortuna de que algunos votaran por ellos, bien fuera enajenados por la propaganda en televisión o radio, o por creer las mentiras de sus ofrecimientos en campaña.
Todos siguen la lógica, casi dogmática, del feudalismo absolutista justificado por la filosofía aristocrática que practica el PAN desde que Diego Fernández de Cevallos legitimó a Salinas de Gortari: sólo los mejores deben reinar y los demás a obedecer.
Una vez llegado al gobierno (haiga sido como haiga sido) el aristócrata panista es el único poseedor de toda verdad, y sólo él sabe lo que le conviene al "demos", o pueblo, como lo planteó con otras palabras el ex-senador panista César Jáuregui en el Teatro de la República en Querétaro.
"El pueblo nos elige para representarlo y una vez que nos elige, tenemos la responsabilidad de decidir lo que más le conviene, según nuestro parecer, que para eso nos eligieron", afirmó con desparpajo y plena convicción el entonces senador panista, misma con la que el actual (des)gobernador de Jalisco mandó "que chinguen a su madre" (fueron sus palabras, no las nuestras) los opositores a la millonaria "limosna" que le dio con dinero público (no suyo) al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, buscando su bendición para las transas con que se sirven espléndidamente él y sus socios (al cabo que si la Iglesia bendice las limosnas del narco, ¿por qué no las del erario público?).
Nada de representantes del pueblo, somos sus amos, reveló su verdadero talante y prepotencia partidista el ex senador Jáuregui, como hoy lo hacen el gobernador de Jalisco, el de Aguascalientes, de Guanajuato y una retahíla de funcionarios y legisladores del PAN, en ejemplo del que Gabriela Cuevas Barrón --en su delegación Miguel Hidalgo-- apenas es una embarradita.
Y no lo decimos nosotros, sino sus actos.
jueves, 15 de enero de 2009
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