Los venezolanos rechazan la violencia de la oposición

Venezuela es un país digno e independiente

INE: Edomex o el oprobio

Eduardo R. Huchim

26 Jul. 2017

El Instituto Nacional Electoral mostró, antes y después de las elecciones del Estado de México, una conducta omisa, permisiva y genuflexa. Fue incapaz de hacer frente a la magna operación de compra y coacción del voto encabezada por el jefe del Estado mexicano, que incluyó el flujo de carretadas de dinero público a la campaña del priista Alfredo del Mazo por la gubernatura.

Tres episodios acreditan la oprobiosa conducta del INE:

A) Durante la campaña, el PRI distribuyó la tarjeta Salario Rosa que ofrecía beneficios para cuando el candidato priista fuera elegido gobernador y recababa datos de quien la recibía. El Consejo General del INE discutió el asunto (14/07/17) y, a pesar de que en la misma sesión había resuelto sancionar con severidad una práctica similar en Coahuila, en el caso mexiquense resolvió por mayoría que no había irregularidad alguna.

Los principales argumentos de los priistas y sus consejeros fueron: no hubo infracción a la ley porque la tarjeta de cartón era simple propaganda y porque la dádiva no se materializó. Soslayaron que se trató de una descarada compra y coacción del voto -asunto que compete en su rama penal a la Fepade-PGR, que no se ha pronunciado aún- y que para actualizar la violación a la ley no era necesario entregar la dádiva, pues bastaba con ofrecerla, como puede concluirse con la simple lectura del artículo 209.5 de la Legipe (énfasis mío):

"La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona".

B) El INE discutió la queja de la Iniciativa Ahora, dirigida por Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Icaza, que denunciaba "la desviación ilegal de más de 4 mil millones de pesos del gobierno federal al Estado de México y a la campaña de Del Mazo". Tras una investigación incompleta e insuficiente, el INE resolvió que no había elementos para acreditar esa desviación y se limitó a dar vista a varias autoridades. Se propuso devolver el proyecto de resolución o bien escindir una parte para concluir la investigación, pero ambas propuestas fueron rechazadas.

¿Por qué el empeño de cerrar el asunto? Porque, igual que el rebase del tope de gastos, el empleo de recursos públicos en una campaña es también causal de nulidad establecida en el Artículo 41 constitucional.

C) En el Edomex se volcaron, en apoyo al PRI, recursos muy cuantiosos, bajo el paraguas de programas sociales. Fue aquello un grotesco desfile de funcionarios federales y estatales con más vocación de mapaches que de demócratas, incluso un ex rector de la UNAM. Un dato entre muchos acredita el ilegal uso de recursos públicos: en cinco años se repartieron en esa entidad 25 mil computadoras y en sólo un año, 2017, la distribución sería de 30 mil, según dijo el gobernador Eruviel Ávila.

Aunque el INE no la quiso ver, hubo una violación flagrante y colectiva al párrafo séptimo del Artículo 134 de la Constitución (énfasis propio):

"Los servidores públicos... tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. (En todo tiempo, Tribunal Electoral, incluso durante las intercampañas).

La elección mexiquense, en la que se asignó la mayoría de votos al candidato priista Del Mazo, debe ser anulada porque albergó una operación de Estado que rompió la equidad en mil pedazos y ocasionó que los topes de gastos de campaña fueran superados con largueza.

El hecho de que el INE no haya determinado los elementos para esa nulidad -¿no pudo, no quiso?- es una omisión oprobiosa del actual Consejo General y muestra la exitosa operación del bloque de consejeros al servicio del PRI.

Hay que excluir del oprobio a la valerosa Pamela San Martín, cuyas batallas en el Consejo General, frecuentemente en solitario, son un oasis en el desierto donde prevalece la arrogante pusilanimidad que intenta vestir con retórica la contundente desnudez de los actos y las omisiones.


@EduardoRHuchim

La historia oculta del PAN

Retomar el latinoamericanismo

Destino Manifiesto, Americanismo, Panamericanismo y “Oeísmo” tienen una misma línea de continuidad histórica. Tras su independencia, al inicio de su vida como Estado federal y república presidencial, admirados en todo el continente, Estados Unidos asumió el papel de líder, conductor y promotor de los valores de su democracia, de su estilo de vida y, naturalmente, de su economía. Ese modelo de sociedad debía ser el ejemplo a seguir por los países de la naciente América Latina independizada a inicios del siglo XIX del colonialismo.

Estados Unidos asumió como una misión providencial, como un compromiso del destino, el de “guiar” al continente en el camino que esa gran nación creía necesario. Era una cuestión, además, que lucía como sincero y puro americanismo, para protegerse de toda injerencia extranjera. Desde luego, bajo ese “destino manifiesto” y ese “americanismo” se ocultaban sus intereses de convertirse en la potencia hegemónica sobre toda la región, con el objetivo de dominar un mercado gigantesco.

En la IV Conferencia Interamericana de 1910, realizada en Buenos Aires, se creó la “Unión Panamericana”, que antecedió a la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia, en abril de 1948. El panamericanismo y el “oeísmo” se fundaron sobre un supuesto: todos los países del continente se unían para preservar su “amistad”, colaborar, solucionar conflictos, atender sus democracias, afianzar una especie de unidad consensuada pero que no pudo ocultar la base sobre la cual esos compromisos se erigían: la hegemonía continental de Estados Unidos y sus intereses geopolíticos y económicos.

La gran evidencia de semejante relación ocurrió al calor de la guerra fría, durante la VIII Cumbre de la OEA realizada en Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, cuando bajo presión norteamericana se expulsó a Cuba del sistema interamericano, con el voto de 14 países, pues votaron en contra México y la propia Cuba, en tanto se abstuvieron Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador.  En función del “americanismo”, Cuba quedó bloqueada.

En aquella conferencia se argumentó que el gobierno de la isla se había identificado con la ideología marxista-leninista, que aceptaba la ayuda militar de las potencias comunistas, favorecía la intervención armada de la URSS en América y, por tanto, se había colocado “voluntariamente” fuera del sistema interamericano, al quebrantar la “unidad y solidaridad” del continente.

La guerra fría en América Latina es una época de verdadero oscurantismo histórico y graves repercusiones sobre la vida política de nuestros países. Ningún Estado se libró del injerencismo, los condicionamientos, las amenazas o las intervenciones; hubo gobiernos derrocados y, en la década de los 70, las más atroces dictaduras militares anticomunistas.

Con la superación de la guerra fría y el giro que tomó América Latina al iniciarse el nuevo milenio -gracias a una serie de gobiernos progresistas y democráticos en varios países-, la región pasó a ser otro referente en la geopolítica internacional, y con personalidad propia, porque se afirmaron principios de soberanía, independencia y dignidad, además de cuestionarse  la marcha del mundo en la globalización transnacional y el modelo neoliberal. Bolivia, Ecuador y Venezuela se colocaron a la vanguardia de las transformaciones y pasaron a ser referentes de la lucha antiimperialista.

Gracias a ese espacio histórico logrado por los gobiernos progresistas y de nueva izquierda, Cuba tuvo un respaldo inédito y, en 2009, la reunión de la OEA en Honduras dejó sin efecto la resolución de 1962. El paso posterior más importante se dio en 2015, cuando Estados Unidos y Cuba abrieron sus relaciones diplomáticas, seguidas del encuentro que mantuvieron los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en La Habana, en marzo de 2016.

América Latina aspiraba a que el bloqueo norteamericano concluyera tras esos acercamientos. Pero esa aspiración ha quedado destruida por el gobierno del presidente Donald Trump, quien no sólo ha retomado el camino del bloqueo, sino también el viejo espíritu del americanismo del destino manifiesto.

Pero ahora también está en la mira Venezuela. En la 47 Asamblea General de la OEA, reunida recientemente (junio, 2017) en Cancún, México, se intentó determinar soluciones continentales para los problemas que vive la patria de Bolívar. Allí la canciller venezolana Delcy Rodríguez debió enfrentar, con frontalidad, las intervenciones de los representantes de varios países latinoamericanos y del propio Estados Unidos, que abogaron por alguna resolución que condenara a Venezuela, país que había decidido separarse formalmente de la institución.

Sin embargo esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en 1962, la OEA no obtuvo el resultado esperado por el “americanismo” continental.

Al fracaso en la OEA se suma otro acontecimiento: en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizado en Ginebra, Suiza (junio, 2017) tampoco se logró condena alguna a Venezuela, sino todo lo contrario: 57 representantes de países de América Latina, Europa, África y Asia ratificaron el respeto al gobierno venezolano y a sus decisiones soberanas, señalando claramente: “Consideramos que es al pueblo venezolano a quien compete, exclusivamente, determinar su futuro sin injerencias

La posición de Ecuador ha acompañado a esas declaraciones. Cabe recordar que en 1962 este país se abstuvo de votar contra Cuba y lo mismo ha hecho en la reunión de la OEA en México, con respecto a Venezuela. La canciller María Fernanda Espinosa destacó el diálogo político como instrumento de solución de controversias; reiteró su respaldo a las iniciativas de Unasur y Celac; lamentó que la OEA no haya podido encontrar el camino adecuado para tratar el tema venezolano, y también el retroceso de Estados Unidos en sus relaciones con Cuba.

Más allá de la posición diplomática asumida por Ecuador, es posible advertir que en la actual coyuntura continental, hay un momento de tensión entre la tradicional visión “americanista”, que pretende dar lecciones a los pueblos y sus caminos históricos, y las posiciones que asumen en la región los gobiernos de distintos países, que confían no sólo en las virtualidades de los diálogos políticos sino en el absoluto respeto a los asuntos internos de cada país.

A estas alturas de la evolución histórica de América Latina, es difícil que se impongan impunemente las diplomacias injerencistas y que los gobiernos se subordinen dócilmente a las políticas del tradicional “americanismo”. El ciclo de gobiernos progresistas de la región posibilitó avanzar en la conciencia de la autonomía para la toma de decisiones de los pueblos del continente y para el trazo de sus propios sistemas económico, social y político.

Pero a esas nuevas convicciones les falta la concreción definitiva. Y para ello se requerirá que los países con gobiernos progresistas retomen los esfuerzos para consolidar la nueva institucionalidad internacional creada bajo los intereses latinoamericanos y que se concentra en el reforzamiento del ALBA, de Unasur y  la Celac.

Juan J Paz y Miño Cepeda*/Prensa Latina

El espionaje a los periodistas fue aprobado por Peña

 ÁLVARO CEPEDA NERI

Las últimas pesquisas para seguir las huellas del programa para espiar “Pegasus” –mismo que fue abortado por un periódico estadunidense–, nos dicen que fue adquirido en el sexenio de Calderón por el entonces oficial mayor de la secretaría de la Defensa (y hoy secretario de esa dependencia) el general Salvador Cienfuegos; quien se entrevistó con el mexiquense Enrique Peña Nieto, cuando éste integraba a su grupo antes de asumir la Presidencia, para darle a conocer el sistema de espionaje que habían adquirido por intermediarios de la empresa israelita. Ya el peñismo compró más de ellos para ser usados por Gobernación-Cisen, la misma Defensa Nacional, la propia presidencia en las dependencias de Comunicación y la unidad de la Asesaría Jurídica de Peña, para tener monitoreados a quienes Peña y los peñistas consideran sus enemigos, la oposición, al mismo PRI, a todos los exsecretarios del despacho presidencial, a los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas y muchos otros más.

Cada uno de esos programas tiene capacidad para espiar entre 200 y 400 teléfonos celulares y por cable; computadoras, conversaciones en restaurantes y otras fuentes. Por medio del malware Pegasus, Peña, Osorio, Videgaray, Cienfuegos y ahora Nuño; el que acaba de renunciar porque se casaba: Humberto Castillejos; además de Eduardo Sánchez, Ruiz Esparza, Navarrete Prida, Murillo Káram, Raúl Cervantes de la PGR con Arely Gómez incluyendo a Rosario Robles, se dedican a espiar, no a la delincuencia organizada, sino a periodistas, activistas, dirigentes de partidos (el PRI incluido), a empresarios, a López Obrador, Ricardo Anaya, etcétera.

El tema central de esta nota es que Peña y sus peñistas se han dedicado, sobre todo, a espiar a los periodistas, en general; y en particular a Carmen Aristegui, Salvador Camacho, Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, etc. ¿Y cuántos de los 29 periodistas asesinados durante lo que va del fallido sexenio peñista fueron espiados? ¿Ordenaran por lo que sabían y fueron espiados, su homicidio? ¿Al espiarlos y enterarse de lo que periodísticamente investigaban para publicarlo y comentarlo, resolvieron que fueran asesinados? ¿A cuántos de los 15 periodistas que según la información arrojada por k fueron espiados, los iban a matar por lo que sabían?

El priísmo peñista está en la mira de las conjeturas y sospechas por tantos periodistas vilmente privados de sus vidas, debido a lo que publicaban. Obviamente Peña sabía (como en su momento lo supo Calderón) de ese sistema de espionaje y aprobó espiar a cientos de miles de mexicanos. Dictando órdenes para, en consecuencia, tomar represalias que han ido desde las amenazas, agresiones, vigilancia y homicidios, usando para tal efecto a delincuentes. Y quienes a su vez participan en esas acciones directamente, para impedir información sobre sus actividades.

Tan es Peña quien dispuso espiar entre otros muchos más, a los periodistas, que al bajar del avión que a los mexicanos costó 7 mil millones, y que lo traía de regreso tras haber participado en la Asamblea General de la OEA, en Cancún, donde fracasó en su encomienda para enjuiciar a Venezuela, lo primero que dijo a los reporteros de la fuente presidencial –por supuesto: of the record, o sea extraoficialmente–, en confianza y para no ser publicado fue: “si son tan machos (se refería a los periodistas espiados), que presenten pruebas”. Se puso altanero porque sabe que su espía Pegasus es un secreto equiparado con una “razón de Estado” que quiere decir: “todo el complejo de postulados políticos favorables al príncipe y sus secuaces, frente al orden jurídico en vigor”, como lo fundamenta Hans Kelsen en su Teoría General del Estado.

Ante esto, todos los peñistas se encubrirán. No van a descobijarse, porque todos se benefician del espionaje. Y aquí cae como anillo al dedo otra vez aquello que le gritaron a Plutarco Elías Calles: “¡Ratero!”. A lo que reviró como Peña: “¡Pruebas!”. Replicándole inmediatamente las palabras que alcanzan ya grado de máxima: “¡Te acuso de ratero, no de pendejo!”. Así acusamos a Peña de espiar… ¿pruebas? Pero que quede entendido, lo acusamos, pues, de espía.

Álvaro Cepeda Neri

Arco del Triunfo Exprés-Hernández