Eduardo R. Huchim
26 Jul. 2017
El Instituto Nacional Electoral mostró, antes y después de las elecciones del Estado de México, una conducta omisa, permisiva y genuflexa. Fue incapaz de hacer frente a la magna operación de compra y coacción del voto encabezada por el jefe del Estado mexicano, que incluyó el flujo de carretadas de dinero público a la campaña del priista Alfredo del Mazo por la gubernatura.
Tres episodios acreditan la oprobiosa conducta del INE:
A) Durante la campaña, el PRI distribuyó la tarjeta Salario Rosa que ofrecía beneficios para cuando el candidato priista fuera elegido gobernador y recababa datos de quien la recibía. El Consejo General del INE discutió el asunto (14/07/17) y, a pesar de que en la misma sesión había resuelto sancionar con severidad una práctica similar en Coahuila, en el caso mexiquense resolvió por mayoría que no había irregularidad alguna.
Los principales argumentos de los priistas y sus consejeros fueron: no hubo infracción a la ley porque la tarjeta de cartón era simple propaganda y porque la dádiva no se materializó. Soslayaron que se trató de una descarada compra y coacción del voto -asunto que compete en su rama penal a la Fepade-PGR, que no se ha pronunciado aún- y que para actualizar la violación a la ley no era necesario entregar la dádiva, pues bastaba con ofrecerla, como puede concluirse con la simple lectura del artículo 209.5 de la Legipe (énfasis mío):
"La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona".
B) El INE discutió la queja de la Iniciativa Ahora, dirigida por Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Icaza, que denunciaba "la desviación ilegal de más de 4 mil millones de pesos del gobierno federal al Estado de México y a la campaña de Del Mazo". Tras una investigación incompleta e insuficiente, el INE resolvió que no había elementos para acreditar esa desviación y se limitó a dar vista a varias autoridades. Se propuso devolver el proyecto de resolución o bien escindir una parte para concluir la investigación, pero ambas propuestas fueron rechazadas.
¿Por qué el empeño de cerrar el asunto? Porque, igual que el rebase del tope de gastos, el empleo de recursos públicos en una campaña es también causal de nulidad establecida en el Artículo 41 constitucional.
C) En el Edomex se volcaron, en apoyo al PRI, recursos muy cuantiosos, bajo el paraguas de programas sociales. Fue aquello un grotesco desfile de funcionarios federales y estatales con más vocación de mapaches que de demócratas, incluso un ex rector de la UNAM. Un dato entre muchos acredita el ilegal uso de recursos públicos: en cinco años se repartieron en esa entidad 25 mil computadoras y en sólo un año, 2017, la distribución sería de 30 mil, según dijo el gobernador Eruviel Ávila.
Aunque el INE no la quiso ver, hubo una violación flagrante y colectiva al párrafo séptimo del Artículo 134 de la Constitución (énfasis propio):
"Los servidores públicos... tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. (En todo tiempo, Tribunal Electoral, incluso durante las intercampañas).
La elección mexiquense, en la que se asignó la mayoría de votos al candidato priista Del Mazo, debe ser anulada porque albergó una operación de Estado que rompió la equidad en mil pedazos y ocasionó que los topes de gastos de campaña fueran superados con largueza.
El hecho de que el INE no haya determinado los elementos para esa nulidad -¿no pudo, no quiso?- es una omisión oprobiosa del actual Consejo General y muestra la exitosa operación del bloque de consejeros al servicio del PRI.
Hay que excluir del oprobio a la valerosa Pamela San Martín, cuyas batallas en el Consejo General, frecuentemente en solitario, son un oasis en el desierto donde prevalece la arrogante pusilanimidad que intenta vestir con retórica la contundente desnudez de los actos y las omisiones.
@EduardoRHuchim
Tres episodios acreditan la oprobiosa conducta del INE:
A) Durante la campaña, el PRI distribuyó la tarjeta Salario Rosa que ofrecía beneficios para cuando el candidato priista fuera elegido gobernador y recababa datos de quien la recibía. El Consejo General del INE discutió el asunto (14/07/17) y, a pesar de que en la misma sesión había resuelto sancionar con severidad una práctica similar en Coahuila, en el caso mexiquense resolvió por mayoría que no había irregularidad alguna.
Los principales argumentos de los priistas y sus consejeros fueron: no hubo infracción a la ley porque la tarjeta de cartón era simple propaganda y porque la dádiva no se materializó. Soslayaron que se trató de una descarada compra y coacción del voto -asunto que compete en su rama penal a la Fepade-PGR, que no se ha pronunciado aún- y que para actualizar la violación a la ley no era necesario entregar la dádiva, pues bastaba con ofrecerla, como puede concluirse con la simple lectura del artículo 209.5 de la Legipe (énfasis mío):
"La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona".
B) El INE discutió la queja de la Iniciativa Ahora, dirigida por Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Icaza, que denunciaba "la desviación ilegal de más de 4 mil millones de pesos del gobierno federal al Estado de México y a la campaña de Del Mazo". Tras una investigación incompleta e insuficiente, el INE resolvió que no había elementos para acreditar esa desviación y se limitó a dar vista a varias autoridades. Se propuso devolver el proyecto de resolución o bien escindir una parte para concluir la investigación, pero ambas propuestas fueron rechazadas.
¿Por qué el empeño de cerrar el asunto? Porque, igual que el rebase del tope de gastos, el empleo de recursos públicos en una campaña es también causal de nulidad establecida en el Artículo 41 constitucional.
C) En el Edomex se volcaron, en apoyo al PRI, recursos muy cuantiosos, bajo el paraguas de programas sociales. Fue aquello un grotesco desfile de funcionarios federales y estatales con más vocación de mapaches que de demócratas, incluso un ex rector de la UNAM. Un dato entre muchos acredita el ilegal uso de recursos públicos: en cinco años se repartieron en esa entidad 25 mil computadoras y en sólo un año, 2017, la distribución sería de 30 mil, según dijo el gobernador Eruviel Ávila.
Aunque el INE no la quiso ver, hubo una violación flagrante y colectiva al párrafo séptimo del Artículo 134 de la Constitución (énfasis propio):
"Los servidores públicos... tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. (En todo tiempo, Tribunal Electoral, incluso durante las intercampañas).
La elección mexiquense, en la que se asignó la mayoría de votos al candidato priista Del Mazo, debe ser anulada porque albergó una operación de Estado que rompió la equidad en mil pedazos y ocasionó que los topes de gastos de campaña fueran superados con largueza.
El hecho de que el INE no haya determinado los elementos para esa nulidad -¿no pudo, no quiso?- es una omisión oprobiosa del actual Consejo General y muestra la exitosa operación del bloque de consejeros al servicio del PRI.
Hay que excluir del oprobio a la valerosa Pamela San Martín, cuyas batallas en el Consejo General, frecuentemente en solitario, son un oasis en el desierto donde prevalece la arrogante pusilanimidad que intenta vestir con retórica la contundente desnudez de los actos y las omisiones.
@EduardoRHuchim
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