¿GUERRA DE LOS PASTELES?

Próxima reforma laboral-Helguera

Patriotismo puro-Fisgón

Sarkozy, Calderón de la Parca y la impunidad

La visita de Sarkozy...

Desfiladero

Jaime Avilés
Hoy, poco antes de medianoche, la Tierra terminará de dar su quinta vuelta completa alrededor del Sol, desde que el 19 de febrero de 2006 una injustificable acumulación de gas metano provocó una explosión en la mina Pasta de Conchos a 150 metros bajo tierra. El estallido elevó la temperatura a más de 600 grados centígrados, y el flamazo recorrió los túneles hasta salir por la boca del tiro como un eructo.

Víctimas del desastre, 65 trabajadores murieron en ese momento. Televisa convirtió la tragedia en un espectáculo. Uno de sus levantacejas estelares transmitió día a día, desde el lugar de los hechos, exhortando al pueblo a orar para que los mineros regresaran a sus casas. La teledictadura, que aprovechó el alto rating del tema para ganar millones de pesos, sabía de sobra que no había sobrevivientes. Es imposible respirar un aire tan envenenado.

Humberto Moreira, como gobernador de Coahuila y pensando en su salto a las ligas mayores (hoy es presidente electo del PRI), no dejó de aparecer a cuadro, al tiempo que atendía a cuerpo de rey a sus populares anfitriones. Vicente Fox y su secretario del Trabajo, el yunquista Francisco Javier Salazar, desataron una cacería contra el líder charro del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, para desviar la atención del público.

De este modo, al igual que Moreira y Televisa, protegieron al dueño de Pasta de Conchos, el magnate Germán Larrea, que debió ser detenido y juzgado por negligencia criminal, ya que el gas metano se acumuló dentro del tiro porque estaba descompuesto el sistema de ventilación. Además, sus capataces obligaron a los barreteros a bajar a la mina, pese a que desde varios días atrás éstos reiteraban que la situación era cada vez más peligrosa.

A la fecha, los restos de 63 de aquellos mineros asesinados permanecen bajo los escombros de Pasta de Conchos. Los culpables de su muerte siguen impunes. Germán Larrea ayudó a Fox en el fraude electoral de 2006 a cambio de impunidad absoluta. Felipe Calderón de la Parca se la ratificó en cuanto se sentó en los pináculos. Ahora, Larrea posee también la cadena exhibidora Cinemex, empresa que vende los hotdogs más caros y más malos del mundo.

El trato que Fox le dio a Larrea creó un modelo, que Calderón aplica desde que vive en Los Pinos. A cambio de impunidad, obtuvo el apoyo de Mario Marín y Ulises Ruiz, y de todos los políticos y empresarios involucrados en negocios turbios, incluido el del narcotráfico. Los efectos de esta manera de no gobernar sólo se hicieron visibles cuando ocurrieron hechos tan espantosos como los incendios, ocasionados también por negligencia criminal, en la guardería ABC de Hermosillo y en la tienda Coppel de Culiacán. O con los secuestros y asesinatos masivos de migrantes.

La impunidad ilimitada concedida tan alegremente por Calderón a sus parientes, amigos y socios, destruyó el estado de derecho en la mayor parte del país. Y la patente de corso –el permiso que los reyes de Francia e Inglaterra concedían a sus piratas para que saquearan los barcos de otras naciones– fue extendida, por igual, a las fuerzas armadas, que en regiones dominadas totalmente por el narcotráfico –norte de Chihuahua y sur de Tamaulipas, por poner sólo dos ejemplos– roban, matan, secuestran, torturan, extorsionan y desaparecen personas, y al mismo tiempo transportan y venden droga como cualquier banda criminal, de acuerdo con abundantes y abrumadores testimonios cotidianos.

En los cables de Wikileaks, acertadamente entregados a La Jornada por el colega Julian Assange, los diplomáticos estadunidenses describen como “incapacidad del Ejército para enfrentar al crimen organizado” la alianza, implícita y explícita, entre cárteles, policías y militares. Pero el caos calderónico ha desbordado ya los esquemas intervencionistas que diseñó Bush y heredó la pareja presidencial de Estados Unidos –Hillary Clinton y Janet Napolitano–, para mantener a la olinarquía mexicana en el poder e impedir que nuestro país emprenda, con Andrés Manuel López Obrador, un camino alternativo como el de Lula en Brasil y el de Evo en Bolivia.
El aparente montaje –¿a cargo de la CIA?– en que dos agentes de la Migraña del Tío Sam fueron atacados en una carretera potosina, será aprovechado por Washington, dicen los que saben, para que México permita que los policías del vecino país circulen armados dentro del nuestro, lo que marcaría el inicio de una invasión militar que parece ya inevitable. Muy atento al desarrollo de este conflicto, el presidente de Francia supone que debe abusar de la creciente y notoria debilidad física, política y moral de Calderón para cobrarle una vieja deuda. Si el hombrecito michoacano ha pagado con la moneda de la impunidad a todos los que lo ayudaron a hacerse pasar por jefe del Estado mexicano, ¿por qué se la niega únicamente a él, nada menos que a él, el marido de Carla Bruni, la ex amante de Mick Jagger, en favor de Florence Cassez?

Transcribo, al respecto, fragmentos de una carta que el famoso crítico teatral del periódico Libération, René Solis, me envió ayer desde Francia. Sarkozy, dice, “es definitivamente un genio dioplomático. Su manejo del caso Cassez es una obra maestra. Tras cuatro años de prepotencia, grosería e ineficiencia a diario todavía logra sorprendernos. Es fascinante ver cómo la cosa se ha estado calentando de ambos lados, con los mismos mecanismos que llevan a la guerra”.

Y sigue: “apostarle todo a la inocencia de Cassez ha sido una tontería mayor de las autoridades francesas (pero) lo que no se entiende desde aquí son los 60 años de cárcel. Parece pesadilla gringa. En Europa hasta los asesinos violadores salen después de 25 años. Y además, aquí, para complicidad por rapto la pena máxima sería de 12 a 15 años de cárcel (entre seis y ocho efectivos). Eso sí, mejor 10 años en Santa Martha Acatitla que cinco en una cárcel de Francia”.

GDF: ¿reabrirán gasolineras clausuradas?

El sábado pasado, Desfiladero planteó un acertijo, al comentar que los nuevos dueños de Mexicana de Aviación podrían ser dos políticos panistas que usan lentes pero sólo uno se deja crecer el bigote. A primera hora de la mañana de ese día, el profesor Benjamín Cortés Valadez envió una décima para proponer una respuesta al misterio que permanece en la oscuridad: “No es posible ni dudar/ secretario, sin bigote/ Lozano, de SME el azote/ y el que tiene Molinar/ a más de bigote un par/ de buenos antecedentes/ asesino de inocentes/ y Licitación Veintiuno:/ como ellos dos, ninguno/ son los dueños convenientes”.

Pero volviendo al tema de la impunidad calderónica, clave de la destrucción del país, los vecinos de Tlalpan que exigen la demolición de una gasolinera en Insurgentes Sur, piden a Marcelo Ebrad que ratifique en su cargo a Diana Ponce, procuradora del Medio Ambiente en el GDF, que durante su gestión ordenó la clausura de 12 negocios del mismo ramo, construidos con licencias otorgadas ilegalmente por Alejandro Nyssen Ocaranza, ex director de Regulación Ambiental, despedido por corrupto.

En la terna que Ebrard presentó a la Asamblea Legislativa para sustituir a la honrada y trabajadora Diana Ponce, figuran Elena Guzmán González, incondicional de Martha Delgado, secretaria del Medio Ambiente y muy cercana a Nyssen Ocaranza; Juan Pedro Machado Arias, abogado defensor de gasolineros, que reabriría todas las estaciones de servicio clausuradas, por chuecas que estén, y el panista y yunquista Miguel Ángel Cancino.

Mañana llega Eduardo Galeano a México. Y pasado mañana regresa Carmen Aristegui. ¡Bienvenidos sean!

jamastu@gmail.com

Irregulares y sin transparencia, gastos de la Cámara, reporta ASF

El ente fiscal exhorta a los diputados a devolver recursos de 2009 a la Tesorería de la Federación

Durante la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso General, el 1º de febrero pasadoFoto Marco Peláez

Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 7

Los grupos que integran la Cámara de Diputados incurrieron en notables irregularidades y en opacidad financiera durante 2009 al no comprobar el gasto y destino de 448 millones de pesos. A ello se suman 105 millones de pesos que la secretaría general ahorró para transferirlos también a los partidos que integran el Poder Legislativo en San Lázaro, cuyo destino también se desconoce.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, revisó el destino de 2 mil 820 millones de pesos (de un total de 5 mil 377 millones) y concluyó que la norma administrativa de la Cámara de Diputados contempla “excepciones, lo cual ocasiona discrecionalidad en su aplicación” y el ente legislativo no aporta documentación sobre los recursos que son destinados a los grupos parlamentarios.
El elevado monto de recursos que los diputados se reparten, en este caso 553 millones de pesos, sin que se requiera comprobación, contrasta con el raquítico salario que perciben más de 400 trabajadores de limpieza en el Palacio Legislativo de San Lázaro: 2 mil 400 pesos mensuales. Pese a que estos empleados son subcontratados por una empresa externa, que no les paga en los días señalados en su contrato, los diputados requieren puntualmente de su dieta y de las asignaciones que les corresponden de acuerdo con el número que integran cada uno de los grupos.
Hace dos años la secretaría general –a cargo de Guillermo Haro Bélchez– ahorró por concepto de economías 105 millones 527 mil pesos a raíz de una ampliación presupuestal que los diputados se autorizaron, monto que fue asignado posteriormente “para cubrir gastos” en los grupos parlamentarios.
Tal hecho fue reprobado por el órgano fiscalizador –que depende de la Cámara de Diputados–, que llamó a los legisladores a garantizar que los ingresos no presupuestales que no se utilicen para cubrir compromisos del ejercicio fiscal se reintegren a la Tesorería de la Federación.
La opacidad que evidencia la ASF en la Cámara beneficia fundamentalmente a los grupos parlamentarios. Cada uno de los coordinadores recibe una asignación extra de dinero de acuerdo con el número de integrantes de su bancada. Los montos, que se desconocen porque así lo han determinado los mismos diputados, son susceptibles de no comprobarse ante la autoridad hacendaria. Y así, en consecuencia, las anomalías administrativas por la escasa transparencia con que se manejan los dineros se multiplican. Por ejemplo, en aquel año el comité de administración (integrado por diputados) aprobó un acuerdo para que la secretaría general otorgara anticipos de sueldos tabulares hasta por un mes para los trabajadores de confianza, excluyendo a los de honorarios y sindicalizados.

Tal decisión fue contraria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, donde se asienta que sólo se podrán hacer retenciones, descuentos o deducciones del salario de los trabajadores cuando se trate de deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos, pagos hechos en exceso, errores o pérdidas.
Los diputados, a decir de la ASF, dan muestra de interés por recuperar cuanto recurso les pueda beneficiar a sus bolsillos. De la partida Productos Alimenticios, cuyo presupuesto ejercido fue de 92 millones 458 mil pesos durante 2009, los grupos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza solicitaron a la secretaría general rembolsos por 12 millones 136 mil pesos.
En la partida Asignaciones a los Grupos Parlamentarios el ente fiscalizador revisó un total de 505 millones 615 mil pesos. Esos recursos se destinan a los grupos parlamentarios para que alivien sus gastos y requerimientos particulares. Del global analizado 448 millones 684 mil pesos no fueron comprobados fiscalmente, y las fracciones parlamentarias sólo emitieron recibos a la administración camaral.
Sobre el particular, la ASF demanda a la Cámara de Diputados acciones que permitan tener acceso a la documentación que respalda la aplicación de estos recursos con objeto de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de esos recursos.

Se agudiza desabasto de medicinas en el ISSSTE

Autoridades han ofrecido que se normalizará la entrega para finales de febrero

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 38
El desabasto de medicinas en clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) persiste, a pesar de que las autoridades insisten en que se ha logrado garantizar el surtimiento de recetas de los pacientes, mediante las “vías alternas” como los vales que se intercambian en la red de farmacias Superissste o en los establecimientos privados con los cuales existe un convenio para este fin.

Sin embargo, la realidad es que las carencias son de tal magnitud que hasta los vales han resultado insuficientes, y desde hace más de una semana, en varias unidades médicas ya no es posible obtenerlos.

Funcionarios del instituto reconocieron que aunque no existen limitaciones para el uso de los cupones del programa Medicamento Exprés (Mediexpres), es un hecho que a causa del desabasto también se han reportado carencias en este rubro.

En condiciones normales, los vales han representado hasta 5 por ciento del volumen de recetas surtidas, explicó en días pasados el director del ISSSTE, Jesús Villalobos López. Aunque aseguró que el organismo goza de una situación financiera “como nunca antes”, lo cierto es que ya se ha vuelto común que al final de cada año y el inicio del siguiente se presentan las carencias de medicinas.

Algunos trabajadores comentaron que en 2010 también existió el problema y se resolvió hasta el mes de marzo. Ahora, las autoridades han ofrecido que a finales de febrero se regularizará el surtimiento y que desde la semana pasada iniciaron las entregas de los proveedores a los almacenes del instituto.
Lo que no se entiende, señalaron los empleados consultados, es por qué las autoridades no han tomado las medidas necesarias para evitar el desabasto.

Hasta ayer, seguía habiendo faltantes de medicinas. “Un día llegan unas cuantas cajas y para la tarde ya no hay; al otro día se repite el fenómeno con otra clave y luego con otra”. El problema es que a los enfermos no se les puede dejar sin el tratamiento, sobre todo si están hospitalizados, indicaron.

El desabasto en el ISSSTE empezó a observarse en diciembre pasado y se agudizó en enero en alrededor de 200 claves, que según las autoridades son las de mayor uso. Han explicado que por falta de disponibilidad económica se retrasaron las licitaciones y, por tanto, la firma de contratos y entrega de los insumos.

Villalobos López aseguró la semana pasada que dichos trámites ya estaban finalizando y que la entrega de medicinas ya se realizaba en esos días. También comentó que otra de las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en el uso del dinero disponible, en clínicas y hospitales, es “racionalizar la dispensación de medicamentos y las adquisiciones”.

Ayer, el día más violento en esta administración: 79 asesinados

Los estados, responsables de indagar los crímenes: PGR
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 10
En el día más violento en lo que va del año y del sexenio, con 79 homicidios presuntamente vinculados al crimen organizado, ayer el gobierno federal se deslindó de la responsabilidad de las investigaciones y señaló que los delitos de ese tipo son competencia de las procuradurías locales.

En promedio, 31 personas han sido ejecutadas cada 24 horas durante los primeros 18 días del mes, y ya suman 566 las víctimas, de acuerdo con el conteo de La Jornada.

De continuar esa tendencia, se superarán los 655 casos que contabilizó el gobierno federal en febrero de 2008 y los 852 de 2010, según las estadísticas de la llamada Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada.

Lamenta pérdida de vidas

Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó la postura de las autoridades federales. Este es el texto íntegro:

“El gobierno federal reconoce y lamenta la pérdida de vidas de miles de mexicanos en los últimos años, como consecuencia de la violencia generada por los criminales. Sin embargo, hay que resaltar que los homicidios son un delito del fuero común y que corresponde a las procuradurías de los estados el esclarecimiento de dichas muertes.
“Como un compromiso adquirido por esta institución ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República ha puesto su mayor esfuerzo para coadyuvar con los ministerios públicos del fuero común en las investigaciones, no sólo policiacas, sino con la intervención de peritos y laboratorios equipados con tecnología de punta en la Dirección General de Servicios Periciales para que las procuradurías y fiscalías de los estados puedan lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos y así hacer justicia en cada uno de estos casos.

“El gobierno federal combate con determinación a la delincuencia en todo el territorio nacional con el objetivo de respaldar a las autoridades locales y proteger a la ciudadanía, así como desarticular las estructuras logísticas, operativas y financieras de las bandas criminales.

“El gobierno federal refrenda su disposición para ayudar a las autoridades estatales en esta labor indispensable, a fin de lograr la seguridad auténtica y permanente que corresponde constitucionalmente a un estado de derecho”, concluye el comunicado.