Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 10
En el día más violento en lo que va del año y del sexenio, con 79 homicidios presuntamente vinculados al crimen organizado, ayer el gobierno federal se deslindó de la responsabilidad de las investigaciones y señaló que los delitos de ese tipo son competencia de las procuradurías locales.
En promedio, 31 personas han sido ejecutadas cada 24 horas durante los primeros 18 días del mes, y ya suman 566 las víctimas, de acuerdo con el conteo de La Jornada.
De continuar esa tendencia, se superarán los 655 casos que contabilizó el gobierno federal en febrero de 2008 y los 852 de 2010, según las estadísticas de la llamada Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada.
Lamenta pérdida de vidas
Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó la postura de las autoridades federales. Este es el texto íntegro:
“El gobierno federal reconoce y lamenta la pérdida de vidas de miles de mexicanos en los últimos años, como consecuencia de la violencia generada por los criminales. Sin embargo, hay que resaltar que los homicidios son un delito del fuero común y que corresponde a las procuradurías de los estados el esclarecimiento de dichas muertes.
“Como un compromiso adquirido por esta institución ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República ha puesto su mayor esfuerzo para coadyuvar con los ministerios públicos del fuero común en las investigaciones, no sólo policiacas, sino con la intervención de peritos y laboratorios equipados con tecnología de punta en la Dirección General de Servicios Periciales para que las procuradurías y fiscalías de los estados puedan lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos y así hacer justicia en cada uno de estos casos.
“El gobierno federal combate con determinación a la delincuencia en todo el territorio nacional con el objetivo de respaldar a las autoridades locales y proteger a la ciudadanía, así como desarticular las estructuras logísticas, operativas y financieras de las bandas criminales.
“El gobierno federal refrenda su disposición para ayudar a las autoridades estatales en esta labor indispensable, a fin de lograr la seguridad auténtica y permanente que corresponde constitucionalmente a un estado de derecho”, concluye el comunicado.
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