Diputados modifican Ley de refugiados de Calderón por recomendación de la ACNUR; enmiendan errores graves

En enero de 2011, el ex Presidente Felipe Calderón promulgó la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Foto: Cuartoscuro 

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le enmienda la plana al Congreso de la Unión y al gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, para corregir graves errores que se plasmaron en la reforma constitucional en derechos humanos, en materia de refugiados y asilo político. Gracias a una serie de observaciones realizadas por integrantes de la ACNUR, la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta aprobó un dictamen, que presentará esta semana al Pleno, para reformar la actual Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, para convertirla en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

Y es que en el 2011, la Cámara de Diputados modificó el artículo 11 constitucional en la reforma antes referida, con lo cual desvirtuó el sentido que debería expresar el texto, para establecer el derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir asilo en caso de persecución. La redacción de la Carta Magna quedó así: “En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.” Así, los diputados trastocaron lo expresado en tratados internacionales y dieron a entender que “recibir refugio” es una gracia concedida por motivos humanitarios; y que el asilo diplomático es una obligación, exigible a México por cualquier persona. Además, mandataba la creación de un reglamento para regular esta materia. Para cumplir esta última encomienda, el ex Presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de “Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo” que contenía confusiones terminológicas, desde su propio nombre. Integrantes de la ACNUR alertaron sobre las posibles confusiones que se derivarían de aprobarse esta propuesta. Por ejemplo, no debería usarse la palabra “refugio”, sino “refugiados”, y debía distinguir el asilo “territorial”, del asilo “diplomático” o “por motivos políticos”. 

Tras las observaciones, los legisladores modificaron el texto para quedar de la siguiente manera: Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La reforma no modificó el espíritu de la Ley, a fin de que el Estado mexicano garantice que ningún extranjero que solicite protección por motivos de persecución, podrá ser rechazado en puntos de ingreso al territorio nacional ni devuelto a algún país donde peligre su vida o su integridad. Pero los errores evidenciados van más allá de simples cambios en la redacción. En la iniciativa enviada por Calderón se integró el concepto de “renuncia de la condición de refugiado”. Pretendía evitar el mal uso de la condición de refugiado por parte de extranjeros que pretendan llegar a otros países o que sean buscados en sus países de origen por cometer delitos. Esta redacción también fue cuestionada por integrantes de la ACNUR, que alertó que no existe la figura de renuncia a la condición de refugiado, en los convenios internacionales, Por lo que propusieron que se quitara de la redacción. Para salvar la situación, la Comisión de Gobernación agregó el artículo 35 Bis, donde se establece: “La Secretaría de Relaciones Exteriores procederá a la suspensión de refugiado, misma que podrá ser reactivado mediante solicitud y su evaluación en un eventual retorno”.  

OTRAS BONDADES DE LA REFORMA PARA REFUGIADOS Y ASILADOS 

Según datos de la ACNUR, al momento hay aproximadamente dos mil personas en calidad de refugiados reconocidos en México, la mayoría de ellos provienen de naciones centroamericanas, como Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, también hay personas que buscan protección en nuestro país, porque su vida peligra en lugares tan distantes como lo es la República Democrática del Congo. Para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los refugiados y asilados, las observaciones de la ACNUR permitieron eliminar cierta discrecionalidad por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la hora de determinar a qué personas concederá la condición de refugiado. 

Además, establece que en caso de que la cancillería no conceda la condición de refugiado, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los siguientes 15 días hábiles, así como interponer los medios de defensa que estime pertinentes, de conformidad con las disposiciones aplicables. Y mandata a la Secretaría de Relaciones Exteriores a coordinarse con autoridades estatales, para adoptar las medidas a su alcance a fin de que los asilados no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra. Plantea, además, que la información aportada por los solicitantes de asilo será tratada con la más estricta confidencialidad, como lo establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y establece que la Secretarían de Relaciones y Exteriores podrá extender la protección a al cónyuge, concubinario, concubina, y a los hijos que dependan económicamente del asilado.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/16-04-2013/590700. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

Presidente y gabinete deberán publicar declaraciones patrimoniales: diputados

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano lograron que el tema se debatiera en la tribuna, donde priístas y panistas se acusaron mutuamente de corrupción.

Enrique Méndez y Roberto Garduño
Publicado: 19/03/2013 17:36

México, DF. El Pleno de la Cámara de Diputados -con el voto en contra de PRI y PVEM- aprobó una solicitud para que el presidente de la República y los integrantes de su gabinete, “cumplan cabalmente con su compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales” al considerar que la información presentada el 16 de enero es parcial y se ocultaron datos fundamentales del patrimonio del Ejecutivo y sus colaboradores.

En una votación dividida, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano lograron que el tema se debatiera en la tribuna, donde priístas y panistas se acusaron mutuamente de corrupción.

El priísta Octavio Salgado atribuyó la solicitud presentada por el PAN a un intento por “encontrar resquicios de vulnerabilidad en el liderazgo” de Peña Nieto, y consideró que deben investigarse “a los que se enriquecieron por la expedición de permisos de casinos y la construcción de la Estela de Luz”.

El panista Juan Francisco Cáceres aseguró que le enviarían al mandatario un formato para que informe con precisión cuáles son sus bienes y entregue “una declaración como Dios manda”

Irregulares y sin transparencia, gastos de la Cámara, reporta ASF

El ente fiscal exhorta a los diputados a devolver recursos de 2009 a la Tesorería de la Federación

Durante la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso General, el 1º de febrero pasadoFoto Marco Peláez

Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 7

Los grupos que integran la Cámara de Diputados incurrieron en notables irregularidades y en opacidad financiera durante 2009 al no comprobar el gasto y destino de 448 millones de pesos. A ello se suman 105 millones de pesos que la secretaría general ahorró para transferirlos también a los partidos que integran el Poder Legislativo en San Lázaro, cuyo destino también se desconoce.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, revisó el destino de 2 mil 820 millones de pesos (de un total de 5 mil 377 millones) y concluyó que la norma administrativa de la Cámara de Diputados contempla “excepciones, lo cual ocasiona discrecionalidad en su aplicación” y el ente legislativo no aporta documentación sobre los recursos que son destinados a los grupos parlamentarios.
El elevado monto de recursos que los diputados se reparten, en este caso 553 millones de pesos, sin que se requiera comprobación, contrasta con el raquítico salario que perciben más de 400 trabajadores de limpieza en el Palacio Legislativo de San Lázaro: 2 mil 400 pesos mensuales. Pese a que estos empleados son subcontratados por una empresa externa, que no les paga en los días señalados en su contrato, los diputados requieren puntualmente de su dieta y de las asignaciones que les corresponden de acuerdo con el número que integran cada uno de los grupos.
Hace dos años la secretaría general –a cargo de Guillermo Haro Bélchez– ahorró por concepto de economías 105 millones 527 mil pesos a raíz de una ampliación presupuestal que los diputados se autorizaron, monto que fue asignado posteriormente “para cubrir gastos” en los grupos parlamentarios.
Tal hecho fue reprobado por el órgano fiscalizador –que depende de la Cámara de Diputados–, que llamó a los legisladores a garantizar que los ingresos no presupuestales que no se utilicen para cubrir compromisos del ejercicio fiscal se reintegren a la Tesorería de la Federación.
La opacidad que evidencia la ASF en la Cámara beneficia fundamentalmente a los grupos parlamentarios. Cada uno de los coordinadores recibe una asignación extra de dinero de acuerdo con el número de integrantes de su bancada. Los montos, que se desconocen porque así lo han determinado los mismos diputados, son susceptibles de no comprobarse ante la autoridad hacendaria. Y así, en consecuencia, las anomalías administrativas por la escasa transparencia con que se manejan los dineros se multiplican. Por ejemplo, en aquel año el comité de administración (integrado por diputados) aprobó un acuerdo para que la secretaría general otorgara anticipos de sueldos tabulares hasta por un mes para los trabajadores de confianza, excluyendo a los de honorarios y sindicalizados.

Tal decisión fue contraria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, donde se asienta que sólo se podrán hacer retenciones, descuentos o deducciones del salario de los trabajadores cuando se trate de deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos, pagos hechos en exceso, errores o pérdidas.
Los diputados, a decir de la ASF, dan muestra de interés por recuperar cuanto recurso les pueda beneficiar a sus bolsillos. De la partida Productos Alimenticios, cuyo presupuesto ejercido fue de 92 millones 458 mil pesos durante 2009, los grupos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza solicitaron a la secretaría general rembolsos por 12 millones 136 mil pesos.
En la partida Asignaciones a los Grupos Parlamentarios el ente fiscalizador revisó un total de 505 millones 615 mil pesos. Esos recursos se destinan a los grupos parlamentarios para que alivien sus gastos y requerimientos particulares. Del global analizado 448 millones 684 mil pesos no fueron comprobados fiscalmente, y las fracciones parlamentarias sólo emitieron recibos a la administración camaral.
Sobre el particular, la ASF demanda a la Cámara de Diputados acciones que permitan tener acceso a la documentación que respalda la aplicación de estos recursos con objeto de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de esos recursos.

Impulsa el PRI un Congreso virtual

Claudia Salazar
Agencia Reforma

Distrito Federal— La bancada del PRI en la Cámara baja impulsa la instalación de un “Congreso virtual” en el que los legisladores puedan votar a distancia desde sus Blackberry o iPhone y tener pantallas digitales tipo Ipad en cada curul y hasta un Twitter interno.

En un proyecto de reforma legal, argumentan que se puede utilizar la más moderna tecnología para facilitar el trabajo legislativo y mantener contacto directo con los ciudadanos.

Ello, a través de un sistema de asistencia y votación digital que se prevé adquirir en los próximos meses.

El jueves pasado, la Junta de Coordinación Política autorizó un proyecto de Presupuesto de Egresos que considera la inversión de 120 millones de pesos para el nuevo sistema, en sustitución de uno electrónico que el 1 de septiembre cumplirá 12 años.

A través de reformas a la Ley Orgánica del Congreso se constituiría un moderno sistema llamado E-Congreso.

La instalación del “Congreso virtual”, que se equipararía al utilizado en Reino Unido, requiere de cuantiosos recursos debido a la magnitud del equipo a instalar.

Como mínimo, se enlistó el equipo necesario: dos pantallas gigantes de alrededor de 200 pulgadas cada una para la presentación de videos y documentos en el pleno; equipos de proyección de datos, audio y video en salón de sesiones y salas más pequeñas; 500 monitores touch-screen (tipo iPad) de 17 pulgadas para cada diputado, y puertos USB y de audio y video.

También 10 monitores touch screen de 17 pulgadas para la Mesa Directiva, conectados al tablero de votación electrónica y a la red de cómputo del pleno; un monitor del mismo tipo de 21 pulgadas para el podium de la Mesa Directiva y control inalámbrico para la manipulación de las presentaciones que se proyectarán en las pantallas gigantes, y equipos para videoconferencias.

Según la iniciativa, presentada en mayo pasado por el diputado Roberto Albores Gleason, la modernización tecnológica de la Cámara podría resultar más efectiva que las propuestas de reforma política sobre la reelección legislativa, iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes o reforma del Congreso, con el fin de alcanzar una democracia más efectiva.

Los diputados podrán subir iniciativas que se turnarán a comisiones desde el sistema electrónico, emitir opiniones, calificar las propuestas y “pre votar”, aunque se mantendría la obligación del voto “presencial”, dice la iniciativa.

“Las modernas e innovadoras tecnologías de información, propias de un congreso digital, como el internet, las videoconferencias, el chat, las redes virtuales, son una gran herramienta para fortalecer y potenciar cada uno de los fundamentos de una democracia efectiva”, destaca.

Aprueba la Cámara aumento de $690.6 millones en su gasto para el próximo año

$120 millones, para cambiar tablero de votación, y 25 millones para autos

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 16

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de gasto para el próximo año, que implica un incremento de 690.6 millones de pesos, de los cuales 120 millones se destinarán a cambiar el tablero de votación y 25 millones a la compra de 100 automóviles –250 mil por cada uno– para presidentes de comisiones; inclusive, PRI y PAN sostuvieron que con el aumento se quiere dotar a cada uno de los 500 legisladores de iPad en sus curules.

El documento votado señala que no se considera aumento para las dietas de los diputados ni a los salarios de los mandos medios y superiores, pero el capítulo 1000 –de servicios personales– contempla un ajuste de 221.5 millones de pesos, 9.55 por ciento más.

Ese presupuesto rompe con el acuerdo de austeridad que la propia Cámara asumió para su gasto de este año, cuando se propuso ahorrar 400 millones de pesos. Para 2010 se autorizó 4 mil 753 millones 516 mil pesos, pero para el próximo año quiere ejercer 5 mil 444 millones 124 mil, 14.53 por ciento más, cuando la inflación se calcula en 4.08 por ciento.

Así, sólo en los dos primeros años de la 61 Legislatura el costo total de la Cámara será de 10 mil 197 millones 640 mil pesos.

A pesar del voto en contra del vicecoordinador del PT, Enrique Ibarra Pedroza, sus homólogos de PRI y PAN, Jorge Carlos Ramírez Marín y Alberto Becerra Pocoroba, respectivamente, y los coordinadores de Convergencia, Pedro Jiménez León, y del PVEM, Juan José Guerra Abud, votaron el incremento. El coordinador del PRD, Alejandro Encinas, se abstuvo.

Es increíble que en un país en crisis, la Cámara, que aprueba el presupuesto del Ejecutivo, se despache con la cuchara grande. ¿Con qué cara vamos a pedir a las dependencias del Ejecutivo, a los estados y a los entes autónomos que se aprieten el cinturón y se ciñan a un gasto racional?, cuestionó Ibarra Pedroza en entrevista.

El documento, presentado por el presidente del Comité de Administración, Heliodoro Díaz (PRI), incluye un listado de necesidades prioritarias, como la compra de los autos, el cambio del sistema electrónico de votación y la ampliación de la red inalámbrica de Internet para asegurar las conexiones de los 500 diputados dentro del salón.

El proyecto denominado Sistema parlamentario de asistencia, votación y audio digital (SPAAVA) costará –sólo en la parte de informática– 85 millones de pesos, y la obra civil 35 millones, además del valor de las licencias y servicios respectivos.

La Cámara argumenta que el tablero de votación “fue instalado desde 1998 y ha rebasado su vida útil, estipulada de 10 años. Conforme el tiempo transcurre –señala–, se expone a mayor frecuencia de fallas técnicas en sus componentes y, eventualmente, al posible colapso de todo el sistema”.

Como parte de las prioridades definidas en San Lázaro está la compra de 100 automóviles nuevos, para entregarlos a presidentes de comisiones, pero especialmente a los de las 39 comisiones especiales creadas en esta legislatura, cuya operación costará 206 millones de pesos en tres años.

En los tres años de la 60 Legislatura la Cámara de Diputados gastará en ellas $206 millones...Comisiones especiales absorben un gasto millonario...

Comisiones especiales absorben un gasto millonario y no dan resultados...
Suman 39 y se han abocado a casos como corrupción en Conasupo, Pemex, Bribiesca y otros...

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Lunes 16 de agosto de 2010, p. 5

La Cámara de Diputados gastará en los tres años de la actual legislatura 206 millones de pesos para mantener la estructura burocrática de las comisiones especiales, que suman ya 39, número no visto antes y que está por igualar al de las 44 ordinarias que sí tienen atribuciones para dictaminar iniciativas.

La Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso definen que las cámaras de Diputados y de Senadores podrán contar con comisiones especiales para atender asuntos específicos y urgentes, pero no les concede ninguna facultad y su única obligación es de presentar un informe al ser declaradas extintas.

Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría absoluta en la integración de la 57 Legislatura, la Cámara de Diputados ha constituido 82 comisiones especiales –de las cuales 60 se integraron en la anterior legislatura y la actual– y nueve comisiones de investigación.

Y aunque han dado seguimiento a casos delicados, como la corrupción en Conasupo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; el rescate bancario y los feminicidios en Ciudad Juárez, en el gobierno de Ernesto Zedillo; la muerte de mineros en Pasta de Conchos, las asignaciones irregulares de cartera vencida a los hijos de Marta Sahagún y el probable enriquecimiento ilícito de Vicente Fox en el mandato de éste, sus informes no tuvieron ningún efecto práctico.

Las conclusiones, con pruebas de presuntos ilícitos, fueron entregadas a las respectivas presidencias de las mesas directivas de la cámara que, a su vez, de acuerdo con la ley orgánica, las turnaron a la Presidencia de la República para que desde Los Pinos se iniciara un proceso para sancionar los excesos. Todas están en el archivo.

Por ejemplo, en la 57 Legislatura la comisión que investigó los desfalcos en Conasupo concluyó que el presidente Salinas conoció de las ilegalidades que se tradujeron en un daño patrimonial de un billón 631 mil 252 millones de viejos pesos, esto es, mil 631 millones de pesos a valor de 1999.

Al presentar sus conclusiones, el presidente de la comisión, el perredista Miguel Alonso Raya, advirtió que si Zedillo no actuaba contra su antecesor se convertiría en cómplice. Once años después, en entrevista, Alonso Raya sostuvo que Zedillo congeló el expediente.

–¿Se convirtió entonces en cómplice?

–Sí.

La Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias inició este año un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Congreso para reglamentar las comisiones especiales y las investigadoras, y superar la inutilidad que las caracteriza. El documento se quedó atorado entre los temas no discutidos en el anterior periodo de sesiones ordinarias.

Por lo pronto, cada una de las comisiones y sus presidentes reciben prerrogativas extraordinarias aprobadas por el comité de administración, instancia que a solicitud expresa de la Junta de Coordinación Política autorizó un presupuesto anual para cada una de un millón 763 mil 80 pesos.

Esos recursos les permitirán contar con un fondo fijo anual de 112 mil 320 pesos, un presupuesto de 209 mil 280, y vales de comida por 62 mil 400 pesos, que manejan los presidentes de las comisiones; el pago de 533 mil 383.20 pesos a un secretario técnico, y la contratación de dos asesores con salarios de 388 mil 648.8 anuales cada uno.

Asimismo, un teléfono celular para el presidente de la comisión por 3 mil 200 pesos mensuales y el equivalente a 30 mil pesos al año de papelería.

A partir de la 60 Legislatura se registró un boom en la integración de comisiones especiales. Los grupos parlamentarios decidieron constituir 21, y tres de investigación: para aclarar el desvío de recursos cobrados por los derechos de trámite aduanero a un fideicomiso constituido por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil; la que siguió la represión al magisterio en junio de 2007 en Oaxaca, y la que indagó el daño ecológico generado por la extracción de hidrocarburos por Petróleos Mexicanos.

En contraste, entre 1997 y 2000 la 57 Legislatura sólo constituyó seis comisiones especiales, entre éstas la del caso Conasupo y la de la represión al movimiento estudiantil de 1968.

Aunque dicha comisión pudo revisar 20 mil documentos del gobierno federal en el Archivo General de la Nación, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a abrir sus archivos a los diputados. En su reporte, entregado en la sesión del 2 de octubre de 1997, la comisión especial explicó: La respuesta del Ejecutivo fue que la Comisión del 68 no era regular del Congreso de la Unión. Los documentos fueron incluidos en una página en Internet que se cerró el 13 de octubre de 1998.

La 58 Legislatura sólo integró dos comisiones especiales: una para investigar los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otra del Sur Sureste, y una de investigación para determinar la viabilidad de la planta nuclear de Laguna Verde.

Durante la 59 Legislatura se integraron 14 –entre ellas la que impulsó el PAN para dar seguimiento a las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo–, y cuatro de investigación, la más importante la que encontró la forma en que los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún se beneficiaron de la compra de cartera vencida barata.

Los diputados de la comisión no sólo presentaron su informe, sino también interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, que fue congelada en el actual sexenio.

A partir de la 60 Legislatura, la Cámara de Diputados ajustó sus prácticas y las comisiones especiales se mantuvieron por tres años sin que se modificara la ley orgánica. Autorizó dinero y burocracia para 21 comisiones especiales.

Al inicio de la actual legislatura, la Junta de Coordinación Política decidió integrar 29, pero en febrero pasado abrió 10 más, entre éstas la de Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, que pidió 50 millones de pesos más.