GUADALAJARA, Jal. (Proceso).- En el robo de combustible participan los propios empleados de Pemex, dueños de gasolineras, funcionarios y políticos, así como narcotraficantes, sostiene Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).
Revela: “Es toda una red que creció en los últimos años al amparo de los gobiernos de los tres niveles. Y cuando uno denunciaba el robo de combustible de Petróleos Mexicanos nadie hacía caso; peor aún, cuando algún expendio se oponía a vender huachicol, desaparecía algún familiar del concesionario o su chofer amanecía hecho pedacitos.
“Si íbamos a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar una denuncia nos respondían: ‘No es de mi competencia’; lo mismo sucedía en la Fiscalía General del Estado. Los presidentes municipales decían: ‘¿Yo qué? No tengo ni pistola’; el Ejército se justificaba con un: ‘A mí no me toca’, y La Maña (los narcos) nos decía: ‘Si denuncias, te desaparecemos’. Nadie nos contestaba.”
Por eso, dice en entrevista, le pide al presidente López Obrador atender este problema y le advierte, a nombre de sus representados: “Si la delincuencia estaba sobre el ducto, ahora se va a ir sobre las pipas, y una parte importante de las pipas es de los gasolineros”.
El titular de la Amegas admite que las amenazas de La Maña disminuyeron recientemente. Comenta que abundaron las querellas, sobre todo en Puebla, Guerrero y Chiapas. Por lo que atañe a Jalisco, las amenazas fueron pocas y se concentraron en dos municipios: La Barca y Ocotlán.
Relata: el propósito de los gobiernos anteriores era saquear a Pemex, la empresa más redituable del país. “Las autoridades no hacían nada para atacar a los chupaductos porque no les convenía (que la empresa fuera afectada)”.
El entrevistado proporciona cifras: en el país se consumen 200 millones de litros de gasolina diarios (60% de Magna, 10% Premium y 30% de dísel). De ese total, 80% proviene de Estados Unidos y se distribuye en los puertos de Laguna de Pajaritos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca, y Manzanillo, Colima.
Las tres entidades que consumen más combustible son el Estado de México, con 20 millones de litros por día; Jalisco, con 15 millones, y Nuevo León, con 12 millones.
El 80% del combustible se distribuye en el país a través de los 11 mil kilómetros de poliductos que se conectan con las 77 terminales de almacenamiento y despacho de hidrocarburos que tiene Pemex a lo largo del territorio nacional.
En el país hay 12 mil 312 expendios gasolineros. En 11 mil, los propietarios han perdido pipas cargadas de combustible (alrededor de 10 por semana), dice el entrevistado. La mayor incidencia se registró en Chiapas, Oaxaca y Puebla.
Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, en los últimos tres años hurtaron sólo 25 pipas: cinco en 2016, 11 al siguiente año, y nueve en los primeros ocho meses de 2018.
La nueva estrategia
Antes, dice González Córdova, “salían pipas sin factura de las terminales; las de 30 mil litros salían con una factura de 15 mil, pero eso se acabó, pues hoy las terminales están custodiadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se encargan de supervisar la entrada y salida de las pipas, así como de cotejar las facturas y la cantidad de combustible.
Sobre los expendios que compraban gasolina robada, dice desconocer cuántos y cuáles son. Sólo menciona que Pemex y la PGR emitieron un comunicado el lunes 7 para informar sobre la cancelación de contratos de franquicias y de comercialización a 103 gasolineras, la mayoría de Puebla y algunas de Michoacán.
Y aclara: “La cifra no es tan representativa en las gasolineras (que compraban combustible robado) porque tenemos un sistema de control volumétrico instalado desde 2004 que funciona las 24 horas”.
Ese sistema mide la cantidad de gasolina almacenada en los tanques, así como los litros que se venden. Esa información se envía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a Pemex y a la Secretaría de Hacienda. “Si no mandas el reporte, no envían la pipa; y si hay una variación, cierran tu expendio”, comenta.
Según el presidente de Amegas, “empresas con parque vehicular grande, con flotillas de mil o mil 500 vehículos –que no consumen de un tanque, sino de una pipa de Pemex de 20 mil o 30 mil litros al día– son las que adquirían el huachicol; entre ellas la Coca-Cola, que presuntamente compraba el combustible a mitad del costo real. Al parecer Pemex le entregaba facturas falsas”.
Refiere que ahora empleados de Pemex piden hasta 10 mil pesos a algunos empresarios gasolineros para surtirles la pipa de combustible; antes eran mil pesos.
Añade: “Los gasolineros nos quejábamos de que había favoritismo y corrupción. Por eso ahora Pemex coordina la logística con el gobierno del estado –encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano– y Amegas interviene en la distribución del combustible; ahora va a ser con otro criterio, no el del billete”.
Pemex cuenta con un lote de mil 400 pipas –con capacidad de 20 mil litros cada una–, y rentó 3 mil 600 a Estados Unidos para surtir combustible, mientras que los gasolineros cuentan con 800.
El presidente de Amegas aprueba el plan de combate al huachicoleo que, según Pemex, significó un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos en tres semanas, y la reducción de 98% en el robo a pipas; antes eran mil 336 por día, ahora son 27.
No obstante, considera que la estrategia no midió los daños colaterales ni el esquema de abastecimiento, que debió haberse focalizado en cada entidad.
Lo importante, dice, es frenar la corrupción en Pemex, solapada desde hace varios sexenios. “Se estaba desbordando cada vez más el robo para matar a Pemex. Nadie hacía absolutamente nada. Los empresarios gasolineros del país vemos con mucha alegría que, con un machetazo, López Obrador diga que hasta aquí se paró la corrupción”.
Sobre la infraestructura
González Córdova recomienda que el gobierno federal invierta en protocolos de seguridad. Indica que lo deseable es que los 60 mil millones de pesos que el gobierno federal recupere al evitar el robo de combustible sirvan para renovar ductos, instalaciones, tanques de almacenamiento y para la compra de tecnología satelital.
“Hace 40 años que no se construye una refinería. Cuando entró Felipe Calderón dijo: ‘Necesitamos una nueva refinería para el DF. Hizo la barda, nada más, y los gringos le dijeron que mejor importara el combustible. Y esa importación era el negocio del presidente.”
Explica que en América Latina y Estados Unidos la seguridad de los ductos se controla por drones o de manera satelital, mientras que en México se hace desde hace 25 años mediante el sistema Scada (Supervisory Control and Data Acquisition), que tiene el control volumétrico del ducto. Cuando se detecta la caída de presión, se cierran válvulas.
Y añade: el sistema Scada “lo utilizaba la delincuencia organizada en Pemex. Quienes operaban los poliductos, según el protocolo –ya lo dijo López Obrador– debían cerrarlo a los 15 minutos, máximo a la media hora, pero no lo hacían. Lo dejaban operando hasta dos días”.
Sobre el abastecimiento de combustible, sostiene que es más rápido y económico hacerlo a través de los poliductos. Y pone un ejemplo: en Jalisco, donde se consumen diariamente 15 millones de litros de combustible, el producto se trasladaba por el ducto de Salamanca en cinco horas; con las pipas tarda hasta día y medio, pues proviene de Manzanillo, Topolobampo o Guaymas.
El empresario gasolinero propone también reducir la plantilla laboral de Pemex. En Estados Unidos, una terminal de almacenamiento requiere como máximo de 30 personas; en México se emplean hasta 500.
González Córdova descarta un incremento en el precio del combustible porque, dice, “la molécula a nivel mundial ha bajado”.
Sobre las pérdidas que ha provocado el desabasto de los últimos días, el presidente de la Amegas comenta que los empresarios que vendían 300 millones de pesos diarios, en 10 días tuvieron pérdidas cercanas a los 3 mil millones. Estima que menos de mil gasolineras dejaron de funcionar por falta de combustibles.
Y se lanza contra la CRE, creada hace casi 25 años, porque “incumplió” su obligación de implementar un sistema de vigilancia en las seis refinerías, los poliductos y las pipas.
De acuerdo con las leyes secundarias en materia energética, puntualiza, desde 2014 la CRE debió instituir el nuevo sistema para tener un verdadero control de la producción y distribución de hidrocarburos. “La CRE no tiene razón de ser; no hizo ni hace nada ante el huachicoleo. No ha regulado absolutamente nada, entonces, ¿para qué sirve?”.
