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martes, 10 de septiembre de 2019

Agreden a soldados en Acajete; Sedena advierte: se hará uso de la “legítima defensa”

PUEBLA, Pue. (apro).- Luego de que pobladores del municipio de Acajete agredieron con piedras y palos a soldados que resguardaban una bodega con vehículos y mercancía robada, la Secretaría de la Defensa Nacional advirtió que cuando ocurran este tipo de ataques actuará en “defensa legítima” para proteger la integridad física de los miembros de las fuerzas armadas.
Esta mañana, la Secretaría de Educación Pública informó de la suspensión de clases este día en siete escuelas que se ubican en la localidad de Apango y en San Antonio Tlacamilco, municipio de Acajete, así como en las oficinas de supervisión y en la Coordinacion Regional de Desarrollo Educativo de esa zona.
Los hechos se registraron la tarde de este lunes, en la localidad de Apango, municipio de Acajete, cuando unos 150 pobladores acudieron hasta unas bodegas que eran resguardadas por los elementos del Ejército Mexicano desde el domingo 8 para tratar de recuperar las instalaciones.
Ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legitima (SEDENA).
336 personas están hablando de esto
De acuerdo con la Sedena, en ese lugar habían encontrado indicios de la existencia de vehículos y mercancía robada por lo que solicitaron la presencia de autoridades competentes para obtener la orden de un cateo.
Cuando los militares se encontraban custodiando el lugar, llegaron los pobladores para agredirlos con piedras y palos y se escucharon detonaciones de arma de fuego, sin que se pudiera determinar su origen.
“…en respuesta el comandante de las tropas invitó a los agresores para que desistieran de su actitud, manteniendo en todo momento el control de los elementos castrenses; sin embargo, y debido a que la turba continuaba con la actitud hostil, el personal militar efectuó   disparos al aire como una medida disuasiva, para proteger la vida e integridad física del personal, logrando dispersar a los agresores”, asegura la Sedena.
Agrega que durante estos hechos no se registraron personas lesionadas de ninguna de las partes, y el personal militar continúa en el lugar en espera de la autoridad ministerial para que realicen las diligencias de ley.
Sin embargo, la Secretaría hace la advertencia de que cuando ocurran este tipo de agresiones en contra de sus elementos o de la Guardia Nacional se actuará en defensa legítima.
“La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la sociedad, que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legitima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos”, señala.
En un video que circula en las redes sociales se puede apreciar que entre los pobladores que confrontan a los soldados se encuentran adolescentes y mujeres, que entran en pánico cuando se escuchan las detonaciones de armas.
En un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se advierte que en las bodegas resguardadas había mercancía producto de asaltos a carreteras y trenes que se registran en esa zona de la entidad.
Además, sostiene que era “claro” el objetivo de que los militares se retiraran del lugar para liberar la bodega.
Agrega que la SSP desplegó un operativo por aire y tierra para apoyar al personal de Sedena y dispersar a la población, evitando así que la situación se agravara, sin que se registraran personas lesionadas.
“Actualmente la zona se encuentra bajo control, el personal militar y policiaco resguarda la bodega para poder continuar con las investigaciones, una vez que se cuente con el mandamiento judicial que permita la revisión”, señala la SSP.

Cabe mencionar que, en esa zona de Puebla, las bandas del crimen organizado operan en conjunto con algunos pobladores a los que usan como escudos humanos y les permiten quedarse con parte de la mercancía que roban de vagones de tren o de cajas de tráileres que transitan por la región.

sábado, 20 de abril de 2019

Nueva amenaza de banda de huachicoleros contra AMLO

La narcomanta colgada por el Cártel de Santa Rosa de Lima. Foto: Especial
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de abril de 2019, p. 8
Celaya, Gto., Una manta en la que se amenaza al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue colocada ayer en un puente ubicado en la carretera de salida del municipio de Cortázar.
El texto, presuntamente firmado por José Antonio Yépez, El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, advierte al presidente Andrés Manuel que continuará la violencia en Guanajuato y le recrimina la presencia de marinos y soldados en la región controlada por esa organización delictiva.
La advertencia se dio un día después de que un grupo armado ingresó a la comandancia norte de la policía de Celaya para liberar a Armando Soto González, El Triste, presunto jefe de plaza de Santa Rosa de Lima en Jerécuaro y sitios aledaños. Soto González murió durante el enfrentamiento entre elementos del Ejército y policías contra los delincuentes que huían.
En la manta El Marro presume cómo ingresó a las instalaciones de la policía: Por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar; sigues sentenciando a más policías inocentes, señala.
También da a entender que dejará explosivos fuera de la casa del mandatario federal, como los que aparecieron en una camioneta fuera de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, el 31 de enero.
A finales de ese mes fue colocada por ese grupo delictivo la primera manta con amenazas al Ejecutivo federal, que comenzó una lucha contra el robo de combustible.
El gobierno de López Obrador fue el primero en incursionar en Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, donde vivía El Marro y operaba su cártel.

miércoles, 10 de abril de 2019

Más pruebas contra los huachicoleros de cuello blanco

Resultado de imagen para huachicol de cuello blanco

Presentará la fiscalía más pruebas contra Trawitz y partícipes en robo a Pemex
Con base en declaraciones de ex colaboradores y reportes financieros solicitará vincularlos a proceso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de abril de 2019, p. 5
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) obtuvo, además de los señalamientos de ex colaboradores del general Eduardo León Trawitz, ex titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), nuevas pruebas de cargo e informes financieros con los cuales buscará robustecer las acusaciones contra más de 20 ex funcionarios por haber permitido acciones que favorecieron el robo de combustible en ductos de la empresa productiva del Estado.
Funcionarios federales señalaron que a las indagatorias se acumularon reportes financieros de cada uno de los ex servidores públicos involucrados en la detección de tomas clandestinas y en la elaboración y contención de actos en contra de la producción y el transporte de combustibles.
No obstante que los fiscales han revisado y acumulado diversas denuncias presentadas por la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex durante la gestión de Eduardo León Trawitz, se recabaron los reportes internos que la empresa elaboró en relación con los ductos y los puntos en los que se detectaron anomalías de operación y reportes de sustracción de hidrocarburos, lo cual ha permitido establecer presuntos actos ilícitos que beneficiaron a los grupos de huachicoleros que operan en distintos puntos del país.
Entre las investigaciones que sirvieron de base para solicitar el inicio de un proceso penal contra los ex funcionarios se incluyeron análisis de la operación que realizaba la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, lo que permitió detectar que hubo actos de negligencia en los trabajos de construcción de sistemas de monitores y utilización de bienes destinados a combatir el robo de combustible para otros fines, como transportar personal no identificado en las aeronaves asignadas para el sobrevuelo de ductos.
Este miércoles a las 13 horas está programada en el Reclusorio Norte de Ciudad de México una audiencia durante la cual la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la vinculación a proceso de los inculpados, entre ellos el general Eduardo León Trawitz.
De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, a León Trawitz no se le pagó salario alguno del primero de marzo de 2014 al 31 de julio de 2018 por haber disfrutado de una licencia por tiempo ilimitado, periodo durante el cual trabajó como titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex.

jueves, 24 de enero de 2019

Empresas coludidas en el robo de combustibles

Instalaciones de Pemex. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante meses y, en algunos casos, años reconocidas empresas dejaron de comprar gasolina a Pemex. Transportistas, comercializadoras, productoras de alimentos y de otros rubros se surtieron del combustible en el mercado ilegal.
Poco a poco, fueron desapareciendo de los centros de abastecimiento en varias partes del país, incluida la Ciudad de México. Reaparecieron hace algunos días, cuando el tema del robo de combustible tomó la dimensión de lo que es: un riesgo para la seguridad nacional.
Entre los buenos oficios propagandísticos del presidente, la escasez de gasolina y la tragedia en Tlahuelilpan, que oficialmente ha dejado hasta ahora un centenar de muertos, el tema ha dominado la agenda pública. Y seguirá muy presente.
Hace justo un mes, el presidente colocó el tema del robo de gasolinas cuando había perdido el control de la agenda pública por la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien se perfilaba como uno de sus principales opositores.
La referencia al auge del robo de combustible en Puebla durante el gobierno de Moreno Valle fue en ese momento obligada, inevitable.
Desde entonces, ha abundado información sobre los llamados “huachicoleros”, los grupos delictivos, los permisionarios, la ocupación militar de las instalaciones estratégicas de Pemex, y ahora sobre la red de distribución de combustible que el gobierno va a construir de forma paralela a la empresa petrolera.
La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ambos de la Secretaría de Hacienda, han presentado cifras que están encaminadas hacia los vendedores del combustible.
Respecto a exfuncionarios del gobierno, el presidente y sus principales colaboradores involucrados en el tema, tienen una salida perfecta: el debido proceso. Es decir, no inculpar a nadie sin antes judicializar las investigaciones. Aunque el presidente sí se animó a mencionar por su nombre al general Eduardo León Trauwitz, titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica en el sexenio pasado y protegido del entonces presidente Enrique Peña.
Pero nada han dicho sobre otra de las incógnitas de la ecuación para despejar las responsabilidades: los compradores del combustible más allá de los particulares que adquirían gasolina robada; es decir, las grandes empresas que han participado en la cadena delictiva.
Son responsables no solo por comprar gasolina robada a sabiendas de que era un delito. También, por haber participado en un esquema de lavado de dinero y hasta de defraudación fiscal.
Al comprar combustibles robados, en primer lugar, ayudaban a la delincuencia organizada a introducir en la economía legal activos ilegales. En segundo, al producir bienes o servicios con insumos adquiridos de forma ilegal, lo de menos era la competencia desleal a sus competidores.
Es muy probable que hayan cometido un doble fraude fiscal al manifestar en sus declaraciones costos de sus servicios o procesos productivos como si uno de sus principales insumos, el combustible, hubiera sido comprado en el mercado legal, con su respectivo pago de impuestos.
Si se actúa contra toda la estructura delictiva -integrada por quienes extraían, las autoridades de todos los niveles que lo permitían, los concesionarios o individuos que vendían y las empresas que compraban para sus procesos productivos-, estaremos ante un verdadero combate a ese delito y no frente a una estrategia política que está teniendo altos costos sociales. Veremos.
@jorgecarrascoa

domingo, 20 de enero de 2019

Una desgracia anunciada: Ana Lilia Pérez

El huachicoleo suplantó al narcotráfico

Los fallecidos y heridos son el eslabón más débil dentro del robo de combustible, afirma la autora de 4 libros sobre corrupción en Pemex
Foto
▲ Imagen de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo. La escritora Ana Lilia Pérez opina que debe analizarse a fondo qué circunstancias llevaron a la gente a estar en la toma clandestina, a pesar del riesgo que corrían.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Domingo 20 de enero de 2019, p. 8
La tragedia ocurrida en una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 76 personas y 70 resultaron heridas, fue una tragedia anunciada.
Así lo afirma la periodista y escritora Ana Lilia Pérez, autora de cuatro libros sobre la corrupción en Pemex y el robo de combustibles: Los fallecidos, los heridos: esta gente es el eslabón más débil dentro de la estructura del robo de combustible.
En entrevista con La Jornada, la autora de El cártel negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, advierte que en muchas comunidades de México grupos criminales obligan a los ciudadanos a participar en el robo de combustibles y se debe investigar si éste fue el caso de la tragedia de Tlahuelilpan.
“En muchas comunidades hay presión de grupos criminales para que la gente participe en el robo de combustibles. Hablé con una mujer que está pidiendo asilo político en Estados Unidos por esto: es el primer caso de asilo por huachicol. Ella va huyendo de su pareja que es un huachicolero en Guanajuato”.
Añade: Son distintos efectos sociales del crimen del robo de combustibles. Pero también se tiene que analizar en el contexto a quiénes conviene que continúe esta práctica. Quien menos gana en esto es la gente de las comunidades que va a recoger el combustible que queda.
Explica que la negligencia que hubo durante los últimos sexenios para atender el problema ha dado como resultado el aumento de víctimas: A medida que creció el robo de combustible, de ser una práctica hormiga a volverse el principal botín del crimen organizado, también se vinculó a muchas comunidades como un efecto letal. Este es el rostro más vulnerable y vulnerado de todo el espectro criminal.
Decenas de víctimas
La periodista, que ha publicado numerosos reportajes de investigación sobre la corrupción de funcionarios de Pemex y de miembros de los gobiernos recientes, afirma que antes de las de Tlahuelilpan ha habido decenas de víctimas más por el robo de combustibles.
Hay muchas otras víctimas de los últimos años, como trabajadores que denunciaron lo que estaba ocurriendo todos estos años y fueron desaparecidos; trabajadores siniestrados por negligencia y no les dieron la indemnización debida. Cuando permiten operación criminal en esta industria están jugando con la vida de los trabajadores.
Califica como injustas estas pérdidas humanas: Esta escena de Tlahuelilpan se repite en muchas zonas del país, pero ahora es más lamentable por el número de víctimas. Esto ha escalado del nivel de violencia al de tragedia por la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, no es la primera vez.
Añade: Cuando hay manipulación de válvulas muere gente, y en esta zona de Hidalgo ya había precedentes de tomas clandestinas. Esto es el resultado del cúmulo de negligencia y encubrimiento a este delito que creció involucrando a las comunidades. Esa era una toma clandestina y manipulada. Cuando se hace una toma, primero la ordeñan y a la vez se convoca a gente de las comunidades para que participe en el robo. En Puebla, por ejemplo, se le cobra a la gente por entrar a recoger combustible, como un peaje, como un derecho de piso, para llevarse lo que queda de una toma clandestina.
Consideró que primero debe hacerse la investigación a fondo: Habrá que saber quién hizo previamente la toma y las condiciones en las cuales esta gente se suma a la sustracción ilegal de combustible. Es muy triste y descorazonador porque la gente sabe que están incurriendo en algo ilícito, pero además que es un riesgo para ellos mismos. Es una actividad de alto riesgo y los trabajadores, para acercarse a una instalación o a sellar una toma, usan equipos de protección.
–¿Quién es el responsable de esta tragedia?
–Cuando se habla de responsabilidades habría que ser muy cuidadosos en hacer juicios de valor. Primero se requiere un peritaje. Eso dará la causa de raíz. El opinar sin esos resultados es irresponsable. Lo que hay que ver son los escenarios, las circunstancias. El resultado determinará el nivel de responsabilidad de cada uno, desde quienes hacen la toma, en las circunstancias que se hizo y lo que provocó el siniestro.
–Algunos culpan a las personas que estaban robando.
–Tampoco es así. Tenemos las condiciones en que estaba esta gente, que en muchas zonas está obligada a trabajar para grupos del crimen organizado. Es una realidad. Y también el tema de la pobreza.
–Se responsabiliza al Ejército, que ahí estaba y no actuó.
–No se puede hacer un juicio tan reduccionista y señalarlos porque no actuaron: se tienen que analizar las circunstancias. Y el gran problema es todo el contexto que se tiene en esas comunidades. El huachicolero llegó a suplantar al narcotraficante. En muchos casos es lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, las drogas las controlan los mismos huachicoleros. Se requieren estrategias integrales dentro de la cultura de la legalidad. Ésta no se puede exigir cuando el ciudadano tampoco está dispuesto a ser legal.
Era una tragedia anunciada, tan anunciada que previamente en ordeñas y tomas mal manipuladas ya había habido muertos. Un ducto es una instalación de alto riesgo. Por eso está prohibido construir, manipular o excavar en torno a ductos. Si están manipulando la toma mientras sale el chorro y están ahí, por supuesto que se corre un riesgo tremendo. ¿Qué circunstancias llevaron a la gente a estar ahí? Eso es lo que debe analizarse a fondo. ¿Fue su propia circunstancia de pobreza a pesar de saber que se corre riesgo, o bien, participaron por presión del crimen?
Afirma que todas las tomas clandestinas son coordinadas: Todo está perfectamente coordinado. Se llama y dicen que van a cargar, y se organiza todo porque se sabe que habrá una sustracción y que va a llegar la gente. Hacen el anuncio. En este caso no sé si fue así.
–¿Pudo ser accidente o atentado?
–Se tendría que revisar. Eso le tocará a las autoridades y los peritajes. Nadie puede descartar nada en estos momentos, hasta que ofrezcan las pruebas de la investigación.
–¿A los propios huachicoleros les convenía que hubiera una tragedia?
–No puedo opinar al respecto. Es muy delicado. Lo que sí creo es que hay una resistencia muy grande para abandonar este negocio, porque les resultó más redituable que el de las drogas.
Huachicoleros de cuello blanco
La periodista, que lleva más de 20 años investigando la corrupción interna de Pemex, publicó su primer libro sobre este tema en 2010: Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos, y fue tirando del hilo de la investigación en los siguientes sexenios.
“El robo de combustible viene desde Carlos Salinas de Gortari, y luego, con Ernesto Zedillo, en una intensidad mayor empieza a crecer dentro de la industria petrolera. El ordeñar barcos, pipas, era algo del entorno petrolero. Pero con Vicente Fox empieza la modalidad de toma clandestina, con Felipe Calderón ésta crece más, pero empieza la incorporación de cárteles de la droga en el negocio”.
Añade: “Es cuando los Zetas empiezan a operar mucho en la sustracción de la cuenca de Burgos y en el golfo, en tomas clandestinas. Y hay una mayor penetración desde las estructuras de sustracción y distribución de combustible. Se fortalece el mercado negro. Y siguen las tomas al alza; ya con Enrique Peña Nieto empieza la incorporación de gente de las comunidades en estas actividades. A medida que crece la participación de la sociedad, el mercado crece y demanda más mano de obra”.
–¿Por qué el mercado negro fue creciendo afuera cada vez más?
–Porque había empresarios del sector que estaban entrando como compradores del mercado criminal. Transportistas, contratistas que eran copartícipes de estas actividades, y en vez de que Pemex investigara se les permitían estas prácticas. Todo fue creciendo porque se podía hacer, por la impunidad.
–¿Y los huachicoleros de cuello blanco?
–Eso es muy importante. El problema tiene que solucionarse y para ello es necesario investigar, detener y atender el delito de cuello blanco, porque es parte de esta estructura criminal, y que se les detenga, que sea ejemplar la justicia. Que no se mire a los eslabones débiles sino a las estructuras de raíz, y eso incluye la criminalidad de cuello blanco. Tenemos que asumir que este es un problema de Estado y cada uno de nosotros debemos ser parte de la cruzada contra el huachicol, es una tarea de toda la sociedad. Sin tintes políticos y necesariamente atendiendo el delito de cuello blanco”.
La solución, de todos
La periodista que hizo la revelación de los contratos que el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño recibía de Pemex mediante prácticas de tráfico de influencias y conflicto de intereses, considera que la solución al robo de combustibles involucra a toda la sociedad.
El ciudadano necesariamente tiene que ser parte de la solución a un problema que afecta a todo el país y a la economía. La gente puede pensar que llena su garrafón y tiene un extra, pero al hacerlo están poniendo en riesgo su vida y están afectando a todo el país. El delito del robo de combustible nos impacta a todos socialmente, afirma.
Su libro más reciente es Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, y advierte que este negocio se convirtió en más redituable para el crimen organizado: Tienen a gente del sector oficial. Saben que desde dentro de Pemex hay esta participación y hay un mercado negro que está conformado también dentro del mercado formal. Saben que las drogas son ilegales y venderlas también. En el combustible pueden disfrazar este robo con el mercado legal, esto lo vuelve más redituable. Es un Pemex paralelo. Es la criminalidad organizada con la mejor organización que se puede tener.
Y concluye: Hoy, México está de duelo por estas 76 personas que murieron en circunstancias injustas; injusticia, en el contexto social de cómo se dejó que se llegara a esto. ¿Cómo se permitió que la gente otorgue prioridad a llenar un garrafón de gasolina en lugar de pensar en su propia integridad? ¿Cuándo llegamos a esto?: cuando desde los gobiernos se permitió que la criminalidad se apoderara de las estructuras gubernamentales.

sábado, 19 de enero de 2019

“Los montoncitos negros son los cuerpos. No los traten como animales, como un palo quemado”



Familiares de las víctimas de la explosión de una toma clandestina colocada en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, tratan de identificar a sus seres queridos entre los cuerpos que han rescatado los servicios de emergencia, ya que hasta el momento no saben nada de ellos. 

El siniestro se registró la tarde de ayer, cuando decenas de personas se encontraban en el lugar intentando llevarse el combustible que salía de una fuga, por lo que el fuego los alcanzó y dejó un saldo de 66 muertos y 76 heridos, los cuales fueron trasladados a diversos hospitales del Estado de México y la capital del país.

Tlahuelilpan, Hidalgo, 19 de enero (SinEmbargo).– “Ahí están. Todos los blancos que están ahí. Los montoncitosnegros son los cuerpos“, señaló una anciana con su bastón de madera a unos metros de la zona acordonada, donde los peritos aún recogen cadáveres calcinados tras la explosión en el ducto Tuxpan-Tula, ubicado en TlahuelilpanHidalgo, mientras pobladores y familiares miran.
Aún huele a gasolina. Aún hay bidones tirados.
Bajando al área del accidente que dejó 66 muertos y 76 heridos, se ven zapatos enterrados a un lado de bidones y cubetas vacías.
Cuando las camionetas comenzaron a llevar los cuerpos al Semefo de Tula, los familiares, angustiados, les cerraron el paso. Piden que aún no los lleven a las funerarias para poder reconocerlos.
Una toma clandestina explotó ayer por la tarde en un ducto que transportaba hidrocarburos cerca del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
“Estamos con el dolor. Varias personas no se han reconocido. Hay desaparecidos”, dijo una mujer sollozando. “No estamos en una fiesta. Son seres humanos. No los traten como animales, como un palo quemado”.
Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, informó que los cuerpos de emergencia lograron sofocar el siniestro después de cinco horas. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
“No hemos comprado ni la pinche caja”, agregó otro hombre.
Peritos trabajan en la zona para localizar los cuerpos de las víctimas. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Hay presencia de militares, policía municipal y federal, así como servicios periciales.
Mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que se iniciarán los peritajes para determinar las causas del incidente. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Sergio no encuentra a su sobrino de 35 años. Le piden una hebilla o la llave de la camioneta, un metal, que pudiera permitirle reconocerlo.
“Ya fuimos al hospital y no lo encontramos”, aseveró.
A lado, un joven pregunta por celular si ya actualizaron la lista de heridos y muertos. También tiene un desaparecido.
En otra llamada, una señora le comentaba a su interlocutor que “para qué están los pinches soldados” cuidando los ductos, si dejaron pasar a tanta gente a tomar el combustible de la fuga.
“Si estaban viendo el peligro, para qué dejaron pasar a la gente. ¡Ellos son los responsables!”, gritó.
Alberto, un abuelo en bicicleta, fue a la zona anoche tras oír la explosión poco antes de las siete de la noche. “Estaba viendo toda la gente corriendo y quemándose”, evocó.
El Sistema de Detección y Vigilancia de Pemex detectó este viernes la presencia de una fuga de combustible debido a una toma clandestina colocada en el ducto Tula Salamanca, a la altura del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, por lo que se aplicó el protocolo de seguridad. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Vio niños y mujeres. “Traen a sus hijos a recoger gasolina”, aseguró.
Opinó que “esta desgracia” es por la “terquedad de la gente que no mide las consecuencias”.
Elementos de la Secretaría de la defensa Nacional arribaron al lugar para resguardar el área. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
El habitante cuenta que en la zona seguido hay fugas.
“A ver si ya les sirve de experiencia”, consideró.
El Gobernador de Hidalgo Omar Fayad informó esta mañana desde Palacio Nacional en la capital mexicana que son 66 los muertos del estallido del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, y 76 heridos. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Sus cinco hijos se salvaron por minutos. Estaban tomando gasolina, pero su madre, esposa de Alberto, les marcó.
“Háblales, que se vengan”, le dijo. “Gracias a Dios sí obedecieron”.

 Los pobladores siguen sin dejar pasar la fila de camionetas de la funeraria “Tepeyac” de Tula con cuerpos adentro. Temen que lucren y les cobren. Aunque el Gobierno ofreció el servicio de manera gratuita, faltan las necropsias a algunos cadáveres.
“Estamos de apoyo”, dice Jorge, un empleado de la funeraria. Semefo oficial no hay.
Juan Luis Lomelí, de Gobernación de Hidalgo, explicó que los pobladores también piden excavar el canal de agua para descartar que no haya cuerpos o restos atorados.
El empleado de la funeraria opinó que eso sería peligroso, porque aún hay gasolina burbujeando. Y huele a combustible.
Finalmente la gente aceptó que se llevaran los cuerpos a la funeraria “El Ángel”, aunque con dudas sobre si los harán pagar.

miércoles, 16 de enero de 2019

Documento del Cisen vincula red transportista en robo de combustibles

enero 11, 2019
Contralínea
Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (órgano de inteligencia al que le cambiaron el nombre a Agencia Nacional de Seguridad) revela que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) había sido infiltrada para emplear camiones privados propiedad del crimen organizado en el robo de productos petrolíferos.
El  documento, elaborado por el extinto Cisen en el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisa que en el gobierno priísta se utilizó el Convenio Marco firmado entre Pemex Refinación y la Canacar para que grupos criminales de El Golfo y Los Zetas metieran sus tractocamiones, como parte de dicho convenio, para robar combustible ante la anuencia y complicidad de la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Dirección General de Pemex Refinación.
En la investigación de ese órgano de inteligencia se descubrió esta red de complicidad entre funcionarios petroleros, líderes sindicales del grupo de Carlos Romero Deschamps, empresarios y delincuentes que operaban una amplia red de vehículos, almacenes de depósito y una base comercial que les dejaba miles de millones de pesos de utilidades por el combustible robado.
En la amplia investigación de esta red delincuencial intervinieron también la Procuraduría General de la República (PGR), las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el expediente le fue entregado al entonces presidente de la República; sin embargo, el robo de combustible lejos de disminuir se incrementó hasta llevarnos a un punto de quiebre como el que ahora enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ello el gobierno federal debe verificar que todas las unidades de doble remolque que ofrece la Canacar como una medida emergente para abastecer de combustible a las gasolineras no pertenezcan a bandas criminales y sus propietarios sean realmente los dueños y no prestanombres.
Las 150 empresas que integran la Canacar ofrecen a Pemex sus 7 mil unidades para transportar petrolíferos (60 mil litros cada una) a las gasolineras de todo el país como una medida emergente, con lo cual se elevaría de 35 a 50 por ciento la transportación por autotanques.
De acuerdo con el reporte confidencial del Cisen, el robo de combustibles petrolíferos está clasificado como un asunto de seguridad nacional, pero los órganos de inteligencia del Estado fueron frenados para que continuara esta fuga de recursos públicos.
En el gobierno de Peña Nieto, el Cisen y la UIF descubrieron a los funcionarios, empresarios y transportistas que estaban involucrados directamente en el robo de combustibles refinados en ductos y plantas de Pemex, pero más allá de los reportes no ocurrió nada y los delincuentes de cuello blanco siguieron operando sin problemas.
Información de inteligencia revela cómo una red de la delincuencia organizada utilizó a la Canacar para introducir en el Convenio Marco firmado con Pemex desde diciembre de 2008, camiones para transportar combustibles sin que fueran descubiertos y, al mismo tiempo, robar productos petrolíferos, trasladarlos a grandes almacenes y después venderlos clandestinamente.
El documento entregado por el Cisen al entonces director general de Pemex señala que el grupo de delincuentes pertenecientes a los cárteles de Los Zetas y de El Golfo era liderado por Fabián Rodríguez Moreno; y precisa que dirigentes del sindicato petrolero habían participado para facilitar el acceso de tractocamiones de grupos delincuenciales para que la Canacar les otorgara los permisos correspondientes y no fueran detenidos por autoridad alguna.
Para simular que el gobierno anterior actuaba en el combate al robo de combustibles, la PGR les aseguró 22 camiones, 15 tractocamiones, 44 semirremolques, cuatro vehículos, tres contenedores con capacidad para 32 mil litros de combustible (diésel), los cuales contenían 16 mil litros de combustible aproximadamente, y 19 mil 773 litros de gasolina Magna, valuados en más de 210 mil pesos; 20 mil 976 litros de Pemex diésel, con un valor de 230 mil 526 pesos, entre otros productos.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, el secretario general de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Héctor Sosa Rodríguez, fue quien solicitaba a funcionarios petroleros que los camiones de transporte de combustibles de Fabián Rodríguez fueran autorizados por la paraestatal dentro de su red de servicio, mediante lo cual obtenían permisos oficiales de Pemex y evitaban ser detenidos cuando trasladaran petrolíferos robados de la misma paraestatal.
Según las investigaciones oficiales en el gobierno peñista, el dirigente petrolero Héctor Sosa, segundo en la estructura del sindicato petrolero que dirige el investigado Romero Deschamps (quien se habría amparado en los últimos días, de acuerdo con una publicación del diario Reforma), es primo de uno de los jefes de esa banda delincuencial que fue capturado a finales de noviembre de 2012.
Entrevistado en sus oficinas de la Sección 34, ubicadas en el Distrito Federal –por el rumbo de Azcapotzalco– el líder petrolero negó en la administración anterior cualquier parentesco con el líder mafioso capturado y aseguró que tampoco lo recomendó para que sus tractocamiones recibieran permisos oficiales de Pemex.
Según la información gubernamental, en la red de contrabando de combustibles hay funcionarios petroleros, empresarios, transportistas, exdirectivos de Pemex, trabajadores petroleros y cárteles de las drogas.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]

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