Santiago de Chile : primeros días después del golpe (2/2)

Santiago de Chile: primeros días después del golpe (1/2)

Esto es militarizar. Dictadura Chilena

“¡Golpistas!”, “diálogo simulado”, reprochan a priistas

“¡Golpistas, golpistas! ¡Esto no es diálogo!”, les gritó el activista Alfredo Lecuona a los senadores del PRI y de Acción Nacional que apoyan la Ley de Seguridad Interior en el momento más bochornoso de la sesión de comisiones unidas para dictaminar este proyecto rechazado por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

La senadora Cristina Díaz, del PRI, presidenta de la Comisión de Gobernación perdió la compostura, regañó al asistente y sometió a votación después de más de una hora de discusión las propuestas de moción suspensiva, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y la propuesta de ampliar las audiencias públicas, argumentada por el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.

La aplanadora de los priistas y sus aliados del PAN, con Roberto Gil Zuarth a la cabeza, desecharon ambas propuestas por 15 votos contra 8 y por 15 contra 9, en el caso de las audiencias de Romero Hicks. La correlación de fuerzas estaba clara desde las 15:30 pm de este 13 de diciembre en que pretende el Senado aprobar la minuta procedente de la Cámara de Diputados con cambios a 9 artículos, considerados como insuficientes por la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Ustedes podrán tener mayoría aquí, en el Senado, adentro, pero afuera, en las calles tienen una ínfima minoría ante la población. Hasta los obispos se han expresado en contra. No podemos aprobar una ley así de espaldas a la población”, afirmó la senadora Dolores Padierna, quien remató señalando que “es la ley más grave que he visto en 18 años de legisladora”.

Durante todo el debate de dos horas para argumentar una consulta real y pública ante los sectores involucrados, los priistas guardaron silencio. Sólo dejaron a los opositores que se desahogaran.

El senador Alejandro Encinas, calificó como “deleznables” las audiencias del pasado lunes 11 de diciembre donde asistieron 7 gobernadores y 6 alcaldes, en sesión cerrada, sin posibilidad de participación.

En el mismo sentido, el senador Romero Hicks les reprochó a la mayoría: “Este Senado debe tener dignidad. No ha habido audiencias públicas”. Fue respaldado por la senadora Pilar Ortega, así como varios legisladores de Acción Nacional y del PT-Morena y del PRD.

El coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez, desde el principio reforzó la posición de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien afirmó que hubo “oídos sordos” del Senado a las organizaciones civiles y les reprochó que hasta el presidente Enrique Peña Nieto había convocado a un “diálogo” el pasado viernes 8 de diciembre.

Sánchez leyó los dos párrafos principales del comunicado conjunto de la CNDH y del Alto Comisionado donde advierten que, pese a los 9 artículos modificados, el proyecto de Ley de Seguridad Interior “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto a los derechos humanos en México, la vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantienen vigentes”.

Ambos organismos le advirtieron al Senado que “no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley” en un proceso legislativo que termina este viernes 15 de diciembre.

La senadora panista Laura Rojas, en tono sarcástico, se burló de algunos legisladores priistas que consideraron que este comunicado sólo representa a “dos organizaciones”: “le recuerdo que la ONU es un organismo de Estados nacionales, en la cual México participa y ninguna de sus posiciones es personal, sino consensuada”.

Rojas citó también a otro gobernador panista, cuyo nombre no mencionó, que ni siquiera fue convocado a la reunión del lunes 11 de diciembre.

El senador Fidel Demédicis, del PT Morena, leyó las palabras de Peña Nieto del viernes 8 de diciembre llamando a “un acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil”, opositoras a la Ley de Seguridad Interior.

“¿Cuál es la prisa de aprobar fast track una ley que sabemos va a generar una ola de desestabilización en el país, producto de las protestas de los mexicanos y las mexicanas que están en contra de que se militarice el país”, afirmó el legislador morelense.

Tras la votación en contra de la moción suspensiva  y de que se abriera a audiencias públicas el análisis de la ley que faculta a efectivos militares a realizar una serie de tareas propias de autoridades civiles, los senadores continuaron la dictaminación para tenerla listo el dictamen esta noche o mañana jueves 14 y sea aprobado por el pleno.

Seguridad Interior

MATEO PERAZA VILLAMIL

Un país que ostenta el infausto número de 30 mil desaparecidos y 200 mil muertos; un país que tiene como estandarte la ausencia de seguridad y educación; un país cuyos gobernantes persiguen, con una montaña de errores a cuestas, la aprobación de una ley que promueve los abusos de las fuerzas armadas al grado de no ser impugnables ante autoridades civiles. Una ley, como dijo el doctor Alejandro Madrazo ante un grupo de senadores impávidos, que da a los militares la facultad de “autogobernarse” sin rendirle cuentas al presidente de la República e incluso abre la puerta a la posibilidad de instalar un “estado de excepción” sin que los gobiernos asuman su responsabilidad política ante la actual crisis de inseguridad. En síntesis: una ley que representa otro retroceso orquestado por el PRI en colusión con sus viejos, y nuevos, partidos filiales.

Académicos, organizaciones de derechos humanos, artistas, políticos, sacerdotes: un espectro amplísimo de personajes se han manifestado contra su aprobación. La ONU y la CNDH dijeron que con esta legislación el gobierno mexicano pretende soslayar su responsabilidad frente a la crisis de inseguridad: “El Estado debe atender sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos”, espetaron las organizaciones en un comunicado.

El padre Alejandro Solalinde, activista por los derechos humanos de los migrantes, dijo que con la Ley el gobierno instalará un régimen similar al de Honduras, pues habrá toque de queda, atropellos a los derechos humanos y un posible fraude electoral amparado por el  ejército que comanda Cienfuegos, mismo que ha tomado, en contra de cualquier ética marcial, posiciones políticas. “Lo preocupante es que esta opinión que generó el dirigente de Morena ocasionó la respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas, quienes se lanzaron contra una opinión política. Nunca se ha visto en ningún lado que las Fuerzas Armadas tengan como vocación lanzarse para atacar a los oponentes políticos del régimen. Como ciudadanos independientes pueden hacerlo, pero no como titulares de las Fuerzas Armadas”, destacó Solalinde en una entrevista para Regeneración, refiriéndose al intercambio de argumentos entre el líder de Morena, AMLO, y los representantes del ejército mexicano.  Agregó: “(La Ley de Seguridad) es anticonstitucional, es un crimen, es una ley perversa que convertiría a México en una dictadura, por ello esa infamia no debe ser aprobada”.

Diego Luna y Gael García, célebres actores mexicanos, protestaron públicamente durante una manifestación improvisada en las puertas del Senado. “Una de las reacciones que esperemos que este tema cause es que es imperativo que los ciudadanos nos involucremos y recordemos la responsabilidad que significa vivir en un país como éste, en un año que ha sido tan violento”, dijo Luna.

Días atrás, Garcia Bernal lanzó un video en el que solicitaba reunir firmas para derribar la ley. Y antes, vía Twitter, mantuvo un conflicto con el senador Javier Lozano. El actor le escribió que sus decisiones en relación a la Ley son “conservadoras, superficiales y hechas de traumas”.

Roberto Hernández, del portal Animal Político, escribió que la Ley es un un trabalenguas repleto de conceptos jurídicos poco claros. Destaca que, por sus cualidades laberínticas, aprobarla significaría mantener al ejército en un “pantano legal”. “Cuando una ley no se construye desde la perspectiva de quien la tiene que aplicar, es casi inútil”, detalló.

¿ No escucha los informes ? .- Helioflores

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