Empresario regio ligado a Legionarios de Cristo, en la lista de evasores fiscales

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).–El empresario Dionisio Garza Medina es el primer mexicano en aparecer en un informe filtrado sobre paraísos fiscales. Es miembro del Consejo de Administración de Grupo Alfa y hermano del ex vicario general de los Legionarios de Cristo, Luis Garza Medina. Ahora las miradas y señalamientos se posan sobre su figura gracias a una investigación inédita a nivel mundial dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Se trata del primer esfuerzo multinacional de periodistas que investiga a multimillonarios que ocultan sus riquezas en paraísos fiscales. 

La ICIJ ha tratado de contactarlo, pero Dionisio Garza Medina ni los representantes de sus empresas han dado la cara. Sin embargo, el empresario nacido en Monterrey, Nuevo León, no es el único mexicano que estaría en esta lista, pues de acuerdo con ICIJ los resultados arrojarán pronto nuevos resultados y la lista que ahora se tiene puede ser aún más larga. Los documentos filtrados proporcionan transferencias en efectivo, fechas de incorporación, enlaces entre compañías y personas que ilustran la agresiva expansión de las transacciones secretas extraterritoriales que permiten que las personas influyentes evadan impuestos. El estudio, que se realizó durante 15 meses, se basa en aproximadamente 2.5 millones de archivos digitales procedentes de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros sistemas difíciles de rastrear, arrojó datos de personajes acaudalados de 170 países que han acumulado riqueza en paraísos fiscales del extranjero. Los documentos, de acuerdo con el consorcio, son 160 veces mayores a la fliltración del sitio Wikileaks sobre los datos del Departamento de Estado en EU y  fueron analizados por un equipo de 86 periodistas de 46 países y con la colaboración de medios como The Guardian, BBC, Le Monde y The Washington Post.

EL NÚMERO 29 DE LA LISTA 

Entre los primeros 29 lugares del listado del ICIJ se ubica el regiomontano Dionisio Garza Medina, quien durante 16 años estuvo al frente de Grupo Alfa (conglomerado que se dedica a la producción de aluminio para automotores, derivados del petróleo, autopartes, alimentos y las telecomunicaciones), que está conformado por las compañías Alpek, Nemak, Sigma, Alestra y Newpek. Reportes de prensa señalan que tan sólo en el ramo de las telecomunicaciones, Alfa posee desde 2011 el 100% de Alestra en México. La investigación indica que Garza Medina evadía el pago de impuestos a través de la firma Vercors Private Limited, que opera en Singapur desde 2005, mediante la figura de inversionista. De acuerdo con diversos medios, el regiomontano dejó Grupo Alfa el 31 de marzo de 2010 para dedicarse a “proyectos personales”, incursionando en el negocio educativo. Actualmente es socio mayoritario de la Universidad Regiomontana. Apenas hace casi un mes adquirió el control accionario de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), por medio del fondo de inversión Topaz. El ICIJ intentó contactarse con el mexicano, pero éste no respondió. Lo hizo un vocero de la compañía, quien afirmó que se trata de “un asunto privado del señor Garza”. Dionisio Garza Medina es el primer mexicano que aparece en una lista de empresarios con inversiones en paraísos fiscales. Sin embargo podría no ser el único, pues aún no se revelan los datos de cerca de 120 mil empresas y fideicomisos y de alrededor de 130 mil personas que fueron analizados. Entre los millonarios se encuentran Bidzina Ivanishvili, primer ministro de Georgia; al General del Ejército venezolano, José Eliecer Pinto Gutiérrez y a la ex primera dama de Tailandia, Potjaman Na Pombejra. También se menciona a Jean-Jacques Augier, que fue cotesorero de la campaña electoral del actual mandatario francés, François Hollande, al Presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev, así como Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del ex Presidente colombiano Álvaro Uribe.

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El periodista despedido por entrevistar a AMLO acusa al gobernador y a priistas

PATRICIA MAYORGA
11 DE ABRIL DE 2013 · 39 COMENTARIOS
NACIONAL

El periodista César Alejandro Camacho Coronado durante la entrevista con Obrador.
Foto: Especial

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El periodista César Alejandro Camacho Coronado confirmó que la empresa Cablemás le pidió su renuncia, en represalia por la entrevista que hizo al excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el pasado viernes 5.

La entrevista “causó revuelo por las declaraciones de Andrés Manuel en contra de (César) Duarte Jáquez. El programa, ‘Línea de Fuego’, se transmitió el viernes a las 9 de la noche, y el lunes a primera hora me entregaron un documento en el cual exponen, por parte del licenciado Luis José Tarango Gutiérrez, gerente y apoderado legal, la conclusión del contrato (a fines de mes) porque no conviene a los intereses de Cablemás”, explicó.

De acuerdo con Camacho, el pasado lunes 1 se realizó una reunión en Delicias, donde estuvieron, además de César Duarte, tres exgobernadores (Fernando Baeza Meléndez, Patricio Martínez García y José Reyes Baeza) y candidatos que participarán en las elecciones del próximo 7 de julio.

En la reunión, aseguró, mencionaron que había varios medios “que tronar por ser antipriistas, y me citaron a mí y a otros dos medios más que obstaculizaban sus planes en Delicias”.

Añadió:

“He sido objeto de muchas amenazas políticas. Los gobiernos priistas han amenazado de forma directa mi proyecto y mi negocio. Nunca he sido su palero, ni de ellos ni de nadie que no favorezca los intereses de mi comunidad”.

Camacho subrayó que no es antipriista, y que al fundar la televisora de la región centro sur lo hizo con un objetivo social y periodístico.

“Nunca he sido más que la voz del pueblo que reflejaba un hartazgo de las mismas familias enriqueciéndose a placer, mientras la gente moría de hambre. Estas gentes han sido insistentes en hacer tronar mi negocio”, puntualizó.

Luego de señalar que las encuestas no favorecen al candidato del PRI a la alcaldía de Delicias, Ricardo Orvis, el periodista expresó que en ese municipio “estaban acostumbrados a ganar escondiendo robos, diciendo mentiras, callando verdades. Los medios fueron su comparsa durante mucho tiempo. Tal es así que dos dueños de radiodifusoras son diputados priistas y otros han estado en comunicación, como regidores o en algún cargo concedido por dicho partido”.

Sobre la entrevista que hizo al dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que se editó sin callar nada, porque México “está harto del silencio, de ver la realidad y no hacer nada”.

El periodista mencionó, asimismo, que cuando el excandidato presidencial se enteró de que lo habían despedido, le llamó por teléfono para manifestarle su apoyo.

“Me comentó que estaba agradecido conmigo, que no le gustaban las injusticias, y lo que hicieron era injusto. Me dijo: ‘voy a poner un tuit para ti, y si hay necesidad de ir a que te regresen lo tuyo, iré’”.

Lo que gastan los estados en publicidad, acabaría con la pobreza extrema en varios de ellos: Fundar y Artículo 19

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- En México, el dinero que los gobiernos estatales destinan a la publicidad oficial, además de ser millonario y discrecional, podría también ser suficiente para combatir la pobreza extrema de las entidades con mayor marginalidad en la República. Pero estos recursos, que más de la mitad de los estados (18) no están dispuestos a transparentar y que en todo el país están sin regular, son también el mecanismo de control con el que los gobiernos controlan las líneas editoriales de los medios de comunicación que contratan. Y es que en México, indica un testimonio contenido en un reporte sobre publicidad oficial difundido ayer, “sale caro hacer un buen gobierno, por lo que sale más barato comprar a los medios”. Éstas y otras reflexiones fueron expuestas ayer por la mañana durante una mesa de análisis posterior a la presentación del informe “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, elaborado por las organizaciones independientes Fundar y Artículo 19. Entre otros hallazgos, la investigación detecta que el gasto público ejercido en el pago de publicidad oficial a los medios de comunicación –tan sólo en 2011 y sólo en 27 estados- es de cuatro mil 518 millones de pesos, cantidad que, indica el reporte, es casi el doble del costo de producción de todos los libros de texto gratuitos del país.

EL INFORME 

En el debate sobre el reporte participó el ex Diputado perredista y hoy Senador Fernando Ríos, quien durante la legislatura pasada presentó una iniciativa para regular este tipo de recursos públicos invertidos en los medios de comunicación. El legislador dijo estimar no en cuatro mil, sino en más de 10 mil millones de pesos el gasto real ejercido en la materia por parte de las administraciones públicas del país, por lo que sería casi similar, dijo, a los 12 mil millones de pesos que diversos estudios calculan serían suficientes para abatir la pobreza extrema en las entidades más pobres de la república, como lo son Guerrero y Oaxaca. En su participación, el periodista y analista político Ricardo Raphael se refirió a la gravedad de la falta de transparencia con la que se ejerce el gasto en publicidad oficial y a la impunidad con la que los gobernantes usan tales recursos para comprar las líneas editoriales de los medios de comunicación. 

“¿Por qué el tema de la publicidad gubernamental se vuelve todavía más enojoso? Porque daña varios derechos; es como una suerte de carambola, porque cuando no hay claridad, transparencia, como en este caso, justificación en los presupuestos, es muy fácil callar gente pagándole”, dijo. “Es decir, agredir el derecho a estar información, o sesgar la información, porque daña la libertad de expresión”, agregó el también académico. La integrante de Fundar y una de las autoras de la investigación, Justine Dupuy, recordó por su parte que regular el gasto en publicidad oficial es uno de los compromisos de campaña contraídos por el hoy Presidente Enrique Peña Nieto e incluidos en el Pacto por México. “Recordamos que es una tarea pendiente de los legisladores y una promesa del hoy Presidente de la república. El artículo 134 de la Constitución, reformado el 13 de noviembre de 2007, prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial; los legisladores tienen la obligación de reglamentar ese artículo, y hasta la fecha no lo han hecho”, dijo Dupuy. “Y en una columna de opinión, el 16 de julio de 2012, el Presidente electo Enrique Peña Nieto anunció ‘impulsaré la creación de una instancia ciudadana que supervise la comparación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno’. Hacemos entonces un llamado urgente al Presidente de la República para que cumpla con su promesa de campaña”, agregó la investigadora. 

El documento fue presentado ayer por la mañana ante medios de comunicación en un salón de un hotel del Paseo de la Reforma. De acuerdo con la gráfica principal del informe, sólo los estados de México y Colima entregaron a los investigadores el total de la información solicitada –gasto en publicidad oficial, desglose por tipo de medios, por proveedores y por proyectos- mientras que, en el otro extremo, ocho entidades no respondieron a ninguna de las preguntas. En esta última categoría, el reporte coloca a Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Coahuila e incluso el Distrito Federal. En entrevista, Dupuy informó que los gobiernos del DF y Puebla entregaron los datos solicitados sólo después de la interposición de recursos de revisión.

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La nueva política nacional de vivienda no tiene reglas claras, dicen analistas, y dejan vulnerable al sector

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).-Sin conocer las reglas precisas de la nueva política nacional de vivienda, sobre todo para las reservas territoriales, el sector continuará en una situación frágil, sensible e incierta, y en los dos años que da el Gobierno Federal para la adaptación del nuevo marco normativo, algunas desarrolladoras pueden cerrar, expusieron analistas. Ayer, en el hotel St. Regis, el Presidente Enrique Peña Nieto le dio posesión a los miembros del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y expuso que su política debe dar certidumbre al desarrollo de la política de vivienda con lineamientos claros que no estén sujetos a sorpresas. Las reglas de operación para el año 2014 deberán anunciarse “cuanto antes”. El mandatario dijo que instruyó a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para que acelere este proceso y estén a más tardar el 30 de mayo. Este anuncio, el Presidente lo hizo entre los aplausos de los integrantes de la Canadevi, que a partir de ayer preside Fernando Abusaid Quinard. En la única alusión a la vivienda social, impulsada desde el gobierno de Luis Echeverría, Peña Nieto informó que ha ordenado la revisión del total de reglas con el fin de adelgazar el exceso de requisitos que impiden que los trabajadores logren acceder a los créditos de vivienda digna, como lo ordena la Constitución. Recordó los cuatro ejes de la Política Nacional de Vivienda anunciada el pasado 11 de febrero que buscan mejorar la coordinación interinstitucional, impulsar el tránsito hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente y reducir el rezago habitacional. Los datos de la propia Canadevi arrojan que México mantiene un déficit habitacional de ocho millones de viviendas y hasta el final del calderonismo, cada año se creaban 700 mil casas nuevas. La curva ascendente del desempleo y la restricción de financiamiento que desató la crisis financiera del -2009, provocó el cierre de la mitad de las constructoras de vivienda en el país, una reducción en la oferta y menor demanda de hipotecas. Ante el Plan Nacional de Vivienda de Peña Nieto, analistas consultados coincidieron en que la apuesta de construir en reservas territoriales alejadas de los centros laborales y el endeudamiento creciente, colocó a las desarrolladoras en esta escena frágil que ahora se vive. Es probable que otras tantas no soporten un viraje en las reglas gubernamentales. 

CAYERON ACCIONES HOMEX Cuando el Presidente Peña Nieto hablaba ante el nuevo consejo de la Canadevi, las acciones de Homex se derrumbaron en la Bolsa Mexicana de Valores a pesar del crédito otorgado por el gobierno de 12 millones de dólares para que el esquema de la desarrolladora vire hacia la vivienda popular vertical. Para esta caída se conjuntaron las expectativas de débiles resultados para empresas del sector de construcción de viviendas en el primer trimestre del año y preocupaciones por el deterioro de su liquidez. “Esto es solo ejemplo de los golpes en el mercado”, dijo en entrevista para Sin Embargo, Mario Copca, analista de CI Banco. “El mercado no sabe qué va a ocurrir. Cuando no se tiene certidumbre total eso genera nerviosoismo y afecta los activos. Creo que la perspectiva en el mediano plazo son mejoras para las empresas que tengan una oferta muy barata”. “Del Plan Nacional de Vivienda todavía no nos dan estos detalles. Falta la parte legal con precisión. Y el sector debe recuperarse en el horizonte de un año con la consideración de que tiene uno de los ritmos más lentos”, añadió el analista. Marco Medina analista de Ve Por Más, Casa de Bolsa expuso que falta información sobre hacia dónde virarán las reglas y ello por ahora, complica el panorama. “El mercado desconoce lo que puede ocurrir”. 

HAY OBJETIVOS ALINEADOS Peña Nieto precisó que el sector vivienda y el Gobierno de la República tienen propósitos compartidos y objetivos alineados. “Ambos queremos que la industria de desarrollo y promoción de la vivienda siga siendo un motor relevante de la economía nacional y una importante fuente de empleos para todos los mexicanos”. Abusaid Quinard, como nuevo dirigente de la Canadevi, pidió que los mecanismos se aceleren para que servidores, trabajadores del Estado, policías y otros empleados accedan a créditos de mayor monto y así arrancar la nueva política de vivienda del Presidente Enrique Peña Nieto. Flavio Torres Ramírez, presidente saliente de la Canadevi había expresado que esa cámara recibió con beneplácito en febrero pasado por las nuevas disposiciones de la política nacional de vivienda. “Consideramos que tiene grandes coincidencias con la visión que hemos adoptado, orientadas a elevar el nivel de vida de las familias mexicanas”.

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PRI intenta obstaculizar, más que regular, las iniciativas ciudadanas: Colectivo Libre Internet para Todos

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).-Para el colectivo Libre Internet para Todos, el cual logró introducir la primera iniciativa de carácter ciudadano dentro de las comisiones legislativas del Senado de la República, el Partido Revolucionario Institucional pretende obstaculizar esta conquista de la sociedad con su propuesta para regular las iniciativas ciudadanas y la consulta popular. El defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof, a nombre del colectivo, consideró importante regular estos instrumentos ciudadanos. Sin embargo, alertó que una reglamentación excesiva podría significar una pesada losa para que se realicen en la práctica. El activista se refería a la iniciativa para crear la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular, propuesta por la Senadora priista Blanca Alcalá Ruiz, que establece un mínimo de 105 mil firmas de ciudadanos con credencial de elector, para poder avalar una iniciativa ciudadana y poco más de un millón 600 mil firmas, para solicitar una consulta popular. “Es excesivo el porcentaje, si bien la consulta implica un ejercicio extraordinario de recursos, el colocarle el dos por ciento como requisito, haría que estos ejercicios rara vez se llevaran a cabo. Lo que va en contra del ideal de la reforma política del año pasado. La idea es facilitarlos, no obstaculizarlos”, sostuvo Jesús Robles Maloof. Y para muestra un botón. Según el defensor de derechos humanos, en Morelos, la Ley de Participación Ciudadana establece porcentajes similares, lo cual ha impedido la viabilidad de solicitar un referéndum o plebiscito, o la posibilidad de presentar una iniciativa ciudadana. Indicó que es el claro ejemplo de una añeja estrategia del PRI, acuñada durante más de 80 años, en donde se compromete de palabra a defender la libertad de expresión y en los hechos, la obstaculiza. Jesús Robles consideró que esta misma estrategia se cierne sobre la iniciativa Libre Internet para Todos. “Ha habido poca seriedad por parte de algunos senadores y creo que están mandando un mensaje totalmente negativo para la ciudadanía. Como es costumbre, algunos han recibido -de palabra- con agrado la iniciativa, pero en los hechos la han puesto en la fila de espera de iniciativas absolutamente triviales”, puntualizó. Sin embargo, aclaró que, a pesar de la indiferencia, esta iniciativa ciudadana no está atorada en el limbo parlamentario, como quisieran hacer creer algunos legisladores. Recordó que un acuerdo de la Junta de Coordinación Política le permitió seguir su curso en espera de dictaminación, aunque ahora, su trámite se unirá al destino de la reforma en materia de telecomunicaciones. Respecto a la propuesta para socializar el internet a todos los mexicanos, Robles Maloof consideró que el PRI manda un mensaje contradictorio al incluir en la Constitución el acceso universal a la banda ancha, y por otro lado, pretende obstaculizarla con una serie de artículos transitorios que le restan efectividad. “Si esto fuera así, ¿por qué su grupo parlamentario no le ha dado preferencia legislativa a nuestra iniciativa, a la iniciativa e los ciudadanos? Si es que de verdad el PRI quiere tomar en serio la reforma constitucional debería darle preferencia a nuestra iniciativa, sin demerito de que construyan una vía de regulación”, enfatizó. El activista consideró que el internet universal y gratuito no es un capricho, sino una necesidad en el México inmerso en la era digital. Puntualizó que el acceso a Internet permitirá detonar la creatividad de las personas, y sobre todo, llevar información plural a las comunidades más alejadas del país. LA INICIATIVA DEL PRI El martes, la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa que busca regular en una sola ley a la iniciativa ciudadana y la consulta popular. La Senadora Blanca Alcalá Ruiz presentó la propuesta y dijo que en el caso de la iniciativa ciudadana, se propone sujetarla a un procedimiento legislativo normal. Es decir, equivalente al de cualquier otra iniciativa de ley o decreto presentada por las legislaturas de los estados de la Federación, los diputados o los senadores o, bien, por el Ejecutivo cuando no la solicite bajo el procedimiento de iniciativa preferente. Sin embargo  aclaró, las iniciativas ciudadanas deberán ser presentadas por el equivalente, al menos, del punto trece por ciento de la lista nominal de electores vigente al momento de presentarse, es decir, al menos 105 mil ciudadanos con credencial para votar. La legisladora dijo que al 1 de marzo de 2013, la lista nominal se integraba por 80 millones 791 mil 371 ciudadanos y que el 0.13 por ciento es equivalente a 105 mil 28 ciudadanos. Esta cifra puede modificarse dependiendo del número de personas que tengan su credencial de elector vigente y estén en la posibilidad material de votar, dijo. A su vez, la legisladora poblana negó que se propuesta fuera un intento del PRI para “limitar” o “poner candados” a estos instrumentos ciudadanos. “Yo soy una convencida de que hay que fomentar la participación ciudadana, tenemos que hacerlo de manera abierta, insistente, pero también responsable. (…) Si algo queremos hoy los priistas es que las cosas sucedan y para que las cosas sucedan, tienes que ir poniendo en blanco o negro, cada una de estas disposiciones”, aseveró Blanca Alcalá.

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PRD llevará a consulta la firma del Pacto por México.

Jesús Zambrano fue asediado con carteles que le reclamaban la firma del Pacto por México. También recibió insultos. “Si yo sola digo que se salgan del Pacto [por México], no me van hacer caso. Ellos van a seguir. Pero si muchos opinan que no deben permitir que los priistas hagan lo que ellos quieren, a lo mejor sí hacen caso”, dijo Juana Becerra, una militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde hace 12 años. A pesar de que Juana está en contra de que sus líderes negocien reformas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del Pacto por México, ayer acudió al módulo de afiliación perredista ubicado en la colonia Roma Norte para refrendar su militancia. “Que no esté de acuerdo no quiere decir que voy a darles la espalda. Yo creo que el PRI hizo que todos los partidos estén con él, porque la unión hace la fuerza. El PRD debe de tener intereses al firmar ese acuerdo”, indicó la mujer. El tema del Pacto por México no ha sido fácil para la dirigencia del PRD, principalmente para el presidente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, quien fue criticado por perredistas de otras corrientes dentro del partido cuando firmó el acuerdo. Las críticas se agudizaron cuando Zambrano fue nombrado presidente del Consejo Rector hace unas semanas. Algunos líderes de la fuerza política escudan acciones (como la alianza PRD-PRI en Chihuahua) en la participación de su líder nacional en este acuerdo político. De hecho, el perredismo de Chihuahua justifica su alianza electoral con el PRI –a la que Zambrano, en teoría, se opone– a que el dirigente nacional tiene una coalición “de facto” con los priistas. Debido a estas presiones y enfrentamientos, las principales corrientes del partido acordaron realizar un estudio de opinión entre la militancia perredista sobre la participación del Sol Azteca en el Pacto. El Pacto fue firmado el 2 de diciembre de 2012. Es decir, hace 4 meses y una semana, aproximadamente. “Que nos permita valorar y medir qué tanto la gente está considerando positiva o está reprobando nuestra participación en el Pacto. Yo soy de los convencidos, por eso sigo en el mismo, de que es una forma distinta de escribir la historia del país desde la izquierda participando porque de otra forma estaríamos aislados”, detalló. El dirigente nacional perredista omitió adelantarse a los posibles resultados de la encuesta que se definirá durante los próximos días. “Yo preguntaría qué tal si resulta como lo están diciendo una gran cantidad de encuestas, que saludan nuestra participación en el Pacto”, indicó. Armando Contreras, secretario de Alianzas Electorales del PRD, dijo que el estudio de opinión que plantea Zambrano, llegó tarde. “Lo están haciendo al revés. Hubieran convocado a la militancia antes de firmar el Pacto”. El perredista explicó que el grueso de los militantes están desarticulados e inactivos y sugirió que la encuesta es para limar asperezas al interior del partido. “Si tanto les interesa la opinión de la población, había mecanismos para hacerlo antes. Están los consejos estatales por ejemplo”. Contreras puso en duda la eficacia y veracidad del estudio de opinión que se plantea, pues existen muchas casas encuestadoras que se prestan para sesgar las preguntas y maquillar los resultados, dijo. “Las encuestas son a modo, para que resulte lo que ellos quieren y en dado caso que la militancia diga que no está de acuerdo ¿se saldrá Jesús Zambrano del Pacto?, no estoy seguro”, finalizó. Mientras tanto, perredistas como Jesús Francisco Florencio Martínez, un hombre de 65 años que se dedica a la seguridad privada, no entienden mucho del significado del Pacto que firmaron sus líderes, pero sienten un profundo rechazo por el PRI. “El PRI nos robó la elección con Andrés Manuel López Obrador y cada vez estamos peor en empleo, en salario. Qué puedo decir, no sé para qué es ese pacto”.

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“Una burla”, el relevo en la Comisión Monex: López Obrador

PEDRO ZAMORA BRISEÑO
11 DE ABRIL DE 2013 · 6 COMENTARIOS
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El edificio de Monex en la ciudad de México.
Foto: Miguel Dimayuga

COLIMA, Col. (apro).- El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador calificó como “una burla” lo ocurrido dentro de la comisión legislativa que investiga el caso de las tarjetas Monex, cuyo presidente, el diputado perredista Roberto López Suárez, fue sustituido por el priista José Rangel Espinosa.

“Son unos cínicos”, comentó el líder opositor al hacer notar que el nuevo titular de la comisión pertenece al mismo partido del presidente Enrique Peña Nieto, en cuya campaña se cometieron las presuntas anomalías con las tarjetas.

Entrevistado esta tarde en el marco de su visita a esta ciudad para tomar protesta al comité municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), López Obrador consideró que en las condiciones actuales la Comisión Monex ya no funcionará.

Al respecto, el político tabasqueño cuestionó: “¿Cómo va a investigar el mismo Peña Nieto sobre su ilegalidad de utilizar dinero de procedencia ilícita? Es como si se juzgara a sí misma la maestra Elba Esther. Peña Nieto ahora se está investigando, pues entonces ya sabemos cuál será el resultado.”

Definió como “una telenovela, o una tragicomedia convertida en telenovela con capítulos” lo que ha ocurrido actualmente en México con Enrique Peña Nieto como actor.

“Ahí lo maquillan, lo peinan, se tardan como una hora haciéndole la raya, el copete, le ponen moco de gorila, lo presentan en la televisión y lo ponen a leer en un teleprompter porque no es capaz de improvisar”.

Uno de los capítulos, refirió, fue el de “La traición”, que tuvo que ver con el encarcelamiento de la expresidenta del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, “haciendo creer que ahora sí las cosas van a cambiar, que ahora sí se va a combatir la corrupción, pero todo es un espectáculo, un circo”.

Sin embargo, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal sostuvo que “Peña Nieto es igual de corrupto que Elba Esther”, pues también tiene grandes mansiones como ella, ambos viajaban en avión particular y compraban en tiendas de gran lujo del extranjero.

Además, sobre la acusación de que Elba Esther Gordillo lavó dinero, “Peña también, utilizó miles de millones de procedencia ilícita para comprar votos”, fustigó López Obrador.

En relación con el movimiento magisterial de Guerrero en contra de la reforma educativa, el tabasqueño dijo que el gobierno no debe enfrentar este asunto con difamación en los medios, con amenazas y mucho menos con represión.

“Tiene que haber diálogo y compromisos, porque no se resuelve nada con el uso de la fuerza o con mano dura, tienen que abrirse las negociaciones, no imponer nada ni utilizar los medios de comunicación, sobre todo la televisión, para denigrar a los maestros”, estimó.

De acuerdo con el fundador de Morena, hasta ahora el gobierno federal no ha mostrado voluntad de diálogo con los maestros de Guerrero, sino que “hay mucha cerrazón” porque Peña Nieto tiene mucha influencia del fallecido expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

“Deberían entender que se trata de un conflicto social y tratarlo de otra forma, buscando el entendimiento; hay que saber rectificar, informar a los maestros de qué se trata porque hablan de una reforma educativa, pero realmente es una reforma laboral que quieren aplicar; yo no veo dónde esté el planteamiento para mejorar la calidad de la enseñanza, para que no haya rechazados, no veo eso”.

López Obrador descartó que exista un riesgo de estallido social en el país porque a su juicio la gente no quiere violencia, busca el diálogo, aunque el gobierno no está haciendo su trabajo.

A su vez, reiteró que Morena no entrará al Pacto por México, porque “es una simulación, una tomadura de pelo”, pues significa mantener la misma política económica que ha provocado la inseguridad y la violencia. “No vamos a formar parte de la comparsa, Morena no es un partido palero”.

Si continúa la misma política económica, advirtió, no se resolverán los problemas y, por el contrario, se agravará la situación, se complicará la crisis económica, la crisis de bienestar social, de inseguridad y de violencia.

A la mayoría de los mexicanos, advirtió, “ya le llegó el agua al cuello: no hay trabajo, al que tiene un empleo sus ingresos no le alcanzan para lo más indispensable y, encima de todo, estos irresponsables de la banda de delincuentes que malgobierna al país están aumentando los precios de los combustibles, la gasolina, el diesel, el gas y la luz”.