jueves, 30 de septiembre de 2010

Sainete a patadas - Miguel Ángel Granados Chapa - Periodista

Distrito Federal– En el sórdido ambiente del futbol mercantil, el que fuera de las canchas decide la suerte de los jugadores y directores técnicos, está ocurriendo un sainete, divertido por la exhibición de hipocresía y autoritarismo, y del que puede, aunque la posibilidad sea remota, surgir la dignificación de un negocio que se parece demasiado a la trata de personas.

El 8 de septiembre, después del juego amistoso de la selección mexicana contra la de Colombia, en Monterrey, los jugadores mexicanos organizaron una juerga en el hotel donde habían estado concentrados. Estaban ya liberados de su compromiso y pudieron comportarse como adultos que festejan hasta el límite que cada quien se impone. Supongo que el desfogue que sucede a un encuentro adquiere más de una vez las dimensiones de una parranda entre amigos o compañeros de equipo. Pero esta vez, probablemente por delación de un miembro de la Federación Mexicana de Futbol, la banacal trascendió a los medios y se generó un escándalo, artificialmente azuzado porque de la pachanga no se derivaron daños y perjuicios para el equipo, como hubiera ocurrido si el convivio se hubiera realizado antes de un encuentro.

Ante el escándalo fabricado, la Federación Mexicana de Futbol, una asociación civil que actúa como si fuera un poder autónomo dentro del Estado mexicano, resolvió sancionar a los juerguistas, atribuyéndoles faltas a la disciplina. En proceso oscuro, que juzgó en bloque a los deportistas pero produjo sanciones diferenciadas, a dos de ellos, Carlos Véla y Efraín Juárez, los echó fuera de la selección durante seis meses, y al resto de los acusados (Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Francisco Javier Rodríguez, Carlos Salcido. Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Enrique Esqueda y Héctor Moreno) se les multó con cincuenta mil pesos a cada uno. En un acto de falsa filantropía, la Federación dispuso que el monto, los 550 mil pesos resultantes fueran donados a una obra en Ciudad Juárez (donde se realizará el próximo partido de la selección, contra Venezuela) o a los damnificados de Veracruz. No quedó claro cómo se haría efectivo el pago de la sanción. Salvo tres de los afectados (Ochoa, Torrado y Esqueda) todos los demás juegan en Europa, en las ligas de Gran Bretaña, Holanda y España.

Organizados por Márquez, capitán del equipo en la cancha, los afectados reaccionaron vivamente contra la sanción, o por lo menos el modo de darla a conocer. En una carta, sin firmas, enviada por correo electrónico a Justino Compeán y Decio de María, presidente y secretario general de la Federación, solicitan no ser convocados a próximos juegos de la selección (es decir, anuncian que no acudirán al llamado) en tanto permanezca a cargo de los equipos nacionales el señor Néstor de la Torre. Contra él personalmente dirigen su argumentación los jugadores, y le imputan no pocos defectos e insuficiencias en el desempeño de su responsabilidad.

En congruencia con varios juicios severos y aun agrios contra la prensa deportiva, los no firmantes pero presuntamente autores de la comunicación, pidieron a los destinatarios que esa carta no fuera dada a conocer a los medios. Pero el documento, fechado al día siguiente de anunciadas las sanciones en su contra, apareció el martes en el diario deportivo Record. Se percibe en él enojo y molestia no tanto por las sanciones que, por otra parte, consideran injustificadas, sino porque se les expuso al escarnio público, a diferencia de otras veces en que, dicen, la ropa sucia se ha lavado en casa.

Será hasta octubre, cuando se reúnan los dueños de lo clubes de futbol cuando se adopte una decisión sobre la actitud de los jugadores, que en general han sido condenados en la prensa especializada, que los acusa de soberbia. Al contrario, me parece que entre los tufos que suele despedir el ambiente del negocio futbolero, la carta de los trece es una bocanada de aire fresco, un rapto de dignidad de los jugadores lastimados en su reputación, que por primera vez rehúsan ser tratados como cosas. Habrá que esperar cuántos se sostienen en esa posición. Es posible que más de uno cambie de opinión, ante las presiones que su conducta ha suscitado, y alegue no haber suscrito la carta. Sería una lástima que dejaran en la estacada a Márquez y abandonaran la defensa de su buen nombre, lastimado por una organización que se arroga capacidades que el derecho nacional no puede admitir.

El régimen autoritario de la FMF está a prueba en estos días en los tribunales de amparo. Está por dilucidarse el caso de Salvador Carmona, un jugador que fue declarado reincidente por el uso de tóxicos y al que se le vedó de por vida participar en equipos de futbol profesional. Carmona ha pretendido defenderse demandando por daño moral a la Federación, que no únicamente lo exhibió como vicioso ante la opinión pública, sin pruebas adicionales a las internas de la Federación, sino que también contrarió la libertad de trabajo estipulada en el artículo quinto de la Constitución.

En un caso más la Federación se comporta al margen del derecho, esta vez del derecho mercantil, o corporativo como se le llama ahora. El señor Ricardo Henaine, castigado por un año por un ex abrupto contra un árbitro, adquirió la mayoría de acciones del club Puebla, pero debe esperar ser reconocido como titular de la propiedad del equipo angelopolitano por el poderoso club de dueños, el verdadero foco de decisiones de una Federación que actúa como mampara de sus intereses, no sólo futboleros.

Todos contra Juárez - El Diario - Ciudad Juárez, Chihuahua


Por todos lados, sectores sociales y empresariales que han sufrido las acciones y las omisiones del Gobierno federal, consideran que la bandera del “Todos somos Juárez” es una verdadera burla.

Por la forma en que se le ha tratado a esta ciudad, muchos coinciden que el programa bien podría llamarse ‘Todos contra Juárez” porque de plano en lugar de rescate parece de mera exclusión.

Ayer en el sector productivo andaban que echaban chispas, luego de recapitular que desde que se pidió la amnistía fiscal para Juárez ante la devastación generada por la crisis financiera y de inseguridad, en otros cuatro puntos del país ya se otorgaron prórrogas y exenciones.

En Baja California, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, temblores, tormentas y huracanes generaron el estado de emergencia que llevó a decretar los apoyos fiscales.

La ley habla de las facultades del titular del Ejecutivo para decretar amnistías por desastres naturales pero ¿qué no podría considerarse la emergencia por un desastre social ante los miles de muertos que está dejando la guerra contra el narcotráfico y el pleito de los cárteles por esta plaza?

Más de seis mil familias son damnificadas por la criminalidad atroz, el desempleo crece por las empresas que cada día cierran sus puertas ante la falta de clientes o el temor a los extorsionadores, generando una verdadera catástrofe, pero los funcionarios federales son incapaces de ver más allá de lo que les dicta el librito.

La legislación también habla de emergencia por epidemias cuyos daños justifiquen el armisticio fiscal pero ¿qué acaso las hordas de delincuentes en Juárez no están generando más muerte y destrucción?

UNA MÁS. En el contexto de la crisis de inseguridad y dentro de la estrategia del “Todos somos Juárez” (que se supone es integral y atiende también lo social) el Gobierno federal se la ha pasado dando tumbos con su programa de regularización de vehículos chuecos.

Ante el fracaso en la respuesta ciudadana por los altos costos de la importación, la Secretaría de Economía emitió un decreto que se supone haría accesible la regularización, pero ya pasaron dos meses y la medida sigue sin ser efectiva porque a los señores de la Secretaría de Hacienda se les olvidó publicar las reglas de operación.

El costo sigue por las nubes y los juarenses, aunque querían ponerse en orden, le dieron la espalda al programa porque en el centro del país les importó más pegarle al bolsillo que hacer efectiva la supuesta estrategia de seguridad para identificar todos los autos en circulación.

Así se las gastan en el Gobierno federal: dicen una cosa y hacen otra.

REGRESAN AL CIPOL MAYOR. Con todo y amenazas encima, el director de la CIPOL, Saúl Hernández fue regresado de sus muy convenientes vacaciones por el gobernador Reyes Baeza Terrazas para que explique el vergonzante episodio del narcoasalto al C-4.

Hernández había pedido una licencia de 15 días por lo que ya no regresaría a despachar antes del fin de la administración, pero fue llamado a cuentas antes de que se cierre el changarro.

El propio gobernador hizo el anuncio aunque ya no se supo si nomás les deberá dar la explicación a sus jefes o si, como debería de ser, es enviado a responder ante las instancias judiciales.

Por cierto que por la gravedad del caso ya era para que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR anduviera en Chihuahua, por lo menos arraigando funcionarios sospechosos de estar vinculados a los grupos criminales.



NARCOINSURGENCIA. Día con día se agregan episodios a la macabra historia de descomposición del estado de derecho en tierras chihuahuenses.

Desde que hace más de 2 años se desató la violencia vinculada a los grupos de crimen organizado, decenas de mensajes en mantas se han desplegado por todo el estado, principalmente en Juárez y Chihuahua, generando siempre la inquietud ciudadana respecto a cómo es que nunca han sido detectados por los cuerpos policiacos en tal actividad.

Al difundirse un video por Internet de un grupo operando en la capital del estado, causa sobresalto constatar la forma en que a plena luz del día, el comando hace un operativo en la que puede considerarse la vialidad con mayor aforo, para colocar sobre un puente elevado una manta, tomándose todo el tiempo del mundo y mostrando su arsenal a los conductores.

Con este tipo de casos ¿cómo se puede cuestionar a quienes han dicho con todas sus letras que hay partes del país, como Chihuahua y Juárez en que se vive una narcoinsurgencia?

¿Los ataques constantes contra elementos de todas las corporaciones (ayer en Juárez otros dos federales muertos elevaron a 110 el número de policías asesinados en lo que va del año) no son parte de ese alarmante diagnóstico?

REPRESENTACIÓN. Regresando con los funcionarios federales, será el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, quien acudirá a la capital del estado para el último informe del gobernador José Reyes Baeza, en representación del presidente Felipe Calderón.

El juarense que además es el representante presidencial para el supuesto programa federal de rescate, estará en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua para despedir al mandatario pero ya no supieron los reporteros si habrá reclamos, o todos se saludarán como si el programa hubiese resultado exitoso.

DEFINICIÓN. Entre panistas chihuahuenses está corriendo rápido la definición que sobre la contienda por la dirigencia nacional tomó el diputado federal Javier Corral Jurado.

Aunque no le competirá directamente al senador Gustavo Madero, se comenta que será operador y apoyo del diputado Francisco Ramírez Acuña para que sea el relevo de César Nava en diciembre.

La gran solución - Sergio Conde Varela - Abogado

Hace unos días en la llamada “Isla del Padre”, en el vecino Estado de Texas, se llevó a cabo una serie de conferencias relacionadas con las adicciones que padecen miles de personas en estos tiempos de inseguridad, de angustia y de injusticia. El problema se refleja en muchas comunidades, especialmente en nuestra querida ciudad calificada como la más insegura del mundo, y en meses pasados como el centro generador de los mayores homicidios del globo terráqueo.

Desde luego que en la reunión indicada los temas fueron variados y los testimonios impactantes, especialmente aquellos referidos a las conversiones de personas que transformaron su existencia, desde una posición antisocial hasta convertirse en seres reintegrados a la vida normal y productiva, de valores materiales y espirituales.

Fueron muchas las ideas que se desprendieron, las sugerencias y los planes de restauración del tejido social que ha sido afectado no sólo por los hechos criminales, sino por las caprichuda e irresponsable apatía de no enfrentarse con decisión, empeño y profesionalismo a una problemática que exige compromiso real, auténtico y no desperdiciar el tiempo como el avestruz, metiendo la cabeza bajo la tierra para no ver los problemas por los cuales atravesamos.

Los deseos de los participantes se expresaron en puntos de vista muy valiosos, cargados de cifras y de métodos tradicionales utilizados para la solución de conflictos sociales; sin embargo, un testimonio se presentó de parte de un hombre cuyo nombre omitimos por razones obvias, que dejó sin aire a buena cantidad de conferencistas y del público que asistió al evento.

El personaje en cuestión, fue el dirigente número uno de las organizaciones antisociales del área este del vecino país y tuvo una conversión cristiana de impacto colectivo estremecedor.

Al terminar el testimonio, la persona empezó a recibir comentarios y preguntas del público y una de ellas, se relacionó con nuestra ciudad. Se le inquirió qué sugería que los juarenses hiciéramos frente a los graves problemas de inseguridad por los cuales atravesamos y él solícito, sin pensarlo mucho contestó que la gran solución para Juárez, era la petición al Creador para que llegara la respuesta.

Sin venir muy cargada de teología la respuesta, sino de una vivencia tremenda por la cual atravesó el ex dirigente, el público se remolinó, unos con incredulidad, otros con curiosidad y los más con un asentimiento tradicional de saber teóricamente qué esa era la gran solución esperada para nuestra ciudad.

Sin embargo, pasando la respuesta dada del dicho al hecho, surge en el horizonte trabajo incesante para muchas personas, especialmente para los sacerdotes, pastores y creyentes comprometidos. Hay una energía desconocida cuando una persona ocurre con voluntad férrea ante Dios en petición de alguna gracia y la respuesta es mayúscula, cuando son miles los que acuden a ese expediente y en el caso de Juárez el camino sugerido por alguien que vivió las circunstancias parecidas a las que hoy vivimos se despejó de manera maravillosa, y posiblemente estemos en el tiempo de intentarlo.

Algunos piensan que al aplicar este tipo de remedios nos alejamos de una realidad que exige otro tipo de respuestas, pero no es así. El camino sugerido es real. Quiéranlo o no, el dueño de este mundo es Dios y quizás no esté muy conforme con lo que aquí sucede y en camino viene la respuesta porque hay muchos creyentes de todas las denominaciones que constantemente han levantado su plegaria para que esto termine y cambie y con seguridad así será.

Tiene razón el converso, solamente el Creador tiene la respuesta y si bien es cierto que por palabras no queda, los encargados de dar respuesta a lo que pasamos no lo han podido hacer, no con declaraciones, no con acciones contundentes. Ha pasado mucho tiempo y el asunto se sigue empantanando, de tal suerte que la solución suprema, debe implementarse y de verdad, no tarda.

Narcoinsurgencia, la guerra sin utopía - Lorenzo Meyer - ANALISTA POLÍTICO




Distrito Federal
– Concepto Cargado. El domingo pasado en Indiana, Estados Unidos, el senador republicano por ese estado, Richard G. Lugar, abordó el tema del narcotráfico en México y afirmó ante un auditorio compuesto por mexicanos que asistían a un curso para fiscales, jueces y agentes, que en nuestro país los cárteles de la droga se han convertido “en una forma de narcoinsurgencia”, (Reforma, 26 de septiembre). Algo muy similar había dicho ya el 8 de septiembre en Washington la secretaria de Estado Hillary Clinton al asimilar la actual situación de México a la de Colombia hace 20 años. La reacción negativa del gobierno de Felipe Calderón por la comparación de la Sra. Clinton, llevó a que el propio presidente norteamericano, Barack Obama, corrigiera de inmediato a su secretaria. Sin embargo, esta vez lo dicho por el siempre mesurado senador Lugar ya no produjo una reacción tan airada en “Los Pinos”, quizá por considerar que resultaría contraproducente.

Quién lo Dice. Antes de analizar lo dicho en Indiana vale la pena hacer hincapié en quien lo dijo. El senador Lugar es el republicano con más antigüedad en el senado; empezó su carrera en 1976 y en 2006 –su reelección más reciente– reafirmó lo sólido de su base política: ganó el 87 por ciento de los votos. Su posición en el Comité de Relaciones Exteriores del senado es sólida como roca. Esa circunstancia más lo generalmente moderado e informado de sus posiciones, lleva a que con frecuencia éstas tengan un apoyo bipartidista, de ahí la importancia de sus pronunciamientos.

Lo Dicho. El corazón del argumento de Lugar está contenido menos en el concepto de narcoinsurgencia y más en esta afirmación: “Las organizaciones que desde México llevan a cabo el tráfico internacional de drogas representan la amenaza más inmediata a la seguridad nacional de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental”.

No es la primera vez que alguien en tiempos recientes considera que en México se está incubando un peligro para Estados Unidos. Quizá la posición más radical la formuló el ya desaparecido politólogo de Harvard, Samuel P. Huntington, que vio en la migración masiva a Estados Unidos de hispanos, en particular de mexicanos, un peligro para la preservación de los valores que hicieron grande a ese país: los de la cultura anglosajona, (¿Quiénes somos?: los desafíos a la identidad estadounidense, Paidos, 2004). El enfoque más imaginativo corresponde a George Friedman, un analista que supone la posibilidad de una guerra entre México y Estados Unidos al final del siglo XXI y cuyas raíces estarían también en la migración, (The next 100 years: a forecast for the 21st century, Cap. 13, Stratfor, 2009).

La Amenaza. El senador Lugar considera que los cárteles de la droga de México pueden ser una amenaza para la seguridad norteamericana porque esas organizaciones ya han logrado construir una verdadera infraestructura en Estados Unidos para la introducción y distribución de la droga y el lavado de dinero. El senador le propone al presidente Obama reaccionar con un aumento de los recursos que se dan al gobierno mexicano para enfrentarse a los “narcoinsurgentes” y un aumento de las acciones de inteligencia de parte del gobierno norteamericano –acción de agencias militares y civiles– en la frontera para detener el paso de drogas a Estados Unidos y el de armas a México.

El Problema: de Quién y Para Quién. De acuerdo con lo dicho por el senador de Indiana, “el problema ya está dentro de Estados Unidos”, implicando que éste se generó en México y migró al norte del río Bravo. Sin embargo, desde la perspectiva mexicana bien se puede decir lo opuesto: que “el problema” se originó en Estados Unidos y que ahora es una amenaza mayúscula para la seguridad nacional de México. Y es que justamente el que en nuestro poderoso vecino esté la principal fuente de la demanda de drogas ilícitas y la principal fuente de armas para los narcoinsurgentes, permiten decir que la seguridad mexicana está en un peligro mayor que la norteamericana –ésto lo reconoce Lugar– como resultado de los efectos negativos que en un país como México, con instituciones políticas y jurídicas muy débiles, producen los miles de millones de dólares que ingresan como resultado de la adquisición de drogas por varios millones de norteamericanos.

Es aquí donde conviene recordar que antes de que la Comisión de Shanghái propusiera en 1909 declarar ilícito el tráfico de opio, los grandes fomentadores del comercio y consumo de esa droga en China –de donde se extendió a otros países–, fueron no sólo los británicos sino también prominentes comerciantes norteamericanos de Boston y Nueva Inglaterra que acumularon fortunas enormes que luego trasladaron a campos más respetables. Como sea, el tiro que salió por la culata del comercio imperial del opio, también terminó por pegarnos a nosotros, que nada tuvimos que ver en su gestación.

¿Qué Hacer? En México el tráfico de sustancias ilícitas ha adquirido la dimensión monstruosa que hoy tiene debido a la vecindad con Estados Unidos. Sin embargo, a estas alturas, resulta un tanto académico, insistir en donde se originó el actual problema del narcotráfico. La asimetría de poder y recursos entre la nación consumidora y la nación proveedora ha llevado a hacer crecer de manera extraordinaria el cáncer binacional del narcotráfico, pero finalmente la forma de definir y de actuar sobre ese mal la dicta de manera unilateral la nación fuerte. La propuesta del senador Lugar es bien intencionada, sin duda, pero no deja de mostrar lo de siempre: que Estados Unidos es quien puede y debe actuar en relación a México pero sin que exista la posibilidad inversa.

La política esbozada por el senador Lugar no es muy diferente de las que Washington hizo y llevó a cabo durante la Guerra Fría para enfrentar a las guerrillas que amenazaban a sistemas pro americanos: auxiliar al gobierno bajo asedio con armas, equipo y asistencia técnica, pero sin revisar y reformar el trasfondo social del que se nutrían quienes desafiaban al orden existente.

El gobierno mexicano, por su parte, rechaza el concepto de narcoinsurgencia empleado por la secretaria Clinton y el senador Lugar porque, asegura, al crimen organizado que opera en México lo que le interesa es simplemente aumentar sus ingresos ilícitos y no tiene las características de los insurgentes clásicos: un proyecto político nacional alternativo. Lo anterior es cierto, pero Lugar y otros consideran que los criminales organizados sí tienen objetivos políticos como parte de su obvio proyecto económico. Además, conviene añadir que las filas del crimen organizado se nutren, como las de las insurgencias clásicas, de las clases dominadas, de esas que tienen poco que perder y mucho que ganar en el enfrentamiento.

La política del narco o narcopolítica es tan clara como brutal. El asesinato reciente de un candidato a gobernador y de un creciente número de alcaldes y funcionarios locales en las regiones donde el narcotráfico es más activo muestra que sus dirigentes buscan controlar la estructura de autoridad formal que está a ras del piso social. De acuerdo con cálculos de Edgardo Buscaglia, en 2008 el narcotráfico ya controlaba el 8 por ciento de los municipios y había infiltrado sus células en el 63%, (Proceso, 21, de septiembre, 2008).

Hasta mediados del siglo pasado el narcotráfico en México era un problema que el régimen priísta mantenía bajo control, pero cuando la importancia de su mercado externo aumentó y el antiguo régimen perdió vigor, los narcotraficantes se sacudieron ese control y hoy los papeles se han invertido y son los cárteles de la droga los que buscan ser el actor dominante y subordinar a la clase política. Y van muy de prisa en su empeño. En 2007 los asesinatos relacionados con el narcotráfico fueron 2 mil 275 pero en lo que va de este año ya suman alrededor de 8 mil 500; un aumento del 373 por ciento. Si se sigue por ese camino, México simplemente va a ser un país donde la lucha sea de todos contra todos, es a que Tomás Hobbes imaginó para caracterizar algo que no existía: el estado de naturaleza.

La demanda de drogas ilícitas es un fenómeno cuyas causas primeras y más fuertes se encuentran fuera de México. Esa demanda ha dado lugar a un problema que afecta nuestra seguridad, nuestra forma de vida y la soberanía nacional misma. Urge un enfoque nuevo, realmente binacional y que vaya más allá de la acción armada.

Nuestra crisis nacional debería desembocar en una reforma del Estado y de la sociedad mexicanas que generase los elementos mínimos de utopía que sirvieran para neutralizar las raíces y las razones de la narcoinsurgencia.

¡ Que no cunda el pánico ! . Helioflores.

Los Casasola Fotógrafos de la Ciudad de México

La ciudad de México, en los años que la definieron y marcaron como gran metrópoli: 19010-1940. Ciudad de contrastes, territorio de las más variadas y explosivas amalgamas sociales, artístcas y tecnológicas. Época en que los cambios sucedian uno tras otro en un espacio físico a la vez reducido y multiple el centro mismo de la ciudad. Una disnastía de fotoreporteros cuyo apellido, Casasola, pasaría a identificarse con la gesta revolucionaria, pero cuyas cámaras, al servicios de los más importantes periódicos, hacian frente a los vertiginosos aconteceres cotidianos de la capital.

Los Casasola fundaron la primera agencia fotoperiódistica.


AMLO exige a Calderón decir en cadena nacional por qué ordenó el michoacanazo

También debe explicar por qué razones 34 de 35 funcionarios detenidos ya están libres


Fue una decisión perversa tramada en la elite del poder: ex subprocurador Ignacio Mendoza

Saúl Maldonado y Ernesto Martínez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 30 de septiembre de 2010, p. 11
Andrés Manuel López Obrador exigió al presidente Felipe Calderón que explique en cadena nacional por qué ordenó la captura, sin pruebas reales, de los 35 servidores públicos que la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en 2009 en el llamado michoacanazo, de los cuales ya fueron liberados 34.

En la capital de Durango, donde este miércoles presentó su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, el ex candidato presidencial sostuvo que Calderón dio la orden de detener a los funcionarios de Michoacán y le exigió explicar, “así como acostumbra, en cadena nacional”, la razón de esas aprehensiones, y aclarar por qué 34 de los 35 detenidos ya están libres. “Que explique que no tuvieron pruebas, que todo se trató de un asunto político-electoral.”

Consideró que la PGR no tiene calidad política ni moral para hablar sobre la presunta implicación del diputado federal Julio César Godoy Toscano en el narcotráfico, cuando la propia corporación no pudo comprobar que los servidores públicos del michoacanazo estaban coludidos con el crimen organizado.

Además, López Obrador solicitó a Calderón que explique también en cadena nacional por qué protege a Gastón Azcárraga, “quien saqueó Mexicana de Aviación. Yo sí sé por que lo protege, porque ayudó en el fraude electoral; pero me gustaría que lo explicara a todos los mexicanos”.

En Morelia, el ex subprocurador del estado de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez –quien estuvo preso ocho meses y cinco días acusado de brindar protección al grupo criminal La Familia–, aseguró que el michoacanazo fue una decisión perversa que se tramó desde la elite del poder.

En entrevista, manifestó que detectó más de 125 inconsistencias de la parte acusadora, que incluyen mentiras, datos falsos, fechas que no coinciden, así como siembra de pruebas que no resisten el mínimo análisis.
Aseguró que las declaraciones en su contra y de los demás acusados se concentraron en un documento de 68 páginas tamaño oficio, con letra pequeña. “Es por eso que mi caso es exactamente igual al de cualquier otro compañero encarcelado por el llamado michoacanazo”, señaló.

También en Morelia, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán, Mauricio Prieto Gómez, anunció que ex funcionarios liberados del michoacanazo exigirán a Felipe Calderón la reparación del daño por haber sido encarcelados injustamente. Esto ocurrirá durante la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón que se celebrará este jueves en la capital del estado.

A su vez, la secretaria de elecciones del PAN, Luisa María Calderón, cuestionó al juez federal Efraín Cázares López, con jurisdicción en el estado, “por no actuar libremente” y haber liberado a los detenidos por el michoacanazo.

La hermana de Felipe Calderón aseguró que la sociedad michoacana reprueba la excarcelación de los implicados en este caso, así como la toma de protesta del diputado perredista Julio César Godoy, quien también fue acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, pero no fue detenido y obtuvo un amparo.

El dirigente del PRI en Michoacán, Mauricio Montoya Manzo, dijo que confía en que pronto saldrá libre el alcalde de Múgica, Armando Medina, ya que las acusaciones en su contra se basan en los mismos testigos que participaron en los juicios de los 34 funcionarios liberados.

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