Mostrando entradas con la etiqueta saqueo del país. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta saqueo del país. Mostrar todas las entradas

martes, 29 de marzo de 2016

Entre 18 países con mayor pobreza, México se ubica en el lugar número 13: Cepal

Una mujer baña a su hijo en un terreno ocupado irregularmente al norte de Veracruz. Foto: Yahir Ceballos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una lista de 18 países con mayor número de pobres, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) ubicó a México en el lugar número 13.
En su informe 2015 denominado “Panorama Social de América Latina 2015”, el organismo de la ONU precisa que 41.2% de la población vivía en pobreza en 2014, lo que equivale a más de 48 millones de personas.
Esta proporción es muy similar a los porcentajes de pobreza que hay en El Salvador (41.6%) y en Paraguay (42.3%).
Frente a ese panorama, la Cepal confirma la necesidad urgente de modificar las políticas económicas y sociales frente a la pobreza y la desigualdad en nuestro país, tal como lo han propuesto otros organismos internacionales, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con un comunicado difundido por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el informe dado a conocer en días recientes por la Cepal se confirma que la reducción de los ingresos es el factor central de incremento de la pobreza.
De igual manera se confirma la necesidad de contar con políticas laborales y productivas que generen inclusión y mejora del ingreso, así como mejorar la cantidad y calidad del gasto social.
“Este tipo de medidas coinciden con lo que ha propuesto Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Resulta entonces paradójico que la respuesta del gobierno de México a través de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sea criticar la metodología de la Cepal, como antes lo hicieron respecto a la metodología oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (Coneval)”, puntualiza el comunicado.
Añade: “Resulta aún peor tomar medidas cosméticas, como los ‘estados de cuenta de los programas sociales’, sin cambiar las condiciones que generan los bajos ingresos de las personas en pobreza o sin establecer el padrón único de beneficiarios que transparente esos programas”.
Según el informe de la Cepal, organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desarrollo económico y social para nuestra región, en América Latina hay 168 millones de personas en pobreza, equivalente al 28% del total de la población en los 18 países considerados. Entre ellas, hay 70 millones que viven en condición extrema (indigencia), equivalente al 11.8% de la población.
Los datos del informe ubican a nuestro país en el 13º lugar entre 18 países por la proporción de población en pobreza en la región.
En porcentaje de personas en pobreza, México sólo supera a los países centroamericanos más pobres: Honduras (74.3%), Guatemala (67.7%) y Nicaragua (58% – dato para 2009). Dicho porcentaje es muy superior a países de desarrollo económico menor como República Dominicana (37.2%), Colombia (28.6%) y Costa Rica (18.6%).
Los países de América Latina que presentan mayores avances en la reducción de la pobreza entre 2010 y 2014 son Uruguay, con un avance de 14.9%; Perú con un avance de 9.8%; Chile, que avanzó 9.1%, y Brasil, que logró reducir 7.9% la pobreza, de acuerdo con el citado informe de Cepal.
En contraste, los países que retroceden y tienen aumentos en la pobreza en los años recientes son Venezuela, con 4.9% de incremento, México con 2.9% más de pobreza y Honduras con un crecimiento de 2.3%.
Además de estos datos de evolución de la pobreza, el informe de Cepal analiza y propone medidas de fondo para avanzar frente a la pobreza y la desigualdad en nuestra región: la mejora en la cantidad y calidad del gasto social, reducir las brechas estructurales en el mercado de trabajo que generan ingresos y condiciones laborales precarias y pobreza, así como la mejora de la institucionalidad de las políticas de desarrollo social.
“En Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también coincidimos con este enfoque y en las políticas recomendadas, por ello, exigimos se tomen medidas urgentes para lograr avances sustanciales en la reducción de la pobreza”.
En particular, insiste en la urgencia de impulsar una economía incluyente que posibilite la mejora de los ingresos de toda la población, especialmente de quienes viven en pobreza, además de construir un sistema de protección social universal que garantice un “piso” de ejercicio de derechos sociales básicos, iniciando por el acceso efectivo a la salud.
Asimismo, generar mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para dar institucionalidad y efectividad a las políticas y programas.
De igual manera, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hace un llamado a las autoridades a enfrentar las causas que generan pobreza y desigualdad con medidas de fondo. “Pedimos superar la descalificación de las metodologías de medición de la pobreza, cuando no les son favorables”, apunta el comunicado.
Subraya: “En esta ocasión estamos frente a una paradoja: ante los datos recientes de Coneval que resultaron adversos, el titular de Sedesol solicitó ‘adoptar’ la metodología de la ONU. Y ahora que la ONU –a través de su organismo especializado, la Cepal– da a conocer sus resultados, también los descalifica por ser una metodología que usa la misma canasta alimentaria desde hace 35 años.
“Esta metodología –pese a sus limitaciones– permite comparar con la misma medida a los diversos países de América Latina en su evolución en el tiempo.
“También resulta preocupante que ante el incremento y permanencia de la pobreza, se tomen sólo medidas cosméticas como entregar un ‘estado de cuenta’ por los ingresos de transferencias y subsidios que se canalizan a los hogares a través de los programas sociales, como lo ha anunciado recientemente la Sedesol”.
Según Acción Ciudadana, esta medida solo modificaría las respuestas de los hogares ante los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sin cambiar las condiciones que generan la pobreza.
Y concluye que el informe de la Cepal es un nuevo llamado a cambiar las políticas económicas y sociales que no son efectivas frente a la pobreza.

sábado, 5 de marzo de 2016

Notas del latrocinio .- Pedro Miguel



La revisión a la cuenta pública de 2014, dada a conocer hace unos días por la Auditoría Superior de la federación (ASF), constituye una radiografía precisa de la corrupción monumental que caracteriza al gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque para cubrir el hueco causado en la renta petrolera por la privatización y por la caída de los precios del crudo el régimen se ha ensañado en el incremento de impuestos a las grandes mayorías, durante 2014 el Sistema de Administración Tributaria dejó de cobrar o devolvió más de 1.2 billones de pesos (el 7 por ciento del producto interno bruto) a un puñado de grandes empresas. “No es momento de reducir los impuestos”, dice Luis Videgaray, refiriéndose, claro, a asalariados, profesionistas, pequeños comerciantes y otros ciudadanos de a pie, mientras favorece con devoluciones en efectivo, exenciones y créditos fiscales a los capitales a los que rinde cuentas el peñato. Por estos días se anunció un recorte de más de cien mil millones de pesos al presupuesto de Pemex –lo que se traducirá en una reducción en la producción de cien mil barriles diarios. De manera coincidente, la ASF recibió la denuncia de un fraude por caso el triple de esa suma (271 mil 751 millones, para ser precisos) al Fideicomiso de Cobertura al Pasivo Laboral y de Vivienda (Ficolavi) de los trabajadores petroleros.

Las empresas mineras que destrozan el territorio nacional no pagan nada al Estado si tienen menos de cien hectáreas concesionadas, y únicamente 500 pesos anuales por hectárea, si tienen más de cien. Se cobra por superficie, no por lo extraído, o sea que la tarifa es la misma, independientemente de que extraigan oro o carbón. Pero un tercio de esas compañías no paga ni siquiera eso gracias a que ni el SAT ni la Secretaría de Economía se ocupan de realizar los cobros correspondientes.

Además de la expoliación de los bolsillos ciudadanos, para cubrir los enormes huecos que la corrupción deja en las finanzas públicas se recurre a un endeudamiento obsceno e injustificable que en los tres primeros años del peñato le ha costado al país cerca de 25 mil millones de dólares anuales para cubrir los intereses –sólo los intereses– de los empréstitos foráneos.

En mayo del año pasado Andrés Manuel López Obrador calculaba que el latrocinio asciende a unos 500 mil millones de pesos al año. Se quedó corto. Unos meses más tarde, Julio Millán Bojalil, presidente del Grupo Corporación Azteca, dijo que la corrupción le cuesta al país cerca de 740 mil millones. Los empresarios saben de lo que hablan porque no sólo se trata de los beneficiarios de contratos sucios, como los grupos Higa y OHL, o Autotraffic, la empresa de las fotomultas de Miguel Ángel Mancera, sino también de los que tienen que pagar los moches, las comisiones, las mordidas y las extorsiones de un sistema que LydiaCacho describe con precisión en su expresión local de Quintana Roo y que se extiende por todo el territorio nacional. En Veracruz, por ejemplo, además de fosas clandestinas, desapariciones y asesinatos, hay dos agujeros por 700 millones de pesos (fondo de pensiones de los trabajadores del Estado) y dos mil millones (presupuesto que el gobierno local debe entregarse a la Universidad Veracruzana), aunque Javier Duarte, responsable de aplicar y cuidar el dinero público en la entidad, jure que él no se ha robado “ni un centavo”.

Una parte del balance sale a la luz en sumas que van de unos cuantos millones a más de un billón. El otro lado apenas muestra su punta del iceberg en las residencias de lujo, en el avión presidencial, en los cientos de millones de pesos que los máximos funcionarios del Poder Judicial se embolsan con toda impunidad, en los quinientos millones de pesos que derrocha el INE en una injustificable renta de automóviles o en elcaviar, el salmón y la champaña con que se regalan los funcionarios “encargados de combatir la corrupción” en sus viajes al extranjero y que su jefe, el cara dura de Virgilio Andrade, considera que “cumplen con la normatividad”.

Claro que el robo del dinero público no se inventó hace tres años: baste con recordar las raterías del ultraderechista Jorge Serrano Limón, perpetradas al amparo de aquella inescrupulosa “pareja presidencial”, o el cochinero de la Torre de Luz de Felipe Calderón. Pero si para los gobernantes anteriores el latrocinio era un complemento inocultable del ejercicio del poder, el peñato lo ha convertido en su esencia. Y las pruebas brotan por todas partes.

jueves, 3 de marzo de 2016

Aprueban en el Senado despojo de agua y tierra

En 55 minutos debaten leyes sobre CFE y geotermia
PRI, PAN y PVEM, sin el PRD, agotan segundo dictamen de la reforma energética
Vergüenza, que los ejidatarios pasen de propietarios a peones de extranjeros: Encinas
Foto
Sesión de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado, donde en menos de una hora los legisladores de PRI, PAN y PVEM agotaron la discusión del segundo dictamen sobre las leyes secundarias de la reforma energéticaFoto José Antonio López
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 15 de junio de 2014, p. 2
En menos de una hora –sin la presencia de los senadores del PRD– la mayoría de PRI, PAN y PVEM concluyó la discusión en lo general y lo particular del segundo dictamen de legislación reglamentaria de la reforma energética, con la aprobación de tres leyes que permitirán no sólo avanzar en el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, sino en la privatización del agua, para beneficiar a las empresas de geotermia.
A las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que presiden el priísta David Penchyna y el panista Raúl Gracia, les bastaron 55 minutos para avalar las leyes de la industria eléctrica, de energía geotérmica, las dos de nueva creación y modificar la de Aguas Nacionales, que no se votaron, ya que eso quedó pendiente para el final, cuando se concluya el análisis de los cuatro dictámenes de la legislación reglamentaria en materia energética.
Es una vergüenza que el Senado avalara que a ejidatarios y comuneros se les obligue a entregar sus tierras a empresas extranjeras, con la amenaza de que de lo contrario se las expropiarán con gran celeridad, y encima que se abra la posibilidad de que les puedan pagar en especie o contratándolos. De propietarios pasarán a ser peones encasillados de las trasnacionales eléctricas y petroleras, declaró el legislador perredista Alejandro Encinas.
Destacó que es también muy grave que en la ley de energía geotérmica se haya declarado esta actividad como deutilidad pública, toda vez tendrán preferencia para la explotación del agua, que también se les va a concesionar.
Eso puede llevar, advirtió en entrevista, en que el agua que se destina a cultivos deberá canalizarse a proyectos de generación de electricidad.
El artículo 4 de dicha norma señala que las actividades de energía geotérmica son de utilidad pública, preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del subsuelo de los terrenos, y procederá la ocupación o afectación superficial, ya sea total, parcial, la simple limitación de los derechos de dominio o la expropiación, previa declaración de utilidad pública. Nada de ello se discutió en la reunión de comisiones dictaminadoras.
Al igual que un día antes, cuando se votó la ley de hidrocarburos, el panista Salvador Vega Casillas se reservó todo el articulado de las tres legislaciones ayer analizadas, ya que de lo contrario no podrían formular ningún cambio durante la discusión ante el pleno.
No hubo debate, sólo presentación de posturas de los grupos parlamentarios, en la que destacaron que no se privatizará la CFE y que la intención es modernizar el sector y ampliar las redes de transmisión. La senadora Ninfa Salinas, del PVEM, sostuvo que la intención es bajar los costos de la energía eléctrica.
En nombre del PRI, Héctor Yunes Landa expuso que se requiere la inversión privada, ya que con el esquema actual “la energía que utilizan millones de familias será impagable y se llegará a un escenario de tarifas más altas y presupuestos federales que no alcanzarán para subsidiar los recibos.
En tanto, el panista José Luis Lavalle planteó que se requieren más modificaciones, a fin de incrementar el mercado para los generadores privados de energía eléctrica –que son sólo para los de alto consumo–, ante lo que expuso la necesidad de que la Secretaría de Hacienda revise los subsidios cruzados que ahora se otorgan al consumo de electricidad.
De las afectaciones y expropiaciones de tierra nada dijeron, aunque en conferencia de prensa Vega Casillas dijo que harán cambios en ese rubro cuando la discusión se dé en el pleno, y el priísta Ascensión Orihuela comentó que su partido no dejará sin protección a los campesinos.
Los perredistas dieron a conocer un análisis de las leyes ayer discutidas, por el que concluyen que no se garantiza un suministro energético suficiente ni la disminución de los precios de la electricidad, como el gobierno ha sostenido en sus campañas publicitarias sobre la reforma energética.
Destacan que aunque la propaganda oficial sostiene que la CFE se fortalece, la realidad es que se avanza a su debilitamiento, toda vez que se deja solos a los usuarios domésticos, y por medio del cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica se ahonda en el desmembramiento, al ordenar que se separará horizontalmente, con los criterios que determine la Secretaría de Energía.
En el artículo 115 se enuncia la obligación de dicha dependencia de informar a los interesados en los proyectos de infraestructura eléctrica sobre la presencia de grupos vulnerables en el área donde llevarán a cabo sus negocios, con el fin de poner en práctica acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.
Sin embargo, en el artículo 117 se permite que las empresas puedan presentar sus propios proyectos de evaluación del impacto social que tendrían sus actividades, “lo que sólo va a crear estudios a modo” de las contratistas.

domingo, 30 de marzo de 2014

Van a regalar información de Pemex: OCE

Entrega de hidrocarburos

Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 2
La solicitud de Pemex sobre las áreas que pretende conservar para la exploración y explotación de hidrocarburos es un guión prestablecido que reproduce lo que consultorías del sector energético ya preveían y que coincide con las aspiraciones de empresas trasnacionales, consideró José Manuel Muñoz, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía (OCE).
Con el argumento de que carece de capacidad financiera y técnica, señaló, Pemex optó por pedir proyectos de bajo y mediano riesgos geológicos y técnicos, y aunque también solicitó algunos de mayor dificultad, anuncia que los trabajará en asociación con otras empresas, lo que forzosamente implica compartir la renta petrolera.
Mencionó como ejemplo Chicontepec, ya que aunque Pemex solicitó conservarlo, se tienen dificultades para su explotación y se requieren perforaciones horizontales, así que esta dificultad técnica va a ser la justificación para que el gobierno meta compañías externas para que desarrollen esa técnica.
Ya no se habla de contratos sino de asociarse y con eso prácticamente se tradujeron al español todos los análisis en inglés de agencias extranjeras sobre la apertura energética en México, dijo el especialista.
Las autoridades, dijo Muñoz, traen prisa por concretar la reforma y consideró que Pemex se quedó cortoen sus peticiones ya que tiene más capacidad de explorar y explotar que las áreas que solicitó y que representan 31 por ciento de los recursos prospectivos y 83 por ciento de las reservas probadas y posibles, según se informó el viernes.
Foto
Petróleos Mexicanos podría entregardatos de calidad sobre la producción a los posibles licitadoresFoto José Carlo González
Anticipó que lo más seguro es que Pemex sólo conserve los activos de producción, principalmente pozos terrestres. Pudiera estar pidiendo un poco más de lo que la Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos le van a aprobar. Le van a rechazar desde áreas de alto potencial, pero también campos en producción, alegando que son de baja rentabilidad para permitir que entren compañías extranjeras a hacerse cargo, con el pretexto de que tienen altas dificultades técnicas, insistió.
El presidente del OCE manifestó que se obligará a Pemex a entregar todos sus estudios, investigaciones y mapas sobre el subsuelo a empresas privadas que participen en el sector.
Es información valiosísima. Información es poder y además tiene un valor económico por lo que costó conseguirla o producirla, miles de horas-hombre, por los recursos materiales involucrados y los millones de pesos invertidos. Además, la información genera oportunidades, y todo eso se le va a regalar a empresas privadas porque no se habla de que ese conocimiento generado por Pemex vaya a someterse a concurso o se tenga que vender. Es un vil atraco, concluyó.

martes, 7 de enero de 2014

Buscan petroleras y Fox “caer como buitres” sobre Pemex: PRD


El expresidente Vicente Fox Quesada. Foto: Karina Urbina.
El expresidente Vicente Fox Quesada.
Foto: Karina Urbina.
GUANAJUATO, Gto. (apro).- El expresidente Vicente Fox “es un oportunista” que busca obtener beneficios de los recursos energéticos del país y de lo que ha construido Petróleos Mexicanos (Pemex) a lo largo de décadas, acusó el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso federal, Miguel Alonso Raya.
El exdirigente estatal perredista en Guanajuato y actual vicecoordinador de los legisladores federales de ese partido dijo que el anuncio hecho por Fox, sobre la creación de un fondo de apoyo a inversionistas en el ramo petrolero y energético a partir de la reforma constitucional, es un ejemplo de oportunismo de quienes “se están preparando para caer como buitres sobre los recursos energéticos del país y beneficiarse de ellos”, tal como lo hicieron algunos antes de la expropiación.
El domingo 5, Vicente Fox dijo que está promocionando la reforma energética entre los círculos financieros internacionales para crear un fondo de 500 millones de dólares que servirá para financiar a empresas que deseen asociarse con Pemex, en cuanto salga la reglamentación que defina las medidas de operación a partir de la reforma constitucional recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.
“Si eso está promoviendo el expresidente Fox, no cuesta mucho imaginarse cómo se están preparando las grandes empresas petroleras internacionales para caer como buitres”, expresó textualmente el legislador Alonso Raya.
El perredista recordó que de acuerdo con los términos de la reforma, la operación de las empresas que vayan a invertir en el sector dependerá del tipo de contrato, mismo que podrá ser para servicios, utilidad compartida, licencias o producción compartida.
En el caso de las licencias, éstas serán equivalentes a una concesión y a través de ellas se determinará si a los inversionistas se les entregarán ganancias en efectivo o en especie.
El diputado federal criticó que el gobierno federal está generando falsas expectativas con la campaña publicitaria, pues mientras se habla de sus beneficios, en los hechos se registran incrementos en gasolina, energía eléctrica y diesel.

Green Go