Priva desempleo y trabajo precario en la mayoría de los refugiados en México

México, DF. Desempleo y trabajo precario son características centrales de la mayoría de los refugiados en México, procedentes de África y Asia, así como de Centroamérica y El Caribe, pese a que una franja importante de esta población cuenta con estudios de nivel medio, superior e incluso de posgrado.

Es decir, su integración a la sociedad mexicana es complicada y no está exenta de episodios de discriminación y precariedad. Por ejemplo, sólo uno de cada 10 ha logrado su naturalización en México (aun cuando siete de cada diez quiere permanecer en nuestro país); 80 por ciento de la población analizada no tiene casa propia; sólo 10 por ciento posee automóvil, casi la mitad no tiene computadora en su casa, y el promedio de ingresos mensuales es de 7 mil pesos.

Lo anterior se detalla en el estudio Refugiados en México. Perfiles sociodemográficos e integración social, elaborado con base en encuestas a 320 refugiados, muestra de los mil 186 extranjeros – mayoritariamente adultos jóvenes– a quienes el gobierno mexicano protegió de esta manera, durante el periodo 2002-2011.

Los resultados de la investigación indican que 5 de cada 10 refugiados mayores de 16 años están insertos en el mercado de trabajo, aunque la gran mayoría desempeña ocupaciones de escasa calificación y apenas 14 por ciento ejerce una profesión o cargo directivo, lo que contrasta con el relativo alto nivel educativo de este grupo.

Entre quienes trabajan, más de la mitad ocupa una posición de empleado; 30 por ciento trabaja por su cuenta y ocho por ciento es empleador. Cerca de 60 por ciento cuenta con cobertura de servicios médicos, un indicador de integración (a México), relató Omar de la Torre, titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Salvador Cobo, responsable del estudio Refugiados en México, investigador de la Unidad de Política Migratoria, ofreció otros detalles de esta población, producto de una colaboración entre la SG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, novedosa en su tipo porque los estudios anteriores se habían concentrado en los asilados españoles o Guatemaltecos.

Se trata de una población (refugiados) con cartas académicas que no se corresponden con su actividad en el mercado laboral...No hay un reconocimiento a sus destrezas en el mercado de trabajo, por lo que se van al autoempleo, como la venta de artículos por catálogo.

Cobo añadió que la mayoría de los refugiados se dedican a empleos manuales; por ejemplo, los haitianos son meseros aun cuando son mano de obra extremadamente calificada en las ciencias sociales.

Cuatro de cada 10 solicitantes de refugio argumentaron “violencia generalizada” en su país de origen; otro sector, 24.5 por ciento, “diferencias políticas” , y el resto, conflictos internacionales. En el caso de los colombianos sobresale el factor “conflictos internos”.

A nivel general, durante 2002-2011 5 mil 255 extranjeros solicitaron protección bajo esa figura, de los cuales sólo una quinta parte (mil 186) obtuvo el beneficio, con una tasa global de reconocimiento era de 26 por ciento, es decir, tres de cada diez personas que presentaban una solicitud tenían este beneficio. Muchos de los refugiados –aceptados como tal– ya no viven en México, principalmente quienes nacieron en Centroamérica, Asia y Africa.

Cuantitativamente, el mayor número de refugiados en México son de origen colombiano (218 aceptados, de 495 solicitudes), seguidos por los salvadoreños (156 aceptados, de 677 peticiones), Haití, 141; y los hondureños, con sólo 79 venias pero de 772 solicitudes.

A nivel de porcentaje de solicitudes aceptadas, están a la cabeza los ciudadanos de Sri Lanka (están registrados 65 personas, pero son la mitad de los solicitantes); le sigue, en porcentaje de reconocimiento, Colombia (44 por ciento); Etiopía (42 por ciento), Nigeria e Irak, (41 por ciento) y Eritrea (27 por ciento).

Con el mayor número de rechazos sobresale la comunidad de Honduras (sólo se acepta el 11 por ciento de las peticiones de refugio).

La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Mercedes Guillén, dijo que el refugio en México se ha transformado y aseveró que nuestro país brinda protección a todos los extranjeros, independientemente de su condición migratoria. “México seguirá siendo destino generoso y solidario al refugio”, aseguró.

Llévate mis amores, el proyecto para difundir el trabajo de Las Patronas

Llévate mis amores es el documental que informa sobre el gran trabajo que diariamente realizan Las Patronas con los indocumentados que pasan por aquí con la idea de llegar a Estados Unidos.

No piden nada, no cobran nada, no buscan fama alguna, pero ayudan, se solidarizan y salvan vidas.

Las Patronas, sin duda, son un ejemplo a seguir. Aquí el avance del documental, espero que lo disfruten.

http://vimeo.com/58814535

Reprimir a los migrantes, la misión de Peña

JUAN PABLO PROAL
25 DE ENERO DE 2013 · 5 COMENTARIOS
ANÁLISIS

Peña Nieto durante la presentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Foto: Presidencia

“Lleva en sus ojos toda la mezcla

de la rabia, de la duda y la tristeza

tiene que pagar con el olvido

lágrima de puerto y de destierro”:

Dice el Inmigrante, León Gieco.

Ardelio Vargas justificó con cinismo por qué mandó a la Policía Estatal de Puebla a agredir reporteros y fotoperiodistas: “Cuando estoy operando tengo que estar cuidando la integridad de mi gente, y bueno, si no se identifican y si no sé quiénes son, pues con la pena, mano, pues yo estoy operando y yo tengo que apoyar tanto la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando” (sic).

El entonces Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Puebla justificó así la utilización de la fuerza pública contra periodistas que el 23 de agosto de 2011 cubrían un acto de represión contra campesinos del municipio de Chignahuapan.

El pasado 15 de enero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Ardelio Vargas Fosado titular del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, un policía que se ha caracterizado por su vocación represiva, falta de conciencia respecto a los derechos humanos y con amplia trayectoria en sectores de inteligencia y espionaje político, será el encargado de preservar la integridad de los cerca de 400 mil centromericanos que anualmente cruzan México para llegar a Estados Unidos (cifra de la Organización Internacional para las Migraciones).

Ardelio Vargas era conocido como “el comisario” cuando fue alcalde de Villa Juárez (Xicotepec de Juárez),  Puebla, en el trienio 1987-1990. “Se comportabamás como un policía que como el presidente municipal”, recuerdan los lugareños (Proceso, 1582). Su mejor ejemplo para forjar ese carácter fueron sus tíos Abraham y Melitón Fosado, conocidos como “La Sonora Matancera”, caciques de la región que controlaban las fincas cafetaleras bajo una amenaza que se volvió célebre en la región: “Te compro tu finca o se la compro a tu viuda”.

En los noventa, Vargas comenzó a formar su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), del que fue delgado en Chiapas y Oaxaca. Entre 2000 y 2005 fue director de Investigación y Seguridad del CISEN y durante el último año del gobierno de Vicente Fox fue Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP). También fungió como Comisionado de la PFP. Al ejercer estos cargos tuvo injerencia en la coordinación de los operativos represivos de Atenco y Oaxaca, donde se documentaron encarcelamientos injustos, arrestos con exceso de violencia, violaciones sexuales, secuestros y delitos de lesa humanidad. Además, Vargas también fue titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.

El poblano está orgulloso de su trayectoria. “Soy policía, mis hijas están muy orgullosas de que su padre sea policía”, declaró al periódico La Jornada en una entrevista publicada el 22 de enero pasado.

Vargas presume su vocación de policía y cabe decir que no es un policía bonachón.  A su paso por la Secretaría de Seguridad Pública utilizó la violencia contra los civiles como recurso cotidiano. El caso más indignante fue cuando ordenó a sus subordinados la represión violenta de ahorradores defraudados por las casas Sitma e Invergroup, quienes se manifestaban pacíficamente. Muchos adultos mayores resultaron heridos y otros más encarcelados.

En su intento por pintar de legitimidad su gobierno, una de la primeras acciones del presidente Enrique Peña Nieto fue otorgar al sacerdote Alejandro Solalinde el Premio de Derechos Humanos 2012 por su labor en defensa de los migrantes centroamericanos. En ese acto, el mandatario declaró que su gobierno se caracterizaría por el respeto a los derechos humanos y propiciar un clima de tolerancia. La designación de Ardelio Vargas corrobora que ese galardón fue únicamente un acto de propaganda, una estrategia para limpiar la maltrecha imagen del presidente emanado del PRI.

Solalinde se refirió a la llegada de Vargas al INM: “La designación de un policía implica el mensaje de que en el país los derechos humanos pasan a segundo término (…) Si se requiere un alma nueva, un rostro nuevo para el INM, se debe poner a una persona versada en derechos humanos, con solvencia moral, pero jamás poner a un policía (…) Toda la retórica, todas las palabras que hacían que diéramos al menos el beneficio de la duda al nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, todo se desploma al poner a una persona que es policía”.

La simulación del nuevo gobierno federal se desmorona. El 13 de enero pasado, Osorio Chong se reunió con familiares de personas desaparecidas por la violencia que ha sacudido al país. Se comprometió ante los deudos: “Buscaremos a todos los desaparecidos”. Días después el que desapareció fue Osorio Chong, quien dejó plantados a los familiares en una cita previamente acordada.

El nombramiento de Ardelio Vargas parece estar directamente relacionado con la política alentada por Estados Unidos de reprimir los movimientos migratorios a su país, utilizando los rostros más crudos de la violencia policial. Uno de los antecedentes directos de esta práctica fue el Plan Sur, lanzado en 2001 durante la administración de Vicente Fox, cuando se le encargó al INM poner en marcha actos de agresión contra los centroamericanos.

Los migrantes son el alimento de las bandas delictivas, los policías corruptos, polleros y agentes migratorios. Sufren comúnmente represión, secuestros, tortura, violencia sexual por parte de autoridades federales, estatales, municipales y miembros del crimen organizado. Tan sólo en el sexenio pasado se reportaron entre 70 mil y 120 mil migrantes desaparecidos, de acuerdo con Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tal vez el caso más alarmante, por ser dado a conocer en los medios de comunicación, fue el homicidio a manos de “Los Zetas” de 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Los integrantes de la caminata Por la Defensa y Dignidad han responsabilizado directamente al INM de tener nexos con la delincuencia organizada. El sacerdote Solalinde ha respaldado esa versión: “El INM, por más que lo quieran maquillar, está podrido, está invadido por el cáncer de la ambición. En la dirección hay otra práctica con cierta ética, pero en provincia, y sobre todo en la ruta migratoria, la delincuencia organizada, los cárteles, sobre todo Golfo y Zetas y policías, no van a soltar a los agentes de migración”.

La designación de Ardelio Vargas Fosado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto apunta a que la violencia contra los centroamericanos no sólo va a continuar, sino que será más aguda. Si realmente la administración federal quisiera velar por los derechos de los migrantes habría nombrado al frente del INM a una figura con peso moral y trayectoria en su defensa de las garantías individuales. No fue así.

Vargas, según su historia de vida, llegará a reprimir, a ejercer mano dura contra los indefensos centroamericanos. Veremos con más frecuencia actos de humillación, golpizas y vejaciones contra ellos.

Los representantes de refugios para migrantes reportaron que en los últimos meses se ha incrementado hasta en ocho veces el flujo de centroamericanos por México, principalmente por la crisis continua que azota a las naciones latinoamericanas. Los hondureños no se han repuesto del golpe de estado de 2009 y la zona, en general, sigue siendo un paraíso de la depresión, el desánimo y la inseguridad.

Sumergidos en tierras de corrupción, impunidad, desempleo y desesperanza, los centroamericanos y los mexicanos aún ven en “el sueño americano” la única vía para acceder a una vida medianamente digna. Pero en su viaje cargan con la muerte a cuestas. Los esperan, como hambrientas aves de rapiña, “Los Zetas”, los policías y los agentes migratorios. La llegada de Vargas Fosado sólo reitera que, en materia de política exterior, el gobierno mexicano seguirá exigiendo a Estados Unidos (de dientes para afuera) el respeto para los derechos humanos de sus habitantes, pero solapará que se cometan los más viles maltratos contra sus vecinos del sur.

Twitter: @juanpabloproal

Sitio: www.juanpabloproal.com

Los migrantes mexicanos y la deportación silenciosa

Rafael Alarcón *

L

uego del 28 de julio, cuando la juez federal Susan Bolton bloqueó temporalmente las secciones más controversiales de la llamada ley Arizona (SB 1070), algunos medios celebraron este hecho como una victoria. Sin embargo, esta legislación es solamente un pronunciamiento estridente y rabioso de una operación que sigilosamente está expulsando a miles de indocumentados, acrecentando el terror en las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

Si bien la juez Bolton, apoyando la demanda del gobierno federal contra el gobierno de Arizona, bloqueó medidas extremas, como “permitir que la policía arreste a una persona sin orden de aprehensión cuando hay ‘causa probable’ de que haya cometido una ofensa pública que pueda resultar en su deportación”, las fuerzas policiacas federales se desplazan afanosamente por el interior de Estados Unidos para localizar y deportar a inmigrantes que no tengan papeles.

La agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE) tiene la misión de aprehender a los indocumentados en el interior de Estados Unidos, a diferencia de la Patrulla Fronteriza, que lo hace en las fronteras. Ambas agencias pertenecen al gigantesco Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security-DHS) que fue fundado en respuesta a los ataques del 11 de septiembre. ICE cuenta con el personal más numeroso del DHS y administra varios programas que afectan directamente a los migrantes mexicanos.

En primer lugar, gracias a la sección 287(g) de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante de 1996, ICE tiene la posibilidad de establecer acuerdos con agencias policiales de ciudades y estados para entrenar a sus oficiales como agentes de inmigración. En este sentido, la ley Arizona busca adjudicarse algo que el gobierno federal ya permite. Hasta junio de 2010, ICE había establecido 71 acuerdos con agencias policiacas en 26 estados, certificando a más de mil 130 agentes. Como resultado de esta acción, muchos indocumentados han sido deportados por haber cometido faltas de tránsito, ya que cuando la policía comprueba que los detenidos no tienen documentos que amparen su estancia los transfiere a ICE.

Bajo el programa de Comunidades Seguras, ICE trata de identificar a los indocumentados de entre las personas que están purgando penas en las prisiones para deportarlas a sus países de origen el día de su liberación. Asimismo, por medio del Programa de Fugitivos persigue a los inmigrantes que se les ha ordenado salir de Estados Unidos pero no lo han hecho. Entre estos fugitivos hay muchos padres y madres de familia indocumentados que a pesar de tener una orden de expulsión no salen del país para seguir al cuidado de sus hijos.

Bajo la administración del presidente Obama, ICE ha hecho una innovación en las redadas de los lugares de trabajo. Anteriormente, en la presidencia de Bush, ICE llevaba a cabo operaciones cuasi militares, cercando los lugares de trabajo para verificar el estatus migratorio de todos los trabajadores. Esto, obviamente generaba descontento y afectaba la vida normal de ciudadanos estadunidenses y extranjeros documentados. Actualmente, los agentes de ICE llegan a los centros laborales y simplemente revisan los documentos de inmigración y los números de seguro social presentados por los trabajadores, utilizando la base de datos E-Verify. Posteriormente, notifican a los empleadores que verifiquen los documentos de los empleados que tienen documentos sospechosos y les advierten que si no son capaces de presentar documentos legales los despidan.

De acuerdo con el Washington Post del 26 de julio, en 2009 ICE se encargó de deportar a 387 mil 790 personas de todo el mundo, de las cuales 136 mil 126 (35 por ciento) eran definidas como criminales. ICE estima que en 2010 expulsará del país a unas 400 mil, casi 10 por ciento más que las deportadas en 2008 por el gobierno de Bush. Estas cifras no incluyen las expulsiones que realiza la Policía Fronteriza. El Instituto Nacional de Migración reporta haber recibido a 227 mil 233 mexicanos sacados de Estados Unidos entre enero y junio de 2010.

La administración Obama ha encontrado en las tareas de ICE un argumento fuerte contra sus críticos, como la gobernadora de Arizona, que acusan al gobierno federal de no proteger las fronteras de la inmigración ilegal. ICE argumenta que está protegiendo la seguridad de Estados Unidos porque deporta a muchos criminales extranjeros. Sin embargo, un reporte reciente de la Oficina del Inspector General del DHS señala que del total de una muestra de individuos arrestados o convictos, identificados por medio del programa 287(g), solamente 9 por ciento había cometido delitos graves relacionados con drogas o crímenes violentos, como asesinatos, violaciones, robos y secuestros. Sin embargo, 47 por ciento de estas personas no había tenido ninguna participación en delitos relacionados con violencia, drogas o contra la propiedad. Así, ICE seguirá deportando a muchos de los criminales que han cometido el delito de intentar mejorar la calidad de sus vidas y las de sus familias.

*Rafael Alarcón es profesor investigador en El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana.

ralarcon@colef.mx