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jueves, 20 de julio de 2017

Diputado del Partido Verde operó lavado de Duarte

Como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar Spinoso Carrera autorizó los movimientos de Duarte.
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Edgar Spinoso, diputado del verde

Por Víctor Hugo Arteaga

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar Spinoso Carrera, operó los 38.5 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) identificó como posible lavado de dinero desde la Secretaría de Educación del estado del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Edgar Spinoso Carrera fue el oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz hasta el año 2014 y se encargaba de la administración del presupuesto de la dependencia. En ese puesto avaló los contratos concedidos por la dependencia -unos 325 millones de pesos- a empresas fantasma que fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Procuraduría General de la República (PGR) buscará el próximo sábado demostrar la conexión que existe entre Duarte de Ochoa con su socio y operador financiero Moisés Mansur Cysneiros y la empresa Consorcio Brades.

En la audiencia de control del lunes 17, los fiscales de la PGR sólo pudieron acreditar la relación de al menos 38.5 millones de pesos, que Duarte habría utilizado mediante sus prestanombres.

Para acreditar esa cifra, la PGR considera que el 23 de diciembre del año 2012, Duarte de Ochoa como titular del gobierno del estado de Veracruz, tuvo conocimiento de una operación realizada a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

El Oficial Mayor de la SEV, Spinoso Carrera, autorizó la transferencia financiera aquel domingo 23 de diciembre desde las cuentas de esa dependencia, según consta en documentos internos.
En ella, la empresa Solaria Technologies Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable recibió en su cuenta de Banco Multiva 132180000039623262 una transferencia de 38.5 millones de pesos, desde la cuenta 014840655042417786 de Banco Santander. La cuenta aparece a nombre de GVER Secretaría de Educación de Veracruz.

Solaria Technologies a su vez, transfirió 6 millones 55 mil 257 pesos a Sakmet Inmobiliaria y después 3 millones 984 mil 606 pesos a Bepha Inmobiliaria.

Ambas compañías el 20 de enero de 2016, enviaron 4 y 15 millones de pesos a Consorcio Brades S.A de C.V. misma firma que entre sus accionistas tenía Nadia Isabel Arzate Peralta, quien trabajaba como secretaría de Moisés Mansur, verdadero dueño de dicha firma.
Nadia Isabel Arzate Peralta, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), muestra que entre los ejercicios fiscales 2011 y 2013 presentó retenciones realizadas a terceros, por haber cobrado 507 mil 804 pesos en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz.

De esta forma, una empleada de Moisés Mansur, quien era en las actas constitutivas accionista de una de sus empresas, ocupó una plaza en la estructura de la Sefiplan veracruzana y cobró un sueldo durante dos años en la administración de Javier Duarte de Ochoa.

La UIF de la SHCP establece que luego de ver cómo desde el gobierno del Estado de Veracruz se hicieron movimientos a decenas de empresas consideradas fantasma por el SAT y en especial muchas operaciones con Consorcio Brades, es factible que Duarte y Mansur realizaran operaciones ilícitas.

viernes, 28 de abril de 2017

Dejan intacto el fuero del diputado Tarek Abdalá, ex tesorero de Duarte

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados resolvió no analizar el tema, debido a que el legislador priista tiene un amparo.
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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados no analizó este jueves el desafuero del diputado priista y ex tesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá, quien cuenta con un amparo de la justicia federal.
El presidente de la Sección Instructora, el también priista Ricardo Ramírez Nieto, dijo en conferencia de prensa que “no vamos a violar el debido proceso, el señor tiene una suspensión definitiva que impide el ejercicio de la acción penal”.
Explicó que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, existen dos requisitos para proceder al análisis del desafuero: que las carpetas de investigación estén concluidas y que el ministerio público esté en facultad de acudir ante un juez.
Pero la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) está impedida por un juez federal para ejercer acción penal, debido a la suspensión de Tarek Abdalá.
Ramírez Nieto afirmó que no tiene sentido el análisis del desafuero si el objetivo de este es quitar obstáculos para el ejercicio de la acción penal, pero ésta no puede realizarse debido al amparo.
El diputado perredista Omar Ortega Álvarez, integrante de la Sección Instructora, mostró su desacuerdo en la misma conferencia de prensa diciendo que ese no era el fondo del asunto.
“Esto ya se fue al limbo (…) a dormir el sueño de los justos y viva la impunidad“, añadió.
El diputado priista Ramírez Nieto también señaló al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, por haber ocultado información a la Cámara de Diputados, pues desde que solicitó el desafuero al órgano legislativo sabía que estaba impedido para ejercer acción penal.
El panista Juan Pablo Piña aseguró que los argumentos utilizados por el PRI debieron incluirse en un dictamen que se sometiera a votación este jueves, “pero ni siquiera hubo la disposición”.
“El amparo, o la suspensión que hay en un amparo, es para la fiscalía, no para la Sección Instructora. El amparo que se presentó contra la Sección Instructora se desechó. Todavía se puede presentar un dictamen y someterlo mañana a votación (viernes 28)”, dijo.
La Sección Instructora tiene cuatro integrantes: Sandra Méndez y Ricardo Ramírez Nieto (PRI), Juan Pablo Piña (PAN) y Omar Ortega Álvarez (PRD). La votación para aprobar el resolutivo de no presentar un dictamen este jueves tuvo el voto a favor de los priistas y el voto negativo de Piña y Ortega.

Yunes y Peña favorecen a Duarte y van contra AMLO

Duarte después de su audiencia en Guatemala. Foto: AP / Moises Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto no tenía alternativa: O iba por Javier Duarte a Guatemala o el gobierno de ese país lo deportaba. Los guatemaltecos no estuvieron dispuestos a ser comparsa en un tema en el que no tenían nada que ganar.
A Duarte y a su esposa, Karime Macías, los tenían ubicados desde que entraron al país vecino. Sólo esperaban que el gobierno mexicano fuera por ellos.
Las versiones sobre la eficiencia policial mexicana para localizar al exgobernador se empeñan en construir algo que no existió, dándole incluso elementos a la defensa para reclamar violaciones al debido proceso en el sistema de justicia garantista guatemalteco.
México mantuvo a Duarte en condición de prófugo durante seis meses mientras el exgobernador organizaba su defensa, en espera también de los arreglos entre el gobierno de Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, y el de Peña Nieto.
Peña cedió al chantaje de Yunes y no le quedó otra que participar en una escenificación del gobernador panista.
La persecución y el interrogatorio al que sometió durante horas, fuera de México, a los cómplices de Duarte dio a Yunes material suficiente para amagar públicamente a Los Pinos.
Por eso, un día antes de que Yunes asumiera el gobierno, el procurador general de la República, Raúl Cervantes, convocó a la prensa para anunciar la entrega de 421 millones de pesos al gobierno de Veracruz, supuestamente recuperados de los cómplices de Duarte.
Ese día, el 30 de noviembre del año pasado, le dio un primer cheque por 250 millones de pesos, en una extraña cesión que fue presentada como parte del dinero que Duarte y sus cómplices esquilmaron del erario veracruzano. Al día siguiente, en su toma de posesión, Yunes anunció que se recuperarían mil millones de pesos.
Además de escénico, el movimiento tiene implicaciones que favorecen al exgobernador, pues si Yunes y la PGR se dan por bien pagados, a Duarte se le reducen los cargos. Falta ver si de todas las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se traducen en investigaciones en la PGR.
Hasta ahora, la más firme en su contra es la que tiene que ver con las empresas fantasmas que creó para desviar el dinero. La PGR tiene poco más de un mes para demostrar a Guatemala las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Pero si sus cómplices ya están regresando dinero, Duarte podría hacer lo mismo. Parece dispuesto a hacerlo, lo mismo que al escarnio de su proceso penal. A cambio, la protección para su esposa y su suegro, quien ahora dice que hizo fortuna porque se ganó la lotería.
Si Yunes hizo otro espectáculo con la difusión de la libreta “merezco abundancia” de Karime Macías, la pregunta es por qué la Fiscalía de Veracruz no actuó en su contra.
Se ha limitado a alimentar el morbo, como la difusión, la semana pasada, de las fotos de su salida a Inglaterra, procedente de Colombia.
No fue casual que Macías volara desde ese país. Aunque hubiera una ficha roja de Interpol, el gobierno colombiano no la podía detener porque de acuerdo con sus leyes, se requiere de una solicitud de orden de aprehensión, lo que no existe ni por el lado de la PGR ni de la Fiscalía de Veracruz.
En un nuevo capítulo del entretenimiento, en un acto al parecer sin sustento legal, Yunes confiscó esta semana una propiedad en Tlacotalpan que adjudicó a un “prestanombres” de Duarte.
Peña Nieto y Yunes tienen ahora otro interés común: bajar como sea a Andrés Manuel López Obrador de las encuestas presidenciales, engrandeciendo los reiterados errores del líder de Morena, quien sigue pensando que todos están equivocados, menos él.
Comentarios: @jorgecarrascoa

lunes, 24 de abril de 2017

Karime Macías y el pacto con Peña Nieto

Es publico y notorio que Karime fue siempre una parte activa en el Gobierno de su esposo. Foto: Cuartoscuro
En México hay un pacto no escrito para no tocar, ni con el pétalo de una rosa, a las esposas de los corruptos, sean delincuentes, políticos, funcionarios o valga la redundancia.
Así vemos paseándose a Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ostentando riqueza, exhibiendo su dinero, gozando de su fortuna malhabida, fortuna obtenida a cambio del reguero de sangre que deja el narcotráfico en México.
La señora Coronel, luce su lujoso tren de vida ante la atenta mirada de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Visita a su marido en cualquiera de las prisiones, ofrece declaraciones a los medios de comunicación, protesta, exige su liberación, el respeto a sus derechos humanos.

Todos sabemos que Emma Coronel es hija del narcotraficante Inés Coronel Barreras y que su hermano trabajaba como piloto para “El Chapo”. Pero eso al Gobierno no le importa, ni tampoco le importan los otras cinco mujeres de “El Chapo” con las que tuvo 19 hijos.
Esas seis mujeres son también consumidoras del dinero malhabido de “El Chapo” y siguen siéndolo; pero insisto, al Gobierno, a la PGR, al Departamento de Estado, a la CIA, no le interesan.
Igualmente sucede con las mujeres, esposas o amantes de políticos y funcionarios corruptos. Son cómplices. Pero en México las mujeres de los corruptos y delincuentes son también sagradas. Las mujeres igualmente corruptas y delincuentes no se tocan.
Ellas representan los pactos de impunidad a cambio de las “detenciones” o mejor dicho, entregas de los corruptos y criminales. “No tocamos a tu mujer y tus hijos”, pero tú te entregas sin hacer problemas. “Te dejamos tus cuentas intactas”, pero tú participas en el show mediático de la supuesta aprehensión cuando a nosotros nos convenga.
Sólo de esa forma podemos entender que el Gobierno tenga detenido a Javier Duarte en Guatemala y haya permitido que su esposa y cómplice importantísima en la trama de corrupción, se haya ido a vivir tranquilamente a Londres.
¿Por qué Karime Macías no tiene una orden de búsqueda y captura? Uno de los cerebros de la red de corrupción, el contador José Juan Janeiro, encargado de realizar pagos de compra-venta de inmuebles ha declarado en España que la esposa de Javier Duarte utilizaba el dinero mal habido para beneficio personal.
Esta grave acusación ya fue entregada por la PGR al Gobierno de Guatemala para detener a Duarte, pero, paradójicamente, para precisar que las autoridades del vecino país no tocaran a la esposa del ex Gobernador de Veracruz.
Fue Karime Macías cerebro de la red de corrupción de Javier Duarte. Entonces, ¿por qué sigue libre? ¿Por qué el Gobierno de Peña Nieto no la detuvo? ¿Por qué le permitió un exilio de lujo?
Es público y notorio que Karime fue siempre una parte activa en el Gobierno de su esposo. Ella era la que daba órdenes importantes a los operadores de Duarte.
¿Acaso las autoridades no saben que fue Karime quien estructuró la red de corrupción integrada por más de 34 personas de toda confianza, entre ellas, sus padres, primos, hermana y cuñado. Todos ellos fueron cómplices del robo de más de 35 mil millones de pesos.
Los nombres de los cómplices de Javier Duarte no se nos deben olvidar. Antonio Macías Yazegey, es padre de Karime y cómplice también, al igual que su madre, María Virginia Yazmín Jubila Letayf.
De hecho, viajó a Londres con su hermana igualmente cómplice, Mónica Ghihan Macías Tubilla y su esposo Armando Rodríguez Ayache, cuñado de Karime y partícipe del reparto del botín. Pues bien, todos ellos están ahora gozando, disfrutando de su estancia en Londres, junto a los tres hijos del ex Gobernador de Veracruz.
De acuerdo con lo publicado por el diario Reforma, Karime gastó tan sólo el primer año de Gobierno de Duarte alrededor de 8 millones de pesos en ropa, joyas, artículos y hoteles de lujo. Para ello utilizó su tarjeta American Express, cuyo titular es Moisés Mansur, el mayor prestanombres de la pareja Duarte-Macías.
El gasto mensual de la mayor cómplice de Duarte, ascendía a 675 mil pesos. Una cifra que superaba, desde luego, lo que ganaba su esposo (74 mil 978 pesos al mes) Javier Duarte y su esposa aseguraban en declaraciones públicas que vivían de su sueldo.
Pero si la complicidad de Karime Macías no está clara para la PGR o la CIA. ¿Por qué no investigan los desfalcos en el DIF de Veracruz cometidos por la esposa de Duarte? Millones de pesos destinados a la atención de los grupos vulnerables, fueron saqueados por la ex Primera Dama.
¿Qué más pruebas quiere la PGR para procesar penalmente a Karime Macías? Allí tienen sus libretas. “Sí merezco abundancia”, era su mantra personal. Tanto lo escribió que se convenció de acumular lo más posible. Allí esta la bodega donde fueron encontrados cientos, miles de artículos que debieron ser entregados a las clases más desfavorecidas de Veracruz, pero que ella guardó para acumular e incrementar su riqueza.
“Me queda muy claro que el político es mi esposo. Bendito Dios que así sea”, dijo Karime en una entrevista. Pareciera que las esposas de los políticos corruptos se lavan las manos fácilmente de las fechorías que cometen ambos.
¿Recuerdan aquello de “yo no soy funcionaria pública”. Esa frase quedará para la historia de la impunidad del gobierno de Peña Nieto. Y fue dicha por su esposa, Angélica Rivera, igualmente parte importante, en los escándalos de corrupción que persiguen al Presidente.
Sería bueno que la PGR empezará a escribir la lista de las esposas-cómplices de los políticos y funcionarios corruptos, empezando por Angélica Rivera, siguiendo por Karime Macías y todas las demás esposas de los ex gobernadores y gobernadores corruptos de todos los partidos. Ellas y su ambición, las colocan en la primera línea del supuesto combate a la corrupción, rubro por el que el gobierno eroga anualmente más de 9 billones de pesos.
Mientras en México no investiguen, juzguen y condenen a las esposas, nada cambiará. Mientras solo “detengan” a los corruptos y no devuelvan el dinero que se robaron, nada cambiará. Karine Macías es el paradigma de las esposas corruptas.
En las esposas corruptas, insaciables e impunes, ellas que azuzaron la ambición de sus maridos, recae el conflicto entre feminidad y masculinidad como en el personaje de Shakespeare, Lady Macbeth, quien reprime sus instintos de compasión y renuncia a su condición de mujer, en favor de la ambición, la dureza, la avaricia y la conquista del poder.
Ellas y ellos, deben estar en la cárcel. Igualdad. O todos coludos o todos rabones.

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Facebook: Sanjuana Martinez

martes, 18 de abril de 2017

PGR le calla la boca a Yunes Linares y aclara que detuvo a Duarte por denuncia de la ASF, “no por el gobernador”

La Procuraduría General de la Republica (PGR) le ha aplicado un “tapabocas” al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien este domingo aseguró en Boca del Río que había denunciado a Javier Duarte de Ochoa “y está en prisión, cumplí mi palabra”, pero la PGR dijo que “no fue gracias al gobernador como él lo expuso en su conferencia de prensa, sino gracias a las denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación”, y señalaron que esas denuncias se presentaron desde 2014.
La PGR también mencionó que Duarte de Ochoa estuvo en Alto Valle y Antigua, antes de ser detenido en el balneario de Panajachel, en la provincia de Sololá, en la República de Guatemala, donde se cree que entró por tierra desde noviembre del año pasado, moviéndose en la zona a través de aerolíneas privadas.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, señaló que en lo que corresponde a la esposa del ex Gobernador, Karime Macías Tubilla “no hay orden de aprehensión en su contra. No tiene ninguna solicitud por parte del Gobierno de México para una detención con fines de extradición”, y en la misma situación se encuentra la familia cercana.
Asimismo, precisaron que existen diferentes líneas de investigación para poder realizar acciones legales contra la red de complicidades, tanto empresas como personas que ayudaron a Duarte de Ochoa. También comentaron que desde noviembre del año pasado tenían las sospechas de que el ex mandatario Javier Duarte, podría estar en Guatemala.
Por su parte el Senador Héctor Yunes –primo hermano de Miguel Angel Yunes- expresó que la detención del ex gobernador Javier Duarte fue producto de las investigaciones y cooperación internacional del gobierno federal, a través de la PGR, y no de una persona en específico. “El logro es del gobierno Federal, de la PGR. Me parece desproporcionado, narcisista y trumpsiano afirmar que Duarte está en la cárcel por acción de Miguel Ángel. Que no se cuelgue medallas ajenas”, dijo el senador tras señalar que Yunes Linares se comprometió a encarcelar a Javier Duarte desde el primer día de su mandato, “situación que no se dio, por lo que incumplió con su compromiso”.

Peña, cómplice del saqueo de Duarte a Veracruz

Peña y Duarte en una foto tomada en agosto de 2016. Foto: Octavio Gómez
–Implicados también Calderón y Yunes
–Karime, “cómplice del latrocinio”, es libre
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si la captura de Javier Duarte representa “un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, como afirma Enrique Peña Nieto, y no la burda operación política que se va desvelando, entonces la caída del exgobernador de Veracruz implicaría también el derrumbe del presidente de México.
Pero no pasará nada justamente porque, en el saqueo al patrimonio de los veracruzanos, las complicidades al más alto nivel involucran, además de a los priistas Peña y Duarte, también a los panistas Felipe Calderón y Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz.
En la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) existen evidencias de que parte del latrocinio de Duarte tuvo como destino la campaña presidencial de Peña, en 2012, cuando éste lo ponía como ejemplo del “nuevo PRI”, junto con los otros exgobernadores ladrones como Roberto Borge y César Duarte, este último también fugitivo.
Si existiese un auténtico afán de justicia, y no un obvio montaje, la PGR retomaría su propia investigación que inició, el 28 de enero de 2012, al decomisar la Policía Federal 25 millones de pesos en efectivo en un avión propiedad del gobierno de Veracruz, en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, cuando Peña era ya candidato presidencial.
Según la averiguación previa AP/PGR/MEX/TOL/VI/310ª/2012, esos fondos eran parte de los 2 mil 993 millones de pesos que, en los 13 meses previos –desde diciembre de 2011–, fueron retirados, en efectivo, de una cuenta de Banco Santander propiedad del gobierno de Veracruz encabezado por Duarte, como acreditó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
¿A dónde fue a parar todo ese dinero? No se sabe con precisión, porque la PGR y la SHCP no continuaron ese año con las pesquisas por orden judicial, según pretextó Felipe Calderón, en mayo de 2016, quien dejó entrever que parte de esos recursos se canalizaron a la campaña de Peña cuatro años atrás.
El propio Yunes Linares utilizó esta información para chantajear a Peña cuando, en octubre del año pasado, se tambaleaba su triunfo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que analizaba anular la elección.
El 12 de octubre, en referencia al “régimen corrupto” encabezado por Peña, Yunes Linares anunció que sus propias indagatorias habían llegado “a la médula de la corrupción” del gobierno de Duarte y amagó con revelar la identidad de los “beneficiarios”, una información que daría a conocer en su toma de posesión y que –afirmó– “cimbrará a México”.
Abundó: “Tratarán de evitar que asuma el cargo, porque el régimen sabe que he llegado a la médula de la corrupción. No quieren que llegue a gobernador porque saben que tengo información que cimbrará a México y que a partir de que tome posesión del cargo tendré los instrumentos para profundizar aún más en el conocimiento del destino final de los recursos robados a los veracruzanos”.
Pero tras surtir efecto su chantaje, con la ratificación de su triunfo en el TEPJF, Yunes Linares se olvidó del tema: Llegó diciembre, tomó posesión, se unió al gobierno federal y jamás volvió a hablar de la “médula de la corrupción” de Duarte y de sus “beneficiarios” que, es sabido en la clase política, incluye a Peña Nieto y su elección en 2012.
Y una vez que ha sido capturado Duarte y no hay cargos contra su esposa, Karime Macías –definida por Yunes como “cómplice del latrocinio”–, el destino del exgobernador será, entonces, el mismo de Peña: La impunidad…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

martes, 17 de enero de 2017

Gobiernos de Duarte y Herrera suministraron medicamentos clonados a niños con cáncer

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Por Israel Hernández
Durante los sexenios de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, la Secretaría de Salud de Veracruz suministró medicamentos clonados a niños con cáncer, aseguró el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la conferencia que ofreció este lunes en Xalapa.
“No ha concluido la investigación, pero tenemos el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se le suministraba a niños en una quimioterapia no era un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua destilada. Esto me parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños”, dijo.
Yunes Linares precisó que las investigaciones por la utilización de medicamentos clonados continúa y que, una vez que se comprueben los hechos, el gobierno interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República.
“Se está investigando no sólo para quimioterapias, sino para otros tratamientos. Un caso igual de lamentable es que se encontraron unas bodegas con medicamentos que ya habían superado la etapa de caducidad. No sabemos si los compraron así o dejaron que se caducaran”, detalló.
La declaración del panista sucedió después de que a mediados de diciembre de 2016 el secretario de Salud, Arturo Hirám Suárez Villa, señalara que la Contraloría del Estado tiene en su poder un documento en el que un fabricante desconoce un lote de medicamentos adquiridos por el gobierno estatal.
El lote de medicinas fue comprado por el gobierno estatal a principios de 2010 —cuando aún era gobernador Fidel Herrera Beltrán— y no fue reconocido por Grupo Roche Syntex de México S.A. de C.V.
En su momento los medicamentos fueron enviados al Centro Estatal de Cancerología ubicado en Xalapa, en el que la mayoría de los pacientes son niños y adolescentes.
Tras descubrirse que la distribuidora Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V. había vendido medicamentos falsos, se le retiró la adjudicación directa en mayo de 2011 (con Javier Duarte en el poder) sin que se procediera contra los responsables de la compañía, quienes están vinculados con el diputado federal Jorge Carvallo Delfín, ex colaborador de Duarte.

jueves, 3 de noviembre de 2016

Revela Javier Duarte haber financiado con dos mil 500 millones de pesos la campaña de Peña Nieto

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Raymundo Riva Palacio
ESTRICTAMENTE PERSONAL/ rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
Cómo cayó Duarte (I)
Veracruz, 01 de noviembre de 2016.-Lo que le sucedió a Javier Duarte es una hecatombe para él, quien aún después de solicitar licencia como gobernador de Veracruz, pensaba que el presidente Enrique Peña Nieto lo protegía. La cronología de los meses de la crisis de Duarte es un caso de estudio impecable de la forma como el presidente Enrique Peña Nieto ha gobernado.
Revela su decisión original de respaldar a Duarte, que migró a buscar la entrega pacífica de la gubernatura a Miguel Ángel Yunes y que chivos expiatorios pagaran por la corrupción, a buscar respaldo en la Conago para las acciones legales contra el mandatario, para que finalmente, mediante engaños, lo empujaran a solicitar licencia y perseguirlo. En poco más de un año, la ruta crítica de la caída de Duarte, por cuanto a la toma de decisiones, fue esquizofrénica.
Desde otoño del año pasado el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tenía la información sobre el hoyo financiero en Veracruz. Uno de sus colaboradores lo parafraseaba: “Los estados no quiebran, pero Veracruz es la excepción; está quebrado”. El secretario había expuesto en Los Pinos que había evidencias de que Duarte había desviado recursos públicos. En esa misma línea, el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pidió al presidente varias veces que le ofreciera un cargo en el gobierno para sacarlo de Veracruz. Peña Nieto no escuchó a Videgaray y rechazó las peticiones de Beltrones, quien decía que su permanencia provocaría la derrota del PRI en las elecciones para gobernador el 5 de junio.
Peña Nieto, de acuerdo con la reconstrucción cronológica de la caída de Duarte, rechazó hacerlo, pero al mismo tiempo, no lo recibía. Públicamente, Duarte se mostraba seguro y confiado. Sobrado, inclusive, donde difícilmente permitía que sus interlocutores terminaran sus diagnósticos sobre la pendiente por la cual estaba cayendo. Pero en privado, Duarte estaba congelado por Peña Nieto. Inclusive una vez fue sin cita a Los Pinos y esperó cinco horas en vano que lo recibiera. A la salida fue a ahogar sus penas y empezó a mencionar en público que no podían tratarlo de esa manera después de haber apoyado a su campaña presidencial, en 2012, con unos dos mil 500 millones de pesos. El gobernador pensaba que quien le generaba un mal ambiente en Los Pinos era Videgaray, quien durante los dos últimos años que estuvo al frente de Hacienda, no lo recibió a él ni a ningún subsecretario para hablar sobre temas presupuestales o recursos.
Duarte, enfrentado con Videgaray, se recargó en el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien trabajó con él en contra de la candidatura a gobernador del priista Héctor Yunes. En varias regiones del norte del estado, legisladores priistas leales a Osorio Chong trabajaron por el panista Yunes, mientras que Duarte habló dos veces con el jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para ofrecerle todo su apoyo al candidato de su partido en Veracruz, Cuitláhuac García. Morena no ganó la elección para gobernador, pero tuvo un enorme avance en el estado, particularmente en Coatzacoalcos, uno de los refugios de Duarte cuando comenzó su escape tras saber que la PGR lo estaba buscando. Veracruz fue uno de los estados donde la lectura subliminal del proceso fue la confrontación de Osorio Chong con Videgaray y Beltrones.
El escándalo mediático contra Duarte crecía. Dos semanas antes de la elección, una investigación del portal Animal Político, con el apoyo de la ONG financiada por el sector privado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reveló que el gobierno de Veracruz había desaparecido casi 700 millones de pesos a través de empresas fantasma. Para entonces, Videgaray había ordenado al jefe del SAT, Aristóteles Núñez, una investigación, y armó un expediente donde cuando menos 50 empresas en forma directa, y 230 en forma indirecta, estaban involucradas en la presunta red de corrupción de Duarte. Informado Duarte de esta investigación, presentó ante la Presidencia documentación que, alegaban sus representantes, probaban su inocencia. Duarte pidió además una cita con el presidente, que le negaron. Cuando la volvió a pedir, se la programaron pero la cambiaron. Le dijeron que volverían a dársela, pero no le confirmaron fecha.
Peña Nieto había hablado con políticos cercanos confiables para él y Duarte, para transmitirle el mensaje de que bajara su perfil. El 6 de junio, la mañana después de que el PRI perdió la elección para gobernador en Veracruz, Duarte se desconectó del mundo: apagó su BlackBerry y ya no volvió a contestar mensajes en forma directa. “Sólo me hablan para darme el pésame”, se quejó con cercanos. El presidente autorizó que Hacienda, el SAT y la PGR trabajaran intensamente para documentar lo que Videgaray había dicho desde un año antes: los desvíos de recursos públicos para enriquecimiento del gobernador y sus socios, a fin de que se revisaran los resultados a finales de junio y tomara una decisión sobre Duarte.
Un mes después de la elección, el nuevo líder del PRI, Enrique Ochoa, comenzó a hablar de la corrupción en su partido como uno de los factores que fueron determinantes en las derrotas, lo que parecía ser el principio del fin del gobernador. Otra vez equivocados. Peña Nieto recibió finalmente al gobernador, y según confió Duarte a sus cercanos, le dijo que no se preocupara porque todo era un problema de medios y que las olas de críticas en la prensa se diluirían y todo acabaría. Duarte regresó feliz a Veracruz.
con información de http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/como-cayo-duarte-i.html

jueves, 27 de octubre de 2016

Como en mafia italiana, a Duarte se le avisó para que se escapara: Buscaglia

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“Ese es el modus operandi que se usaba en los mejores épocas de la mafia en Italia, donde a los políticos les avisaban días antes para que se escaparan”, dice en entrevista con SinEmbargo el investigador de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia. “Es un modus operandi muy usual entre gobiernos de todos los partidos que han entrado a un comportamiento mafioso, como el mexicano”.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– La impunidad que rodea el caso del Gobernador veracruzano con licencia Javier Duarte de Ochoa no es la excepción; es la regla en un sistema político-electoral basado en el intercambio de favores entre quienes ocupan cargos públicos. Así explica el académico Edgardo Buscaglia. La falta de ejecución, por parte del Gobierno federal, de la orden de aprehensión contra el mandatario veracruzano, girada días después de que pidiera licencia de su cargo, es el mejor ejemplo, dice.
“Es una simulación”, afirma el experto en marcos legales del combate a la delincuencia organizada.
“La política es una puerta giratoria: entra uno y sale otro. No es cuestión de un nombre, sino de un sistema que permite llegar al poder político dejando dinero o pagando a alguien; entonces, se responde a ese alguien y no al pueblo”, agrega.
Investigador de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Buscaglia ha insistido tanto en sus libros como en foros y entrevistas, en la necesidad de que el combate a la delincuencia organizada pase por el aseguramiento de los bienes patrimoniales de los operadores, incluyendo a los políticos que protegen estos ilícitos.
También, en la urgencia de reformas a las leyes electorales que permitan que las candidaturas a los cargos de elección se definan a través del voto popular y no a discreción de los partidos, que tienden a seleccionar sólo a quienes garanticen protección ante los abusos de poder.
Pero como ese marco legal no es el actual en México, dice Buscaglia en entrevista sobre Duarte de Ochoa, no sorprende que el ex mandatario haya tenido tiempo de preparar su escape.
“Ese es el modus operandi que se usaba en los mejores épocas de la mafia en Italia, donde a los políticos les avisaban días antes para que se escaparan”, dice. “Es un modus operandi muy usual entre gobiernos de todos los partidos que han entrado a un comportamiento mafioso, como el mexicano”.
Javier Duarte de Ochoa fue expulsado el pasado martes del Partido Revolucionario Institucional, en donde una demanda interna busca castigarlos por corrupción a él y a los también ex mandatarios priístas César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y a Rodrigo Medina, de Nuevo León.
La medida fue posterior a las derrotas tricolores en los primeros tres estados durante la elección del pasado 5 de junio, atribuidas a las acusaciones de corrupción contra los ex mandatarios, y como medida preventiva del PRI ante otro voto de castigo en 2018.
Buscaglia de visita en México. Foto; Cuartoscuro
Buscaglia de visita en México. Foto; Cuartoscuro
En este contexto, Televisa anunció el pasado 17 de octubre que la Procuraduría General de la República había girado una orden de aprehensión contra el veracruzano por los probables delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Cinco días antes, sin embargo, Duarte de Ochoa –que deja 35 mil millones de pesos sin explicar, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación– había solicitado licencia de su cargo.
“No dudo que (la ex Procuradora) Arely Gómez hubiera querido capturar a Duarte, pero quienes la rodeaban forman parte del pacto de impunidad (…) y hasta que no se rompa, no habrá investigaciones patrimoniales”, dice Buscaglia.
Ese mismo pacto de impunidad, dice, ayuda a explicar la remoción de Gómez de la PGR el mismo pasado martes 25.
“Un poco confirma esto. Me reuní con ella en varias oportunidades y, de lo que yo le decía, nunca dijo que no tuviera razón; pero con sus acciones me confesaba que no podía. El problema es que ella formaba parte de un grupo que no le dejaría actuar como debería haber actuado”, dice.
En ese contexto, Buscaglia recuerda el caso del aún Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, que giró orden de aprehensión contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, y luego él mismo fue investigado por presuntamente filtrar los datos.
“Arely Gómez generó una orden de aprehensión y ahí está”, dice. “Está también lo que le pasó a Santiago Nieto; hay un pacto de impunidad política en México”, insiste.
Otro de los planteamientos de Buscaglia es que ni la corrupción ni el crimen organizado internacional son problemáticas únicas de México, sino los vacíos legales e institucionales –como la falta de controles al patrimonio de los políticos y a la forma en la que llegan a sus cargos– que permiten la impunidad y, en consecuencia, los miles de asesinatos y desapariciones de la última década.
Otro faltante del combate a la corrupción y al crimen organizado, menciona, es un movimiento social que lo exija.
“Giovanni Falcone (el juez italiano destacado por su trabajo contra la mafia de ese país) tenía a la sociedad detrás de él, exigiendo, protegiéndolo”, cierra.

martes, 25 de octubre de 2016

Javier Duarte y su “Operación Maleta”

Javier Duarte en la Fiscalía de Veracruz. Foto: Yerania Rolón
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 27 de enero de 2012, en el inicio de la campaña presidencial de ese año, dos empleados del gobierno de Veracruz fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban en dos maletas.
Miguel Morales Robles y Saíd Sandoval Zepeda, empleados de la Tesorería de Veracruz, fueron detenidos por la PGR y días después liberados “con las reservas de la ley”.
Ante el escándalo de este dinero en efectivo, la entonces vocera del gobierno de Javier Duarte, Gina Domínguez, afirmó que ante las cercanías de las fiestas de la Candelaria, del Carnaval y de la Cumbre del Tajín, se decidió trasladar ese dinero en efectivo porque no habían podido depositarlo en una cuenta bancaria.
Ventilado en los medios de comunicación, por primera vez Javier Duarte tuvo que hacer maromas para explicar el origen de este dinero y, sobre todo, su destino.
El PAN y PRD sugirieron entonces que esas maletas podían constituir desvío de recursos públicos hacia la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Las autoridades electorales hicieron como que las Virgen les hablaba.
La PGR del gobierno de Felipe Calderón no hizo nada. No se investigó a mayor profundidad. Habían pistas suficientes que indicaban que no era la primera vez que se realizaba esta sospechosa “Operación Maleta”.
Cuatro años después, en mayo de 2016, el ex presidente Felipe Calderón decidió hablar en el mitin de cierre de campaña del candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes en Boca del Río, Veracruz, histórico adversario de Duarte.
Como si nada, Calderón acusó en ese momento al gobierno de Javier Duarte de manejar recursos de manera ilegal. En específico, señaló que su gobierno sacó 2 mil 993 millones de pesos de una cuenta de 7 mil millones de pesos depositadas en Banco Santander.
Por supuesto, las declaraciones de Calderón generaron un mini-escándalo que él mismo decidió apagar. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, corrigió algunas de las versiones que salieron en la prensa. “Yo no hice mención, en este caso a Javier Duarte, cuando dije que habían entregado a Veracruz al crimen organizado” y precisó que no tenía pruebas de que ese dinero había sido desviado a las campañas electorales del PRI y, especialmente, a la de Enrique Peña Nieto.
En Puebla, el sitio informativo www.diariocambio.com.mx publicó un texto de Arturo Rueda quien recordó que entre 2011 y el 21 de marzo de 2012, el PRI poblano derrotado tras la candidatura de Javier López Zavala vivió de una “Operación Maleta” que llegaba cada mes del gobierno de Veracruz. Eran 2 millones de pesos al mes que “solidariamente” Javier Duarte enviaba al delegado del tricolor Ranulfo Márquez. Fueron los meses de Humberto Moreira como líder nacional del PRI.
En junio de este año, un largo documento anónimo que llegó ante el órgano regulador bursátil de Estados Unidos afirmó -sin aportar pruebas documentales- que durante el año de 2015 los gobiernos de Rafael Moreno Valle, en Puebla; de Rodrigo Medina, en Nuevo León; de Javier Duarte, en Veracruz; de Manuel Velasco, en Chiapas, y de César Duarte, en Chihuahua, habían pagado entre 300 y 500 millones de pesos a Grupo Televisa en promocionales.
En otras palabras, antes de que Javier Duarte fuera investigado por la PGR, de que se fugara en las narices de medio gobierno federal, de que fuera condenado por los medios a los que antes destinó carretadas de dinero, había suficientes testimonios que trascendieron a la opinión pública sobre la continua “Operación Maleta” que hizo el priista veracruzano para comprar silencios, pactar complicidades, apoyar candidaturas y ganarse la mención de Enrique Peña Nieto como integrante de la “nueva generación priista” en el poder.
Ahora, la información sobre los excesos y la cleptocracia incontenible de Javier Duarte aparecen en todos los medios. Sus antiguos cómplices y prestanombres aparecen en videos y reportajes filtrados a los medios electrónicos y a medios impresos.
Este martes, Reforma publicó parte del testimonio del abogado fiscalista Alfonso Ortega López, quien acusó a Duarte de haber adquirido 30 inmuebles rematados por hipotecas no pagadas en Miami, Florida. Los inmuebles fueron adquiridos a principios de 2013 a través de una sociedad LLC denominada Rusnam Investments. Sus miembros fueron el propio Ortega, Moisés Mansur y el empresario Iñaki Negrete.
Ortega López también afirmó ante la PGR que Duarte regaló joyas a su esposa por 225 mil dólares.
En los fragmentos publicados por Reforma, Ortega López se asume como prestanombres de Duarte y relató que cuando trató de desprenderse de la red de corrupción, el ex gobernador lo jaló del brazo y le dijo: “tú sabes de dónde viene el dinero”.
Tal parece que muchos en los distintos niveles de gobierno sabían de dónde venía ese dinero y muchos millones de pesos más que se distribuyeron en “Operaciones Maletas”.
No fue Duarte el único ni el primer priista que realizó esta magna operación de desvío y lavado de dinero. Lo aprendió de su ex jefe Fidel Herrera. Algo similar ocurrió con Arturo Montiel en el Estado de México en la era dorada del montielismo, antes de que llegara Peña Nieto al gobierno estatal. Hay testimonios que indican lo mismo con Humberto Moreira, en Coahuila, y con decenas más de cleptócratas del PRI.
Si Duarte era detenido y hablaba, muchas otras “Operaciones Maletas” habrían salido a relucir.
Quizá por esta misma razón la fuerza política que dio la orden de permitir que desapareciera Javier Duarte después de dar una entrevista en cadena nacional es la misma que ordena hoy el gran show de su expulsión del PRI y su juicio mediático sumario.

viernes, 26 de agosto de 2016

Revelan que supuesto prestanombres nombró a Javier Duarte como su heredero

Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El operador financiero de Javier Duarte y uno de sus mejores amigos desde la juventud, Moisés Mansur Cysneiros, nombró en su testamento al mandatario veracruzano como heredero.
El diario Reforma publica hoy que según el instrumento notarial 31,738, inscrito en el libro 1,178 del Registro Público, al que tuvo acceso, Mansur acudió el 28 de septiembre de 2006 a inscribir su testamento ante Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, notario número 44 en Huixquilucan, Edomex.
Entre los inmuebles inscritos que pasarían a ser propiedad del gobernador prisita en caso de muerte de Mansur, dice Reforma, se encuentra un edificio en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en Plaza Centro, en Masaryk.
En 2006, cuando registró su testamento, Mansur tenía 30 años, y Duarte, de 33 años, era el Secretario de Finanzas de la Administración estatal del priista Fidel Herrera, actual Cónsul de México en Barcelona.
En el testamento firmó como testigo de José Antonio Bandín Ruiz, amigo desde la juventud de Mansur y de Duarte, indica el diario.
Mansur fue acusado ante la PGR por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, de operar una red financiera y ser el prestanombres de Duarte para adquirir propiedades.
En tanto que Bandín también es señalado junto con su esposa, Mónica Babayan Canal, de ser prestanombres del mandatario y adquirir varias propiedades en el extranjero.
En julio pasado, la PGR solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información sobre las propiedades registradas por Duarte y algunos colaboradores y amigos, entre ellos Mansur Cysneiros.
Según la denuncia presentada por Yunes ante la PGR, Moisés Mansur y Antonio Bandín son socios en diferentes grupos que crearon para adquirir propiedades para Duarte.
Entre las empresas investigadas actualmente por la PGR se encuentran Inmobiliaria Cartujano, Controladora Prado Norte, Grupo Boydar y Sociedad Valkany, todas ellas operando desde las oficinas de Prado Norte 135.
El testamento mantenía su redacción en los mismos términos en 2013.
Esta semana, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dio a conocer que a partir de la denuncia de Yunes, se están auditando las finanzas personales del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y otros cinco funcionarios que están vinculados con contratos a varias empresas fantasma.

viernes, 27 de mayo de 2016

Universitarios en Veracruz reiteran exigencia a Duarte para que pague adeudos

Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestan contra Duarte en Xalapa. Foto: Miguel Ángel Carmona
XALAPA, Ver (apro).- Bajo la consigna de “Duarte ratero, regresa el dinero”, alrededor de diez mil universitarios, docentes, investigadores y exalumnos de la Universidad Veracruzana (UV) salieron a las calles para exigirle al gobierno del priista Javier Duarte que pague los mil 165 millones de pesos de deuda restante con la máxima casa de estudios de Veracruz.
Con los contingentes concentrados en rectoría de la UV, los universitarios recriminaron con cartulinas, lonas y con gritos que los programas académicos y diversas acciones de infraestructura ya se encuentran en riesgo por el impago de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Sara Ladrón de Guevara, rectora de la UV, reprochó que en muchas ocasiones el gobierno de Duarte y sus funcionarios han caído en la palabra vana: “se dice y se contradice, la que no corresponde con los hechos. Hay palabras que carecen de honor. Hubo el tiempo de imaginar a la Universidad Veracruzana; de construirla, de darle autonomía. Hoy, es el tiempo de defender a la Universidad Veracruzana. Todavía nos deben el derecho a soñar”.
El discurso de Sara Ladrón de Guevara volvió a llevarse a cabo enfrente a Palacio de Gobierno, mientras las oficinas de la mayoría de la dependencias estatales se cerraban de par en par, incluyendo las ventanillas; en contraste, unos cinco orejas de la Subsecretaria de Gobierno y de la Dirección de Política Regional grababan a detalle con cámaras de teléfonos celulares, el discurso de la autoridad universitaria.
El acto fue empañado por propios empleados de rectoría de la UV, que quisieron intimidar a alumnos de la Facultad de Humanidades quienes portaban una enorme lona en letras negras: “Defiendo a la Universidad, pero no a Sara”. Los administrativos universitarios los acusaban de “ser priistas”.
Alumnos de la facultad de Sociología quienes se quejaron que la actual administración universitaria también ha sido participe de la corrupción.
La marcha de hoy fue denominada como #TodosSomosUV y se realiza a diez días de que se lleve el proceso electoral para renovar la gubernatura, multitudinaria marcha en donde cientos de jóvenes recriminaron que aún no saben por quién sufragar, pero que es un hecho que no lo harán por el PRI.
Apenas ayer, Ladrón de Guevara confirmó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan ), se hará responsable del pago por mil 154 millones de pesos, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que restaran mil 165 millones restantes por depositar.
Al gobierno de Duarte únicamente le restan seis meses para poder cumplir con el pago de este recurso destinado para la educación superior de Veracruz.
El resto de la marcha universitaria se caracterizó por los cánticos y gritos de consigna de los universitarios: “porque te queremos, te defendemos”, “esta semana, regrésanos la lana”, “la UV marchando, también está enseñando”, “Duarte ratero, regresa el dinero”.

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