ERNESTO VILLANUEVA
Las cosas en el Poder Judicial de la Federación van de mal en peor en materia de transparencia y rendición de cuentas. No es, en modo alguno, mi opinión particular, sino el reflejo de diversos datos extraídos de la realidad. Vamos por partes.
Primero. A propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se declaró a 2008 como el “Año de la Transparencia” en el Poder Judicial de la Federación. Pero de acuerdo con el Índice de accesibilidad a la información judicial, elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), los hechos apuntan exactamente en sentido contrario. Durante dicho período, México se colocó en la posición 21 de los 35 países de las Américas aunque cuenta con una buena Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2004 y 2006, México había pasado con una calificación de 64.5 (fueron evaluados 100 puntos); en 2007 reprobó con 49.50, y en 2008, “Año de la Transparencia”, bajó al 42.18. En suma, de 2004 a 2008 el Poder Judicial de la Federación ha aumentado en 7% su opacidad, lo que indica que la “transparencia” fue sólo una campaña publicitaria.
Segundo. Los datos de Índice del CEJA no se alejan de la realidad. Ejercer el derecho de acceso a la información pública en el Poder Judicial de la Federación es toda una odisea. Así, por ejemplo, al solicitar los documentos de los gastos de comidas de cada uno de los ministros, con desglose individual, se entregó un total con las facturas tachadas para que no pudieran conocerse los lugares donde se consumieron las comidas o cenas. Los montos pagados por cada una de ellas son altísimos, pues el promedio es de 5 mil pesos. Hay una, por ejemplo, donde el consumo fue de 15 mil pesos, pero se pagaron 17 mil 500, es decir, con 2 mil 500 pesos de propina cargados al pueblo de México.
Tercero. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como ya es costumbre, mienten y dan cifras falsas sobre los ingresos de los magistrados. Como es ya de conocimiento público, ganan un promedio de 340 mil pesos netos. Pero hasta ahora no se sabía –de ello se informa aquí por primera vez– de algunas “prestaciones” confidenciales de los magistrados: a) Tienen (para ajustar la devaluación del peso-dólar) cinco bonos anuales, equivalentes cada uno de ellos a un salario global mensual, para protegerse de las fluctuaciones del peso, lo cual significa que, en realidad, el sueldo de los ministros asciende a 481 mil pesos mensuales libres de polvo y paja; b) disponen de por lo menos dos vehículos, uno de los cuales lo compra el TEPJF y se les otorga como prestación, mientras que el otro se les facilita para el desempeño de sus funciones, con un costo máximo de 400 mil pesos por unidad; c) adicionalmente, cuentan con 30 mil pesos mensuales que pueden emplear como su imaginación les indique, independientemente de que reciben servicio de comedor con atención personalizada bajo dieta específica, apoyo logístico de vehículos que los trasladan al aeropuerto o a cualquier tipo de evento que tengan a nivel nacional, con choferes incluidos que pueden conducirlos hasta los salones oficiales del aeropuerto, donde no pagan un centavo.
Cuarto. En este esquema de abundancia de dinero y de halagos mutuos, no han dejado de actuar la adicción al poder y la soberbia. En un texto inédito del que también por primera vez se informa aquí, el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar habla de su propuesta de cerrar el acceso a las boletas electorales de 2006. Ejerciendo presiones y amenazas contra mí, posteriormente me exigió que no publicara ese escrito, destinado a ser parte de un libro académico sobre las boletas de 2006. A reserva de hacer lo propio con la obra académica –esa era y es su finalidad–, se reproduce aquí el punto de partida que plantea el promotor de la opacidad judicial.
Nava Gomar considera que quienes opinamos a favor de la revisión de las boletas somos ignorantes, flojos e irresponsables. Dice: “Debo reconocer haber efectuado atenta lectura de tales notas públicas firmadas por columnistas y periodistas al respecto, y expresar que la cascada de referencias sobre el proceder de la Sala Superior del TEPJF ha sido superficial al grado de compartir –a toro pasado– la razonable duda de, si la mayoría de los articulistas que le dedicaron al tema sus impresiones, habrían tenido la oportunidad de leer en extenso la resolución de comentario. A lo visto, el análisis periférico que en general se hizo público sobre la sentencia de comentario se debió a ese factor: escasa documentación sobre el cuerpo integral de la resolución”.
Habrá qué ver qué dicen al final sobre este asunto la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. l
evillanueva99@yahoo.com
