México.- Fueron entregadas el día de ayer a la Cámara de Diputados 720 mil firmas en apoyo a la propuesta de conformar una institución que atienda la problemática nacional generada por los elevados cobros.
La Mesa Directiva de San Lázaro recibirá esta semana un millón y medio de firmas en apoyo a la petición.
Lo anterior, con el propósito de impulsar la creación de una comisión reguladora de tarifas eléctricas que frene los abusos y la discrecionalidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el cobro de este servicio público.
Al entregar ayer el documento con las firmas, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, denunció que el costo del servicio eléctrico se ha elevado en promedio 150%, lo que ha afectado considerablemente la economía de las familias mexicanas.
En este contexto, dijo, se ha generado un movimiento nacional que está decidido a no permitir más abusos.
En ese movimiento figuran organizaciones civiles y sociales, pero también miles de microempresarios a quienes discrecionalmente se les aplica la tarifa de alto consumo, que los ha obligado a paralizar su producción y en muchos casos a cerrar sus empresas por encarecimiento excesivo de sus costos operativos, abundó.
El legislador dijo que se podría alcanzar una cifra superior al millón y medio de firmas de ciudadanos inconformes con los altos cobros y que demandan la creación de dicha comisión.
Explicó que el objetivo es entregar todas estas peticiones a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que “a la brevedad se dé curso a la iniciativa destinada a crear la comisión reguladora de las tarifas eléctricas, que acabe con los abusos y discrecionalidad en el cobro de ese servicio”, sostuvo el legislador, y dijo que los diputados panistas han intentado detener esta iniciativa, “para evitar que se reglamente el cobro de la energía eléctrica”.
Consideró que con esta acción estarían dadas las condiciones para que la iniciativa se suba al pleno y se cree esta instancia, cuya función básica será vigilar que se apliquen cobros justos y que la CFE retome su función como empresa de servicio público.
Por su parte, César Augusto Santiago, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, y uno de los principales impulsores de este movimiento de protesta, hizo ver que la arbitraria política tarifaria de la CFE “está dirigida a apoyar la actividad de empresas trasnacionales que ya generan 50% de la electricidad, con contratos de compra anticipada y onerosos costos de interconexión que se cargan a los usuarios”.
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