“El Pemexproa”, artículo de Carmen Aristegui

"Si el Fobaproa rondaba entre los 700 y 800 mil millones de pesos, que seguimos pagando, el pasivo laboral sumado de Pemex y CFE es superior al pasivo bancario, aún si se le agregara el rescate carretero, también de triste memoria", escribe la periodista.

(Foto: Pemex)

La periodista Carmen Aristegui escribió el viernes en el periódico Reforma sobre la propuesta para que el gobierno asuma una parte del pasivo laboral de Pemex y CFE. Aquí su artículo:
“El Pemexproa”
Por Carmen Aristegui
Periódico Reforma
Viernes 25 de julio, 2014
No había que poner mucha imaginación para pensar, de inmediato, en la idea de “un Fobaproa petrolero y energético” cuando se dio a conocer que el gobierno y el Congreso se aprestan a aprobar una propuesta para convertir en deuda pública el inmenso pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y el de la Comisión Federal de Electricidad.
La evocación inmediata a lo que fue -y sigue siendo- el rescate con dinero público más grande de la historia de México, realizado entre 1994 y 1995 durante la crisis del sistema financiero mexicano, es inevitable dada la dimensión que supondrá, para México, convertir en deuda pública las monstruosas cifras que cargan ambas paraestatales.
Si el Fobaproa rondaba entre los 700 y 800 mil millones de pesos, que seguimos pagando, el pasivo laboral sumado de Pemex y CFE es superior al pasivo bancario, aun si se le agregara el rescate carretero, también de triste memoria.
Si el Fobaproa y su posterior conversión en IPAB y deuda pública fueron los instrumentos utilizados para convertir los abusos, pésimos manejos y quebrantos de la banca privatizada en la deuda que hoy todos pagamos, lo que se vislumbra ahora no es muy distinto -en lo esencial- a aquello. Tal como ocurrió con el Fobaproa veremos, también, el alto impacto que tendrá en el diseño de los presupuestos nacionales de los años por venir.
Ahora que toca el turno al ámbito laboral, no queda aún claro cómo va a reaccionar el sindicato ante la condicionante que impondrá el gobierno para hacer cambios a la estructura contractual del sector energético en un plazo no mayor a un año, principalmente en lo que se refiere a un sistema individualizado de pensiones y retiros, diametralmente diferente al que ha prevalecido por años para sus trabajadores.
Los sindicatos de Pemex y la CFE, hasta el momento, han ido acompañando, pasivamente, al gobierno a lo largo de este proceso de transformación radical en el modelo de exploración, producción, transportación, refinación y de negocios que se ha impuesto a la industria energética. Hoy se sabe que van incluidas en el plan modificaciones a los contratos colectivos, a cambio de garantizar con dinero público el inmenso pasivo laboral.
El tipo de relación que, históricamente, han sostenido estos sindicatos con el gobierno y las múltiples prebendas y beneficios, inconfesables, con sus dirigentes hacen improbable que reaccionen negativamente -por lo menos en lo público- a lo que afectará inevitablemente a sus actuales modelos contractuales.
El asunto camina implacable, como ha sido todo este proceso de reformas constitucionales y secundarias promulgadas del año pasado a la fecha.
Este viernes sesionarán las comisiones unidas de Presupuesto y Energía de la Cámara de Diputados para dictaminar los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, dentro de los cuales se incluye el controvertido tema de los pasivos laborales de Pemex y la CFE.
Procesarán la iniciativa del PRI para que el gobierno absorba parte del inmenso pasivo.
Los cálculos que han hecho algunos legisladores sobre lo que significaría una decisión de este tamaño son diversos. El diputado panista y ex subdirector de Pemex, Juan Bueno Torio, habla de un rescate que rondaría la cifra de los 700 mil millones de pesos y se terminaría de pagar en unos 30 o 35 años.
Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD, al cuestionar que se pretenda convertir en deuda pública “una serie de prebendas que durante décadas el PRI ha concedido al sindicato petrolero y sanear financieramente a Pemex para que las empresas transnacionales no carguen con el pasivo laboral”, calculó entre un 25 o 30 por ciento el incremento que, de golpe, sufriría la actual deuda pública nacional, considerando que el actual pasivo laboral del sector petrolero asciende a un billón 347 mil millones de pesos y el energético a 500 mil millones de pesos.
El “Pemexproa”, como se le empieza a llamar a lo que ya está en puerta, remueve la memoria de los mexicanos que recuerdan hoy aquellas fechas en que fueron rescatados ahorradores, tenedores de bonos y un puñado de vivales que se sirvieron con la cuchara grande. Si el gobierno de Peña Nieto se enfila -como vemos- a liberar a Pemex, de un plumazo, de su carga de pasivos laborales para dejar a Pemex libre de eso frente a las trasnacionales, tendrá que explicar a los mexicanos de qué manera piensa hacerlo, qué boquete abrirá en las finanzas nacionales, qué plazos y planes tiene para subsanarlo, de dónde sacará para hacerlo.

Confirman la creación de un nuevo Fobaproa para Pemex y la CFE

(24 de julio del 2014).- Como hace dos décadas, cuando se generó el autogobierno del Banco de México y la privatización de la banca, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados incorporó un agregado al dictamen de las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que ambas tengan “autonomía” y manejen de manejen de independientemente su deuda y presupuesto.

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, anticiparon que como parte de estos nuevos dictámenes, buscarán que el gobierno federal asuma como deuda pública parte del pasivo laboral de ambas empresas, que asciende a 1.9 billones de pesos; esta déficit, adelantaron, podría verse reflejada en el paquete económico del próximo año.

Por su parte, el diputado priista y también presidente de la Comisión de Energía en la cámara baja, Marco Antonio Bernal, esta mañana, confirmó dicha información trascendió la tarde de ayer, cuando su compañera de bancada, Irazema González, señalo que a partir de septiembre la Secretaria de Hacienda hará una propuesta para que se convierta en deuda pública el pasivo de Pemex.

En entrevista para el periódico Milenio, el vicecoordinador perredista, Miguel Alonso Raya, detalló que el pasivo de pensiones y salud de Pemex asciende a un billón 347 mil millones de pesos, mientras el de CFE ronda 500 mil millones, derivado de 20 mil trabajadores en activo y más de 80 mil jubilados y pensionados.

—¿Puede ser un nuevo Fobaproa? –cuestionaron los periodistas Fernando Damián y Daniel Venegas.

—De hecho lo es. No deja de ser parte de un problema, de un conflicto. Todavía seguimos, por cierto, pagando el Fobaproa, destinándole cada año una parte del presupuesto.

Por su parte, el diputado priista Ricardo Aldana, sostuvo que este propuesta se debe a que los sistemas pensionarios deben de ser “sostenibles”: “Debemos asegurar que los sistemas pensionarios en ambas empresas sean plenamente sostenibles; de forma complementaria se requiere que el gobierno federal asuma parte del pasivo laboral para dejar a esas empresas en condiciones de competitividad: solo así podrán competir de forma exitosa en el nuevo entorno que establece la reforma”, dijo el también integrante de la dirigencia del sindicato de trabajadores petroleros.

De prosperar esa propuesta, los consejos de administración de ambas empresas podrán autorizar, sin intervención de la Secretaría de Hacienda, proyectos de presupuesto anual, políticas de inversión y endeudamiento, estructura orgánica, tabuladores y medidas de austeridad, entre otras acciones, pero con cargo, en el presupuesto público, afirmó el diputado panista, Juan Bueno Torio, quien participa en la construcción de la propuesta.

Por su parte, el priista Javier Treviño, adelantó que, como parte de la transformación de ambas en empresas productivas del Estado, y ya no paraestatales, contarán por primera vez con un régimen normativo alineado con principios empresariales, conforme a las mejores prácticas internacionales, sin sujetarse a premisas burocráticas ni de excesivo control o injerencia gubernamental.

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Aunque el esquema de “privatización de ganancias y externalización de deudas” está previsto en la Ley de Asociaciones Público-Privadas de la nueva legislación energética, ésta no había estado claramente delimitada en el dictamen que fue aprobada por la Cámara de Senadores.

“Las asociaciones público privadas son lo peor de los dos mundos, lo público y lo privado: porque es una suerte de la legalización de las deudas públicas. Los legisladores como tuvieron tanto problema en aprobar el Fobaproa –que es el epítome de la corrupción en nuestro país–, ya no quieren volver a sujetarse a esos trámites político-legales, que son la aprobación de la deuda pública para el rescate de los bancos por parte del Congreso.

“Y entonces lo que hacen es signar un contrato público-privado del cual, quien pone el capital y los gastos, es el pueblo; pero quien se beneficia con los dividendos públicos, son privados, como los bancos en nuestro país”, sostiene la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irma Eréndira Sandoval.

Dicho esquema, sería mucho más claro y agresivo, ahora con la reforma energética de las extintas empresas paraestatales (CFE y Pemex), en los nuevos negocios de las “empresas de propiedad estatal”; donde incluso éstas terminarán pagando dividendos por concretos de “renta tecnológica”, en algunos casos, la compartición de ganancias, el pago por servicios a empresas nacionales o extranjeras, pero la “democratización” de la deuda en caso de “perdidas”, como la herencia de enorme burocracia.

Busca el PRI convertir en deuda pública pasivo laboral de Pemex por un billón 347 mil millones

Que le incauten sus bienes

El saldo es de un billón 347 mil millones de pesos, casi 6.95% del PIB

Plantea el PRI trocar en deuda pública pasivo laboral de Pemex

Hacienda presentará la propuesta en el paquete fiscal 2015

Se busca que la reforma energética no afecte conquistas laborales, sostiene dirigente del sindicato petrolero

Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Jueves 24 de julio de 2014, p. 3

El PRI en la Cámara de Diputados informó que, en acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la Secretaría de Hacienda propondrá que el gobierno federal asuma como deuda pública el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyo saldo es de un billón 347 mil millones de pesos, equivalentes a 6.95 por ciento del PIB, lo que incrementará la deuda nacional, actualmente superior a 4 billones de pesos, casi 30 por ciento.

El anuncio fue hecho por la diputada Irazema González Martínez –quien fue secretaria de medio ambiente en el estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto y coordinadora de la campaña de Eruviel Ávila–, después de que el tesorero del sindicato y diputado del PRI, Ricardo Aldana Prieto, aseguró que la dirigencia pediría a la Presidencia de la República absorber el pasivo laboral para que la reforma energética no afecte las conquistas laborales de los sindicalizados.

González Martínez dijo que la Secretaría de Hacienda hará la propuesta respectiva cuando presente a la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federaczión 2015.

Pemex cuenta con 150 mil 697 trabajadores activos –de los cuales 71.4 por ciento son sindicalizados– y 88 mil 807 jubilados. Estos últimos reciben su pensión, en promedio, 21.6 años después de su retiro.

Aldana Prieto incluso dejó entrever que se planteará que también se asuma el pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es de casi 500 mil millones de pesos: Es claro que debemos asegurar que los sistemas pensionarios en ambas empresas sean plenamente sostenibles. De forma complementaria se requiere que el gobierno federal asuma parte del pasivo laboral para dejarlas en condiciones de competitividad.

Una vez asumido como deuda, y saneada esa carga, Pemex utilizará sus ingresos propios excedentes para hacer frente a las obligaciones del pasivo laboral con sus trabajadores, como PRI y PAN acordaron en la aprobación de la minuta de la ley de Petróleos Mexicanos, a la que le hicieron una adenda expresa.

También se prevé la misma condición en otro agregado que ambos partidos incluyeron como parte del proyecto de dictamen de la ley de la CFE, que se discutirá hoy.

El pasivo laboral de Pemex, que forma parte del contrato colectivo de trabajo, se integra por las siguientes tres obligaciones de la paraestatal con los trabajadores:

Liquidación y prima por antigüedad de 15 años o más, por concepto de renuncias voluntarias.

Pensión, prima por antigüedad, apoyos para gas, gasolina, canasta básica y aguinaldo de 60 días, por concepto de jubilación por vejez o incapacidad.

Y pensión posmortem, así como una canasta básica gas, gasolina por muerte.

A estos conceptos se suman las siguientes prestaciones a jubilados: atención médica, bonificación por venta de productos y préstamos por el equivalente a 90 días de pensión.

Después del anuncio del PRI, durante la discusión de la minuta de la ley de Petróleos Mexicanos, que fue aprobada en lo general por 20 votos a favor y siete en contra, el vicecoordinador de PRD, Miguel Alonso Raya, cuestionó que el gobierno federal pretenda convertir en deuda pública una serie de prebendas que durante décadas el PRI ha concedido al sindicato petrolero y sanear financieramente a Pemex para que las empresas transnacionales no carguen con el pasivo laboral.

Estas son las consecuencias del régimen fiscal al que está sometido Pemex, a los descuidos y, sobre todo, a los apapachos reflejados en el contrato colectivo de trabajo y al tipo de relación perversa con la dirigencia sindical, que hoy lleva a que el PRI proponga incrementar de un sólo golpe entre 25 y 30 por ciento la deuda nacional.

Alonso Raya explicó que el pasivo laboral creció exponencialmente en el sexenio de Felipe Calderón, al pasar de 528 mil millones en 2007 a un billón 288 mil millones en 2012. En el primer año de Peña Nieto, dijo, aumentó a un billón 347 mil millones.

El diputado perredista presentó ayer una propuesta, que no fue atendida por la mayoría en la comisión, para que se busque un medio de financiamiento del pasivo, mediante una reforma al sistema de pensiones de los petroleros, que aplique a los trabajadores en activo, y para que a los de nuevo ingreso se les dé de alta en el régimen obligatorio de seguridad social.

Esto porque, explicó, Pemex opera un esquema de seguridad social independiente, que incluye servicio médico, sistema de retiro y prestaciones de vivienda.