(24 de julio del 2014).- Como hace dos décadas, cuando se generó el autogobierno del Banco de México y la privatización de la banca, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados incorporó un agregado al dictamen de las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que ambas tengan “autonomía” y manejen de manejen de independientemente su deuda y presupuesto.
Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, anticiparon que como parte de estos nuevos dictámenes, buscarán que el gobierno federal asuma como deuda pública parte del pasivo laboral de ambas empresas, que asciende a 1.9 billones de pesos; esta déficit, adelantaron, podría verse reflejada en el paquete económico del próximo año.
Por su parte, el diputado priista y también presidente de la Comisión de Energía en la cámara baja, Marco Antonio Bernal, esta mañana, confirmó dicha información trascendió la tarde de ayer, cuando su compañera de bancada, Irazema González, señalo que a partir de septiembre la Secretaria de Hacienda hará una propuesta para que se convierta en deuda pública el pasivo de Pemex.
En entrevista para el periódico Milenio, el vicecoordinador perredista, Miguel Alonso Raya, detalló que el pasivo de pensiones y salud de Pemex asciende a un billón 347 mil millones de pesos, mientras el de CFE ronda 500 mil millones, derivado de 20 mil trabajadores en activo y más de 80 mil jubilados y pensionados.
—¿Puede ser un nuevo Fobaproa? –cuestionaron los periodistas Fernando Damián y Daniel Venegas.
—De hecho lo es. No deja de ser parte de un problema, de un conflicto. Todavía seguimos, por cierto, pagando el Fobaproa, destinándole cada año una parte del presupuesto.
Por su parte, el diputado priista Ricardo Aldana, sostuvo que este propuesta se debe a que los sistemas pensionarios deben de ser “sostenibles”: “Debemos asegurar que los sistemas pensionarios en ambas empresas sean plenamente sostenibles; de forma complementaria se requiere que el gobierno federal asuma parte del pasivo laboral para dejar a esas empresas en condiciones de competitividad: solo así podrán competir de forma exitosa en el nuevo entorno que establece la reforma”, dijo el también integrante de la dirigencia del sindicato de trabajadores petroleros.
De prosperar esa propuesta, los consejos de administración de ambas empresas podrán autorizar, sin intervención de la Secretaría de Hacienda, proyectos de presupuesto anual, políticas de inversión y endeudamiento, estructura orgánica, tabuladores y medidas de austeridad, entre otras acciones, pero con cargo, en el presupuesto público, afirmó el diputado panista, Juan Bueno Torio, quien participa en la construcción de la propuesta.
Por su parte, el priista Javier Treviño, adelantó que, como parte de la transformación de ambas en empresas productivas del Estado, y ya no paraestatales, contarán por primera vez con un régimen normativo alineado con principios empresariales, conforme a las mejores prácticas internacionales, sin sujetarse a premisas burocráticas ni de excesivo control o injerencia gubernamental.
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Aunque el esquema de “privatización de ganancias y externalización de deudas” está previsto en la Ley de Asociaciones Público-Privadas de la nueva legislación energética, ésta no había estado claramente delimitada en el dictamen que fue aprobada por la Cámara de Senadores.
“Las asociaciones público privadas son lo peor de los dos mundos, lo público y lo privado: porque es una suerte de la legalización de las deudas públicas. Los legisladores como tuvieron tanto problema en aprobar el Fobaproa –que es el epítome de la corrupción en nuestro país–, ya no quieren volver a sujetarse a esos trámites político-legales, que son la aprobación de la deuda pública para el rescate de los bancos por parte del Congreso.
“Y entonces lo que hacen es signar un contrato público-privado del cual, quien pone el capital y los gastos, es el pueblo; pero quien se beneficia con los dividendos públicos, son privados, como los bancos en nuestro país”, sostiene la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irma Eréndira Sandoval.
Dicho esquema, sería mucho más claro y agresivo, ahora con la reforma energética de las extintas empresas paraestatales (CFE y Pemex), en los nuevos negocios de las “empresas de propiedad estatal”; donde incluso éstas terminarán pagando dividendos por concretos de “renta tecnológica”, en algunos casos, la compartición de ganancias, el pago por servicios a empresas nacionales o extranjeras, pero la “democratización” de la deuda en caso de “perdidas”, como la herencia de enorme burocracia.
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