Breve esbozo de corruptología comparada .- Pedro Miguel

Los presidentes de Guatemala y México, Otto Pérez Molina y Enrique Peña Nieto

Con diferencias de historia, institucionalidad y dimensiones, es un hecho conocido y viejo el que en ambos lados del Suchiate el poder público es ejercido por cleptocracias. El desempeño de cargos gubernamentales constituye un mecanismo de enriquecimiento personal y faccioso cuyo funcionamiento requiere de un aparato de encubrimiento y legitimación que va desde los medios oficialistas hasta la codificación de disposiciones legales manifiestamente indecentes –como las que en México regulan los ingresos de los altos funcionarios del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial–, pasando por el control constitucional o fáctico que los gobernantes en turno ejercen sobre sistemas de fiscalización y transparencia, comités de adquisiciones y contrataciones y pactos tácitos de impunidad entre gobernantes entrantes y salientes.

Llama la atención que en el país vecino del sureste ese aparato haya colapsado y que en México el régimen haya logrado evitar, hasta ahora, su propio derrumbe, a pesar del conocimiento público de pruebas contundentes de corrupción monumental en las administraciones de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña (las tarjetas Monex y Soriana, los contratos con Higa y OHL, las inexplicables residencias de lujo, más lo que se acumule esta semana).

Lo cierto es que en el momento presente el presidente guatemalteco –el general genocida Otto Pérez Molina (OPM), colocado en el puesto gracias a una democracia oligárquica y acanallada– chapotea en el lodo de las acusaciones judiciales por dirigir una banda de evasores de impuestos y se aferra desesperada e inútilmente al flotador de la silla presidencial, en tanto que en México Peña –incrustado en Los Pinos mediante votos comprados– cree que para enfrentar la evidencia de su propio enriquecimiento inexplicable basta con ordenar una simulación de esclarecimiento y ofrecer a la sociedad una sincera disculpa.

En el país vecino las revelaciones y las imputaciones judiciales sobre los negocios sucios de OPM y de buena aparte de su equipo de gobierno han provenido, oficialmente, de una instancia que no tiene equivalente en México: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instaurada en 2007 como una entidad encargada de apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de delitos cometidos al interior de las instituciones públicas. Desde entonces la Cicig ha sido determinante para desmantelar varias bandas delictivas que operaban en los organismos del Estado y para procesar y encarcelar al ex presidente Alfonso Portillo por malversación de fondos. Su más reciente actuación ha sido la investigación del caso La Línea, un cártel de evasión fiscal encabezado por OPM y su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, e integrado por un centenar de funcionarios y empleados públicos.

Muchos sostienen que si la Cicig ha podido llevar sus pesquisas hasta estos niveles del poder ello se debe, al menos en parte, a que el gobierno de Estados Unidos le ha facilitado información, obtenida a su vez por las maquinarias de espionaje de Washington y/o por delincuentes guatemaltecos extraditados a territorio estadunidense e interrogados por la DEA y la CIA. Cierto o falso, el hecho es que esa instancia internacional ha podido exhibir en público documentos y grabaciones de audio que demuestran en forma inapelable la participación presidencial en los delitos ahora imputados a OPM y su banda.

Las evidencias de la impresentable ordeña del erario por parte de los gobernantes detonaron en el ánimo de la sociedad guatemalteca un movimiento de repudio a la clase política en general y a la presidencia de OPM, en particular. Hoy, el mandatario se encuentra acorralado en su despacho, repudiado por la mayoría de los sectores sociales y políticos del país, que le exigen la renuncia y sin más bases de apoyo que unas cuantas estructuras sindicales corporativas y amafiadas. Quién sabe si a última hora salgan en su defensa los únicos factores de poder que no se han pronunciado abiertamente en esta crisis: el Ejército y la embajada estadunidense.

Otro elemento que debe considerarse al revisar la situación de Guatemala es que las investigaciones de la Cicig precipitaron la fractura que ya venía fraguándose al interior de la oligarquía, y que separa en bandos rivales a las viejas familias agroexportadoras, comerciales y financieras, por un lado, y por otro a los políticos que, tras la firma de los acuerdos de paz (1996) y la restauración de la democracia formal en el país, vieron el ejercicio corrupto de cargos públicos como un carril de alta velocidad para amasar grandes fortunas. A la postre, esa fractura no sólo tiene en el banquillo de los acusados a buena parte de los segundos, sino que ha implicado la desarticulación del aparato de encubrimiento y legitimación, empezando por los medios, los cuales han ventilado en forma implacable las miserias de la clase política.

En México las cosas son distintas. Para empezar, los capitales trasnacionales ven en el control de su economía (2 billones de dólares) y de sus recursos naturales un objetivo estratégico de mayor relevancia que Guatemala (con un PIB 20 veces menor) y sus brazos políticos, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, experimentan mayor inquietud ante las perspectivas de una desestabilización política mexicana. Por añadidura, aunque hay numerosos indicios para suponer que el Departamento de Estado aborrece a EPN, la Casa Blanca optó por protegerlo debido a su calidad de ejecutor de la reforma energética ideada (está documentado) por Hillary Clinton y otros altos funcionarios de Washington.

En lo interno, el régimen que hoy encabeza Enrique Peña Nieto (EPN) no es necesariamente menos corrupto que el guatemalteco, pero cuenta con un blindaje, una cohesión y un sistema de complicidades, encubrimientos e impunidad mucho más poderoso y complicado que el guatemalteco. La alianza entre las oligarquías económica, política y mediática es aquí, por lo demás, mucho más densa y sólida que en el país centroamericano y, a pesar del desastroso manejo económico del peñato, los empresarios mexicanos tienen menos margen para impugnar a los gobernantes, así sea porque éstos tienen en sus manos los medios suficientes (por medio del espionaje y de la información fiscal, por ejemplo) para mantener la disciplina entre los potentados.

Si al otro lado del Suchiate la presencia de la Cicig ha impulsado al Ministerio Público local a actuar en forma autónoma, en México los organismos encargados de la fiscalización (Función Pública), persecución de delitos (PGR) e impartición de justicia (Poder Judicial en su conjunto) forman parte de la masa compacta del poder oligárquico y actúan como mecanismos de control de daños, encubrimiento, blindaje a la impunidad y distracción, como puede apreciarse en su desempeño ante las investigaciones de Ayotzinapa (PGR) y de las inexplicables residencias de EPN y compañía (Función Pública).

No queda espacio para extenderse en la comparación de las respuestas sociales ante los regímenes delictivos que padecen ambos países. Baste con decir que en México la mayor parte de las movilizaciones se ha centrado, por ahora, en la contención de la violenta barbarie que el peñato ha lanzado contra la población, y que, como parte de ellas, ahora, a 11 meses de la desaparición de 43 muchachos normalistas de Ayotzinapa, y con nuevos agravios acumulados desde entonces, la gente sigue repitiendo la que ha sido su consigna central en todo este tiempo: vivos se los llevaron, vivos los queremos.

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Por qué Morena .- Pedro Miguel

N

o estoy en y con Morena por seguir ciegamente a López Obrador, por inercia mental y mucho menos para conseguir un hueso o una prebenda, sino porque es la única organización política que conozco con presencia nacional que tiene un programa social y popular para el país, porque allí se encuentra buena parte de la ciudadanía consciente y porque es uno de los poquísimos espacios en los que aún es posible luchar por la decencia, la honradez y la congruencia, y ganar la lucha. Claro que el partido no se construye en el cielo, sino en la tierra; aquí hay muchos corruptos y oportunistas y más de alguno ha conseguido incrustarse en la organización. Por eso se requiere participación constante y una vigilancia permanente de la militancia sobre la dirigencia, recurrir a los órganos de fiscalización del propio partido e impedir que los recursos públicos recibidos se conviertan en botín de una burocracia partidista. No estamos para perder el tiempo fabricando un PRD bis.

No me gustan las elecciones ni las campañas políticas y sé que las instituciones electorales (el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) están podridas de raíz; no confío en ellas. Pero creo que si se logra un caudal masivo de votos es posible obligarlas a reconocer victorias opositoras. Creo también que una fuerte presencia en el Congreso de un partido no entregado al régimen oligárquico (considero que PAN, PRD, Verde y Nueva Alianza son ya meros instrumentos de control, dominación y reparto de cargos) puede ser decisiva para frenar la destrucción del país que se lleva a cabo mediante las reformas estructurales del peñato, así como para obstaculizar que el priísmo gobernante emprenda una represión masiva y generalizada en contra de las luchas sociales y de las instancias independientes que quedan.

Sé que ganar una elección es muy difícil, que defender el triunfo es aun más arduo y que, incluso si se logra una victoria y se consigue defenderla, ello no garantiza el cumplimiento del programa de gobierno ni la fidelidad de los mandatarios a sus mandantes. En otros términos, los comicios, por sí mismos, no van a rescatar a México de la devastación, la postración y la crisis general en que se encuentra.

Concibo el terreno de los comicios como uno de los frentes en los que se debe estar y luchar, no como el único instrumento de transformación social. Para que la participación electoral tenga sentido debe arraigarse en las causas sociales y populares y articularse con las movilizaciones, con la resistencia civil pacífica y, sobre todo, con la construcción de organización independiente en todos los ámbitos de la vida pública y en todo el territorio. De esa manera será posible alcanzar el nivel de participación electoral requerido para ganar y hacer valer la voluntad popular. En esa forma será posible vigilar desde la sociedad que los funcionarios y representantes no se corrompan ni traicionen sus promesas. Así podrá transitar el país de esta mascarada de democracia representativa que actualmente padece a una democracia participativa funcional. Dicho de otra manera: tengo claro que para tomar el poder real y no sólo oficinas gubernamentales –para lograr que el pueblo ejerza el poder, pues–, hay que construirlo desde abajo.

Pero pienso que los esfuerzos por procurar la organización autónoma de la sociedad tampoco bastan, por sí mismos, para quitarse de encima al régimen oligárquico. En ausencia de una organización (partido, red, confederación, congreso o como se llame) que articule en escala nacional las luchas locales, éstas son fácilmente aisladas, divididas, desvirtuadas o reprimidas por el gobierno.

Creo que es menos difícil convencer a la ciudadanía de que vaya a votar una mañana dominical que persuadirla para que salga a las calles a manifestarse; es más fácil convocarla a manifestaciones que lograr que deje de ir a trabajar o que deje de consumir marcas monopólicas y de comprar en centros comerciales; es más fácil organizar un boicot comercial y televisivo que una toma de carreteras; y, desde luego, es menos difícil (y, sobre todo, menos amargo) derrotar un fraude electoral que enfrentarse al ejército. Si se logra la organización requerida para llegar al gobierno por medio de un triunfo en las urnas tal vez sea innecesario organizarse para un paro general. O tal vez el paro general se vuelva el único instrumento para salir al paso de una enésima imposición.

Pero si no se puede ni siquiera ganar una elección y defender los resultados, de seguro no será posible organizar un movimiento de desobediencia civil capaz de deponer al régimen.

Encuentro que la vía de las urnas es la prioritaria –no la única– en estos meses, no para legitimar al gobierno oligárquico, sino para debilitarlo en forma significativa y para detener o atenuar la ofensiva legislativa, política, económica, policial y militar que se abate sobre la población. A mayor cantidad de puestos de elección popular ganados por la sociedad, mayores serán las dificultades del peñato para seguir adelante con el saqueo, la represión y la insolencia. Eso no significa dejar de lado causas como la defensa de los derechos humanos (en primer lugar, la exigencia de esclarecimiento y justicia para los 43 muchachos de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado y el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, del incendio en la guardería ABC, de las muertes de mineros, de las masacres de campesinos, de los asesinatos de luchadores sociales y periodistas, de las veintitantas mil desapariciones), las luchas comunitarias en contra de los proyectos depredadores, la defensa del agua, la recuperación de los recursos naturales y la liberación del país del dominio que ya ejercen sobre él los grandes capitales trasnacionales. Por el contrario, la disputa de cargos por la vía electoral tiene como propósito, en primer lugar, crear condiciones más favorables para el éxito de esas causas.

Si se construye una mayoría en el Legislativo y se logra un buen número de gubernaturas y presidencias municipales se abrirá una vía democrática y constitucional para emprender la transición hacia otro sistema político y económico. Pero si el régimen se derrumba sólo por el efecto de la presión social (desobediencia civil, paro general, insurrecciones y levantamientos) se creará un vacío institucional que no será llenado por la sociedad, sino por mafias locales, grupos de la delincuencia organizada y poderes fácticos, o el estamento militar. Es decir, se llegará a lo contrario de una democracia ejercida por el pueblo, y quienes pregonan que mientras peor, mejor, no saben lo que dicen o hablan con mala fe. Siendo puberto vi a algunas personas suspirar aliviadas cuando Luis Echeverría sucedió en el trono presidencial a Gustavo Díaz Ordaz, porque, pensaban, nadie como el poblano podría ser más represor. De entonces a la fecha muchos han pensado que nadie podría ejercer la Presidencia peor de lo que la ejercieron Salinas, Zedillo, Fox o Calderón y, sin embargo, cada sexenio ha dejado al país más empobrecido, más saqueado y más oprimido, y al gobierno, más corrompido y más envilecido. La ruina nacional no tiene más límite que el que fije la sociedad organizada.

Tanto si se opta por la vía electoral como si se propugna el boicot a los comicios y la resistencia civil, es claro que el resultado no está a la vuelta de la esquina ni de aquí al mes entrante. La articulación de todas las luchas en una sola lucha requiere de un trabajo lento y arduo de concientización y organización de base que tomará años. Tampoco en el terreno de las elecciones se va a lograr un vuelco radical de aquí a julio: ha tomado 30 años (de 1982 a 2012) multiplicar por 10 el caudal de votos que las cifras oficiales reconocen a las izquierdas. Pero en la circunstancia actual los tiempos pueden acelerarse para ambas rutas porque el régimen se está cayendo a pedazos. Sería una irresponsabilidad mayúscula no buscar la confluencia entre todas las vías y entre todas las propuestas para construir un proyecto general de nación con sentido social, dedicada a procurar el bienestar de sus habitantes y no a oprimirlos, venderlos, explotarlos y asesinarlos, como es el signo del actual gobierno.

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Venezuela entre las redes. Pedro Miguel

V

enezuela: claro que conmueve la entrega con la que miles de muchachas y muchachos salen a las calles para exigir un cambio. Y más conmueven las imágenes de golpeados, heridos y muertos en el curso de una manifestación. E indignan las fotos de brutalidad policial. En las redes sociales y en medios formales tan respetables como la cadena CNN y el diario ABC hay una catarata de escenas terribles y el primer impulso consiste en pedir sensatez y mesura a los gobernantes y un alto a la represión.

Poco a poco, sin embargo, se empieza a conocer que la foto de una muchacha arrastrada y pateada por efectivos antimotines, difundida en el sitio web de ABC y con la que se ilustra la barbarie del gobierno de Nicolás Maduro, no fue tomada en Caracassino en El Cairo; que un joven con la cara reventada, exhibido por CNN como prueba de la ferocidad policial venezolana, fue agredido en realidad el año pasado, y no por policías, sino por simpatizantes del entonces candidato presidencial opositor Henrique Capriles; que la imagen de unos cadáveres ensangrentados en una morgue no viene de Maracay sino de Alepo, Siria; que el cartel con las imágenes de un hombre antes y después de una golpiza, profusamente distribuido entre los manifestantes del país sudamericano, toma su elemento principal de un testimonio de tortura en el País Vasco que data de hace ocho años; que un estudiante llevado a rastras del pescuezo por un par de uniformados no corresponde a los enfrentamientos de este mes en Caracas, sino a las marchas estudiantiles reprimidas en 2011 en Santiago de Chile.

La miseria que acompaña a los venezolanos desde que nacen es ilustrada con una foto en la que unos bebés duermen en cajas de cartón. Lástima que haya sido tomada en Honduras y lástima, también, que los recién nacidos finlandeses de las últimas seis décadas también han dormido en cajas reglamentarias, entregadas gratuitamente por el Estado. Gracias a la magia del copiar & pegar, un enorme grupo de manifestantes catalanes aparece de pronto en Táchira, a miles de kilómetros de su lugar de residencia. Los agentes del orden de Venezuela capturan a un hombre y deciden súbitamente replicar con él, pixel por pixel, una escena de abuso sexual tomada de una página porno. Escenas de represión ocurridas en Brasilia, Atenas, Sofía, Singapur y Buenos Aires se repiten en Caracas con los mismos personajes, las mismas ropas, la misma hora del día y hasta el mismo fotógrafo. Enormes peregrinaciones religiosas son convertidas –mediante una simple intervención en el pie de foto– en multitudinarias marchas opositoras. ¿Desmentidos, disculpas, aclaraciones? Ni una sola. Para qué.

Otra: bajo el encabezado “ No es Irak; es San Cristóbal ”, una foto muestra en panorámica cómo arde completa la ciudad de San Cristóbal (capital de Táchira) y uno se queda con el corazón arrugado a la espera de noticias sobre decenas de miles de muertos y miles de millones de dólares en daños. Pero las tales noticias no llegan nunca por la razón simple de que San Cristóbal nunca estuvo en llamas. Poco importa: en cuestión de minutos la imagen ha sido retuiteada cientos de veces. Curiosamente, ésta no genera una angustia masiva de personas interesadas en conocer el destino último de los sancristobalenses fallecidos en la hecatombe, pero sí una nueva oleada de indignación contra el régimen. Es cierto: al día siguiente los medios opositores van desde que la ciudad “ amaneció paralizada y con comercios cerrados ”hasta que “ varias protestas se desarrollan en avenidas y calles ” y que las barricadas de basura quemada impidieron el paso de vehículos. Los oficialistas afirman que los opositores atacaron la subestación eléctrica para dejar sin luz a la ciudad. Afortunadamente, la urbe no ha sido reducida a cenizas –no, al menos, por ahora– y los tuiteros más enardecidos se quedarán con las ganas de agregarNerón a la larga retahíla de calificativos –criminal, fascista, dictador– que asocian con toda naturalidad al apellido Maduro. Estamos ante lo que Geovanna Campos ha llamado “ la primavera de l Photoshop ”.

En Carúpano entra en pánico un automovilista idiota que se encontraba bloqueado por una manifestación nocturna, arrolla a la multitud, hiere a varios y horas más tarde un chico muere a consecuencia de las lesiones. El resultado: la consigna Maduro, asesino de estudiantes, difundida a mares dentro y fuera de Venezuela.

Otra: el martes 18 un grupo de pistoleros en moto dispara contra una marcha no autorizada de opositores en Valencia, estado de Carabobo, y deja varios lesionados, entre ellos Génesis Carmona una modelo de 21 años que fallece horas después. La avalancha antigubernamental no se hace esperar. Se omite, desde luego, que el gobernador estatal, Francisco Ameliach –del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela, PSUV– estuvo emitiendo desde días antes, tanto en los medios tradicionales como en las redes , la advertencia de que los opositores querían un muerto en el estado. Grupos violentos de la MUD (Mesa de la Unidad, oposición) quieren un estudiante muerto. Medios de comunicación colaboren con la Paz, había tuiteado el 14 de febrero, jornada en la que supuestos manifestantes incendiaron vehículos –incluido un camión revolvedor de asfalto que no estalló de milagro– y señaló como instigadores del vandalismo al político opositor Vicencio Scarano, y al funcionario de la Universidad de Carabobo Pablo Aure. Tras la muerte de Carmona, Ameliach explicó que si su oficina no autorizó la manifestación fue porque es peligroso que esas marchas entren al centro de Valencia porque allí hay puntos planificados, con logística, con armamento, para arremeter contra los estudiantes.

Dato inquietante: las imágenes –reales– de los grupos de provocadores encapuchados que acompañan a las manifestaciones y que se encargan de atacar a las fuerzas policiales (y a los manifestantes) se parecen mucho a las de los provocadores que han actuado en recientes ocasiones en el centro de la Ciudad de México con motivo de genuinas movilizaciones ciudadanas.

Es un hecho que la contención y la prudencia no abundan mucho que digamos en las redes sociales, pero en ellas son igualmente infrecuentes las fugas generalizadas del sentido común como las que acompañan al conflicto en la patria de Bolívar, Chávez, Maduro y Capriles. Es cierto también que en ambas clases de cobertura de un punto caliente –la profesional y la tuitera– se corre el riesgo de que se nos cuele una falsificación. Ante el alud de mentiras contra el oficialismo se detecta una sola distorsión que tal vez proceda de las filas de los simpatizantes del gobierno. Es sarcástica: una flamante camioneta Hummer a la que se se ha pintado en el medallón la consigna Maduro nos mata de hambre.

Pero en el caso del actual conflicto venezolano la distorsión de los hechos en perjuicio del gobierno no es excepción sino regla y muestra, independientemente de la buena fe de muchos que contribuyen a difundirla, un deliberado afán deliberado por construir una percepción falsa de lo que realmente ocurre y de las causas y cauces de la crisis.

Otro asunto es el de los numerosos indicios que refieren una grosera intervención orquestada para desestabilizar al país sudamericano, en la que participan desde ultraderechistas serbios hasta figuras destacadas del partido de Mariano Rajoy. Pero, por hoy, el espacio ya se acabó.

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Siembra de guerra. Pedro Miguel

M

artes 10 de diciembre de 2013: 93 senadores sembraron en el futuro de los mexicanos la maldición de una guerra. Al abrir de par en par las puertas legales para que las corporaciones trasnacionales se apoderen de los hidrocarburos, la electricidad y los yacimientos mineros del país, los legisladores sentaron las bases para un completo dominio extranjero sobre el territorio nacional que hará inevitable un nuevo proceso de independencia. Es cierto que falta aún que la Cámara de Diputados y los congresos locales aprueben esta claudicación constitucional. Si lo hacen, México tendrá que librar una guerra para sacudirse el yugo que puede prefigurarse desde ahora.

Los capitales invertidos en la industria energética internacional son insaciables y bestiales. En los países en los que operan no dudan, cuando sus intereses se ven amenazados, en recurrir al soborno, a la intromisión política, al asesinato, a la desestabilización y a la invasión militar. Para eso controlan los gobiernos de potencias militares mundiales como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esta vocación de violencia, así como el principio general de que la guerra es la continuación de la política y de la economía, no son entelequias de principios del siglo pasado: hace apenas una década Irak fue arrasado para secuestrar su producción de crudo y unos años antes fue invadido Afganistán para controlar los oleoductos que lo atraviesan.

Si se consuma la entrega en curso no va a pasar mucho tiempo antes de que los buitres de los hidrocarburos estén extrayendo y comercializando el petróleo mexicano y dejando en el país, a cambio, desigualdad, miseria, sobrexplotación, descomposición institucional, contaminación y mierda. Incluso para una población tan paciente como la que somos, el expolio estructural y legalizado se volverá tan transparente e intolerable que la llevará a una protesta generalizada sin vías de solución: para entonces, el gobierno nacional será tan débil y dependiente que, así tuviera voluntad para representar y encauzar el descontento, no tendrá posibilidades legales ni políticas para ello; con o sin él, se volverán inevitables la revuelta y la resistencia armada contra los ocupantes.

En 1938 el Estado mexicano no sólo tuvo la fortuna de estar encabezado por un ciudadano honesto, inteligente y patriota: contó también con una circunstancia internacional excepcional y casi irrepetible que dio el margen necesario para que pudiera realizarse una expropiación legal y pacífica que tuvo, pese a todo, una culminación feliz: para evitar males mayores, el país se avino a pagar, con la cooperación solidaria del pueblo pobre, la extorsión que las empresas petroleras expropiadas cobraron para no desatar una guerra contra México. Pero ya no habrá una próxima oportunidad para que ese pueblo vuelva a pagar por recuperar lo que es suyo. Si las corporaciones energéticas internacionales, insaciables y bestiales, regresan a sentar sus reales en nuestro territorio, no habrá vía legal y pacífica para sacarlas, porque para entonces su dominio de la vida política y jurídica será total, y seguirán teniendo de su lado a los páneles internacionales de resolución de diferendos. Para evitar cualquier afectación de sus intereses intentarán hundir a los mexicanos de entonces en una guerra civil y, si no lo consiguen, llamarán a sus brazos armados –los ejércitos de las potencias militares occidentales– a ocupar el país.

Es imposible saber cuándo tendrá lugar esa segunda independencia. Puede ocurrir en unos pocos años o en décadas. Quién sabe si sigan vivos para entonces los senadores que votaron por la entrega de los recursos naturales al extranjero, si algunos de ellos llegarán a ver las consecuencias atroces y sangrientas de lo que hicieron el martes pasado. En caso afirmativo, es posible incluso que uno o dos de ellos recapaciten, pidan perdón y se sumen a la causa de la recuperación del sector energético nacional, de la soberanía y de la libertad nacional. Hoy por hoy son personas que piensan en la consumación de sus próximos negocios; o en una senda de jaloneos y transacciones para llegar más lejos en sus respectivas carreras políticas; o en recibir un jugoso reconocimiento de manos del ensoberbecido patán que despacha en Los Pinos; o en festejar la consumación de la utopía horrenda con la que han soñado, acaso por convicción, desde siempre: instaurar la ley de la jungla del mercado libérrimo como modelo de civilización. No creo, en todo caso, que haya entre ellos alguno tan perverso como para estar plenamente consciente de la tragedia por la que han encaminado a México.

Mucha sangre se invirtió ya en el pasado para hacer de éste un país soberano e independiente y, de pronto, llega un centenar de señoritos a levantar el dedo por consigna –o por convicción equivocada– y en unas horas echan por tierra lo que se había conseguido en siglos. Si llegas a toparte con uno de ellos, tómate la molestia de explicarle las consecuencias y las implicaciones de su acción del martes. No es tan difícil ni improbable: son casi un centenar, sus caras están en la página web del Senado de la República y sus nombres son los siguientes:

José Rosas Aispuro Torres, Roberto Armando Albores Gleason, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, María Elena Barrera Tapia, Ricardo Barroso Agramont, Enrique Burgos García, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Raúl Cervantes Andrade, Miguel Ángel Chico Herrera, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Manuel Humberto Cota Jiménez, Gabriela Cuevas Barron, Adriana Dávila Fernández, María Cristina Díaz Salazar, Francisco Domínguez Servién, Pablo Escudero Morales, Omar Fayad Meneses, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Margarita Flores Sánchez, Norma Alicia Galindo Matías, Emilio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara Camou, Francisco García Cabeza de Vaca, Silvia Guadalupe Garza Galván, Diva Hadamira Gástelum Bajo, Roberto Gil Zuart, Mariana Gómez del Campo Gurza, Arely Gómez González, Félix Arturo González Canto, Isaías González Cuevas, Jorge Emilio González Martínez, Raúl Gracia Guzmán, Marcela Guerra Castillo, Víctor Hermosillo Celada, Ismael Hernández Deras, Lizbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Fernando Herrera Ávila, Aarón Irízar López, René Juárez Cisneros, Héctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Adán Augusto López Hernández, Javier Lozano Alarcón, María Verónica Martínez Espinoza, Patricio Martínez García, José María Martínez Martínez, Humberto Domingo Mayans Canabal, Luis Armando Melgar Bravo, Carlos Mendoza Davis, Sonia Mendoza Díaz, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Armando Neyra Chávez, José Ascención Orihuela Bárcenas, Martín Orozco Sandoval, María del Pilar Ortega Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Graciela Ortiz González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, César Octavio Pedroza Gaitán, David Penchyna Grub, Eviel Pérez Magaña, María el Rocío Pineda Gochi, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Carlos Alberto Puente Salas, Laura Angélica Rojas Hernández, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Romo Medina, Óscar Román Rosas González, Luis Fernando Salazar Fernández, María Lucero Saldaña Pérez, Ninfa Salinas Sada, Gerardo Sánchez García, Alejandro Tello Cristerna, Teófilo Torres Corzo, Fernando Torres Graciano, María Marcela Torres Peimbert, Salvador Vega Casillas, Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez y José Francisco Yunes Zorrilla.

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Luego no lloren. Pedro Miguel

Movimiento magisterial de 1958 (Foto: http://hicu1.dosmildiez.net/marcov/?cat=39)

V

ándalos. Delictivos. Salvajes.Nacos. Holgazanes. Los mantenemos con nuestros impuestos y en vez de estar trabajando en sus lugares de origen vienen a la capital a causar embotellamientos, grescas, retrasos, pérdidas económicas, caos y barbarie. Han secuestrado a la ciudad con todos sus habitantes. No luchan por sus derechos, sino por privilegios indebidos, originados en la corrupción. Se oponen de manera irracional a la modernización del sistema educativo ideada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Deben ser reprimidos sin miramientos.

Tal es el retrato que la mayoría de los medios presenta de las movilizaciones magisteriales que tienen lugar en estas horas en el Distrito Federal. El producto es diseñado por los altos ejecutivos de los consorcios mediáticos –nunca se sabe cuándo están en sus oficinas corporativas, y cuándo, desempeñando cargos oficiales o funciones legislativas–, emplea el insumo de la rabia ciega de algunos que se quedan atrapados en medio del embotellamiento y lo presenta, multiplicado y deformado, al gran público.

Nunca se pone en el relato que los maestros están aquí porque no fueron tomados en cuenta, ni mucho ni poco, en la formulación del paquete peñista de modificaciones legales, el cual no tiene gran cosa de modernizador en el ámbito de la enseñanza y sí mucho de devastador de los derechos laborales de los profesores (es, de hecho, una reforma laboral bis antes que una reforma educativa). No se habla de las afectaciones a la seguridad en el empleo, a la educación gratuita como derecho universal, a las pensiones. No se dice que es la clase política del país (presidente, gobernadores, legisladores) la que ha generado, con su insensibilidad, su arrogancia, su prepotencia y su entrega a los intereses privatizadores corruptos, las movilizaciones magisteriales en el Distrito Federal.

El interés se concentra en la herida, pero omite toda referencia al arma que la causó. Desde luego, los medios mayoritarios no dan cuenta de su propia manera tramposa de presentar los hechos, como si ésta no fuera un causal adicional de agravio para el sector independiente, combativo y lúcido del gremio magisterial. Y parece que si los profesores movilizados rodean sedes legislativas, embajadas, el aeropuerto y sedes corporativas de las televisoras, lo hacen por joder al señor del Sentra, a los pasajeros del microbús, a la señora de la Grand Voyager y a los conductores del camión repartidor. O para causar pérdidas a los accionistas televisivos. O para echarle a perder el informe a Peña.

Las molestias, las pérdidas y la indignación son, desde luego, comprensibles, pero el aparato mediático del régimen ha realizado un gran esfuerzo por concentrar el enojo en el objetivo equivocado. Se habla de los miles de horas/persona perdidos en el caos vial, de las citas con el médico arruinadas, de las ventas frustradas. Pero, desde luego, casi nadie se toma la molestia de poner en perspectiva esas afectaciones por las marchas de los maestros con el dato monstruoso de que el crecimiento económico real del país perderá dos o tres puntos con respecto a las previsiones iniciales: billones de pesos de pérdidas.

No se dice, tampoco, que el derecho al libre tránsito en el territorio nacional es, desde hace tiempo, una dolorosa quimera, y ello debido en gran parte a la labor privatizadora y desintegradora del régimen oligárquico y neoliberal que arrancó formalmente en la usurpación de Carlos Salinas y que continúa hasta la fecha en la presidencia comprada de Peña Nieto.

Vamos a ver: en los años transcurridos entre uno y otro la fiebre privatizadora ha hecho añicos el derecho que se menciona, y que está consagrado en el artículo 11 constitucional: Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Pueden, de entrada, preguntar a los migrantes centroamericanos, o incluso a los mexicanos, si esas palabras conservan alguna vigencia en el México actual. Pueden preguntárselo también a los millones de ciudadanos que se ven obligados a realizar, en sus desplazamientos cotidianos por esta ciudad, enormes rodeos de barrios enteros, debido a que los vecinos del lugar privatizaron a la brava, y con completa impunidad, las vialidades públicas. O inquieran entre los usuarios del transporte público y los automovilistas que padecen los embotellamientos artificales causados en los carriles de libre circulación del Periférico por el perverso trazado de los segundos pisos de paga.

Nadie se ha indignado tanto como con los maestros cuando una constructora insolente se come uno o dos carriles, durante meses, para facilitarse las tareas de construcción de un edificio y ahorrar costos; que a nadie mueve a ira la instalación de los tianguis que descagalan la circulación e impiden el acceso a colonias completas; nadie la arma de jamón contra los ciclistas cuando se les otorga, en forma perfectamente irracional, el uso exclusivo de los carriles centrales de Reforma, y se confina el flujo de automotores a las laterales (en vez de hacerlo al revés, cosa que tendría mucho más sentido); nadie se molesta por los desmadres viales que arman las peregrinaciones a la Basílica; nadie maldice a los santos de las fiestas patronales que se instalan, con todo y feria, y que por supuesto impiden u obstaculizan severamente el tránsito.

Cierto: todas esas situaciones se limitan a la o a las ciudades. Ahora piensen en las severísimas restricciones a la libertad de tránsito que imperan en el territorio nacional debido a la catástrofe de seguridad nacional impulsada por gobiernos priístas y panistas. En este país pletórico de retenes, levantones y balaceras, ¿de veras no les da cosa agarrar el coche o el camión para vacacionar en Playa Bagdad, Tamaulipas, o para lanzarse por fayuca a Nuevo Laredo, o a comprar artesanías a Paracho y Olinalá? ¿Y por qué los bloqueos viales realizados por el narcoen Monterrey no generaron, ni por asomo, una indignación equivalente a la que ahora promueven el poder público y los medios alineados contra los profesores movilizados en el DF? La respuesta es simple: se llama la magia de la televisión.

¿Y quiénes son los responsables? Sí, claro: los integrantes de la delincuencia organizada. Pero, ¿quiénes habrían debido impedir que esa delincuencia lograra el control territorial que hoy detenta? Bien: si les incomoda responsabilizar a los panistas, con Calderón a la cabeza, ni a los priístas, empezando por Peña (échenle un ojo al incremento delictivo en el Edomex durante el gobierno del hoy titular del Ejecutivo), podemos, si quieren, echarle la culpa a los maestros de la CNTE.

Y sigan, también, calificándolos de salvajes, vándalos, holgazanes, ignorantes, mantenidos con nuestros impuestos (dato: el dócil SNTE gozó el año pasado de 28 mil licencias sindicales para sus afiliados), pero luego no lloren cuando, gracias a ese espíritu modernizador tan características de Salinas y de Peña, los hijos y los nietos de ustedes se queden sin escuela, y ustedes, sin pensiones.

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2.4 toneladas. Pedro Miguel.

 

De acuerdo con cifras oficiales, el peso promedio de los mexicanos es de 70 kilos. Si los números no mienten, los 35 cadáveres instalados hace una semana frente al centro comercial Las Américas, en Veracruz-Boca del Río –a unos metros del sitio donde un día después se realizaría la reunión de procuradores–, deben haber pesado, en conjunto, 2.4 toneladas. Quienes no hayan pasado por la experiencia amorosa o truculenta de trasladar en vilo a un difunto, vayan con el tablajero de su colonia, pídanle que les permita cargar un pedazo de res equivalente en peso y pregúntenle lo que implica la manipulación de un embarque 35 veces mayor. Luego, decidan si es creíble o no la versión oficial de que ninguna autoridad civil o militar se dio cuenta de que en uno de los puntos más concurridos y transitados de Veracruz estaban siendo depositadas dos toneladas y media de carne humana sacrificable y tranquilizadora.

Eso fue precisamente lo que dijo el procurador local, Reynaldo Escobar Pérez: “esto es algo que puede tranquilizar a la población, que no se trata de civiles”. De esos primeros resultados, el funcionario concluyó que “por lo que se ve (los 35 muertos) deben ser en su totalidad pertenecientes a una organización criminal”.

Luego, el gobernador Javier Duarte saldría a enunciar lo que llamó “una verdad innegable que no admite debate” y que ha de estar causando carcajadas en la tumba ignota de Jack el Destripador: “los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico: o van a la prisión o pagan con su vida (el) haberse ido por el camino del crimen”. Luego arguyó que “es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”.

Es notable el parentesco moral entre tales palabras y las empleadas por un “Grupo Matazetas del Cártel de Jalisco” en un video difundido en julio pasado en el que anunciaba su inicio de operaciones en Veracruz. Tras expresar su repudio al ex gobernador Fidel herrera y su respeto al sucesor en el cargo, afirmaba: “Esta gente no respeta nada: violan, secuestran, matan e imponen sus famosas cuotas. Ya no le demos largas a este asunto que mañana te podrá afectar a ti o a un ser querido; es el momento que cualquier que tenga información de algún zeta, denúncielos, que por lo que a nosotros corresponde, lo haremos a nuestra manera. La muestra se las hemos dado dándole muerte a cada uno de los que agarramos” (transcripción literal).

Cabe preguntarse si la masacre no fue una aplicación de la “doctrina de cazadores de hombres”, referida por Lydia Cacho en un artículo reciente, y que consiste en impulsar, desde el poder público, confrontaciones mortíferas entre grupos delictivos rivales, o bien una medida de limpieza social (el exterminio extraoficial de aquellos a quienes la autoridad considera delincuentes reales o en potencia, como personas en situación de calle, sexoservidores, adictos o simples jóvenes marginados de la formalidad económica). Abona a esta posibilidad el hecho de que las declaraciones de culpabilidad de los muertos, emitidas por Duarte y su procurador, tenían cuando menos tres posibles errores: los cuerpos de dos menores entre los 35: una de 17 y uno de 15. El muchacho había sido “levantado” días antes por la patrulla 717 de la Policía Estatal, según dijo su madre al reconocer el cadáver. Otra víctima que sale de la caracterización oficial es Brigitte, una famosa transexual del puerto, y cuya ocupación, harto conocida, distaba mucho de secuestrar y matar.

En todo caso, los sacrificados de Veracruz no representan ni la milésima parte de las tres mil quinientas toneladas de cuerpos humanos difuntos producidas en el país a lo largo de la administración calderonista en el marco de su “guerra contra la delincuencia”, y datos sólidos indican que muchos de esos “delincuentes que se matan entre ellos” son, en realidad, víctimas de programas –municipales, estatales o federales– de limpieza social. Pero el auge imparable de esta industria sugiere que se trata de una actividad exitosa en términos económicos, y lo demás no importa. El país va a toda madre, cuenta con destinos turísticos de ensueño y ocupa el primer lugar mundial como exportador de televisores.

Dos operativos. Pedro Miguel

A uno le llamaron balacera y al otro asalto. El primero tuvo lugar afuera del estadio Santos Modelo, de Torreón, Coahuila, el sábado, cuando en ese recinto se disputaba un partido de futbol entre el equipo anfitrión, el Santos Laguna, y el Morelia. El segundo ocurrió al día siguiente en la Plaza Las Américas de Morelia, donde un grupo de siete hombres con armas largas sustrajo con violencia alhajas y relojes de una joyería.

En forma excepcional, para los estilos corrientes de la delincuencia en México, ninguno de esos hechos se saldó con víctimas mortales. Fueron acciones “limpias” o casi limpias (en la capital michoacana, los vigilantes de la joyería fueron golpeados en la cabeza), pero ambas produjeron estados de pánico y zozobra en las localidades respectivas. No hubo detenidos pese a que ocurrieron, ambas, en ciudades que han sido escenario de extensos despliegues policiales y militares. Con la pena, pero estos ataques suenan más a acciones de desestabilización que a meros episodios de una criminalidad descontrolada.

Es un viejo saber que forma parte del repertorio de algunas de las agencias estadunidenses policiales, de seguridad e inteligencia que operan en México (CIA, DEA y fuerzas especiales del Pentágono) y que consta en los manuales de cualquier ejército regular, en el capítulo de Operaciones Sicológicas: realizar acciones de desestabilización y zozobra, orientadas más a un gran impacto mediático que a la destrucción de objetivos físicos y humanos.

Claro que las casualidades existen, y posiblemente sean meras coincidencias el que ambas acciones hayan resultado incruentas hasta el punto de parecer cuidadosamente orquestadas, el que ambas hayan generado terror en la sociedad, el que se hayan registrado con un día de diferencia, el que hayan sido equipos de futbol de Coahuila y de Michoacán los que disputaban el partido suspendido en Torreón, y el que esas entidades sean cuna de dos políticos de primera fila claramente enfrentados entre sí en el momento actual: Humberto Moreira y Felipe Calderón.
Si faltaba contexto político, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y el propio Calderón, se encargaron de establecerlo. El primero regañó a las autoridades estatales y municipales, a las cuales responsabilizó de manera elíptica por lo ocurrido, y las instó a “fortalecer sus lazos institucionales y de cooperación”, en tanto que el segundo llamó, horas después, a “la unidad”. Y la pregunta es obligada: ¿a cuál de todas las divisiones que afectan al país alude esa “unidad”? ¿A la división entre ciudadanos buenos y delincuentes malísimos que pregona el régimen? ¿A la división entre quienes aún puedan creerle a la estrategia oficial de seguridad y quienes la cuestionan e impugnan? ¿A la división entre cárteles? ¿A la división entre partidos? ¿A la pugna entre las facciones tricolor y blanquiazul del régimen oligárquico?

¿Estamos ante un correlato violento de las agrias disputas político-judiciales que libran las distintas facciones que ocupan las instancias de gobierno? ¿Vivimos, como ha ocurrido en Líbano, un laberíntico entramado entre facciones partidistas y brazos armados, o entre grupos armados y brazos partidistas, pero con la variedad de los cárteles? ¿O serán los nervios?

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